TA SAN - Sentencia 680013333006-2023-00128-01 (14-07-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA

Bucaramanga, catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 19 de marzo de 2025, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES

1. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

MEDIO DE

CONTROL Repetición RADICADO 680013333006-2023-00128-01

DEMANDANTE

Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co;

DEMANDADO

Luz Amparo Puentes Torrado luzamparo_0326@hotmail.com ; lpuentetor@cendoj.ramajudicial.gov.co;

LINK DE

EXPEDIENTE

DIGITAL

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/ list_procesos.aspx?guid=680013333006202300128 016800123 MINISTERIO PÚBLICO Procuraduría 159 Judicial II para asuntos administrativos nmgonzalez@procuraduría.gov.co

list_procesos.aspx?guid=680013333006202300128 016800123 MINISTERIO PÚBLICO Procuraduría 159 Judicial II para asuntos administrativos nmgonzalez@procuraduría.gov.co TEMA Privación de la libertad / Inexistencia de dolo o culpa grave en actuación de funcionario judicialREPETICIÓN 680013333006-2023-00128-01

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1. El señor Manuel Eduardo Medina Sequeda y su núcleo familiar instauraron demanda de reparación directa en contra de la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la fiscalía general de la Nación, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto.

1. El 6 de septiembre de 2018, el Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá dispuso condenar a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, al concluir que el daño alegado en la demanda se encontraba acreditado por cuanto existía certeza de que estuvo injustamente privado de la libertad desde el 27 de mayo al 25 de julio de 2013.

1. El 15 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca modificó la sentencia de primera instancia para distribuir los porcentajes de la condena y negar el reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

1. La Rama Judicial, actualmente surte el trámite de pago de sentencias, según mensaje de datos de fecha 15/08/2023, en el que se informa que la suma asciende

lucro cesante.

1. La Rama Judicial, actualmente surte el trámite de pago de sentencias, según mensaje de datos de fecha 15/08/2023, en el que se informa que la suma asciende a $76.807.765 conforme liquidación informada por parte del grupo de sentencias de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y se encuentra en turno para pago, cuya posible fecha puede superar la fecha de caducidad, esto es, el 29 de agost o de 2023.

1. La doctora Luz Amparo Puentes Torrado ocupó el cargo de Juez Tercera Penal del Circuito Adjunto de Bucaramanga, para el periodo comprendido entre el 4 de abril de 2011 al 31 de diciembre de 2012.

2. Las pretensiones

Se sintetizan de la siguiente manera:

2.1. Declarar administrativamente responsable a la doctora Luz Amparo Puentes Torrado quién para la época de los hechos fungía como Juez Tercera Penal del Circuito Adjunto de Bucaramanga (descongestión), por haber incurri do en conducta dolosa o gravemente culposa, al haber proferido fallo condenatorio en contra de Manuel Eduardo Medina Sequeda en el proceso penal 6800131040003-2009-00097-00 como autor del punible de acceso ilegal o prestación ilegal de los servicios de telecomunicaciones, omitiendo la plena y debida identificación e individualización del verdadero autor de la conducta punible imputada, para lo cual requería dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y constitucionales al momento de proferir el mismo. A pesar de ello, incluyó los datos de nombre y número de cédula del señor Medina Sequeda en el fallo penal condenatorio sin haber realizado previamente toda la gestión

y constitucionales al momento de proferir el mismo. A pesar de ello, incluyó los datos de nombre y número de cédula del señor Medina Sequeda en el fallo penal condenatorio sin haber realizado previamente toda la gestión probatoria respectiva en aras de lograr la debida individualización e identificación del verdadero infractor penal, pues resultaba evidente queREPETICIÓN 680013333006-2023-00128-01

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en ese proceso no se había cumplido ese requisito y presupuesto para dictar sentencia, lo que condujo a la privación injusta de la libertad de aquel como tercero ajeno al proceso.

2.2. Como consecuencia de la anterior declaración, condenar a la doctora Luz Amparo Puentes Torrado, al resarcimiento y pago de los perjuicios económicos ocasionados a la NaciónRama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Judicial, que ascienden a la suma de $76.807.765, con ocasión de la condena impuesta y que deriva en la obligación de pago que deberá asumir la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en cumplimiento de la sentencia proferida en el proceso de reparación directa radicado 1100133336035-2015-00227-00.

2.3. Ordenar la indexación y actualización del valor de la condena hasta la fecha de pago efectiva, en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011.

2.4. Ordenar el cumplimiento de la sentencia de conformidad con lo dispuesto en la ley 1437 de 2011 para estos efectos, así como según lo preceptuado

2011.

2.4. Ordenar el cumplimiento de la sentencia de conformidad con lo dispuesto en la ley 1437 de 2011 para estos efectos, así como según lo preceptuado en la Ley 678 de 2001.

2.5. Condenar en costas a la parte demandada.

3. Contestación de la demanda

Por intermedio de apoderado judicial, la demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló los siguientes aspectos:

1. La entidad accionada confunde dos sistemas procesales de juzgamiento el inquisitivo y el otro acusatorio, lo cual genera una premisa falsa, ya que la fiscalía los declaró persona ausente ante la imposibilidad de ubicarlos y les design ó defensor de oficio quien tenía la obligación legal y constitucional de ejercer una adecuada defensa técnica sin que el abogado defensor interpusiera recurso alguno contra la providencia, obrando ya dentro del instructivo el informe de dactiloscopia que l e sirvió al Tribunal para pregonar la total inocencia de Manuel Eduardo Medina

Sequeda.

1. Bajo la Ley 600 de 2000, quien tenía la responsabilidad de identificar al autor de la conducta era la fiscalía general de la nación como titular de la acción penal por mandato constitucional, puesto que eran los fiscales delegados quienes a través de las ó rdenes de Policía Judicial debían procurar la identificación, individualización y ubicación del indiciado para que rindiera indagatoria y ante la imposibilidad de ubicación luego de agotar todos los medios procediera a realizar la vinculación al proceso penal bajo la figura de la declaratoria de persona ausente.REPETICIÓN 680013333006-2023-00128-01

agotar todos los medios procediera a realizar la vinculación al proceso penal bajo la figura de la declaratoria de persona ausente.REPETICIÓN 680013333006-2023-00128-01

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Propuso las excepciones de « falta de prueba del actuar doloso o gravemente culposo de la parte demandada. ii). No causación del daño. iii). Excepción de culpa exclusiva de la víctima».

II. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 19 de marzo de 2025 denegó las pretensiones de la demanda y para el efecto consideró que la petición para proferir fallo condenatorio en contra de los acusados, fue sustentada por la fiscalía con base en los abundantes elementos materiales probatorios vertidos en el plenario.

Si bien, las probanzas del medio de control de reparación directa por privación injusta de la libertad resultaron suficientes para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado; no acontece lo mismo para construir un juicio de imputación en sede del medio de control de repetición contra quien fungía para la época de los hechos como Juez Tercero Penal Adjunta del Circuito de Bucaramanga y mucho menos para acreditar la conducta gravemente culposa de la funcionari a, la que se endilga al no haber realizado la debida individualización e identificación generando con ello un error judicial, puesto que de acuerdo a las pruebas allegadas, en especial del proceso penal adelantado contra Medina Sequeda quien fuera privado de su libertad,

haber realizado la debida individualización e identificación generando con ello un error judicial, puesto que de acuerdo a las pruebas allegadas, en especial del proceso penal adelantado contra Medina Sequeda quien fuera privado de su libertad, se contaban con diversos elementos materiales recopilados en el plenario para proferir fallo condenatorio.

Destacó que dentro del proceso disciplinario adelantado contra la funcionaria fue señalado que «no era evidente la circunstancia que le reprocha el Juez de Tutela, pues dentro del plenario penal era evidente la responsabilidad de los allí acusados, máxime que la obligación de identificar e individualizar a los autores del ilícito era del ente fiscal, para vincularlos mediante indagatoria o declaratoria de persona ausente”; lo anterior con desarrollo de la Ley 600 de 2000, puesto que el Juez de conocimiento en este sistema penal de tipo inquisitorio, actúa de conformidad con la información presentada por la fiscalía».

La juez demandada, toma sus decisiones basándose en el conjunto probatorio y análisis jurídicos argumentativos, no cometiendo una infracción grosera y manifiesta o sin motivación en las decisiones.

Finalmente, no condeno en costas.

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La parte actora interpone oportunamente el recurso de apelación para señalar los siguientes aspectos:

1. Se encuentra demostrado que la actora incurrió en conducta dolosa o gravemente culposa al haber proferido fallo condenatorio en contra de Manuel Eduardo Medina Sequeda omitiendo la plena y debida identificación e individualización del verdadero autor de la conductaREPETICIÓN 680013333006-2023-00128-01

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Manuel Eduardo Medina Sequeda omitiendo la plena y debida identificación e individualización del verdadero autor de la conductaREPETICIÓN 680013333006-2023-00128-01

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punible imputada, para lo cual requería dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y constitucionales al momento de proferir el mismo.

1. A pesar de lo anterior, incluyó los datos de nombre y número de cédula del señor Medina Sequeda en el fallo penal condenatorio sin haber realizado toda la gestión probatoria respectiva en aras de lograr la debida individualización e identificación del verd adero infractor penal, pues resultada evidente que en el proceso no se había cumplido ese requisito y presupuesto para dictar sentencia lo que condujo a la privación injusta de la libertad de aquel.

1. Se encuentra probada la falta grave en que incurrió la agente, pues de acuerdo a la ley y la jurisprudencia aplicables a actuaciones penales, es deber del juez penal, contar con los medios de prueba suficientes para lograr la plena individualización del procesado, por tanto, previo a proferir fallo condenatorio, también debe verificar que la persona que va a ser condenada sea el autor, se encuentre plena y debidamente identificado e individualizado, y de no ser así, debía adelantar todas las actuaciones judiciales respectivas en aras de lograr establecer plena mente la identificación e individualización del procesado.

1. El artículo 170 de la Ley 600 de 2000 proveía al juez de conocimiento la

judiciales respectivas en aras de lograr establecer plena mente la identificación e individualización del procesado.

1. El artículo 170 de la Ley 600 de 2000 proveía al juez de conocimiento la facultad de decretar pruebas de oficio, de donde se le exige al funcionario judicial establecer medios de convicción que c onduzcan a encontrar una verdad real y para ello se hace necesario investigar con la misma diligencia todas las circunstancias relacionadas con la conducta delictiva, tanto aquellas que puedan demostrar su existencia como las que puedan aumentar disminuir o eximir la responsabilidad del acusado.

1. Conforme al artículo 234 del CPP puede afirmarse que, aunque la carga de la prueba corresponde directamente a la fiscalía general de la Nación no se agota el debate probatorio además con aquellas que en contraposición traiga la defensa, pero también dicha disposición le otorgada poderes al juez para decretar pruebas de oficio.

1. Los elementos de juicio que obraban hasta el momento de proferir sentencia de primera instancia [febrero 14 de 2014] no permitían identificar plenamente al presunto autor de las conductas punibles imputadas, pues dentro del expediente penal obraba el informe de confrontación dactiloscópica emitido el 13 de febrero de 2007 por un investigador criminalístico y el jefe de la sección criminalística de la Fiscalía General de la Nación, donde constaba que la impresión dactilar plasmada frente a la firma de Manuel Eduardo Medina Sequeda no se identificada con ninguna de las impresiones dactilares plasmadas en la fotocopia de la cédula y tarjeta de preparación No. 79.629.617 a nombre de Manuel Eduardo Medina Sequeda, lo cual generó que fuera condenado y privado

ninguna de las impresiones dactilares plasmadas en la fotocopia de la cédula y tarjeta de preparación No. 79.629.617 a nombre de Manuel Eduardo Medina Sequeda, lo cual generó que fuera condenado y privado de su libertad, sin que correspondiera al presunto autor de las conductas investigadas.REPETICIÓN 680013333006-2023-00128-01

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1. No es lo mismo, la solicitud de tarjeta de preparación o «decadactilar» de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la realización de una prueba técnica y científica como lo es la «confrontación dactiloscópica», pues la primera es la mera remisión del documento que posee esa entidad con una impresión de huellas y la segunda es la comparación que se hace entre dicha tarjeta y la impresión que se realiza a la persona al momento de la investigación penal.

IV. INTERVENCIÓN SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal de que trata el numeral 4° del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, las partes no concurrieron al trámite.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Problema Jurídico

¿Se cumplen los requisitos objetivos y el presupuesto subjetivo para la prosperidad del medio de control de repetición, a fin de declarar la responsabilidad patrimonial de la señora Luz Amparo Puentes Torrado como Juez Penal que dictó sentencia condenatoria en contra de Manuel Eduardo Medina Sequeda la que posteriormente

del medio de control de repetición, a fin de declarar la responsabilidad patrimonial de la señora Luz Amparo Puentes Torrado como Juez Penal que dictó sentencia condenatoria en contra de Manuel Eduardo Medina Sequeda la que posteriormente originó la condena en contra de la Rama Judicial por privación de la libertad de dicho ciudadano?

2. Tesis

No, por las razones que pasan a explica

3. Argumentos de la decisión

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política «el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este».

A su turno, el artículo 142 del CPACA dispone que el ejercicio del medio de control de repetición por parte de la entidad pública por lo pagado, se origina por la obligación de realizar un «reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas».

Ahora bien, el Consejo de Estado ha referido que, «la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia deREPETICIÓN 680013333006-2023-00128-01

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condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la ind emnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente, ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de función pública; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o grav emente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico».

Ha señalado además que, los tres primeros requisitos son de carácter objetivo y están sometidos a las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda, mientras que los dos últimos de tales requisitos referidos a la acreditación de la culpa grave o el dolo de la conducta, son de carácter subjetivo y están sometidos a la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la responsabilida d del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición.

4. Caso Concreto

4.1. Hechos probados

La señora Luz Amparo Puentes Torrado se desempeñó como Juez Tercero Penal del Circuito de Descongestión de Bucaramanga durante el periodo comprendido entre el 4 de abril de 2011 al 31 de diciembre de 2012.1

En tal virtud, fungió como juez de conocimiento del proceso penal 248.141 en el que obran las siguiente actuaciones:

entre el 4 de abril de 2011 al 31 de diciembre de 2012.1

En tal virtud, fungió como juez de conocimiento del proceso penal 248.141 en el que obran las siguiente actuaciones:

Informe de confrontación dactiloscópica el que arrojó los siguientes resultados:

“[…]Se confronta la impresión dactilar plasmada frente a la firma de MANUEL EDUARDO MEDINA SEQUEDA (folio 2) Frente a las impresiones dactilares plasmadas en la fotocopia de cédula y tarjeta de preparación No. 79.727.550 expedida en Bogotá a nombre de ALEXANDER GONZALEZ GOMEZ (folios 3 y 10) y fotocoopia de la cédula No. 79.529.617 expedida en Bogotá a nombre de MANUEL EDUARDO MEDINA SEQUEDA (folio 4) se determina que estas NO se identifican entre si, en cuanto a morfología y distribución topográfica de sus puntos característicos”2

El 8 de marzo de 2007, 3se realiza nuevo cotejo de impresiones dactilares que arroja lo siguiente:

“[…]PRESENTACION DE RESULTADOS

[…]

2. La impresión dactilar obrante al pie de la firma del señor Manuel Eduardo Medina Sequeda en la diligencia de reconocimiento del contrato de arrendamiento LC 2330336 SE IDENTIFICA con la obrante en la diligencia de reconocimiento al lado

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice SAMAI archivo 02 2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice SAMAI actuación 011, archivo EXPEDIENTE MA, página 138 3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice SAMAI actuación 011, archivo EXPEDIENTE MA, página 145REPETICIÓN

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice SAMAI actuación 011, archivo EXPEDIENTE MA, página 138 3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice SAMAI actuación 011, archivo EXPEDIENTE MA, página 145REPETICIÓN 680013333006-2023-00128-01

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de la firma de Manuel Eduardo Medina Sequeda en el contrato de arrendamiento LC 2731303”

El 26 de abril de 2007, 4 la Fiscalía Treinta y uno Seccional de Bucaramanga declaró como persona ausente a Manuel Eduardo Medina Sequeda.

El 18 de julio de 2007, se calificó el mérito del sumario con resolución de acusación5

El 14 de febrero de 2012, 6 el Juzgado Tercero Penal del Circuito Adjunto de Bucaramanga profirió sentencia a través de la cual dispuso condenar a Manuel Eduardo Medina Sequeda a la pena de 40 meses de prisión, multa de 550 SMMLV al encontrarlo responsable de la conducta punible de acceso ilegal o prestación ilegal de los servicios de telecomunicaciones, prevista en el artículo 257 del Código Penal.

Como sustento de la decisión consideró que

«[…] para confirmar la veracidad de lo consignado en dicha denuncia se procede a realizar registro voluntario por parte de la Policía Nacional en los inmuebles referidos por el denunciante, donde se logró la incautación de varios elementos tales como un estabilizador de corriente marca PRO PC 1000; un modem marca ERICSON modelo

realizar registro voluntario por parte de la Policía Nacional en los inmuebles referidos por el denunciante, donde se logró la incautación de varios elementos tales como un estabilizador de corriente marca PRO PC 1000; un modem marca ERICSON modelo HTLLL, serial BS “a 0495219911, un Router marca Quintum, serial A00100F5F, un amplificador marca SPEED LAN, ID: NLBSLPLS serial 00501098, un adaptador de corriente marca ASTEC modelo SA35 -3159 serial 2665017977R2980C2 y una antena paraflector sin marca, todos ellos utilizados para la comunicación ilegal de la señal internacional de telecomunicaciones. Así se logró establecer quienes habían arrendado dichos inmuebles logrando hacer cotejo dactiloscópico con la huella consignada en el cuerpo del contrato de arrendamiento y la que aparece en la Tarjeta de preparación de su cédula de ciudadanía ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, con lo que se puedo establecer con total claridad quienes eran los autores de los hechos aquí juzgados[…]”

El 24 de junio de 2 013, 7 el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga, en virtud de acción de tutela promovida por Manuel Eduardo Medina Sequeda contra el Juzgado Tercero Penal del Circuito Adjunto de Buc aramanga y la Fiscalía 31 Seccional de Bucaramanga profirió sentencia de primera instancia en los siguientes términos:

« […] en el mes de mayo fue capturado y puesto en “detención domiciliaria” ordenada por el JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO ADJUNTO DE BUCARAMANGA mediante sentencia del 14 de febrero de 2012 en la que se le

« […] en el mes de mayo fue capturado y puesto en “detención domiciliaria” ordenada por el JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO ADJUNTO DE BUCARAMANGA mediante sentencia del 14 de febrero de 2012 en la que se le condenó a la pena de 40 meses de prisión y multa de 550 smmlv por el delito de acceso ilegal, sin al menos plantearse tanto Juzgado como Fiscalía la hipótesis de una suplantación. L a Fiscalía sin menor esfuerzo lo declaró persona ausente y se tuvo como suficiente para identificarlo […]

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice SAMAI actuación 011, archivo EXPEDIENTE MA, página 151 5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice SAMAI actuación 011, archivo EXPEDIENTE MA, página 174 6 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice SAMAI 002, archivo PruebasAportadascon, tutela, pagina 31 7 Expediente digital, gestión en otras coporaciones, índice SAMAI 002, archivo PruebasAportadascon, tutela, pagina 107 a 120.REPETICIÓN 680013333006-2023-00128-01

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Tras cuestionar cada pieza procesal, sostiene que la condena riñe con el resultado de confrontación de dactiloscopia de fecha 13 de febrero de 2007, el error de apreciación y valoración de la prueba tanto de Fiscalía como del Juez se incrementó al tener en cuenta la exploración lofoscópica donde se estableció que las huellas se

de confrontación de dactiloscopia de fecha 13 de febrero de 2007, el error de apreciación y valoración de la prueba tanto de Fiscalía como del Juez se incrementó al tener en cuenta la exploración lofoscópica donde se estableció que las huellas se identifican; opera a su favor el principio del in dubio pro reo.

[…] El 15 de febrero de 2007 se allega al expediente el informe de confrontación dactiloscópica entre las huellas dactilares que aparecen en el contrato de arrendamiento y fotocopia de la cédula de ciudadanía de MANUEL EDUARDO MEDINA SEQUEDA, donde se concluye qu e “la impresión dactilar plasmada frente a la firma de MANUEL EDUARDO MEDINA SEQUEDA (f.2), NO se identifica con ninguna de las impresiones dactilares plasmadas en la fotocopia de la cédula NO. 79.629.617 expedida en Bogotá a nombre de MANUEL EDUARDO MEDIN A SEQUEDA” (F.160) Y 22 DE MARZO DE 2207 se presenta informe sobre cotejo lofoscópico de las impresiones dactilares que figuran en los contratos de arrendamiento LC 2330335 y LC 2731303, donde se expone que “la impresión dactilar obrante al pie de la firma del señor MANUEL EDUARDO MEDINA SEQUEDA en diligencia de reconocimiento del contrato de arrendamiento LC 2330335 SE IDENTIFICA con la obrante en la diligencia de reconocimiento al lago de la firma de MANUEL EDUARDO SEQUEDA en el contrato de arrendamiento LC 2731303” (f.176 a 182).

Mediante providencia del 26 de abril de 2007 la Fiscalía de conocimiento resuelve

MANUEL EDUARDO SEQUEDA en el contrato de arrendamiento LC 2731303” (f.176 a 182).

Mediante providencia del 26 de abril de 2007 la Fiscalía de conocimiento resuelve declarar persona ausente a MANUEL EDUARDO MEDINA SEQUEDA y otro (f. 192); el 4 de junio de 2007 decreta el cierre de la investigación (f.211); y e l 18 de julio de 2007 califica el mérito probatorio del sumario con resolución de acusación.

[…] Del mismo modo se presentó informe de verificación de identidad de fecha 18 de julio de 2013 expedido por EDILBERTO SUAREZ CEPEDA, investigador criminalistico IV del CTI Dirección Nacional División Criminalística Grupo Lofoscopia de Bogotá donde se concluye que “Dactiloscópicamente se establece que la huella dactilar impresa en el folio 183 y la cual avala un sello de reconocimiento notarial (notaria 12 de Bog otá) a quien se suscribe como MANUEL EDUARDO MEDINA SEQUEDA con C.C 79.629.617, morfológicamente NO le corresponde a la persona registrada decadactilarmente en su casa de habitación ubicada en la carrera 9ª No. 21-294 conjunto Pinares de Chía y el cual man ifestó llamarse MANUEL EDUARDO

MEDINA SEQUEDA con C.C 79.629.617”

[…]

Nótese que a través del cotejo dactilar se pudo verificar que la persona contra la cual se inició el proceso penal y a la que se condenó es diferente al tutelante MANUEL EDUARDO MEDINA SEQUEDA, circunstancia que desde el año 2007 se conocía dentro del proceso y aún así no se advirtió por Fiscalía y Juzgado de conocimiento,

se inició el proceso penal y a la que se condenó es diferente al tutelante MANUEL EDUARDO MEDINA SEQUEDA, circunstancia que desde el año 2007 se conocía dentro del proceso y aún así no se advirtió por Fiscalía y Juzgado de conocimiento, lo que obviamente conllevó a cometer un error que no se puede endilgar al mencionado, y que configura una vía de hecho que por supuesto va en contravía de los derechos al debido proceso y defensa puesto que no se preocuparon por la individualización e identificación de la persona que se denunciaba.»

En tal virtud, concedió la acción de tutela, otorgó la libertad inmediata al tutelante y dispuso compulsar copias con destino a la Sala Disciplinaria del Consejo SeccionalREPETICIÓN 680013333006-2023-00128-01

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de la Judicatura de Santander con el fin de determinar si los funcionarios que conocieron del diligenciamiento penal incurrieron en alguna falta tipificada en el estatuto disciplinario.

El 8 de agosto de 20138, se avoca el conocimiento del proceso disciplinario radicado 68001110200020130090500 y el 19 de agosto de 2016 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria ordena el archivo de las diligencias a favor de la doctora Luz Amparo Puentes Torrado con base en los siguientes argumentos:

«[…] [p]rocede ahora la Sala, a realizar los análisis pertinentes con el fin de verificar si con la conducta desplegada por la funcionaria investigada, que profirió la sentencia

Puentes Torrado con base en los siguientes argumentos:

«[…] [p]rocede ahora la Sala, a realizar los análisis pertinentes con el fin de verificar si con la conducta desplegada por la funcionaria investigada, que profirió la sentencia condenatoria en contra del señor Manuel Eduardo Medina Sequeda, incurrió en falta disciplinaria. En el curso de la acción de tutela que motivó la presente investigación disciplinaria, con la “colaboración del cotejo dactilar del accionante”, y con base en los documentos obrantes en el proceso penal, se determinó que el condenado allí y el capturado tutelante, no son la mis