TA SAN - Sentencia 680013333006-2018-00238-01 (11-12-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada Ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P – ESSA, identificada con NIT. 890201230-1

essa@essa.com.co

DEMANDADA NACIÓN – MINISTERIO DEL TRABAJO

notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co;

MINISTERIO PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

Procuradora 160 Judicial II para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co;

RADICADO Y LINK

DEL EXPEDIENTE 680013333006-2018-00238-01

TEMA Confirma sanción impuesta por el Ministerio del Trabajo. Inexistencia de vulneración de los principios non bis in idem y confianza legítima. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente1 por la parte demandante contra la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2021 por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de B ucaramanga, mediante la cual se negaron las pretensiones y se condenó en costas a la parte demandante.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda2

1. Pretensiones

Sexto Administrativo del Circuito Judicial de B ucaramanga, mediante la cual se negaron las pretensiones y se condenó en costas a la parte demandante.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda2

1. Pretensiones El demandante solicita que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 001800 del 30 de noviembre de 2016, No. 001109 del 29 de septiembre de 2017 y No. 001610 del 30 de noviembre de 2017, expedidas por la Dirección Territorial de Santander del Ministerio del Trabajo. Dichos actos corresponden, respectivamente, a la imposición de una sanción, al rechazo del recurso de apelación y a la decisión del recurso de queja interpuesto en su contra.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicita que se condene a la entidad demandada a reintegrar el valor pagado por concepto de la multa, debidamente indexado al momento de dictar sentencia, correspondiente a la suma de $8.273.460. Finalmente, solicita que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos en el artículo 192 del CPACA.

2. Hechos El accionante narra que el 18 de mayo de 2016 recibió el oficio No. 736800100007719 del 16 de mayo de 2016, mediante el cual se le notificó por aviso el auto de formulación de cargos No. 000904 del 29 de abril de 2016. En dicho auto, la Dirección Territor ial de Santander del Ministerio del Trabajo formuló cargos con

1 La sentencia de primera instancia fue notificada el 14 de febrero de 2023 en estados y el recurso fue interpuesto el 27 de febrero del mismo

Dirección Territor ial de Santander del Ministerio del Trabajo formuló cargos con

1 La sentencia de primera instancia fue notificada el 14 de febrero de 2023 en estados y el recurso fue interpuesto el 27 de febrero del mismo año, esto es, dentro de los 10 días siguientes conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 2 Expediente digital SAMAI . Gestión en Otros Despachos. Índice 00018. Archivo 4_ED_OFICIOSUBIRLINKEX(.pdf). Documento 01demandaAnexos.RADICADO: 680013333013-2018-00238-01

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ocasión de reclamaciones laborales por presunta violación de los artículos 32, 62 y 63.2.1 de la Convención Colectiva del Trabajo. Señala que, a pesar de que el 23 de marzo de 2016 el Ministerio del Trabajo había proferido la Resolución No. 00351, mediante la cual ordenó el archivo de las investigaciones preliminares iniciadas bajo el radicado No. 72680001 -00518 del 5 de agosto de 2015 por los mismos hechos, la entidad procedió a formular nuevos cargos. Frente a la Resolución No. 001800 del 30 de noviembre de 2016, alega que la Dirección Territorial de Santander emitió dos notificaciones por aviso: la primera

cargos. Frente a la Resolución No. 001800 del 30 de noviembre de 2016, alega que la Dirección Territorial de Santander emitió dos notificaciones por aviso: la primera indicaba un término de 15 días para presentar descargos y solicitar o aportar pruebas; la segunda, un término de 10 días para interponer los recursos de reposición y apelación. Afirma que, siguiendo el término señalado en el primer aviso, radicó ante el Ministerio de Trabajo un recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución No. 001800 de 2016. No obstante, indica que, el 25 de octubre de 2017, el Ministerio profirió la Resolución No. 001109, mediante la cual negó los recursos por extemporaneidad. Finalmente, manifiesta que interpuso recurso de queja contra dicha resolución, el cual fue resuelto desfavorablemente mediante la Resolución No. 001610 de 2017. Concluye que el 23 de febrero de 2018 realizó el pago de la sanción pecuniaria impuesta.

3. Normas violadas y concepto de violación La ESSA considera que con la expedición de los actos demandados se violaron los artículos 29, 83, 365 de la Constitución Política y 486 del Código Sustantivo del Trabajo. Argumenta que, en el proceso administrativo sancionatorio adelantado por el Ministerio del Trabajo, al expedir los actos individualizados en las pretensiones, se desconoció el principio non bis in idem , dado que por la misma conducta se iniciaron tres trámites administrativos sancionatorios.

Afirma que esta vulneración al derecho fundamental al debido proceso también

se desconoció el principio non bis in idem , dado que por la misma conducta se iniciaron tres trámites administrativos sancionatorios. Afirma que esta vulneración al derecho fundamental al debido proceso también afecta el principio de confianza legítima. Lo anterior, en razón a que en el oficio No. 7068001-020083 del 16 de diciembre de 2016, mediante el cual se surtió la notificación por aviso, se indicó erróneamente el término para la presentación de los recursos.

B. Contestaciones3

1. La NACIÓN – MINISTERIO DEL TRABAJO se opone a las pretensiones de la demanda.

Indica que las Resoluciones No. 001800 del 30 de noviembre de 2016 (acto de primera instancia), No. 001109 del 29 de septiembre de 2017 ( la que resolvió los recursos interpuestos) y No. 001610 del 30 de noviembre de 2017 ( la que resolvió el recurso de queja), fueron expedidas por funcionarios competentes, con sujeción a las normas legales aplicables y sin incurrir en vicios que afecten su validez. Sostiene que no se vulneró el derecho al debido proceso ni el derecho de defensa del demandante, toda vez que los actos administrativos se encuentran ajustados en

3 Expediente digital SAMAI. Gestión en Otros Despachos. Índice 00018. Archivo 4_ED_OFICIOSUBIRLINKEX(.pdf). Documento 06ContestacionDemanda.RADICADO: 680013333013-2018-00238-01

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su integridad al ordenamiento jurídico. En consecuencia, afirma que no se configura una afectación injusta de derechos que dé lugar al restablecimiento solicitado. Considera que las sanciones impuestas fueron debidamente graduadas, conforme a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. En cuanto al principio de non bis in idem , señala que no se configura su vulneración, ya que para que este se materialice deben coincidir la misma persona, el mismo hecho y el mismo fundamento legal. Aclara que, aunque la persona sancionada sea la misma, si los hechos o las normas infringidas son distintos, es posible imponer múltiples sanciones.

2. El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA también se opone a las pretensiones. Argumenta que en la expedición de los actos administrativos cuya nulidad se pretende no se incurrió en violación alguna, por el contrario, dichos actos fueron expedidos conforme las garantías constitucionales y dentro de las competencias. Por ende, solicita que se denieguen las pretensiones de la demanda, al considerar que no debe responder por los pagos, reembolsos e indexaciones solicitados por el demandante.

Expone que no intervino en la actuación administrativa que dio origen a los actos administrativos y tampoco en la proyección, elaboración, excepción y notificación de los actos demandados. Finalmente formula las siguientes excepciones previas:

solicitados por el demandante. Expone que no intervino en la actuación administrativa que dio origen a los actos administrativos y tampoco en la proyección, elaboración, excepción y notificación de los actos demandados. Finalmente formula las siguientes excepciones previas: (i) falta de legitimación por pasiva, (ii) legalidad de los actos administrativos demandados y (iii) legalidad y buena fe en el cobro coa ctivo y demás actuaciones del SENA.

C. La sentencia recurrida4

Mediante sentencia del 16 de diciembre de 2021, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga negó las pretensiones y condenó en costas a la parte actora. Para ello, el a quo evidenció que se adelantaron dos procesos sancionatorios contra la Electrificadora de Santander. La averiguación preliminar bajo el radicado No. 7368001-0518 concluyó con el archivo de la actuación, al no encontrarse mérito para iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio, dado que se había concedido el permiso sindical al 68.96% de los empleados. No obstante, en virtud de nuevas quejas presentadas por otros trabajadores y de pruebas adicionales allegadas, el Ministerio del Trabajo inició un nuevo procedimiento administrativo bajo el radicado No. 7368001 -0056. En este se cumplieron todas las etapas del procedimiento sancionatorio: se formularon cargos, se surtió el periodo probatorio y se expidió el acto administrativo definitivo mediante el cual se sancionó a la ESSA por la negativa a conceder permisos sindicales. El juzgado argumentó que si bien ambas actuaciones se originaron en hechos similares lo cierto es que fueron impulsadas por quejas distintas, presentadas por

el cual se sancionó a la ESSA por la negativa a conceder permisos sindicales. El juzgado argumentó que si bien ambas actuaciones se originaron en hechos similares lo cierto es que fueron impulsadas por quejas distintas, presentadas por diferentes trabajadores, con base en nuevas pruebas y por la presunta vulneración de normas distintas. Precisó que el principio non bis in idem busca evitar que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos, lo cual no ocurrió en este caso, ya que la parte demandante solo fue sancionada una vez, por el incumplimiento de los artículos 62 y 63.2.1 de la Convención Colectiva. Concluyó que únicamente en el proceso bajo radicado No. 7368001 -0056 se adelantó un estudio y análisis conforme al procedimiento administrativo sancionatorio, cumpliendo con todas las etapas previstas en el artículo 47 y

4 Expediente digital SAMAI. Gestión en Otros Despachos. Índice 00022. Documento 12_SENTENCIAANTICIPADA(.pdf)RADICADO: 680013333013-2018-00238-01

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siguientes de la Ley 1437 de 2011. Por tanto, no se configuró la vulneración del principio non bis in idem.

D. La apelación5

La parte demandante considera desacertada la posición del juzgado de primera

siguientes de la Ley 1437 de 2011. Por tanto, no se configuró la vulneración del principio non bis in idem.

D. La apelación5

La parte demandante considera desacertada la posición del juzgado de primera instancia, pues a su juicio se vulneró el derecho al debido proceso al desconocerse el principio de non bis in idem. En virtud de este postulado constitucional, sostiene que su inconformidad con el fallo se basa en que, aunque se alegó la existencia de nuevas pruebas en el procedimiento administrativo bajo el radicado No. 73680010056, en realidad no se contó con material probatorio adicional al ya evaluado en el procedimiento anterior. En el mismo sentido, afirma que se vulneró el principio de confianza legítima. Aduce que el Ministerio de Trabajo incurrió en un error al notificar la resolución sancionatoria, ya que mediante el oficio No. 7068001 -020083 del 16 de diciembre de 2016, se le concedió un término de 15 días para presentar recursos, el cual fue posteriormente desconocido en la Resolución No. 001109 E del 29 de septiembre de 2017. Asimismo, indica que el juzgado no debió excluir el argumento según el cual la no concesión de permisos sindicales obedecía exclusivamente a la falta de reemplazo de los trabajadores. Señala que también se aludieron otras causas, como la alta carga laboral, que impedía la delegación de funciones. Finalmente, aclara que, como empresa de servicios públicos, tiene la obligación de prestar sus servicios de manera eficiente, por lo que considera válida la negativa a otorgar permisos sindicales cuando estos afectan el normal desarrollo de sus actividades.

E. Trámite de segunda instancia

como empresa de servicios públicos, tiene la obligación de prestar sus servicios de manera eficiente, por lo que considera válida la negativa a otorgar permisos sindicales cuando estos afectan el normal desarrollo de sus actividades.

E. Trámite de segunda instancia Mediante auto del 18 de julio de 20226 se admite el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. Los problemas jurídicos y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve los siguientes problemas jurídicos: PJ1: ¿Con la expedición de las Resoluciones Nos. 001800 de 2016, 001109 de 2017 y 001610 de 2017, proferidas por el Ministerio del Trabajo, se vulneró el principio non bis in idem al adelantarse dos procedimientos sancionatorios por los mismos hechos, según afirma la apelante?

Tesis: No.

Fundamento: El principio de non bis in idem , consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, impide que una persona sea juzgada o sancionada dos veces por los mismos hechos. Para su configuración , se requiere la concurrencia de tres elementos: identidad de sujeto, identidad de conducta e identidad de fundamento jurídico.

5 Expediente digital SAMAI. Gestión en Otros Despachos. Índice 00024. Documento 15_RECEPCIONMEMORIALENOSJA_RECURSODEAPELACION(.pdf).

jurídico.

5 Expediente digital SAMAI. Gestión en Otros Despachos. Índice 00024. Documento 15_RECEPCIONMEMORIALENOSJA_RECURSODEAPELACION(.pdf). 6 Expediente digital SAMAI. Índice 00010. Documento 3_MANIFESTACIONDEIMPEDIMENTO_20190009901CXAP(.pdf)RADICADO: 680013333013-2018-00238-01

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Aplicando estos elementos al caso en concreto, aunque se adelantaron dos actuaciones administrativas, la primera radicada bajo el número 7368001-0518 concluyó con el archivo de la indagación preliminar por falta de mérito para iniciar un proceso sancionatorio. La segunda , con radicado 7368001-0056, se inició con base en nuevas quejas y pruebas, y culminó con la imposición de una sanción. Si bien ambas actuaciones se relacionan con los permisos sindicales para la XXVII Asamblea Nacional de delegados de Sintraelecol, se originaron en quejas distintas, presentadas por diferentes trabajadores, y por la presunta vulneración de normas diferentes: los artículos 353 y 354 del Código Sustantivo del Trabajo en el primer caso, y los artículos 62 y 63.2.1 de la Convención Colectiva en el segundo. La sanción solo se impuso una vez, en el marco del procedimiento bajo radicado

caso, y los artículos 62 y 63.2.1 de la Convención Colectiva en el segundo. La sanción solo se impuso una vez, en el marco del procedimiento bajo radicado 7368001-0056, luego de agotarse todas las etapas del procedimiento sancionatorio. En consecuencia, no se vulneró el principio non bis in idem.

PJ2: ¿Se vulneró el principio de confianza legítima cuando la autoridad sancionatoria le indica al investigado un plazo diferente al previsto en la ley para interponer recursos administrativos contra una decisió n definitiva, y posteriormente, rechaza el recurso con base en el plazo establecido en la ley, en lugar de admitirlo ante el error en la información proporcionada?

Tesis: No.

Fundamento: El principio de confianza legítima exige que la administración actúe de manera coherente y previsible, respetando las normas que rigen sus actuaciones, de modo que los administrados puedan confiar razonablemente en la estabilidad de sus relaciones jurídicas.

En este caso, si bien el aviso de notificación de la Resolución No. 001800 indicó erróneamente un término de 15 días para presentar descargos, el propio acto administrativo estableció con claridad, en su artículo segundo, que los recursos procedían dentro de los 10 días siguientes a la notificación, conforme al artículo 76 del CPACA. Además, la Electrificadora de Santander - ESSA contaba con asesoría jurídica y conocimiento sobre el procedimiento legal aplicable, el cual fue citado expresamente en los actos administrativos. La notificación por aviso se entendió surtida el 20 de diciembre de 2016, por lo que el término para interponer recursos vencía el 3 de enero de 2017. No obstante, los

expresamente en los actos administrativos. La notificación por aviso se entendió surtida el 20 de diciembre de 2016, por lo que el término para interponer recursos vencía el 3 de enero de 2017. No obstante, los recursos fueron presentados el 6 de enero de 2017, es decir, de forma extemporánea. Por tanto, no puede alegarse una expectativa legítima objeto de protección.

C. Marco jurídico

1. El principio non bis in ídem en el procedimiento administrativo sancionador: garantías del debido proceso La H. Corte Constitucional ha señalado que el principio non bis in ídem se fundamenta en la seguridad jurídica y en la justicia material del sancionado. Este principio, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, forma parte del debido proceso y es aplicable a todo tipo de actuaciones, tanto judiciales como administrativas.7

En el ámbito de las actuaciones y procedimientos administrativos, el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 establece los principios que deben orientar a las autoridades. Estas deben interpretar y aplicar las disposiciones de conformidad con los principios

7 Corte Constitucional, sentencia C-554 del 30 de mayo de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.RADICADO: 680013333013-2018-00238-01

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constitucionales, previstos en la primera parte del CPACA y aquellos contenidos en normas especiales. Entre ellos , se destacan el non bis in ídem, debido proceso, la igualdad, la imparcialidad, la buena fe, la moralidad, la participación, la responsabilidad y la transparencia.8 Por su parte, el H. Consejo de Estado ha señalado que el derecho fundamental al debido proceso se concreta en diversos principios y garantías, entre ellos, el non bis in ídem, el cual está orientado a evitar que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos. Para que la vulneración de dicho principio se configure deben concurrir tres elementos: (i) identidad del sujeto, (ii) identidad de la conducta, y (iii) identidad de circunstancias de tiempo, modo y lugar. La alta corte ha declarado que esto no impide que, por un mismo hecho, puedan imponerse sanciones de distinta naturaleza.9 En relación con el procedimiento sancionatorio adelantado por el Ministerio de Trabajo, este se encuentra regulado en la primera parte de la Ley 1437 de 2011. La norma contempla una etapa preliminar denominada «averiguaciones preliminares». Si existe mérito, la autoridad continúa con la formulación de cargos, seguida del periodo probatorio, las alegaciones y finaliza con un acto administrativo definitivo que resuelve sobre la conducta investigada.

2. El principio de confianza legítima y las garantías del debido proceso en los procedimientos administrativos sancionatorios

periodo probatorio, las alegaciones y finaliza con un acto administrativo definitivo que resuelve sobre la conducta investigada.

2. El principio de confianza legítima y las garantías del debido proceso en los procedimientos administrativos sancionatorios

El procedimiento administrativo sancionatorio es una manifestación de la potestad sancionadora10. Su ejercicio está a cargo de las autoridades administrativas competentes quienes deben impulsarlo oficiosamente, con prescindencia de la actividad de las partes, por lo que es de naturaleza inquisitiva.11

El H. Consejo de Estado 12 ha sostenido que dentro de los procedimientos sancionatorios se debe garantizar el derecho al debido proceso, el cual, de acuerdo con la H. Corte Constitucional13, está integrado por una serie de garantías previstas en el ordenamiento jurídico con las que se protege a quien es sujeto de una actuación judicial o administrativa, con el fin de que durante el trámite se respeten sus derechos y se aplique correctamente la justicia.

Ambas cortes coinciden en que las garantías que deben brindarse al procesado son, en primer lugar, el derecho a la jurisdicción14; en segundo lugar, la garantía del juez natural15, que también se aplica a la competencia administrativa; 16 en tercer lugar,

8 ARTÍCULO 3. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.

En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in ídem. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 17 de agosto del 2011, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, Rad. 25000-23-25-000-199906324-01(1155-08) 10 Corte Constitucional, sentencias C-214 de 1994 y C-762 de 2009 11 Corte Constitucional. Sentencia C-874 de 2003. Sentencia C-1194 de 2005. 12 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN “A”. Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS. Sentencia del veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 18001-23-33000-2015-00117-01(1738-18) 13 Corte Constitucional. Sentencia C341 de 4 de junio de 2014, magistrado ponente Mauricio González Cuervo.

000-2015-00117-01(1738-18) 13 Corte Constitucional. Sentencia C341 de 4 de junio de 2014, magistrado ponente Mauricio González Cuervo. 14 Comprende los derechos a acceder a la justicia, es decir a las diferentes autoridades judiciales y administrativas; garantizándose, el derecho a que dichas autoridades motiven sus decisiones; así, como el derecho de las partes a interponer los recursos pre vistos contra ellas ante autoridades de mayor jerarquía; y, el derecho a obtener el cumplimiento de las decisiones, es decir, de lo fallado. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN “A”. Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS. Sentencia del veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 18001-23-33000-2015-00117-01(1738-18). 15 Es decir, «el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acue rdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley» Ibidem. 16En cuanto a la falta de competencia administrativa, el H. Consejo de Estado la define como «la cantidad de potestad que tiene un órgano administrativo para dictar un acto» y señala que el vicio de incompetencia capaz de invalidar un acto «es el que recae s obre el acto mismo, pero no el vicio que recae en actos previos». Ibidem.RADICADO: 680013333013-2018-00238-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

pero no el vicio que recae en actos previos». Ibidem.RADICADO: 680013333013-2018-00238-01

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el derecho a la defensa; 17y, en cuarto lugar, el plazo razonable , de suerte que el proceso no sea sometido a dilaciones injustificadas.

En quinto lugar, el funcionario judicial encargado de tomar la decisión debe actuar con independencia y libre de injerencia s de las otras ramas del poder público, además de que, como sexto punto, debe ser imparcial. 18 Adicionalmente, e l sancionado tiene derecho a que se estructure la conducta reprochable bajo la orientación de los principios de legalidad, 19 tipicidad,20 antijuridicidad21 y culpabilidad,22 empero de una manera matizada y más flexible que en el derecho penal.

A las garantías reseñadas debe sumarse el principio de confianza legítima, el cual, según lo ha definido el H. Consejo de Estado, impone al Estado la obligación de respetar las normas y reglamentos previamente establecidos, de manera que los particulares puedan tener certeza sobre los trámites y procedimientos que deben agotar al acudir ante la administración. Este principio exige estabilidad y previsibilidad en las decisiones administrativas, en tanto que el ciudadano tiene

particulares puedan tener certeza sobre los trámites y procedimientos que deben agotar al acudir ante la administración. Este principio exige estabilidad y previsibilidad en las decisiones administrativas, en tanto que el ciudadano tiene derecho a actuar dentro de un marco normativo claro, estable y confiable.23 La Ley 1437 de 2011 establece las reglas d el procedimiento administrativo sancionatorio no regulad o por leyes especiales , el cual está orientado por las mencionadas garantías del debido proceso . Sus disposiciones regulan aspectos esenciales como las notificaciones de los actos administrativos, los recursos procedentes y los términos para su interposición. En ese sentido, el artículo 66 de la mencionada ley consagra el deber de notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto, desarrollando en los artículos siguientes el procedimiento correspondiente. Así, el artículo 67 establece la notificación personal como regla general, y el artículo 69 prevé la notificación por aviso en los eventos en que no sea posible realizar la notificación personal. Respecto de los recursos, el artículo 74 de la misma norma dispone que, por regla general, contra los actos administrativos definitivos proceden los siguientes recursos: (i) el de reposición, ante quien expidió la decisión, para que la aclare, modifique, a dicione o revoque , (ii) el de apelación, ante el inmediato superior administrativo o funcional, y (iii) el de queja, cuando se rechace el de apelación. A su vez, el artículo 76 establece que los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10

También ha sostenido el Alto Tribunal que no toda irregularidad que surja durante el procedimiento administrativo vicia de nu lidad el acto

interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10

También ha sostenido el Alto Tribunal que no toda irregularidad que surja durante el procedimiento administrativo vicia de nu lidad el acto definitivo, sino sólo aquellas irregularidades sustanciales que, de