TA SAN - Sentencia 680013333006-2022-00257-01 (15-10-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, octubre quince (15) de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 680013333006-2022-00257-01

MEDIO DE

CONTROL:

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES

COLECTIVOS

DEMANDANTE: HERLEING MANUEL ACEVEDO GARCIA

juridicoherleing@gmail.com

DEMANDADO: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

notjudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co danielabarragan@hotmail.com barragangonzalezdanielarocio@gmail.com

MINISTERIO

PÚBLICO:

JESÚS RODRÍGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co

LINK DEL

EXPEDIENTE

DIGITAL:

2022-257

Se decide RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la parte accionada en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga el 19 de septiembre 2024, previa la siguiente reseña:

La Demanda

Pretensiones

“PRIMERO: que se proteja judicialmente los derechos e intereses colectivos de esta acción tales como el goce del espacio público y la utilización y la defensa de los bienes de uso público, la seguridad y la salubridad pública, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y la realización de las construcciones respetando las disposiciones jurídicas dando prevalencia al

bienes de uso público, la seguridad y la salubridad pública, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y la realización de las construcciones respetando las disposiciones jurídicas dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes soslayados por EL MUNICIPIO DE

PIEDECUESTA.

SEGUNDO: Se ordene a través de sentencia a la parte demandada instalar las

mallas de seguridad en la cancha ubicada en diagonal a la nomenclatura carrera 2n No 10-38 en el barrio la feria en el municipio de Piedecuesta.

TERCERO: Que se condene en costas al demandado.

CUARTO: que al momento del pago de las costas se tenga en cuenta la indexación.Sentencia de Segunda Instancia

Expediente No. 68001333300620220025701

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QUINTO: Que se reconozca el pago de las agencias en derecho por cuatro salarios mínimos mensuales vigentes, en contra de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA, toda vez que el acuerdo 1887 del 2003 en sus artículos 2 y 6 numeral 3.2, facultan al juez tasar las agencias en derecho por la labor cumplida.”

Fundamento Fáctico

El actor popular, Herleing Manuel Acevedo García, manifestó que en la cancha ubicada en la carrera 2N No. 10 -38 del barrio La Feria, en el municipio de Piedecuesta, no existen mallas de protección. Esta omisión representa un riesgo para los deportistas, peatones y vecinos del sector, ya que los balones pueden salir del campo de juego y provocar que los niños crucen la vía para recuperarlos, exponiéndose al tránsito vehicular. Además, se señaló que esta situación puede

para los deportistas, peatones y vecinos del sector, ya que los balones pueden salir del campo de juego y provocar que los niños crucen la vía para recuperarlos, exponiéndose al tránsito vehicular. Además, se señaló que esta situación puede generar daños a los bienes inmuebles cercanos, como ventanas de viviendas. Ante esta problemática, el actor realizó un requerimiento al municipio en noviembre de 2021, solicitando estudios técnicos y la ejecución de un proyecto de intervención para garantizar la seguridad y el adecuado uso del espacio público.

Derechos Colectivos considerados vulnerados

Derechos e Intereses colectivos a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y; el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, de las personas con limitaciones físicas, por discapacidad sordas, sordociegas e hipoacúsicas.

Contestación a la Demanda

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

El municipio de Piedecuesta, a través de apoderado, se opuso a todas las pretensiones. Argumentó que la instalación de mallas no era viable técnicamente, según concepto de la Secretaría de Infraestructura, debido a que el cerramiento limitaría el espacio p ara el tránsito, afectaría la capacidad de las graderías y obstruiría la circulación peatonal. No obstante, informó que había ejecutado el contrato No. 1612 -21, cuyo objeto fue la instalación de señalización horizontal y vertical, así como reductores de ve locidad en el sector, con el fin de mitigar los

contrato No. 1612 -21, cuyo objeto fue la instalación de señalización horizontal y vertical, así como reductores de ve locidad en el sector, con el fin de mitigar los riesgos para los usuarios del escenario deportivo.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 68001333300620220025701

3 Sentencia de Primera Instancia

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judi cial de Bucaramanga, el 19 de septiembre de dos mil veint icuatro (2024), resolvió acceder a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

PRIMERO: Declarar probada parcialmente la existencia de CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO en el presente medio de control, conforme a lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: DECLARAR que el municipio de Piedecuesta ha vulnerado por omisión el derecho colectivo al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público frente a la cancha ubicada en diagonal a la nomenclatura

carrera 2N # 10-38 del barrio La Feria del municipio de Piedecuesta, por lo expuesto en precedencia.

TERCERO: ORDENAR al municipio de Piedecuesta a realizar sobre el aludido escenario deportivo, si aún no lo ha hecho: i) instalación de un cerramiento manteniendo los accesos despejados, en el costado occidental del escenario con la finalidad de proteger a las pers onas que transitan adyacente al campo de juego y las que se encuentran dentro de esta. ii) Se sugiere ejecutar el cerramiento en la primera grada del costado oeste con el propósito de mantener libre el andén para el uso de peatones. Dichas órdenes se llevarán a cabo en un término máximo de seis

las que se encuentran dentro de esta. ii) Se sugiere ejecutar el cerramiento en la primera grada del costado oeste con el propósito de mantener libre el andén para el uso de peatones. Dichas órdenes se llevarán a cabo en un término máximo de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, término que resulta razonable para agotar las gestiones administrativas y contractuales para el efecto, en armonía con el principio de celeridad que rige este medio de control. EXHORTAR a la entidad accionada para que realice dichas labores de mantenimiento de manera periódica. Contra la presente decisión procede el recurso de apelación ante el Honorable Tribunal Administrativo de Santander.

CUARTO: CONFORMAR comité de verificación para el control y vigilancia del fallo compuesto por el juez de primera instancia, el actor popular, el alcalde o su delegado, y el personero municipal.

QUINTO: CONDENAR en costas de esta instancia al municipio de Piedecuesta. Se fija como agencias en derecho a favor del actor popular la suma de un (1) salario mínimo mensual legal vigente.

(…)

En el análisis del caso concreto, el aquo consideró que, aunque se había realizado la instalación de señalización vial, persistía la necesidad de intervención en el escenario deportivo, especialmente en lo relacionado con el cerramiento perimetral. Se valoraron dos informes técnicos: uno municipal que desaconsejaba la instalación de mallas, y otro departamental que sí la recomendaba, siempre que se respetaran parámetros técnicos como altura mínima y espacio de enmallado. El despacho concluyó que hubo una vulneración al derecho colectivo al goce del espacio público

de mallas, y otro departamental que sí la recomendaba, siempre que se respetaran parámetros técnicos como altura mínima y espacio de enmallado. El despacho concluyó que hubo una vulneración al derecho colectivo al goce del espacio público por parte del municipio, y que la acción popular era procedente. Por tanto, se ordenó al municipio realizar el cerramiento en el costado occidental de la cancha, dejando libre el andén para peatones, en un plazo máximo de seis mes es. Además, seSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 68001333300620220025701

4 conformó un comité de verificación y se condenó al municipio en costas, fijando agencias en derecho por un salario mínimo mensual legal vigente.

El Recurso de Apelación

La parte accionada La apoderada del municipio argumenta que el juez de primera instancia desestimó el informe técnico elaborado por la Secretaría de Infraestructura Municipal, que concluyó la inviabilidad técnica de dicha instalación por razones de seguridad, espacio insuficiente, interferencia con graderías y postes de energía, y obstrucción del tránsito peatonal. En cambio, el juez acogió las recomendaciones de la Secretaría de Infraestructura Departamental, que no tiene competencia directa sobre el escenario deportivo y cu yo informe, según el apelante, fue superficial y omitió aspectos técnicos esenciales.

Adicionalmente, el municipio solicita revocar la condena en costas impuesta en la sentencia, alegando que no actuó con mala fe ni temeridad, sino que realizó gestiones para garantizar los derechos colectivos mediante la ejecución del contrato

Adicionalmente, el municipio solicita revocar la condena en costas impuesta en la sentencia, alegando que no actuó con mala fe ni temeridad, sino que realizó gestiones para garantizar los derechos colectivos mediante la ejecución del contrato 1612-21, que incluyó señalización y reductores de velocidad. Por tanto, considera que las órdenes impartidas en el fallo son imposibles de cumplir técnicamente y que la condena en costas carece de fundamento legal suficiente.

Trámite en Segunda Instancia

El proceso de la referencia fue repartido al Despacho el 06 de noviembre de 2024, por auto del 13 de diciembre de 2024 se ordenó admitir el recurso de apelación , conforme a lo establecido en el artículo 247.5 de la Ley 1437 de 2011 y, se dio aplicación a la modificación dispuesta en el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 , prescindiéndose del traslado para alegatos de conclusión.

CONSIDERACIONES Acerca de la Competencia

El Tribunal es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto dentro del proceso de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998.

Problemas JurídicosSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 68001333300620220025701

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¿Vulneró el Municipio de Piedecuesta, los derechos e intereses colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; la seguridad y salubridad públicas; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; la realización de las construcciones, edificaciones y

del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; la seguridad y salubridad públicas; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, al no instalar mallas de seguridad en la cancha del barrio La Fe ria diagonal a la nomenclatura Carrera 2N # 10-38?

Tesis: Si.

¿Se debe exonerar al Municipio de Piedecuesta del pago de costas y agencias en derecho de primera instancia?

Tesis: No.

La acción popular contenida en el artículo 88 de la Constitución Política desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos cuando éstos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo para la protección de sus derechos.

En el presente asunto, se instauró la acción de referencia por considerar que el Municipio de Piedecuesta vulnera los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y la defensa de los bienes de uso público, la seguridad y la salubridad pública, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y la realización de las construcciones respetando las disposiciones jurídicas dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los

salubridad pública, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y la realización de las construcciones respetando las disposiciones jurídicas dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, en diagonal a la nomenclatura carrera 2n No 10-38 donde está ubicada la cancha del barrio la feria en el municipio de Piedecuesta se encuentra sin mallas de protección, las cuales son necesarias para brindar la seguridad de los deportistas, peatones y conductores.

Conforme al material probatorio allegado al proceso, Informe de visita técnica realizada por la secretaría de infraestructura de Piedecuesta del 18 de abril de 2024 a la cancha ubicada en diagonal a la nomenclatura carrera 2n No. 10-38 en el barrio La Feria; como conclusión y/o recomendaciones del informe:Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 68001333300620220025701

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De acuerdo con la visita de inspección técnica y ocular realizada en la cancha del barrio La Feria, ubicada en la intersección de la carrera 2 con calle 11, y conforme a la solicitud realizada por la Oficina Asesora Jurídica, nos permitimos informar que, l a instalación de un cerramiento perimetral en la carrera 2 se dificulta debido al espacio que esta contiene:

1.Se destaca la franja ubicada entre la demarcación perimetral de la cancha deportiva y la primera grada, la cual tiene un ancho aproximado de 0.50 metros. Es importante señalar que resulta inadecuado instalar un cerramiento en esta franja, ya que limitarí a el espacio disponible para el tránsito, lo cual podría representar un riesgo para la seguridad de los deportistas. Además,

metros. Es importante señalar que resulta inadecuado instalar un cerramiento en esta franja, ya que limitarí a el espacio disponible para el tránsito, lo cual podría representar un riesgo para la seguridad de los deportistas. Además, la presencia de un cerramiento en esta zona aumentaría la probabilidad de que un deportista que caiga durante el juego se impacte directamente contra él, lo que podría ocasionar heridas o lesiones de alto impacto.

2. En cuanto a la gradería, esta tiene un ancho de aproximadamente 0.50 metros y está diseñada para la ubicación de los espectadores durante eventos deportivos. En esta área resulta improcedente realizar la instalación del cerramiento por dos motivos; uno, obstaculiza la capacidad de alojamiento de los espectadores y dos, se debe realizar el traslado de dos postas de energía que se encuentran ubicados sobre esta. Lo cual dificulta realizar el trazado del cerramiento perimetral e implicarían costos elevados al trasladar estos elementos.

3. Por último, se observa la franja de circulación peatonal, en el cual no resulta procedente realizar la instalación de un cerramiento perimetral, pues se obstruiría el tránsito peatonal e invadiría el espacio peatonal, contraviniendo con los lineamientos urbanos destinados a proteger los accesos peatonales y las zonas de circulación.

En cuanto a la solicitud de cómo se deben instalar según las normas técnicas colombianas y establecer sus respectivas dimensiones, la secretaria de Infraestructura remite la presente solicitud según el Decreto 174 de 2021

"POR EL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL

NIVEL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA" al

Infraestructura remite la presente solicitud según el Decreto 174 de 2021 "POR EL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL NIVEL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA" al INDERPIEDECUESTA, puesto que, es la dependencia encargada de administrar y adecuar los escenarios deportivos y culturales de interés municipal.

Por otro lado, la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Santander en su informe manifiesta:

Teniendo en cuenta la evidencia fotográfica y la localización satelital anexada, se puede observar que el escenario deportivo colinda con la carrera segunda del barrio la feria y no cuenta con un cerramiento perimetral en el costado occidental, por ende, s e recomienda la instalación de una malla en el sector oeste sobre la grada existente (ver fotografía No 2) que permita garantizar la seguridad de los conductores, peatones, vecinos y personas que se encuentren dentro de la cancha. Cabe aclarar, que el diseño de esta estructura es libre del contratista que en dado caso llegase a ejecutar dicho cerramiento, sin embargo, se deben respetar los valores mínimos de altura (2.0 m) y espacio de enmallado no mayor a 50 cm. Tal como lo especifica la Norma técnica colombiana.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:Sentencia de Segunda Instancia

Expediente No. 68001333300620220025701

7 Dado que el campo deportivo se encuentra localizado en el municipio de Piedecuesta, es responsabilidad de la alcaldía de la misma dar oportuna respuesta y solución al requerimiento con radicado No. 68001333300620220025700

7 Dado que el campo deportivo se encuentra localizado en el municipio de Piedecuesta, es responsabilidad de la alcaldía de la misma dar oportuna respuesta y solución al requerimiento con radicado No. 68001333300620220025700

• Se recomienda la instalación de un cerramiento (manteniendo los accesos despejados) en el costado occidental del escenario con la finalidad de proteger a las personas que transitan adyacente al campo de juego y las que se encuentran dentro de esta.

• Se sugiere ejecutar el cerramiento en la primera grada del costado oeste con el propósito de mantener libre el andén para el uso de peatones (ver

fotografía No 2).

Se estableció que mediante contrato No 1612 -21 (CO1.PCCNTR. 3134768) cuyo objeto fue: “ Suministro e Instalación de Señalización Horizontal, Vertical y Reductores de Velocidad para Demarcación Vial del Municipio de Piedecuesta”, se realizó la instalación de las siguientes señales: (SP-25), (SP-25 A), (SR-28) y (SP46) y además se realizó la instalación de un resalto plástico con la finalidad de reducir las velocidades sobre el corredor vial de la carrera 2 entre las calles 10 y 11 en proximidad a la Cancha del Barrio la Feria.

Conforme a lo anterior, en primera instancia se declaró que el municipio de Piedecuesta ha vulnerado por omisión el derecho colectivo al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público frente a la cancha ubicada en diagonal a la nomenclatura carrera 2N #10 -38 del barrio la Feria del municipio de Piedecuesta, y se ordenó realizar la instalación de un cerramiento

público, la utilización y defensa de los bienes de uso público frente a la cancha ubicada en diagonal a la nomenclatura carrera 2N #10 -38 del barrio la Feria del municipio de Piedecuesta, y se ordenó realizar la instalación de un cerramiento manteniendo los accesos despejados, en el costado occidental del escenario con la finalidad de proteger a las person as que transitan adyacente al campo de juego y las que se encuentran dentro de esta, sugiriendo que se haga en la primera grada del costado oeste.

En el marco del proceso de acción popular, el juez de primera instancia valoró el informe técnico elaborado por la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Santander, el cual recomendó la instalación de un cerramiento perimetral en el costado occi dental de la cancha del barrio La Feria. Esta valoración ha sido cuestionada en sede de apelación, bajo el argumento de que dicho informe no proviene del ente territorial directamente responsable del escenario deportivo.

Ahora bien, los estudios técnicos, incluso cuando provienen de entidades distintas a la directamente responsable del proyecto, tienen como finalidad presentar opciones y valorar escenarios, sin que ello implique que carezcan de utilidad probatoria. Su análisis es legítimo en sede judicial, especialmente cuando aportanSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 68001333300620220025701

8 elementos técnicos que permiten esclarecer la viabilidad o afectación de derechos colectivos.

Es preciso señalar que el Consejo de Estado, citando a la Corte Constitucional1 ha reconocido que los informes técnicos elaborados por entidades públicas, distintas al ente demandado, pueden ser valorados válidamente por el juez contencioso

Es preciso señalar que el Consejo de Estado, citando a la Corte Constitucional1 ha reconocido que los informes técnicos elaborados por entidades públicas, distintas al ente demandado, pueden ser valorados válidamente por el juez contencioso administrativo, siempre que se aprecien conforme a las reglas de la sana crítica y se integren al acervo probatorio del proceso, ha indicado que los informes técnicos, aunque no constituyen prueba pericial en sentido estricto, pueden adquirir el valor de prueba sumaria y ser considerados como instrumentos de apoyo relevantes para formar el convencimiento del juez.

Bajo este marco, la Sala, en aplicación del principio de la sana crítica, valoró los conceptos técnicos allegados al proceso y encontró mayor solidez y pertinencia en el emitido por la Secretaría de Infraestructura Departamental, en la medida en que éste n o se limitó a exponer dificultades logísticas, sino que aportó parámetros objetivos de seguridad, urbanismo y normas técnicas colombianas, señalando condiciones de altura, distancia y diseño del cerramiento. Por el contrario, el informe municipal se concentró en resaltar obstáculos materiales y presupuestales, lo que redujo su eficacia como elemento probatorio para proteger de manera efectiva los derechos colectivos comprometidos.

En este sentido, el informe técnico departamental no solo fue elaborado por un profesional competente en la materia, sino que además propuso parámetros técnicos claros para la intervención, respetando normas de seguridad y urbanismo. Su contenido fue contr astado con otros elementos probatorios y permitió adoptar una decisión razonada y proporcional frente a la protección del espacio público y la seguridad ciudadana.

técnicos claros para la intervención, respetando normas de seguridad y urbanismo. Su contenido fue contr astado con otros elementos probatorios y permitió adoptar una decisión razonada y proporcional frente a la protección del espacio público y la seguridad ciudadana.

Por tanto, no existe reparo jurídico que impida valorar dicho informe como parte del acervo probatorio, máxime cuando contribuye a la finalidad preventiva y restaurativa propia de la acción popular.

Conforme a lo apelado frente a las costas es pertinente recordar: Tratándose de costas en las acciones populares, el Legislador las reguló en el artículo 38 de la Ley 472 de 19982, cuyo tenor es el siguiente:

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección b. consejero ponente: Cesar Palomino Cortes. 2 de marzo de dos mil veintitrés (2023) radicado: 12262019.

2 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 68001333300620220025701

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“Artículo 38. Costas. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses

podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.”

De lo dicho se desprende la necesaria remisión al Estatuto Procesal Civil, por lo que resulta indispensable enunciar el artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 3, que fijó los criterios a seguir para la condena en costas, indicando:

“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo, podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.” (Subrayas de la Sala).

Estas disposiciones fueron analizadas por el H. Consejo de Estado en Sentencia de Unificación Jurisprudencial 15001 -33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU de 6 de

3 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 68001333300620220025701

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3 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 68001333300620220025701

10 agosto 2019, C.P. Dra. Rocío Araújo Oñate, en la que se precisó el alcance de la interpretación del artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y su armonización con las disposiciones que regulan el reconocimiento, la condena y la liquidación de las costas, indicando lo siguiente:

“80. Como las costas fueron reguladas expresamente en la Ley 472 de 1998, es clara la voluntad que tuvo el legislador de introducir este instituto en los procesos en los que se ventila la protección de los derechos colectivos; sin embargo, del tenor literal de la norma también se desprenden variantes respecto de los supuestos autorizados por el legislador para el reconocimiento de las costas en este tipo de procesos, como se verifica conforme a la literalidad de la norma.

81. En primer término, la disposición es clara en señalar que las normas aplicables a las costas procesales son las previstas en el procedimiento civil. De suyo, el juez está obligado a aplicarlas, por expresa remisión normativa.

82. En segundo lugar, el artículo 38 ejusdem formula una hipótesis que limita la condena en costas en relación con el actor popular. La norma es clara al señalar que sólo es posible condenarlo a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe.

83. Esta regla normativa es especial y de ella se colige que el juez no está autorizado para reconocer costas a favor del demandado victorioso, salvo en

ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe.

83. Esta regla normativa es especial y de ella se colige que el juez no está autorizado para reconocer costas a favor del demandado victorioso, salvo en aquellos casos en que la demanda del actor popular resulte temeraria o de mala fe; evento en el cual, en todo caso, por virtud de la remisión normativa ordenada en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, el juez debe aplicar para tal efecto las previsiones del procedimiento civil.

84. En cuanto al tercer evento previsto por el artículo 38 ibídem, el legislador configuró una sanción aplicable tanto al actor popular como al demandado, consistente en la imposición de multa cuando cualquiera de ellos actúe de mala fe. A la luz de la norma y su entendimiento armonizado, es claro que lo regulado en este inciso, es una potestad sancionatoria distinta pero complementaria de la condena en costas.

85. De las reglas especiales y de los eventos que se señalaron anteriormente, se desprenden las siguientes reglas y consecuencias respecto de las costas procesales, en sus componentes de expensas y de agencias en derecho:

86. Con respecto al demandante/actor popular. La regla general es que no hay lugar a condenarlo en costas. La excepción a esta regla se configura sólo en caso de que haya actuado temerariamente o de mal