TA SAN - Sentencia 680013333007-2017-00094-02 (25-09-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL: Reparación directa RADICADO: 680013333007-2017-00094-02

DEMANDANTE: José Mauricio Laguado Villamizar

grabolsanrojasmagna@hotmail.com

DEMANDADOS:

Municipio de Floridablanca notificaciones@floridablanca.gov.co carlua2@hotmail.com imerar79@hotmail.com

MINISTERIO PÚBLICO:

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co

ASUNTO: Sentencia de Segunda Instancia TEMA: Reconocimiento de perjuicios causados en diligencia de desalojo ordenada por inspección de policía dentro de una querella de perturbación a la posesión / no acreditación del daño

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 5 de noviembre de 2024 proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda:

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda:

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del CPACA, el señor José Mauricio Laguado Villamizar formuló demanda ante

1 Expediente digital Tribunal, actuación 69, índice SAMAI, link one drive, archivo 00, folios 2 a 8Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: José Mauricio Laguado Villamizar

Demandado: Municipio de Floridablanca Radicado. 680013333007-2017-00094-02

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la jurisdicción de lo contencioso –administrativo, en orden a que se declare administrativa y patrimonialmente responsable al municipio de Floridablanca por el daño antijurídico causado el día 21 de marzo de 2015.

En consecuencia, solicitaron:

«PRIMERA: Declarar que el municipio de Floridablanca, de! Departamento de Santander, representado actualmente por su alcalde, el Señor Doctor HÉCTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA, o quien haga sus veces, es responsable de los perjuicios de orden material y moral causados al demandante Señor JOSÉ MAURICIO LAGUADO VILLAMIZAR, mayor de edad, domiciliado en Bucaramanga, por la actuación antijurídica del personal de la Inspección Primera

perjuicios de orden material y moral causados al demandante Señor JOSÉ MAURICIO LAGUADO VILLAMIZAR, mayor de edad, domiciliado en Bucaramanga, por la actuación antijurídica del personal de la Inspección Primera De Policía del citado municipio realizada el día veintiuno (21) del mes de marzo del año 2.015 al lanzar a mi mandante del predio que detentó durante muchos años y en donde tenía casa, plantaciones, bienes y mejoras descritas en los hechos y de considerable valor.

SEGUNDA; Como consecuencia de la declaración anterior, condenar al municipio de Floridablanca, Santander, representado por su alcalde el Señor Doctor HÉCTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA, o quien haga sus veces, a pagar a mi mandante JOSÉ MAURICIO VERA, la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000,000, oo), indexados al momento del pago, por concepto de daño emergente y un interés mensual sobre dicha suma, tasado desde el 21 de marzo del año 2.015, hasta cuando se verifique el pago, a la tasa máxima como interés de mora prevista por la Superintendencia Financiera, sobre la mencionada suma, como lucro cesante.

TERCERA: Condenar al municipio de Floridablanca Santander, representado por su alcalde el Señor Doctor HÉCTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA, al pago de los daños morales, causados a mi mandante por la pérdida de sus bienes, el despojo de que fue víctima y el dolor por ser objeto de una acción antijurídica ejercida por agentes del municipio.

de los daños morales, causados a mi mandante por la pérdida de sus bienes, el despojo de que fue víctima y el dolor por ser objeto de una acción antijurídica ejercida por agentes del municipio.

Subsidiariamente condenar al municipio de Floridablanca, Santander, representada por su alcalde el Señor Doctor HÉCTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA, moral, que resultaren probados y estimados mediante realizado por expertos.

CUARTA. Condenar a la parte demandada al pago de las costas y gastos del. Proceso […]» (Sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, señalaron los siguientes:

1. El señor José Mauricio Laguado Villamizar manifestó que, junto con su familia, ejerció posesión sobre un terreno ubicado en la finca Las Margaritas del municipio de Floridablanca durante más de cuarenta años, en el cual efectuó diversas mejoras agrícolas y construcciones.

1. Durante once años llevó a cabo plantaciones y construyó una vivienda en el referido predio, consistentes en árboles frutales, cultivos, plantas ornamentales, cercas, vías internas y una casa de madera, cuyo valor estimó en $100.000.000 por concepto de mejoras y $20.000.000 por la vivienda.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: José Mauricio Laguado Villamizar

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1. En el año 2014 los señores Mario Laguado Vera y Hernando Burgos Bustamante promovieron una querella de amparo policivo ante la Inspección Primera de Policía de Floridablanca en su contra, para lo cual alegaron la existencia de una perturbación a la posesión.

1. Dicho trámite policivo presentó serias irregularidades, entre ellas, la omisión de notificar al Ministerio Público —conforme lo establece el artículo 353 del Código de Policía de Santander— y la falta de consulta obligatoria prevista en el artículo 427 de la norma ibidem, a pesar de haberse dictado sentencia de primera instancia el 2 de octubre de 2014.

1. A pesar de que la providencia no había quedado ejecutoriada, el 21 de marzo de 2015 funcionarios de la Inspección Primera de Policía de Floridablanca, con apoyo de particulares, lo desalojaron del inmueble, destruyeron la vivienda y las pertenencias existentes, e impidie ron el retiro de sus bienes mediante amenazas de denuncia penal.

1. Como resultado de tales actuaciones, se produjo la destrucción y pérdida de bienes materiales y mejoras de alto valor económico, y únicamente permanecieron algunos vestigios y plantaciones menores.

1. Las actuaciones de la Inspección de Policía constituyeron una vía de

de bienes materiales y mejoras de alto valor económico, y únicamente permanecieron algunos vestigios y plantaciones menores.

1. Las actuaciones de la Inspección de Policía constituyeron una vía de hecho, generadora un daño antijurídico que compromete la responsabilidad del municipio de Floridablanca por las conductas desplegadas por sus funcionarios.

1.2. Contestaciones de la demanda

1.2.1. Municipio de Floridablanca2

Por conducto de apoderado la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso como medios exceptivos : excepciones nominadas «falta de jurisdicción y competencia»; «falta de legitimación en la causa por pasiva»; «inadecuado tramite del medio de control diferente al que corresponde» y «caducidad del medio de control» y excepciones innominadas «inexistencia de los perjuicios solicitados », « ausencia de responsabilidad por parte del municipio de Floridablanca», «hecho de la víctima» e «inexistencia del daño»; «hecho de un tercero» y «genérica» . A su turno se opuso a las pretensiones de la demanda.

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

1. No se configuró ninguna actuación irregular en la diligencia de lanzamiento adelantada por la Inspección Primera de Policía de Floridablanca.

2 Expediente digital Tribunal, actuación 69, índice SAMAI, link one drive, archivo 00, folios 216 a 232Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: José Mauricio Laguado Villamizar

Demandado: Municipio de Floridablanca

2 Expediente digital Tribunal, actuación 69, índice SAMAI, link one drive, archivo 00, folios 216 a 232Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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1. De igual forma, no existió lanzamiento el 21 de marzo de 2015, como lo indicó el demandante, toda vez que la diligencia se practicó el 21 de abril de 2015, dentro del marco del proceso policivo de perturbación a la posesión con radicado 700-50-011-143, promovido por Mario Laguado Vera y Hernando Burgos

Bustamante.

1. El demandante incurrió en perturbación de la posesión del predio de propiedad de los querellantes, realizó afectaciones al predio y lo utilizó de manera indebida, por lo cual la administración actuó en cumplimiento de sus deberes legales.

1. Los enseres del actor fueron puestos a su disposición durante la diligencia, limitándose la autoridad a retirar los elementos que afectaban la posesión objeto del amparo. En consecuencia, negó la destrucción de cultivos, mejoras o bienes muebles de alto valor.

1. No existe prueba que acredite la existencia de la supuesta casa de madera, cultivos y demás mejoras agrícolas que el demandante afirmó haber construido y sembrado en el predio. Los documentos y actas de la diligencia demuestran que

1. No existe prueba que acredite la existencia de la supuesta casa de madera, cultivos y demás mejoras agrícolas que el demandante afirmó haber construido y sembrado en el predio. Los documentos y actas de la diligencia demuestran que solo se halló un «cambuche en malas condiciones » sic, carente de servicios públicos

1. Las actuaciones de la Inspección Primera de Policía se desarrollaron dentro de la legalidad, en cumplimiento de una decisión policiva, sin que pueda imputarse al ente territorial la causación de un daño antijurídico.

1. Los presuntos daños fueron ocasionados por los poseedores materiales del predio, quienes promovieron la querella policiva, y la demanda debió dirigirse contra ellos y no contra la administración municipal.

1.3. La sentencia apelada3,

El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 5 de noviembre de 2024, resolvió:

«PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones consignadas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta decisión.». (Sic en todo el texto)

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo denegó las pretensiones de la demanda con sustentó en los siguientes argumentos:

1. El actor no acreditó con medios idóneos la existencia de los bienes y mejoras que afirmó haber construido en el predio, ni su destrucción durante la

3 Expediente digital Tribunal, actuación 76 índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

mejoras que afirmó haber construido en el predio, ni su destrucción durante la

3 Expediente digital Tribunal, actuación 76 índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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diligencia de lanzamiento , toda vez que l a simple declaración de parte no fue suficiente para demostrar el daño alegado.

1. En el acta levantada en la diligencia del 21 de abril de 2015 por la Inspección Primera de Policía de Floridablanca, se consignó que el demandante solo ocupaba un «cambuche en precarias condiciones » sic, sin que se dejara constancia de la existencia de cultivos, mejoras o bienes de alto valor

1. Aun cuando se hubiera acreditado la destrucción de algún bien, no existe prueba de que ello obedeciera a una conducta irregular imputable al municipio, puesto que la diligencia se practicó en cumplimiento de una providencia policiva.

En consecuencia, no se configuró daño antijurídico susceptible de reparación.

1. La actuación de la Inspección de Policía se desarrolló con fundamento en el proceso policivo iniciado por los querellantes, dentro de las facultades legales conferidas a la autoridad administrativa, lo que excluye la responsabilidad del ente territorial.

1. El demandante no demostró el nexo causal entre las actuaciones del Municipio y los perjuicios invocados, toda vez que no se acreditó la destrucción

conferidas a la autoridad administrativa, lo que excluye la responsabilidad del ente territorial.

1. El demandante no demostró el nexo causal entre las actuaciones del Municipio y los perjuicios invocados, toda vez que no se acreditó la destrucción de bienes de su propiedad ni la pérdida patrimonial que afirmó haber sufrido.

1. Bajo ese hilo conductor, no se reúnen los presupuestos de responsabilidad extracontractual del Estado previstos en el artículo 90 de la Constitución Política, razón por la cual las pretensiones deben ser negadas.

1.4. El recurso de apelación.

1.4.1. Parte demandante4

El apoderado de la parte demandante en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. La diligencia de desalojo se ejecutó cuando la providencia policiva aún no se encontraba en firme. En ese orden, se configuró una vía de hecho por desconocimiento del debido proceso, al privar al demandante de la posibilidad de ejercer efectivamente su defensa.

1. La resolución que sirvió de fundamento al lanzamiento fue posteriormente revocada por la propia administración en sede de consulta, lo que evidenció la invalidez del sustento jurídico de la diligencia y la existencia de vicios sustanciales en el procedimiento.

1. El desalojo se realizó sin agotar los recursos administrativos y en contravía del artículo 29 de la Constitución Política, toda vez que fue despojado de la

4 Expediente digital Tribunal, actuación 78 índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: José Mauricio Laguado Villamizar

Demandado: Municipio de Floridablanca

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posesión sin haber contado con las garantías procesales mínimas.

1. La ejecución del desalojo con base en un acto administrativo no ejecutoriado y posteriormente anulado constituyó una clara falla en el servicio atribuible al Municipio de Floridablanca.

1. El procedimiento se realizó de manera desproporcionada, lo cual causó la destrucción de bienes, vivienda y cultivos del demandante, que afectó gravemente su subsistencia y condiciones de vida.

1. Dentro del proceso obran testimonios y documentos que acreditan la existencia de los bienes destruidos durante el desalojo, los cuales fueron indebidamente desestimados por el a quo.

1. Aun cuando terceros hubieran intervenido en la destrucción de los bienes, las autoridades municipales presentes tenían la obligación de garantizar su protección. En ese orden, l a omisión de este deber compromete la responsabilidad estatal.

1. La destrucción de la vivienda, los cultivos y las mejoras constituye un daño cierto, específico y antijurídico que el demandante no estaba en la obligación de soportar, máxime cuando se ejecutó con fundamento en una decisión posteriormente revocada.

1. La pérdida de las mejoras afectó de manera directa las condiciones de vida

soportar, máxime cuando se ejecutó con fundamento en una decisión posteriormente revocada.

1. La pérdida de las mejoras afectó de manera directa las condiciones de vida y sustento del demandante, lo cual ocasionó no solo un perjuicio material, sino también un grave daño moral, razón por la cual se impone la reparación integral.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 25 de marzo de 20255 se admitió el recurso de apelación y se ordenó la notificación personal del agente del Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Parte demandante

No presentaron

1.6.2. Municipio de Floridablanca6

Los argumentos de las alegaciones se resumen de la siguiente manera:

5 Expediente digital Tribunal, actuación 07, índice SAMAI 6 Expediente digital Tribunal, actuación 12, índice SAMAIReparación directa Sentencia de segunda instancia

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1. Reitera los argumentos expuestos en la contestación y sostuvo que la diligencia de lanzamiento se realizó en el marco de una querella de amparo policivo interpuesta por los señores Mario Laguado Vera y Hernando Burgos Bustamante, quienes acreditaron la posesión del predio denominado Las

diligencia de lanzamiento se realizó en el marco de una querella de amparo policivo interpuesta por los señores Mario Laguado Vera y Hernando Burgos Bustamante, quienes acreditaron la posesión del predio denominado Las Margaritas. En ese orden, l a Inspección Primera de Policía actuó dentro de las facultades conferidas por el artículo 125 del Código de Policía vigente para la época, en cumplimiento de su deber de preservar la posesión y la tenencia legítima.

1. El señor José Mauricio Laguado Villamizar instaló de manera irregular un «cambuche en el terreno » sic, y perturbó la posesión que ejercían los querellantes. A su turno, no demostró actos materiales propios de la posesión pacífica e ininterrumpida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 981 del Código Civil, razón por la cual no podía ser reconocido como poseedor ni como tenedor legítimo.

1. El «cambuche» sic no constituía una vivienda digna, puesto que carecía de servicios básicos y estaba compuesto únicamente por palos, plásticos y carpas.

Los testimonios y el acta de la diligencia demostraron que los enseres hallados se encontraban en mal estado (sofá dañado, sillas deterioradas, colchón viejo, utensilios deteriorados), lo cual desvirtúa la existencia de las mejoras y bienes de alto valor económico que el demandante alegó.

1. Dentro del expediente no existe prueba fehaciente de la destrucción de una vivienda de madera ni de plantaciones o mejoras agrícolas en el área objeto de la diligencia. El acta levantada por la Inspección no consignó afectación distinta al

1. Dentro del expediente no existe prueba fehaciente de la destrucción de una vivienda de madera ni de plantaciones o mejoras agrícolas en el área objeto de la diligencia. El acta levantada por la Inspección no consignó afectación distinta al desmantelamiento del «cambuche» sic, cuyos elementos fueron puestos a disposición del demandante.

1. Al demandante se le garantizó el derecho de defensa, puesto que fue escuchado en la diligencia, se le permitió oponerse y, tras la decisión de continuar con el lanzamiento, se dispuso un vehículo para transportar sus pertenencias al lugar que indicara. En consecuencia, no se vulneró su derecho al debido proceso.

1. No se acreditó la configuración de un daño antijurídico imputable al municipio, ni la existencia de una falla en el servicio. La diligencia se realizó para proteger la posesión legítima de los querellantes, sin que se generara el perjuicio alegado por el actor.

1.6.3. Ministerio Público

No se presentó concepto de fondo.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallanReparación directa Sentencia de segunda instancia

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estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el recurso de apelación, le corresponde a la Sala establecer, en primer lugar, si el municipio de Floridablanca es administrativa y patrimonialmente responsable por los daños y perjuicios presuntamente causados al demandante por los hechos ocurridos el 21 de abril de 2015 con ocasión del desalojo efectuado en el predio Las Margaritas del municipio de Floridablanca y del que fue objeto el demandante y en segundo lugar, si es proce dente la indemnización por los perjuicios reclamados.

2.3. Marco normativo

2.3.1. De los elementos de la responsabilidad del Estado.

El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de responsabilidad del Estado. El avance significativo del sistema implementado basado en la noción de daño antijurídico fue haber reivindicado el daño –y por

El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de responsabilidad del Estado. El avance significativo del sistema implementado basado en la noción de daño antijurídico fue haber reivindicado el daño –y por consiguiente a la víctima– y su función en la institución de la responsabilidad.7

El daño es entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito como lo refiere el Consejo de Estado8 siendo el primer elemento que debe quedar de manera certera y suficientemente probado, 9 no es posible presumirlo «sin cuya existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria».

De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el daño antijurídico tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 30 de agosto de 2017, radicado 05001233100020010230001. 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de junio de 2023, Expediente 61.340Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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Sobre el particular, señaló esa Corporación:10

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Sobre el particular, señaló esa Corporación:10

«Se precisa advertir que en la sociedad moderna el instituto de la responsabilidad extracontractual está llamada a adaptarse, de tal manera que se comprenda el alcance del riesgo de una manera evolutiva, y no sujetada o anclada al modelo tradicional. Esto implica, para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a establ ecer o demostrar la producción de un daño antijurídico. Si esto es así, sólo aquellos eventos en los que se encuentre una amenaza inminente, irreversible e irremediable permitirían, con la prueba correspondiente, afirmar la producción de un daño cierto, que afecta, vulnera, aminora, o genera un detrimento en derechos, bienes o interese jurídicos, y que esperar a su concreción material podría implicar la asunción de una situación más gravosa para la persona que la padece». […]

Igualmente, la Sección Tercera del Consejo11 ha advertido que, el daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito, se convirtió en el eje central de la obligación resarcitoria y, por ende, tanto la atribución como la fundamentación normativa o jurídica del debe r de reparar quedaron concentrados en el elemento imputación.

Se ha determinado además que, la naturaleza antijurídica del daño depende de

la fundamentación normativa o jurídica del debe r de reparar quedaron concentrados en el elemento imputación.

Se ha determinado además que, la naturaleza antijurídica del daño depende de su carácter particular y anormal, así como de la inexistencia de un título jurídico válido que imponga al afectado el deber de soportarlo. Por tanto, la ocurrencia de un daño antijurídico no está atada a la ilegalidad de la acción u omisión origen de su causación, ni el derecho a su reparación depende simplemente de la demostración de una actuación irregular o defectuosa del Estado o por la generación de un perjuicio por la acción u omisión de sus agentes.12

En otros términos, el análisis de la responsabilidad no inicia con el título o régimen jurídico aplicable, sino con la verificación de la existencia del daño comprendido como la alteración negativa a un interés lícito o situación jurídicamente protegida.13

El primer elemento que se debe observar en el análisis de responsabilidad es el daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito el cual, además, debe ser antijurídico, comoquiera que se constituye en un elemento necesario para declarar la responsabilidad del Estado conforme a la

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, magistrado ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del 16 de febrero de 2017, radicado 52001-23-31-000-2001-0096001. 11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, magistrada ponente: María Adriana Marín, sentencia del 9 de abril de 2021, radicación 68001-23-33-000-2013-0011201

01. 11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, magistrada ponente: María Adriana Marín, sentencia del 9 de abril de 2021, radicación 68001-23-33-000-2013-0011201 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, magistrado ponente: Martín Bermúdez Muñoz, sentencia del 26 de enero de 2022, radicado 25-000-23-26-000-2011-01023-01. 13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, magistrada ponente: María Adriana Marín, sentencia del 24 de septiembre de 2021, radicado 85001-23-31-000-2011-00214-01Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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Demandado: Municipio de Floridablanca Radicado. 680013333007-2017-00094-02

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máxima «sin daño no hay responsabilidad y sólo ante su acreditación hay lugar a estudiar la imputación».14

De otra parte, para la configuración del elemento imputación, deben tenerse en cuenta las situaciones fácticas y jurídicas con el fin de determinar la causa eficiente del daño y el fundamento o régimen de responsabilidad aplicable.

La Sección Tercera del Consejo de Estado15 ha establecido que la imputación es la atribución que del daño antijurídico se hace al Estado que lo obliga a repararlo. En esta noción se comprenden los causados en ejercicio de la función pública y

La Sección Tercera del Consejo de Estado15 ha establecido que la imputación es la atribución que del daño antijurídico se hace al Estado que lo obliga a repararlo. En esta noción se comprenden los causados en ejercicio de la función pública y con ocasión de aquella, siempre en consonancia con los criterios o causales de imputación desarrollados. Es decir que, verificada la ocurrencia de un daño antijuridico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente con la finalidad de hacer efectivo el principio neminen laedere.

En consecuencia, la configuración de los anteriores elementos permite declarar la responsabilidad extracontractual del Estado, la cual origina perjuicios que corresponden ser indemnizados a favor de quien sufrió el daño siempre que no se encuentre en el deber de soportarlo. Para el efecto, debe partirse de diferentes títulos de imputación establecidos en los precedentes jurisprudenciales y doctrinales los cuales se clasifican en la falla o falta en la prestación del servicio, el daño especial y el riesgo excepcional.16

2.3.2. Del régimen de responsabilidad por falla en la prestación del servicio

La jurisprudencia del Consejo de Estado17 ha determinado que la falla del servicio ha sido