TA SAN - Sentencia 680013333006-2024-00089-01 (21-10-2025)
Detalles
- Título
- TA SAN - Sentencia 680013333006-2024-00089-01 (21-10-2025)
- Autor
- Tribunal Administrativo de Santander
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
SIGCMA-SGC
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ
Bucaramanga, veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia proferida el 22 de julio de 2025 por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual denegaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos consagrados en el artículo 1 44 del CPACA, el señor Jaime Orlando Martínez García formuló demanda a nte la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la vulneración de los derechos
1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 02 índice SAMAI, archivo 01. MEDIO DE CONTROL Protección de los derechos e intereses colectivos EXPEDIENTE 680013333006-2024-00089-01 DEMANDANTE Jaime Orlando Martínez García derechoshumanosycolectivos@gmail.com
DEMANDADO
Municipio de Floridablanca notificaciones@floridablanca.gov.co catalinagomezgarcia1@gmail.com
DEMANDANTE Jaime Orlando Martínez García derechoshumanosycolectivos@gmail.com
DEMANDADO
Municipio de Floridablanca notificaciones@floridablanca.gov.co catalinagomezgarcia1@gmail.com Conjunto Residencial Villas del Mediterráneo P.H villas-mediterraneo@hotmail.com
MINISTERIO PÚBLICO
Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Piscinas en propiedades horizontales ubicadas en la zona social. No existe norma legal que disponga la instalación de rampas de acceso o algún sistema eléctrico mecánico o similar en su interiorProtección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Floridablanca y otros Radicado: 680013333006-2024-00089-01
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
colectivos de que tratan los literales a), b), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
En consecuencia, solicitó:
«PRIMERO: Se decrete mediante sentencia que tanto el ente territorial, los propietarios de la piscina o el que corresponda, tiene de forma individual o en conjunto responsabilidad en los hechos de la demanda, se encuentran vulnerando los derechos colectivos de las p ersonas en situación de discapacidad motriz, física (Con sillas de rueda y otros accesorios, aparatos,
conjunto responsabilidad en los hechos de la demanda, se encuentran vulnerando los derechos colectivos de las p ersonas en situación de discapacidad motriz, física (Con sillas de rueda y otros accesorios, aparatos, sistemas ortopédicos) al estar probado que al interior de la piscina (Técnicamente llamado “VASO”), inmersas en las leyes y normas a las personas adultas, la piscina -vaso no permite que sea disfrutada por estas personas, no posee rampa peatonal con pasamanos para su acceso y para su salida, no posee algún sistema moderno eléctrico -mecánico, no posee ningún sistema idóneo o similar para permitir su acceso c omo para su salida de manera digna cumpliendo los principios Constitucionales a la IGUALDAD, PROGRESIVIDAD y AUTONOMÍA.
SEGUNDO: Se ordene mediante sentencia tanto al ente territorial o los propietarios de la piscina-vaso o al que corresponda, que en término no mayor a un (01) meses, se realicen todas las obras civiles idóneas para la restitución de los derechos colectivos vulnerados de las personas en situación de discapacidad motriz, física (Con sillas de rueda y otros accesorios, aparatos, sistemas ortopédicos), inmersas en las leyes y normas a las personas adultas, adecuando, instalando, construyendo los mecanismos técnicos, arquitectónicos para permitir el acceso y salida de estas personas en condiciones dignas para restituirles y facilitarles el uso y disfrute de la piscina -vaso, restituyéndoles sus derechos a la RE 90CREACIÓN, al ESPARCIMIENTO de forma individual autónoma o en familia, cumpliendo la Ley No.361 de 1997, el Decreto Nacional
derechos a la RE 90CREACIÓN, al ESPARCIMIENTO de forma individual autónoma o en familia, cumpliendo la Ley No.361 de 1997, el Decreto Nacional No.1538 de 2005, Ley No.1209 de julio 1 4 de 2008, Ley No.1346 de 2009, las Normas Técnicas Colombianas, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, adoptada en Washington el 15 de junio de 2015 y demás normas concordantes
TERCERO: -Que mediante sentencia al accederse a las pretensiones de la demanda, el operador judicial dé un término prudencial no mayor a dos (02) mes al que corresponda, para que rinda informe escrito al despacho judicial manifestando el cumplimiento de la sentencia al terminar las obras, de no haberse presentado al final de este término el informe dando cumplimiento de la sentencia, tomar la presente pretensión como el trámite de incumplimiento previo a la posible apertura del incidente de desacato, vencid o el termino de tiempo dado sin cumplir las órdenes de hacer iniciar de oficio como juez Constitucional el incidente de desacato, también expedir y trasladar con destino a la Fiscalía General de la Nación las piezas procesales idóneas para que se inicie el trámite por un posible FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL.
CUARTO: Que mediante sentencia al accederse a las pretensiones de la demanda total o parcialmente, el operador judicial de un término prudencial no mayor a quince (15) días calendarios al que correspon da, para que constituya una POLIZA DE CUMPLIMIENTO por el valor de $15.000.000,oo(Quince
demanda total o parcialmente, el operador judicial de un término prudencial no mayor a quince (15) días calendarios al que correspon da, para que constituya una POLIZA DE CUMPLIMIENTO por el valor de $15.000.000,oo(Quince millones de pesos), suma de dinero concordante y proporcional de acuerdo al valor de las obras a realizarse por concepto de posible demolición, construcción, adecuación, de la piscina-vaso, póliza para garantizar la efectiva realización de las obras dentro del término de tiempo dado y evitando un eventual INCIDENTE DE DESACATO, petición anterior al observarse que en centenares sentencias de acciones populares que el acc ionado o responsable de las obras civiles no cumplen por lo general dentro del término dado y pasan años y años sin que cumplan, esperando el inicio y trámite de un posible incidente de desacato que dura en promedio uno (01) a (02) dos años o más años después del Fallo, donde finalmente el despacho judicial desestima el desacato y no plica ninguna sanción por el incumplimiento. (Artículo 42 de la Ley No.472 de 1998 y demás normas concordantes al ser la demanda de índole Constitucional)Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Floridablanca y otros Radicado: 680013333006-2024-00089-01
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QUINTO: Que el opera dor judicial al expedir la correspondiente sentencia de respuesta de forma individual a cada una de los numerales de las pretensiones
Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
QUINTO: Que el opera dor judicial al expedir la correspondiente sentencia de respuesta de forma individual a cada una de los numerales de las pretensiones y no en bloque.
SEXTO: Se condene en costas y agencias en derecho al demandado y/o vinculados y demás gastos económicos q ue se deriven en el transcurso del proceso por remisión expresa del artículo 38 de la Ley No.472de 1998, el Código Civil artículos 1005 y 2360, a los artículos 361, 365, 366 del C.G.P., al artículo 188 del C.P.A.D.A, al numeral 5 del Acuerdo PSAA16 -10554 de agosto 5 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura y la SENTENCIA DE UNIFICACIÓN expedida por el CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SALA DE DECISIÓN ESPECIAL No. 27, MAGISTRADA:
ROCIO ARAÚJO OÑATE, Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil diecinueve
(2019), Referencia: MECANISMO DE REVISIÓN EVENTUAL -ACCIÓN
POPULAR, Radicación: 15001 -33-33007-2017-00036-01, Demandante: YESID FIGUEROA GARCIA, Demandado: MUNICIPIO DE TUNJA, Temas: Acción popular. Costas procesales. Agencias en derecho; se trascriben apartes […]» (sic en todo el texto)
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:
- En el inmueble ubicado en la carrera 23 núm. 57-160 del municipio de
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:
- En el inmueble ubicado en la carrera 23 núm. 57-160 del municipio de Floridablanca, conjunto residencial Villas del Mediterráneo P.H. funciona una piscina; no obstante, las entidades demandadas no han realizado las obras arquitectónicas, mecánicas, eléctricas y de infraestructura necesarias para que las personas en situación en discapacidad puedan disfrutar de su uso.
- La anterior circunstancia vulnera el derecho fundamental a la igualdad previsto en el artículo 52 de la Ley 136 de 1991, debido a que no existe la garantía de acceso y salida de la piscina para las personas con limitaciones físicas.
- Si bien se p resentó una petición ante el municipio de Floridablanca mediante la cual solicitó la adecuación del vaso al interior de la piscina ubicada en el Conjunto Residencial, las entidades no han efectuado las obras con la finalidad de que instale un acceso diferente a las escaleras de acero inoxidable verticales 100% adheridas a la pared.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. Municipio de Floridablanca2
Por conducto de apoderado la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: « falta de jurisdicción, falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Floridablanca, falta de agotamiento del requisito de procedibilidad , inepta demanda por inexistencia de vulneración a los derechos e intereses colectivos , falta de indicación el derecho o interés colectivo presuntamente vu lnerado,
Floridablanca, falta de agotamiento del requisito de procedibilidad , inepta demanda por inexistencia de vulneración a los derechos e intereses colectivos , falta de indicación el derecho o interés colectivo presuntamente vu lnerado, indebida escogencia del medio de control y la genérica innominada». A su turno, se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:
2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 17 índice SAMAI, archivo 02.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Floridablanca y otros Radicado: 680013333006-2024-00089-01
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- No le asiste razón al demandante al atribuir respon sabilidad al ente territorial, comoquiera que el encargado de realizar las adecuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad en la piscina es la Unidad Residencial Villas del Mediterráneo P.H., comoquiera que se trata de una propiedad privada y de u so restringido.
- Los hechos descritos por el demandante no demuestran una vulneración de los derechos colectivos que justifiquen una orden en contra la administración, por cuanto el uso de la piscina descrit o es restringido para los residentes de la propiedad horizontal y no se encuentra abierto al público y, por tanto, dichas instalaciones no están sujetas a intervenciones obligatorias por parte de la entidad territorial.
por cuanto el uso de la piscina descrit o es restringido para los residentes de la propiedad horizontal y no se encuentra abierto al público y, por tanto, dichas instalaciones no están sujetas a intervenciones obligatorias por parte de la entidad territorial.
- Una instalación ubicada en un conjunto cerrado o unida d residencial sometida al régimen de propiedad horizontal no es una edificación de naturaleza pública o que se encuentre abierta al público en general en virtud de las definiciones contenidas en el Decreto 1538 de 2005 «[p]or el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997».
1.2.2. Villas del Mediterráneo P.H.3
Por conducto de apoderado la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:
- La parte demandante no demuestra las razones por las cuales la piscina ubicada en el Conjunto Residencial Villas del Mediterráneo no cumple con el denominado «vaso» ni tampoco indica la norma que lo exige de manera clara y expresa, especialmente, cuando la construcción de la propiedad horizontal se efectuó de conformidad a la licencia emitida por la autoridad urbanística, vale decir, el curador primero urbano de Bucaramanga.
- No se encuentra probada la omisión en la que incurre el conjunto Villas del Mediterráneo P.H. por cuanto la zona común en la que se encuentra ubicada la piscina cumple con las obligaciones establecidas en la Ley 1209 de 2008 y sus decretos reglamentarios, sin que a la fecha exista normatividad adicional que
Mediterráneo P.H. por cuanto la zona común en la que se encuentra ubicada la piscina cumple con las obligaciones establecidas en la Ley 1209 de 2008 y sus decretos reglamentarios, sin que a la fecha exista normatividad adicional que establezca la necesidad de implementar aditivos electrónicos y/o adecuaciones adicionales.
- En todo caso, el área de la piscina cuenta con un acceso de escaleras con pasamanos en cada lateral el cual puede ser utilizado por personas con capacidad motriz reducida y, además, lo s copropietarios no han presentado quejas y/o inconformidades referentes al uso y/o adecuación de la zona de la piscina.
1.3. La sentencia apelada4
3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 22 índice SAMAI, archivo 02. 4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 47 índice SAMAI.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Floridablanca y otros Radicado: 680013333006-2024-00089-01
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El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 22 de julio de 2025, resolvió:
«Primero: Denegar las pretensiones incoadas en la presente demanda, por las razones expuestas en precedencia.
Segundo: Sin condena en costas […]».
En lo correspondiente al fondo del asunto , el a quo sustentó la decisión en los
«Primero: Denegar las pretensiones incoadas en la presente demanda, por las razones expuestas en precedencia.
Segundo: Sin condena en costas […]».
En lo correspondiente al fondo del asunto , el a quo sustentó la decisión en los siguientes argumentos:
- En el presente asunto se encuentra comprobado que lo pretendido por el actor popular se sustenta en la aplicación de la Ley 361 de 1997, el Decreto Nacional 1538 de 2005, la Ley 1209 de julio 14 de 2008, la Ley 1346 de 2009 y la «convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores» adoptada en Washington el 15 de junio de 2015.
- No obstante, de la revisión del marco normativo, se advierte que no existen normas que prevean las reglas específicas para la construcción de vasos en las piscinas tal y como lo pretende el demandante, motivo por el cual ni la propiedad horizontal demandada ni el municipio de Floridablanca tienen la obligación de realizar dicha construcción.
- Del informe técnico aportado al plenario, es posible concluir que la piscina ubicada en la unidad residencia cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1209 de 2008 y la Resolución 1510 de 2011 respecto a los parámetros que deben tener las piscinas; además, se determinó en dicho concepto que en razón a que no existían normas técnicas espec íficas para la adecuación de las piscinas para personas en discapacidad se concluía que no existía incumplimiento alguno.
- En torno a la aplicación de la Ley 1346 de 2009 «[p]or medio de la cual se
personas en discapacidad se concluía que no existía incumplimiento alguno.
- En torno a la aplicación de la Ley 1346 de 2009 «[p]or medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad » adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 es posible advertir que a) no establece de forma específica el tema de las piscinas, b) la vigencia para el estado colombiano inició a partir del 31 de julio de 2009 y c) esta figura se aplica únicamente en casos concretos por solicitud de parte y ante presuntas infracciones específicas.
- En cuanto a la condena en costas, en razón a que no se observa temeridad o mala fe del actor popular, no se impondrá.
1.4. El recurso de apelación
1.4.1. Parte demandante5
La parte demandante en el recurso interpuesto solicitó revocar la sentencia de primera instancia conforme a los siguientes argumentos:
- El a quo incurrió en un error por cuanto centró su análisis en el cumplimiento de las normas técnicas existentes para garantizar la seguridad para
5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 49 índice SAMAI.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Floridablanca y otros Radicado: 680013333006-2024-00089-01
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las piscinas; sin embargo, no examinó el verdadero objeto de la acción popular ,
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las piscinas; sin embargo, no examinó el verdadero objeto de la acción popular , esto es, la necesidad de imponer acciones afirmativas dirigidas a la protección de derechos de la población con discapacidad en virtud de l incumplimiento de lo previsto en la Ley 361 de 1997 y la Ley 1618 de 2013.
- La sentencia de prim era instancia desconoció la protección constitucional reforzada que cobija a las personas con discapacidad, la cual ha sido otorgada por la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos; además, le correspondía a las entidades demandadas demostrar la implementación de las medidas adecuadas para garantizar el acceso y uso de la piscina para las personas con discapacidad y, por ende, a l no haberse acreditado tales presupuestos, se encuentra comprobada la vulneración a los derechos fundamentales, especialmente, de aquellos con una disminución de la capacidad física lo que implica una discriminación.
- No es cierto que el municipio de Floridablanca no tenga responsabilidad respecto a los bienes ubicados en las propiedades horizontales, comoquiera que su omisión se estructura e n virtud de su función de vigilancia y control respecto de las construcciones de las piscinas que no cumpl en los requerimientos dispuestos en el artículo 109 de la Ley 388 de 1997.
- Existió un desconocimiento del precedente jurisprudencial por cuanto susciten pronunciamientos emitidos por la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante los cuales
- Existió un desconocimiento del precedente jurisprudencial por cuanto susciten pronunciamientos emitidos por la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante los cuales se amparan los derechos de las personas en situaciones en discapacidad respecto a las zonas comunes ubicadas en las propiedades horizontales.
1.5. Trámite de segunda instancia
Por auto del 26 de agosto de 20256 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.
1.6. Alegatos de conclusión
1.6.1 Parte demandante7
Los argumentos de sus alegaciones, se resumen de la siguiente manera:
- El juez de primera instancia no requirió de oficio al Instituto Nacional de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, con la finalidad de que informara sobre las normas existentes que contemplan la reglamentación para la construcción de las piscinas y su uso para personas en situación de discapacidad.
- Contrario a lo afirmado por el a quo, sí existen normas técnicas aplicables que contemplan las reglas específicas para garantizar el acceso y accesibilidad al interior de las piscinas con la implementación del «vaso», NTC-5760 del 28 de julio de 2010 y la Resolución 1510 del 6 de mayo de 2011 proferida por el
Ministerio de Protección Social.
6 Expediente digital, actuación 7 índice SAMAI. 7 Expediente digital, actuación 11 índice SAMAI.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Floridablanca y otros
7 Expediente digital, actuación 11 índice SAMAI.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Floridablanca y otros Radicado: 680013333006-2024-00089-01
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- En el informe técnico rendido por el ente territorial se demostró que las entidades accionadas no cumplen con las reglas para garantizar la inclusión social de las personas residentes y sus invitados para el uso y goce de la piscina ubicada en la zona social.
1.6.2. Municipio de Floridablanca.
No presentó.
1.6.3. Villas del Mediterráneo P.H.
Los argumentos de sus alegaciones, se resumen de la siguiente manera:
- No existe normatividad en el ordenamiento jurídico colombiano que obligue a las propiedades horizontales a instalar en sus piscinas una rampa de acceso o un mecanismo interno denominado como «vaso».
- El conjunto residencial ha dado cabal cumplimiento a la normatividad aplicable al uso de piscinas de uso restringid o no abiertas al público en general , motivo por el cual es procedente confirmar la decisión adoptada en primera instancia.
2. Consideraciones
Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.
eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.
2.1. Competencia
Conforme al artículo 16 de la Ley 472 de 1998, el Tribunal Administrativo de Santander es competente para conocer en segunda instancia de las decisiones adoptadas por los jueces administrativos de su jurisdicción, de los procesos que se susciten con ocasió n del ejercicio de las acciones populares originadas en actos, acciones y omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas.
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer si las entidades demandadas, vale decir, el municipio de Floridablanca y el conjunto residencial Villas del Mediterr áneo P.H. vulneraron los derechos colectivos invocados por el actor popular con sustento en la presunta omisión de efectuar las adecuaciones en la piscina ubicada en el conjunto residencial con el propósito de que cuente con elementos arquitectónicos o mecánicos que permita el acceso seguro de las personas en situación de discapacidad.
2.3. Marco normativoProtección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Floridablanca y otros Radicado: 680013333006-2024-00089-01
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Radicado: 680013333006-2024-00089-01
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2.3.1. De la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados o siempre que exista peligro o agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridade s, o de los particulares que actúan en desarrollo de funciones públicas.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas ocasiones 8 acerca de la naturaleza de la acción popular y ha establecido que este mecanismo se caracteriza por:
«[…] (i) ser una acción constitucional especial, lo que significa a) que es el mecanismo dispuesto por el constituyente para la protección de un grupo específico de derechos constitucionales, los derechos colectivos, b) que el legislador ordinario no puede suprimir esta v ía judicial y c) que le aplican, particularmente, los principios constitucionales; (ii) por ser pública, en tanto dota a todas las personas, sin necesidad de obrar por intermedio de un apoderado judicial, de un instrumento para poner en movimiento al Estad o en su misión de respetar, proteger y garantizar los derechos colectivos frente a las actuaciones de autoridades o de cualquier particular; (iii) por ser de naturaleza preventiva, motivo por el cual, basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una
respetar, proteger y garantizar los derechos colectivos frente a las actuaciones de autoridades o de cualquier particular; (iii) por ser de naturaleza preventiva, motivo por el cual, basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una vulneración para que ésta proceda, pues su objetivo es ‘precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar hasta la ocurrencia del daño’; (iv) por ser también de carácter restitutorio, en razón a que tiene como finalidad el restablecimiento del uso y goce de los derechos e intereses colectivos […]».9
En relación con el carácter preventivo de las acciones populares , tanto la Corte Constitucional10 como el Consejo de Estado 11, han establecido que la prosperidad de la acción popular no depende de que exista un daño o perjuicio, puesto que la posibilidad de que se vulnere un derecho colectivo es razón suficiente para que el juez conceda la acción y ad opte las medidas necesarias para evitar que la vulneración se presente.
Según lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado en forma reiterada12, los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares son: i) la existencia de una acción u omisión por parte de autoridades públicas o de los particulares, en relación con el cumplimiento de sus deberes legales;13 ii) la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza, o vulneración de derechos o intereses colectivos y iii) la re lación de causalidad
8 Véanse las sentencias C-215 de 1999, magistrada ponente Martha Victoria Sáchica Méndez; Tvulneración de derechos o intereses colectivos y iii) la re lación de causalidad
8 Véanse las sentencias C-215 de 1999, magistrada ponente Martha Victoria Sáchica Méndez; T466 de 2003, magistrado ponente: Alfredo Beltrán Sierra; T -443 de 2013; y T -254 de 2014, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva. 9 Corte Constitucional, sente ncia T -443 de 2013; magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 10 Sentencia C-215 de 1999, magistrada ponente Martha Victoria Sáchica Méndez. 11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de septiembre de 2004, consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez, radicación número: 2002-2693-01. 12 Consejo de Estado, Sección Primera, consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, sentencia del 5 de marzo de 2015, radicación 15001233300020130008601. 13 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 9 de junio de 2011, consejera ponente: María Elizabeth García González., radicado 25000232700020050065401.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Floridablanca y otros Radicado: 680013333006-2024-00089-01
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
entre la acción u omisión y la afectación de los derechos e intereses mencionados.14
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
entre la acción u omisión y la afectación de los derechos e intereses mencionados.14
2.3.2. De la protección de los derechos colectivos de las personas en situación de discapacidad
La Carta Política en s
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