TA SAN - Sentencia 680013333007-2015-00294-04 (17-07-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

RADICADO: 680013333007-2015-00294-04

ENLACE DEL

EXPEDIENTE:

https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list _procesos.aspx?guid=680013333007201500294 046800123

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: OLIDEN RIAÑO ACELAS

insog-mag-@hotmail.com

DEMANDADO: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: JESÚS EDUARDO RODRÍGUEZ OROZCO

procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO: Modifica sentencia que concedió pretensiones. La prima especial constituye un incremento del salario básico que, tiene carácter salarial solo para efectos pensionales . Además, la asignación básica mensual debe reconocerse en su totalidad y las prestaciones deben liquidarse sobre el 100% del salario bási co, incluyendo el 30% que se excluyó como prima especial, tal como se probó en el expediente y lo establece la Sentencia de

y las prestaciones deben liquidarse sobre el 100% del salario bási co, incluyendo el 30% que se excluyó como prima especial, tal como se probó en el expediente y lo establece la Sentencia de Unificación SUJ -016-CE-S2-2019, como restablecimiento del derecho.

TEMA: Prima especial

SENTENCIA No. 092

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por ambas partes (demandante y demandada) contra la sentencia de primera instancia del 1 de noviembre de 2024, proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Oliden Riaño Acelas

Demandado: Nación – Rama Judicial Radicado No. 680013333007 -2015-00294-04

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander La Sala es competente para resolver el recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante1

Considera que, como servidor judicial de la rama judicial, tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima especial de servicios con carácter salarial para la reliquidación y pago de prestaciones sociales, como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones.

Las pretensiones, en su literalidad, corresponden a las siguientes :

la reliquidación y pago de prestaciones sociales, como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones.

Las pretensiones, en su literalidad, corresponden a las siguientes :

1. «Que se inapliquen por ilegales en el caso de Oliden Riaño Acelas, los Decretos 1480, 2720 y 2777 de 2001; 673 y 685 de 2002; 3569 de 2003; 4172 art.7º de 2004, 969, art. 7º de 2005; 389, art. 7º de 2006; 618, art. 7º de 2007; 658, art. 7º de 2008; 723, art. 7º de 2009; 1388 de 2010; 1039 de 2011; 0874 de 2012; 1024 de 2013; 194 de 2014 y siguientes, por medio de los cuales la Presidencia de la República consideró como prima especial sin carácter salarial el 30% del salario de los Magistrados y jueces de la república.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración, es nulo el acto administrativo ficto o presunto configurado por el silencio negativo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, al no dar respuesta adecuada y de fondo definitiva, a través del funcionario competente, respecto del derecho de petición presentado el 04 de noviembre de 2014, por Oliden Riaño

Acelas.

3. Que a título de Restablecimiento del Derecho y como consecuencia de la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo atrás expresado, se ordene a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración

3. Que a título de Restablecimiento del Derecho y como consecuencia de la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo atrás expresado, se ordene a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con sede en Bogotá, que reconozca y pague al Juez Oliden Riaño Acelas, los valores que por concepto de prestaciones sociales, como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones, que la entidad demandada le adeuda entre el 22 de agosto de 2001 hasta la fecha y en adelante.

4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la NaciónConsejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar al accionante, al tiempo de la ejecutoria d e la sentencia que ponga fin al proceso, la suma total que corresponde por los conceptos expresados en la pretensión 3ª anterior.

5. Que igualmente como consecuencia de la nulidad solicitada en la pretensión segunda de esta demanda, a título de Restablecimiento del Derecho, se condene a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar los intereses en la forma y términos expresados en el Artículo 195 de la Ley 1437 de 2011.

1Expediente digital de OneDrive, 1_ED_680013333007201500.pdf , 01 Demanda.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Oliden Riaño Acelas

Demandado: Nación – Rama Judicial Radicado No. 680013333007 -2015-00294-04

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6. Las condenas respectivas a favor del Juez de la República aquí demandante, serán actualizadas o indexadas de conformidad con lo previsto en el Artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, desde la fecha en que se hicieron exigibles hasta que cause ejecutoria la sentencia que le dé término definitivo al proceso.

7. Que a la providencia de mérito favorable, la entidad pública demandada le dé cumplimiento en los términos de los Artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011».

Las anteriores pretensiones se fundament aron en las siguientes afirmaciones:

Ha sido empleado de la Rama Judicial desde el 22 de agosto de 2001, desempeñándose como juez en varios despachos.

El 4 de noviembre de 2014, radicó petición ante la entidad demandada, mediante la cual solicitó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, correspondiente al 30% sobre su salario básico mensual, así como la reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos salariales.

En respuesta, la entidad demandada expidió el Oficio D.E.S.R.J. Nº 08100 del 6 de noviembre de 2014, en el cual informó que remitió la petición al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la solicitud de los recursos y las instrucciones del caso. Así mismo, precisó que dicho oficio tenía un carácter meramente informativo,

Hacienda y Crédito Público, con la solicitud de los recursos y las instrucciones del caso. Así mismo, precisó que dicho oficio tenía un carácter meramente informativo, por lo que no procedían recursos, al no resolver de fondo la solicitud elevada.

Como fundamentos de derecho se invocaron los artículos 2, 13, 25, 29, 53, 150, numeral 19 literal e) y 215 inciso 9º de la Constitución Política, los artículos 2 y 10 de la Ley 4 de 1992, numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996, Ley 482 de 1998, el artículo 1 4 del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas concordantes.

B. Posición de la parte demandada

La Nación Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, por considerar que los actos administrativos demandados se expidieron con sujeción al ordenamiento jurídico vigente al momento de la solicitud del reconocimiento de la prima especial, razón por la cual no existe irregularidad que justifique su nulidad.

2 Expediente digital de OneDrive, 1_ED_680013333007201500.pdf , 02 Contestación.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Oliden Riaño Acelas

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Argumentó que, conforme con lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley 4ª

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Argumentó que, conforme con lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley 4ª de 1992, la facultad para fijar los estipendios salariales de los servidores públicos corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional. En tal sentido, la Rama Judicial no cuenta con competencia para modificar el régimen prestacional y salarial, y debe limitarse a aplicar las disposiciones expedidas por el Ejecutivo.

Indicó que acceder a lo pretendido por el demandante implicaría modificar el régimen legalmente establecido para los servidores judiciales, lo cual generaría una carga presupuestal adicional para el Estado. Tal modificación requeriría de la disponibilidad de recursos por parte del Ministerio de Hacienda, situación que no se ha presentado hasta la fecha.

Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, ineptitud de la demanda, la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios y la prescripción trienal de los derechos reclamados.

C. Sentencia de primera instancia3

El juzgado de primera instancia, mediante sentencia del 1.° de noviembre de 2024, resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR la prescripción de derechos laborales para las sumas causadas con anterioridad al 4 de noviembre de 2011, por las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardad o por el ente demandado frente a la interposición del derecho de petición presentado el 4 de noviembre de 2014.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardad o por el ente demandado frente a la interposición del derecho de petición presentado el 4 de noviembre de 2014.

TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reconocer y pagar a favor de la parte demandante OLIDEN RIAÑO ACELAS las diferencias que por concepto de la prima especial resulten a su favor teniendo en cuenta la prima como una adición al salario, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente y teniendo en cuenta que solo constituye factor salarial para aportes a pensión de jubilación; así mismo se ordena la reliquidación de las prestaciones sociales: la prima de servicios, la prima de vacaciones, la prima de navidad, bonificación por servicios prestados, las cesantías y los intereses a las cesantías, desde el 4 de noviembre de 2011 y por los periodos desempeñados como Juez de la República, con base en la asignación básica mensual, incluido el 30% de la

3Expediente digita l de OneDrive, 016SentenciadePr_11SENTENCIAPRIMAESPE.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Demandado: Nación – Rama Judicial Radicado No. 680013333007 -2015-00294-04

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander prima especial de servicios. Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario. La suma que resulte a favor del demandante debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia. La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

CUARTO: Deniéguese la excepción relacionada con legalidad de los actos administrativos demandados, por las razones expuestas.

QUINTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO.

SEXTO: Désele cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos para ello por el artículo 192 y 195 del CPACA. »

(Negrilla fuera de texto)

Indicó que, mediante la Sentencia de Unificación del 2 de septiembre de 2019, se estableció que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no puede ser descontada del salario básico. En consecuencia, la asignación básica debe pagarse en su totalidad, es decir, el 100% de la misma, y sobre dicho monto deben liquidarse y pagarse las prestaciones sociales correspondientes.

Sostuvo que los beneficiarios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 tienen derecho al

debe pagarse en su totalidad, es decir, el 100% de la misma, y sobre dicho monto deben liquidarse y pagarse las prestaciones sociales correspondientes.

Sostuvo que los beneficiarios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 tienen derecho al reconocimiento de la prima especial como un componente adicional del salario. En tal virtud, ordenó, a título de restablecimiento del derecho, la reliquidación y el pago de todas las prest aciones salariales reconocidas a la parte demandante, por los períodos en que desempeñó funciones como juez.

Respecto de la prescripción trienal, señaló que el demandante presentó la reclamación administrativa el 4 de noviembre de 2014; por tanto, existe prescripción de derechos para las sumas reclamadas con anterioridad al 4 de noviembre de 2011.

D. Recurso de apelación

La Nación Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 4 solicitó revocar la decisión de primera instancia con sustento en los siguientes argumentos relevantes:

4 Expediente digital de OneDrive, 019_MemorialWeb_RECURSODEAPELACIONCONTRASENTENCIA.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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1. Señala que l a parte demandante no impugnó oportunamente los Decretos

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1. Señala que l a parte demandante no impugnó oportunamente los Decretos números 053 y 057 de 1993; 106 de 1994; 043 y 049 de 1995; 36 y 108 de 1996; 054 y 076 de 1997; 050 y 064 de 1998; 038 y 044 de 1999; 2740 y 2743 de 2000; 1480, 2720 y 2777 de 2001; 673 y 685 de 2002; 3569 de 2003; 4172, art. 7° de 2004; 969, art. 7° de 2005; 389, art. 7° de 2006; 618, art. 7° de 2007; 658, art. 7° de 2008 y 723, art. 7° de 2009; 1388 de 2010; 1039 de 2011; 0874 de 2012; 1024 de 2013; 194 de 2014, cuando fueron expedidos, y por lo tanto no puede ahora pretender su inaplicabilidad. El plazo para demandar la nulidad de estos decretos ya caducó según el artículo 138 del CPACA, por lo que la demanda debería ser desestimada.

1. Precisa que la inaplicación de los decretos salariales por inconstitucionalidad no es válida en este caso, ya que estos siguen vigentes hasta que sean declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. Además, la demanda mezcla solicitudes de inaplicabilidad con peticiones de nulidad, lo que genera confusión.

no es válida en este caso, ya que estos siguen vigentes hasta que sean declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. Además, la demanda mezcla solicitudes de inaplicabilidad con peticiones de nulidad, lo que genera confusión.

1. Considera que la parte resolutiva del fallo de primera instancia incurrió en un exceso al afirmar que la prima especial como una adición del salario , contradice lo dispuesto por la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019 del Consejo de Estado, en la cual se indicó que solo constituye factor salarial para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación, por lo que no puede extenderse a otros conceptos prestacionales.

1. Recalca nuevamente las excepciones propuestas al contestar la demanda de «falta de legitimación en la causa por pasiva», «la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios» y la «ineptitud de la demanda», recalca que el juez de primera instancia ignoró que solo el Gobierno nacional puede fijar salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial .
2. Precisa que únicamente deben reconocerse las sumas comprendidas entre el 04 de noviembre de 2011 , fecha desde la cual se declaró la prescripción conforme a la solicitud de la parte actora, y el 31 de diciembre de 2020, día anterior a la entrada en vigencia del Decr eto 272 del 11 de marzo de 2021, el cual estableció de manera formal la prima especial contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.Nulidad y Restablecimiento del derecho

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La parte demandante5 solicitó que se revoque la declaratoria de prescripción trienal efectuada en primera instancia, con sustento en que, tanto el derecho de petición como la demanda se presentaron antes de que transcurrieran los tres años desde la sentencia del 29 de abril de 2014 (radicado 11001 -03-25-000-2007-00087-00, Sala de Conjueces) , por lo que no procede su declaración .

Además, rechazó que se aplique el Decreto 3135 de 1968 a derechos creados posteriormente, como la prima especial de la Ley 4ª de 1992 ; y cuestionó la aplicación de la subregla 5 de la Sentencia de Unificación SUJ -016-CE-S2-2019, así:

«En el numeral 5 sí existe una grave y errada interpretación respecto a la aplicación de l a prescripción trienal porque determina que para la contabilización “se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás”. Esta normalización de los tres años anterior es a la presentación de la reclamación administrativa, y nunca más atrás, está eliminando de manera implícita aunque sin mencionarla, la jurisprudencia decantada desde hace muchos años, sobre el surgimiento de la denominada “EXPECTATIVA LEGÍTIMA”(...).».

presentación de la reclamación administrativa, y nunca más atrás, está eliminando de manera implícita aunque sin mencionarla, la jurisprudencia decantada desde hace muchos años, sobre el surgimiento de la denominada “EXPECTATIVA LEGÍTIMA”(...).».

E. Pronunciamiento en segunda instancia.

La parte demandada 6 solicitó que, en caso de que se confirme la decisión, la prescripción deberá declararse para los periodos con anterioridad al 4 de noviembre de 2011. Lo anterior, por cuanto la Sentencia de Uni ficación SUJ-016-CE-S2-2019 del Consejo de Estado , precisa que la prescripción trienal comienza desde la exigibilidad del derecho, es decir, desde la entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993, y no desde decisiones posteriores. Por ello, solo se pueden re conocer los derechos causados dentro de los tres años anteriores a la solicitud administrativa del 4 de noviembre de 2014.

Así mismo, reiteró los argumentos dentro del recurso de apelación.

5 Expediente digital de OneDrive, 017_MemorialWeb_Recurso -RECURSOAPELACION.pdf 6 Expediente digital SAMAI, actuación 9, índice SAMAI https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800123/6800133330072015002 9404/986B45D3113F2623A389F1F509C13432D0B504B16F6660AB95821F5A8630150C/2Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander El escrito presentado por la parte demandante, radicado el 18 de marzo de 2025, resulta extemporáneo, toda vez que fue presentado con posterioridad a la ejecutoria del auto admisorio del recurso, notificado el 5 de marzo de 2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 del Código de Proc edimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

F. Manifestación de impedimento.

Registrado el proyecto para revisión de la Sala, a través de la plataforma Teams, el Magistrado Iván Fernando Prada Macias manifestó que se encuentra impedido para conocer del proceso como miembro de la Sala, en atención a que se configura la causal señalada en el artículo 141, numeral 1 del C.G.P, por cuanto le asiste un interés indirecto en el resultado del litigio, toda vez que actúa como demandante en el proceso identificado con el radicado número 680013333006 -2018-00076-02, en el cual se pretende la l iquidación del 30% de la prima especial como componente adicional del salario básico por el período en el que ejerció funciones como Juez Administrativo, trámite que actualmente se encuentra en etapa de apelación contra la sentencia de primera instancia.

En efecto, el artículo citado por el Magistrado consagra la causal de impedimento en los siguientes términos:

Administrativo, trámite que actualmente se encuentra en etapa de apelación contra la sentencia de primera instancia.

En efecto, el artículo citado por el Magistrado consagra la causal de impedimento en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.

(…)».

Por lo anterior, considera la Sala que se configura la causal alegada por el Magistrado y, en consecuencia, se declarará fundado el impedimento manifestado y se procederá a separarlo del conocimiento del presente asunto como miembro de la Sala de decisión.

G. Cuestión previa.Nulidad y Restablecimiento del derecho

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En aplicación del inciso segundo del artículo 328 del Código General del Proceso7, la Sala se pronunciará únicamente sobre los motivos de inconformidad expresados en la apelación de las partes demandante y demandada, dado que no impugnaron la totalidad de la sentencia.

En relación con los reparos de la parte demandada frente a la s excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva», «la demanda no comprende a todos

no impugnaron la totalidad de la sentencia.

En relación con los reparos de la parte demandada frente a la s excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva», «la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios» y la «ineptitud de la demanda », es preciso señalar que, en audiencia inicial d el 17 de agosto de 20188, el juzgado de primera instancia las resolvió y declaró no probadas. En ese orden y dando aplicación al principio de preclusividad, no hay lugar a reabrir de nuevo el debate y en esa medida la Sala no emitirá pronunciamiento alguno sobre este aspecto.

Ahora bien, l as críticas relacionad as con la excepción de caducidad se resolverán en esta oportunidad, toda vez que el juez de primera instancia no la s decidió en la sentencia y constituye un requisito de procedibilidad de la acción.

H. Problemas jurídicos

Con el fin de establecer si procede confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia, se resolverán los siguientes interrogantes que surgen de los argumentos de impugnación: Con relación a los argumentos expuestos por la parte demandada: P.J.1: Caducidad. ¿Caducó la oportunidad para cuestionar la legalidad de los decretos que regulan el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial, incluyendo la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992? P.J.2: Interpretación de la prima especial. ¿El juzgador de primera instancia se extralimitó en su decisión y desconoció la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S22019 al reconocer el carácter salarial de la prima especial del 30% para efectos de la reliquidació n de todas las prestaciones sociales?

extralimitó en su decisión y desconoció la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S22019 al reconocer el carácter salarial de la prima especial del 30% para efectos de la reliquidació n de todas las prestaciones sociales?

7 « (...)...Cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso. (...)»

8Expediente digital de OneDrive, 1_ED_680013333007201500.pdf , 03 Audiencia Inicial 2015-00294-02Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander P.J.3: Excepción de inconstitucionalidad. ¿En el caso concreto procede inaplicar los decretos salariales por inconstitucionalidad al desmejorar ilegalmente los derechos laborales? P.J.4: Cómputo del término de reconocimiento. ¿El reconocimiento de la prima especial, en caso de ser procedente, debe limitarse al periodo comprendido entre el 4 de noviembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2020, fecha anterior a la formalización de la prima especial mediante el Decreto 272 de 2021? Sobre los reparos de la parte demandante: P.J.5. De la prescripción trienal. ¿La prescripción trienal debe ser revocada, ya que su cómputo no se efectúa según lo establecido en el Decreto Ley 3135 de 1968,

Sobre los reparos de la parte demandante: P.J.5. De la prescripción trienal. ¿La prescripción trienal debe ser revocada, ya que su cómputo no se efectúa según lo establecido en el Decreto Ley 3135 de 1968, sino desde la fecha de expedición de la sentencia emitida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado el 29 de abril de 2014?

I. Tesis de la Sala A los problemas jurídicos planteados, la Sala responde en los siguientes términos: P.J.1: No, al tratarse de la reclamación de prestaciones de carácter periódico y de tracto sucesivo, la parte demandante podía acudir a la jurisdicción en cualquier tiempo sin que opere el fenómeno jurídico de la caducidad, sin perjuicio de la aplicación de la prescripción de las suma s adeudadas susceptibles de que se les aplique este fenómeno .

P.J.2: No, el juez de primera instancia, tanto en la parte motiva como en la resolutiva de la sentencia , precisó que las diferencias que por concepto de la prima especial resulten a favor del demandante, teniendo en cuenta la prima como una adición al salario, solo constituyen factor salarial para aportes a pensión de jubilación.

Sin embargo, como la redacción de la orden contenida en el artículo TERCERO de la sentencia podría conducir a conc luir que la reliquidación de las prestaciones sociales a favor del demandante se realice sobre el 100% del salario básico más el 30% de la prima especial de servicios, la Sala la modificará para hacer la precisión.

P.J.3: Sí. Resulta plenamente procedente inaplicar por inconstitucionalidad los decretos salariales que, al liquidar la prima especial como una "sustracción" en lugar

P.J.3: Sí. Resulta plenamente procedente inaplicar por inconstitucionalidad los decretos salariales que, al liquidar la prima especial como una "sustracción" en lugar de una "adición" al salario, desmejoraron ilegalmente los derechos laborales de los funcionarios judiciales y vulneraron las garantías laborales mínimas de losNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Oliden Riaño Acelas

Demandado: Nación – Rama Judicial Radicado No. 680013333007 -2015-00294-04

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander beneficiarios de la prima especial, al reproducir el contenido de actos normativos previamente anulados o contrarios al marco constitucional.

Por lo tanto, y como en la sentencia de primera instancia el juez omitió disponer sobre este aspecto, se adicionará para ordenar la inaplicación del artículo 6 del Decreto 658 de 2008, los artículos 8 de los Decretos 723 de 2009, 0874 de 2012, 1.024 de 2013, 194 de 7 de febrero de 2014; así como los artículos 7° de los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y subsiguientes que se hayan expedido en materia salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial.

P.J.4: No. La prima e