TA SAN - Sentencia 680013333007-2016-00121-02 (26-06-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante , contra la sentencia del 30 de septiembre 2024 proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga , mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 57 índice SAMAI, archivo 4, folios 2 a 52

MEDIO DE CONTROL Nulidad y Restablecimiento del Derecho RADICADO 6800133330 07-2016-00121-02

DEMANDANTE

Hermógenes Abril Morales sergie75@hotmail.com rojas.sergie75@gmail.com

DEMANDADO

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47 @procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de Segunda Instancia TEMA

UGPP notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47 @procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de Segunda Instancia TEMA Reliqui dación p ensión de jubilación con inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios como beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hermógenes Abril Morales

Demandado: UGPP Radicado: 680013333007-2016-00121-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1.1.1. Las pretensiones.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, el señor Hermógenes Abril Morales formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare : i) la nulidad parcial de la Resolución AMB 12400 del 25 de marzo de 2009 expedida por la Caja Nacional de Previsión Social, hoy UGPP y ii) la nulidad de las Resoluciones RDP 05519 del 30 de noviembre de 2015 , RDP 003166 del 28 de enero de 2016 y RDP 009765 del 3 de marzo de 2016 suscrita por la UGPP.

En consecuencia, solicitó:

«[…] PRETENSIONES PRINCIPALES.

RDP 003166 del 28 de enero de 2016 y RDP 009765 del 3 de marzo de 2016 suscrita por la UGPP.

En consecuencia, solicitó:

«[…] PRETENSIONES PRINCIPALES.

PRIMERO: CONDENAR A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP a reliquidar la mesada pensional del señor HERMÓGENES ABRIL MORALES, a partir de la fecha del reconocimiento de su pensión, contabilizando los factores salariales de conformidad con la Ley 33 de 1985.

SEGUNDO: CONDENAR A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAÑ – UGPP a reconocer y cancelar al señor ELISEO PINTO PINTO la reliquidación de su mesada pensional, de conformidad con las disposiciones legales establecidas en el artículo 27 del decreto 3135 de 1968 y el decreto reglamentario 1848 de 1969, el cual señala que el valor de dicha pensión será del 75% del promedio del salario devengado en el último año de servicios sobre todos y cada uno de los factores salariales señalados por la ley.

TERCERO: Que se indexe el valor inicial de la pensión de jubilación del señor HERMÓGENES ABRIL MORALES teniendo como referencia la base de la variación del índice de precios al consumidos IPC, anual, debidamente certificado por el DANE.» (Sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos.

variación del índice de precios al consumidos IPC, anual, debidamente certificado por el DANE.» (Sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos.

Como hechos relevantes, el apoderad o de la parte demandante señaló los siguientes:

1. El señor Hermógenes Abril Morales nació el 2 de noviembre de 1951 y cumplió los 55 años de edad, el 2 de noviembre de 2006. Prestó sus servicios al Instituto Colombiano Agropecuario entre el 16 de febrero de 1972 y el 25 de marzo de 1993.

1. El 2 de septiembre de 2008 solicitó ante CAJANAL el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, la cual le fue concedida mediante la ResoluciónNulidad y restablecimiento del derecho

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hermógenes Abril Morales

Demandado: UGPP Radicado: 680013333007-2016-00121-01

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núm. AMB 12400 del 25 de marzo de 2009, con fecha de efectividad a partir del 2 de noviembre de 2006.

1. El 6 de agosto de 2015, presentó solicitud de reliquidación de pensión ante la UGPP, con inclusión de todos los factores salariales devengados durante su vinculación al ICA, la cual fue negada mediante la Resolución núm. RDP 050519 del 30 de noviembre de 2015, notificada el 4 de enero de 2016.

vinculación al ICA, la cual fue negada mediante la Resolución núm. RDP 050519 del 30 de noviembre de 2015, notificada el 4 de enero de 2016.

1. El 28 de enero de 2016, la UGPP a través de la Resolución RDP 003166 resolvió el recurso d e reposición interpuesto por la parte demandante contra el acto administrativo que negó la reliquidación de la pensión de forma desfavorable, lo cual fue confirmado mediante resolución núm. RDP 009765 del 3 de marzo de 2016.

1. La UGPP en el a cto administrativo que negó la reliquidación de la pensión no aplicó el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación.

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 23, 25 y 53 de la Constitución Política: ; 195 de la Ley 100 de 1993 ; 23 a 26 de la Le y 640 de 2001, la Ley 446 de 1998 , el Decreto 1818 de 1998; el Decreto 1045 de 1978, la Le y 33 de 1985, el Decreto 1158 de 1994, el Decreto 691 de 1994, la Ley 62 de 1985, el Decreto 1160 de 1947, el Decreto 2712 de 1999, el Decreto 01 de 1984 ; la Ley 10 de 1990 y la Ley 171 de 1961.

En desarrollo del concepto de violación, la parte demandante expuso que los actos administrativos demandados desconocieron las normas aplicables al momento de liquidar la mesada pensional de un servidor público de una

En desarrollo del concepto de violación, la parte demandante expuso que los actos administrativos demandados desconocieron las normas aplicables al momento de liquidar la mesada pensional de un servidor público de una entidad nacional. Las decisiones omitieron disposiciones constitucionales, doctrinales y jurisprudenciales esenciales para sustentar jurídicamente su contenido lo cual genera un vicio de falsa motivación.

Para negar el reconocimiento de la pensión de vejez, era obligatorio considerar integralmente la normatividad vigente, incluida la Ley 100 de 1993 y el Decreto 691 de 1994. La omisión de estas disposiciones afecta la legalidad de las decisiones adoptadas , por las siguientes razones: i) El señor Hermógenes Abril Morales cumple los requisitos del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al haber alcanzado la edad mínima o el tiempo de servicio exigido antes del 1° de abril de 1994, según lo regulado por los Decretos 813 y 1160 de 1994. Además, prestó los servicios por más de quince años antes del 29 de enero de 1985, razón por la cual le resulta aplicable el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 33 de 1985.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hermógenes Abril Morales

Demandado: UGPP Radicado: 680013333007-2016-00121-01

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1. En cuanto a los requisitos de edad y tiempo de servicio le resulta aplicable

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1. En cuanto a los requisitos de edad y tiempo de servicio le resulta aplicable el Decreto 3135 de 1968 y su reglamentario, el Decreto 1848 de 1969 . Estas normas establecen que un empleado público o trabajador oficial tiene derecho a pensión de jubilación si ha prestado veinte años de servicio, continuos o discontinuos, y ha cumplido 55 años de edad en el caso de los hombres o 50 en el caso de las muje res, en un monto del 75 % del promedio salarial del último año de servicio.

1. Respecto de los factores salariales aplicables para liquidar la pensión, le resulta aplicable el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 y la jurisprudencia vigente.

Esta normativa reconoce como factores salariales la asignación básica, los gastos de representación, la prima técnica, los recargos dominicales y festivos, las horas extras, la bonificación por servicios prestados, el trabajo suplementario y cualquier otro pago habitual y periódico que reciba el funcionario como retribución por sus servicios.

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP2

Por conducto de apoderada la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones nominadas: « falta de requisito de procedibilidad por no adelantar el requisito previo de conciliación »; «prescripción» y excepciones innominadas:

contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones nominadas: « falta de requisito de procedibilidad por no adelantar el requisito previo de conciliación »; «prescripción» y excepciones innominadas: «inexistencia de la obligación »; «carencia del derecho reclamado»; «buena fe»; «falta de título y causa» y «genérica».

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

1. En el caso concreto, las resoluciones demandadas que negaron la reliquidación de la pensión de vejez al demandante se ajustan a derecho, pues reconocen su condición de beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En tal sentido, se le respetaron los requisitos de edad (55 años), tiempo de servicio (20 años) y monto de pensión (75%) establecidos en la Ley 33 de 1985. No obstante, las demás condiciones aplicables para acceder al derecho pensional se rigen por la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias. En consecuencia, el ingreso base de liquidación deben calcularse conforme al artículo 18 de la mentada ley, con base en el promedio de los salarios devengados durante los últimos diez años y los factores que deben reconocerse son los previstos en el Decre to 1158 de 1994.

2Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 57 índice SAMAI, archivo 4, folios 188 a 257Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hermógenes Abril Morales

Demandado: UGPP Radicado: 680013333007-2016-00121-01

188 a 257Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hermógenes Abril Morales

Demandado: UGPP Radicado: 680013333007-2016-00121-01

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1. El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo determina qué conceptos constituyen salario, mientras que el artículo 128 excluye ciertos pagos, como gratificaciones ocasionales y otros beneficios extralegales. En este sentido, solo deben incluirse en la liquidación aqu ellos factores sobre los que efectivamente se cotizó, lo cual evita desbalances financieros en el régimen de prima media, sustentado en la solidaridad.

1. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema de Seguridad Social Integral y estableció un régimen de transición para quienes, al entrar en vigor la norma, contaran con determinada edad o tiempo de servicios cotizados. El artículo 36 de la mentada Ley regula que el ingreso base de liquidación para quienes les faltaban menos de diez años para pensionarse se ría el promedio de lo devengado en ese tiempo, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuese superior. En el caso de servidores públicos a quienes les faltara dos años o menos, se tomaría como base el promedio del último año.

1. El Decreto 691 de 1994 incorporó a los servidores públicos al nuevo sistema, y el Decreto 1158 de 1994 estableció de forma taxativa los factores que integran el salario base para calcular cotizaciones y pensiones, como la asignación básica mensual, gastos de representación, prima técnica (si tiene

sistema, y el Decreto 1158 de 1994 estableció de forma taxativa los factores que integran el salario base para calcular cotizaciones y pensiones, como la asignación básica mensual, gastos de representación, prima técnica (si tiene naturaleza salarial), primas de antigüedad y otros pagos expresamente señalados.

1. La pretensión principal del proceso busca que se declare la nulidad de los actos administrativos por no haber considerado todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicio. La Ley 100 de 1993, en sus artículos 21 y 36, regula el ré gimen de transición y el ingreso base de liquidación y establece que debe calcularse con base en el promedio de los salarios sobre los cuales se cotizó durante los últimos diez años o todo el tiempo si este resulta menor.

1. La Corte Constitucional, en la Sentencia SU -230 de 2015, interpretó que el IBL no constituye un aspecto sujeto al régimen de transición, razón por la cual debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Además, señaló que los beneficios del régimen de transición solo abarcan edad, tiempo de servicio y porcentaje de la pensión. Además, la Sentencia C -258 de 2013, el alto tribunal declaró inexequibles las expresiones que permitían incluir ingresos no cotizados dentro del cálculo pensional. Estas sentencias unificadoras tienen efectos erga omnes, por lo cual su apli cación resulta obligatoria .

1. La UGPP, al revisar sus directrices conforme a lo solicitado por el Ministerio Público en la Circular Conjunta No. 004 de 2016, concluyó que existe unNulidad y restablecimiento del derecho

obligatoria .

1. La UGPP, al revisar sus directrices conforme a lo solicitado por el Ministerio Público en la Circular Conjunta No. 004 de 2016, concluyó que existe unNulidad y restablecimiento del derecho

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hermógenes Abril Morales

Demandado: UGPP Radicado: 680013333007-2016-00121-01

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precedente constitucional vigente sobre el régimen de transición pensional, el cual aplica incluso a los empleados públicos, sin importar el régimen pensional al que pertenezcan.

1. La entidad no tiene la responsabilidad de asumir el pago de diferencias pensionales cuando la omisión en la cotización corresponde a otra entidad, en este caso, el Instituto Colombiano Agropecuario. Además, no toda asignación percibida por el trabajador ti ene naturaleza salarial, razón por la cual no toda suma está sujeta a cotización. En ese sentido, para acceder a lo pretendido, se requiere una orden que disponga los descuentos correspondientes tanto a la parte demandante como al empleador, así como la indexación de las cotizaciones omitidas a lo largo de toda la historia laboral.

1. El acto de reconocimiento pensional se sustentó en los aportes realizados por el empleador, el Instituto Colombiano Agropecuario, como parte de su obligación legal. En consecuencia, la UGPP actuó únicamente como intermediaria en la relación y no tiene ninguna obligación adicional distinta a la que ya ha cumplido.

1. La prescripción opera como una sanción para quien no ejerce

obligación legal. En consecuencia, la UGPP actuó únicamente como intermediaria en la relación y no tiene ninguna obligación adicional distinta a la que ya ha cumplido.

1. La prescripción opera como una sanción para quien no ejerce oportunamente sus derechos, lo cual exige, por un lado, que el derecho sea exigible y, por otro, que exista inactividad injustificada del titular. En consecuencia, si llegara a emitirse una condena en contra de la UGPP por concepto de una nueva liquidación pensional, debe reconocerse la prescripción de las mesadas causadas tres años antes de la última solicitud formulada en sede administrativa por el demandante.

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 30 de septiembre de 2024 , resolvió:

«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones consignadas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ABSTENERSE DE CONDENAR en costas a la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta decisión.»

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo negó las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 62 índice SAMAINulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hermógenes Abril Morales

Demandado: UGPP Radicado: 680013333007-2016-00121-01

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1. De conformidad con el material probatorio se observa que CAJANAL reconoció al demandante la pensión vitalicia mensual desde el 2 de noviembre de 2006, con base en el 75% del promedio salarial del último año de servicio, conforme a la Ley 33 de 1985 y al Decreto 1158 de 1994. Según certificación del ICA, el demandante recibió varios factores salariales durante su último año de servicio, pero solo algunos fueron objeto de cotización.

1. La jurisprudencia establece que para los servidores públicos pensionados bajo la Ley 33 de 1985, el ingreso base de liquidación depende del tiempo restante para adquirir el derecho pensional. Si faltaban menos de diez años, se debe tomar el promedio de lo devengado en ese período o de lo cotizado durante toda la vida laboral, el que resulte superior. Si faltaban más de diez años, se debe promediar lo cotizado en los diez años anteriores al reconocimiento, actualizado con base en el IPC certificado por el DANE.

1. En el sub examine, el señor Hermógenes Abril Morales consolidó su estatus pensional el 2 de noviembre de 2006 razón por la cual la pensión debía liquidarse con el promedio de lo cotizado durante los últimos diez años de servicio. Sin embargo, la entidad utilizó como base el salario devengado en el último año.

1. En ese sentido , aunque se reconoce que el demandante pertenece al

liquidarse con el promedio de lo cotizado durante los últimos diez años de servicio. Sin embargo, la entidad utilizó como base el salario devengado en el último año.

1. En ese sentido , aunque se reconoce que el demandante pertenece al régimen de transición, este solo protege requisitos como edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo, más no el método de cálculo del ingreso base de liquidación.

1. La inclusión de la bonificación por servicios en la liquidación pensional resulta procedente, al estar contemplada en el Decreto 1158 de 1994 y haberse acreditado los aportes respectivos según certificación del ICA. No obstante, la mesada pensional del señor Hermógenes Abril Morales debe calcularse con el ingreso base correspondiente al promedio de los salarios cotizados durante los diez años previos al reconocimiento de la pensión, conforme a la Ley 100 de 1993 y a lo establecido en la sentencia de unificación.

1. El demandante no tiene derecho a que se incluyan todos los factores salariales del último año de servicios, en la medida que, el ingreso base de liquidación corresponde al promedio de los salarios cotizados durante los diez años anteriores al reconocimiento de la pensión , razón por la cual no resulta procedente ordenar la reliquidación de la pensión, toda vez que implicaría modificar en su contra la tasa de reemplazo inicialmente reconocida, equivalente al 75 % del salario promedio base de aportes del últim o año.

1.4. El recurso de apelación.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hermógenes Abril Morales

Demandado: UGPP Radicado: 680013333007-2016-00121-01

1.4. El recurso de apelación.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hermógenes Abril Morales

Demandado: UGPP Radicado: 680013333007-2016-00121-01

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1.4.1. Parte demandante4

El apoderado de la parte demandante en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. Con base en las pruebas que obran en el expediente, se estableció que el demandante es beneficiario del régimen de transición, lo cual obliga a aplicar la norma más favorable anterior a la Ley 100 de 1993. También se demostró que fue servidor público, razó n por la cual todos los pagos recibidos como retribución a sus servicios deben considerarse factores salariales para efectos de liquidar sus prestaciones sociales y su pensión. En consecuencia, la entidad demandada debe ajustar la mesada pensional conforme a lo dispuesto en los Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978.

1. La pensión reconocida al demandante presenta una liquidación errónea, toda vez que al comp arar los valores certificados, lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971 y el monto actual de la pensión, se evidencia una diferencia del 50 % en su contra. La mesada pensional que debería recibir equivale al doble de la que actualmente percibe. Esta situación configura una vulneración de normas legales y co nstitucionales, comoquiera que la entidad debía realizar

50 % en su contra. La mesada pensional que debería recibir equivale al doble de la que actualmente percibe. Esta situación configura una vulneración de normas legales y co nstitucionales, comoquiera que la entidad debía realizar los aportes a la seguridad social con base en la totalidad de lo percibido por el servidor público, y CAJANAL, hoy UGPP, debió liquidar la pensión conforme a la ley, incluso si ello implicaba gestionar el cobro de aportes faltantes.

1. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de los actos demandados, restablecer los derechos del demandante , ordenar la reliquidación de la mesada pensional con base en el salario más alto del último año de servicios y disponer el pago del retroactivo correspondiente a las diferencias originadas por dicha reliquidación.

1. El principio de seguridad jurídica exige estabilidad en la vigencia y aplicación de las normas. En el caso expuesto, esta garantía se desconoció con la sentencia del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, que modificó de forma arbitraria interpretacio nes legales consolidadas durante más de 20 años. En ese sentido el demandante tenía derecho a una aplicación estable de las normas durante todo el proceso, sin que una nueva interpretación afectara retroactivamente sus derechos.

1. Conforme a lo expuesto es procedente acoger los argumentos fácticos y jurídicos expuestos en la demanda y acceder a todas las pretensiones formuladas. En caso de no acogerlas, debe exonerarse del pago de costas, toda vez que la acción se presentó con anterioridad a la sentencia de

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 65 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

toda vez que la acción se presentó con anterioridad a la sentencia de

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 65 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hermógenes Abril Morales

Demandado: UGPP Radicado: 680013333007-2016-00121-01

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unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado y en virtud a que para el momento de la interposición de la demanda existía abundante jurisprudencia que le era favorable la cual fue posteriormente desconocida por un cambio abrupto en la interpretación judicial, lo que condujo a la afectación de derechos laborales y a la seguridad social ya consolidados.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 30 de enero de 2025 5 se admitió el recurso de apelación y se ordenó la notificación personal del Ministerio Pú blico y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP 6

Los argumentos de las alegaciones se resumen de la siguiente manera:

1. El demandante, como servidor público, fue trasladado al Sistema General de Pensiones conforme al artículo 1 del Decreto 691 de 1994 y, en consecuencia, por reunir los requisitos del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, le resultan aplicables parcialmente las condiciones

Pensiones conforme al artículo 1 del Decreto 691 de 1994 y, en consecuencia, por reunir los requisitos del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, le resultan aplicables parcialmente las condiciones establecidas en la Ley 33 de 1985, únicamente en cuanto a edad, tiempo de servicios y monto de la pensión .

1. Los demás aspectos, como el ingreso base de liquidación y los factores salariales, deben regirse por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, siempre que los pagos hubieran estado sujetos a aportes al sistema pensional.

1. En consecuencia, el demandante tiene derecho a la pensión con base en los siguientes criterios: a) edad: 55 años para hombres , b) tiempo de servicios: 20 años ; c) m onto: 75% del ingreso base y d) i ngreso base de liquidación: promedio de los salarios o rentas cotizadas durante los diez años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizado con el IPC certificado por el DANE. iv) El artículo 1 del Decreto 1158 de 1994 establece que el salario base para calcular cotizaciones incluye: asignación básica mensual, gastos de representación, prima técnica (cuando constituye salario), primas de antigüedad, ascensional y de capacitación (si son salariales), remuneraciones por trabajo en domingos, festivos, horas extras, nocturnas y la bonificación por servicios prestados.

5 Expediente digital Tribunal, índice 7 SAMAI 6 Expediente digital, actuación 13 Índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hermógenes Abril Morales

servicios prestados.

5 Expediente digital Tribunal, índice 7 SAMAI 6 Expediente digital, actuación 13 Índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hermógenes Abril Morales

Demandado: UGPP Radicado: 680013333007-2016-00121-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. No todo lo devengado constituye salario y, por ende, p ara que un concepto integre el IBL, debe tener carácter periódico y constituir una contraprestación directa por la labor realizada, además , debe estar previsto en la norma y haber sido objeto de cotización al sistema.

1. El precedente constitucional, fijado en sentencias como C -168 de 1995, C258 de 2013 y reiterado en decisiones como la SU -230 de 2015 y SU -023 de 2018, establece que, en el régimen de transición, solo se mantienen los requisitos de edad, tiempo de servicios y porcentaje del monto (tasa de reemplazo) del régimen anterior. El ingreso base de l iquidación se rige por lo previsto en la Ley 100 de 1993.

1. El demandante, como servidor público, quedó incorporado al Sistema General de Pensiones según el artículo 1 del Decreto 691 de 1994 y, por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se encuentra bajo el régimen de transici ón. Esa disposición prevé que quienes hayan completado 15 años de servicios cotizados o alcanzado la edad mínima

cumplir los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se encuentra bajo el régimen de transici ón. Esa disposición prevé que quienes hayan completado 15 años de servicios cotizados o alcanzado la edad mínima al 1° de abril de 1994 pueden acceder a la pensión bajo unas condiciones especiales. Sin embargo, pertenecer al régimen de transición no i mplica aplicar en su totalidad el régimen anterior, toda vez que la Ley 100 de 1993 introdujo nuevas reglas para la liquidación pensiona l.

1.6.2. Parte demandante

No presentó alegatos de conclusión.

1.6.4. Ministerio Público

No rindió concepto de fondo.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en p