TA SAN - Sentencia 680013333007-2017-00099-02 (03-04-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 6 de septiembre de 2021 , proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 680013333007-2017-00099-02 DEMANDANTE Elvis Aaron Camacho Villafañe abogados@rinconperez.com

DEMANDADO

Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Bonificación Judicial Decreto 0383 de 2013Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Elvis Aaron Camacho Villafañe

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333007-2017-00099-02

Rama Judicial del Poder Publico

Demandante: Elvis Aaron Camacho Villafañe

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333007-2017-00099-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. Antecedentes 1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, el señor Elvis Aaron Camacho Villafañe formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso — administrativo, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución 7172 del 27 de octubre de 2016 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

En consecuencia, solicitó:

«1. Inaplicar todas y cada una de las normas que, inconstitucionalmente y respecto de mi poderdante, han representado la merma y restricción de derechos laborales de mi prohijado, sustrayendo el carácter salarial de la Bonificación Judicial.

2.Declárese la nulidad del Acto Administrativo No. 7172 de 2016 (notificada el 19 de diciembre de 2016) proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante la cual se negó la petición elevada a favor de mi poderdante, donde se solicitaba el reconocimiento y pago de la diferencia prestacional dejada de percibir como consecuencia de la exclusión de la Bonificación Judicial como Factor Salarial para la reliquidación de las demás prestaciones sociales.

de mi poderdante, donde se solicitaba el reconocimiento y pago de la diferencia prestacional dejada de percibir como consecuencia de la exclusión de la Bonificación Judicial como Factor Salarial para la reliquidación de las demás prestaciones sociales.

3. Como Consecuencia de la anterior declaración, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, deberá RESTABLECERLE EL DERECHO a mi poderdante, pagándole las diferencias prestacionales dejadas de percibir con ocasión a la negativa de la entidad, en otorgarle el constitucional carácter de factor salarial a la BONIFICACIÓN JUDICIAL; Sumas las cuales deberán ser indexadas, tal como lo ordena el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y de conformidad con la fórmula de liquidación desarrollada por el Honorable Consejo de Estado.

4. Se reconozcan los respectivos intereses corrientes y/o moratorios sobre las sumas que resulten a su favor desde que se hizo exigible el derecho.

5. En lo sucesivo y para todos los efectos legales, se liquide la nómina de mi poderdante con la inclusión del reconocimiento prestacional objeto de este

1 Expediente digital, actuación 4 índice SAMAI, archivo 001.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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medio de control, concerniente a reconocerse el carácter salarial de la Bonificación Judicial».

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medio de control, concerniente a reconocerse el carácter salarial de la Bonificación Judicial».

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los siguientes:

1. El señor Elvis Aaron Camacho Villafañe se encuentra vinculado a la Rama Judicial y labora en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, razó n por la cual es beneficiario de la bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013.

1. La entidad demandada no ha incluido la bonificación judicial como factor salarial al momento de liquidar las prestaciones sociales.

1. En virtud de lo anterior, presentó petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Santander, mediante la cual solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la consecuente reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tienen derecho.

1. El 17 de septiembre de 2015 , mediante Resolución 4625, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativa, la cual fue notificada el 9 de octubre de 2015.

1. El 14 de octubre de 2015, se interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual fue resuelto a través de la Resolución 7172 del 27 de octubre de 2016, confirmando la decisión denegatoria.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

anterior decisión, el cual fue resuelto a través de la Resolución 7172 del 27 de octubre de 2016, confirmando la decisión denegatoria.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 2, 13, 25 y 53 de la Constitución Política y 42 del Decreto 1042 de 1978.

En desarrollo del concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso las siguientes razones:Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Elvis Aaron Camacho Villafañe

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1. Los actos administrativos demandados resultan violatorios a las normas nacionales y más aún a los tratados internacionales, razón por la cual se debe inaplicar la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema Gener al de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1º del decreto 38 3 de

2013.

1. Deben darse todos los efectos jurídicos de salario a la bonificación judicial, toda vez que esta se devenga en forma periódica y como contraprestación directa del servicio, y tal como se estableció por el Consejo de Estado, con independencia de la denominación que reciba, constituye favor salarial.

1.2. Contestación de la demanda

contraprestación directa del servicio, y tal como se estableció por el Consejo de Estado, con independencia de la denominación que reciba, constituye favor salarial.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2

El apoderado de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda.

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

1. En el presente caso, la entidad ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, puesto que estos estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 4 de 1992.

1. Si bien es cierto la entidad opera como ejecutora de los re cursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para efectos del pago de

2Expediente digital, actuación 4 índice SAMAI, archivo 006.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de esta

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salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de esta circunscripción territorial, también lo es, que para cumplir dicha función, la Dirección Ejecutiva se encuentra atada a los Decretos salariales que anualmente expide el Gobierno Nacional.

1. La Seccional de la Rama Judicial se ha limitado a dar cumplimiento a la norma que crea la Bonificación Judicial, en razón a que no tiene facultad para interpretar la s leyes e inaplicarlas, puesto que son los jueces en sus respectivos fueros, quienes a través de sentencias ostentan esta competencia.

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 6 de septiembre de 2021, resolvió:

«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional e ilegal, para el caso en concreto, la expresión “únicamente” contenida en el art. 1 del Decreto 383 de 2013 y demás decretos que lo modifican, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 4625 de 17 de septiembre de 2015 y de la Resolución No. 7172 de 27 de octubre de 2016 que resolvió recurso de apelación contra la anterior, confirmándola, por medio de las cuales se negó la reliquidación de las prestaciones sociales del demandante con inclusión de la Bonificación Judicial creada con el Decreto 383 de 2013 , de conformidad con lo expuesto

la anterior, confirmándola, por medio de las cuales se negó la reliquidación de las prestaciones sociales del demandante con inclusión de la Bonificación Judicial creada con el Decreto 383 de 2013 , de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: ORDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA , a título de restablecimiento del derecho, a reconocer a favor del señor ELVIS AARON CAMACHO VILLAFAÑE, la bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013, como factor salarial, desde el 1 de enero de 2013 en adelante, por el tiempo efectivamente laborado en la RAMA JUDICIAL, y hasta la terminación del vínculo laboral, reliquidando todas las prestaciones sociales devengadas por ella.

3Expediente digital, actuación 4 índice SAMAI, archivo 021. .Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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CUARTO. CONDENAR, a la NACION-RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, a pagar las diferencias resultantes entre las prestaciones sociales devengadas y las que resulten de

SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, a pagar las diferencias resultantes entre las prestaciones sociales devengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada.

QUINTO. DECLARAR que en el presente asunto NO ha operado la prescripción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEXTO. Las sumas rec onocidas deberán ser debidamente actualizadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEPTIMO. La NACION-RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA, dará cumplimiento a la sentencia de conformidad con los arts. 192 y 195 del CPACA.

OCTAVO. CONDENAR en costas, a la NACION-RAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL de conformidad con lo expuesto en la parte motiva […]» (Sic en todo el texto)

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo concedió las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:

1. Conforme a las pruebas allegadas el demandante, labora en la Rama Judicial, y pertenece al régimen acogido toda vez que devenga mensualmente

la Bonificación Judicial.

1. La bonificación judicial si constituye salario, toda vez que el demandante la percibe habitual y periódicamente como contraprestación directa por sus servicios prestados a la Rama Judicial, y sobre esta se realizan cotizaciones mensuales dirigidas al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, conforme

la percibe habitual y periódicamente como contraprestación directa por sus servicios prestados a la Rama Judicial, y sobre esta se realizan cotizaciones mensuales dirigidas al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, conforme lo indica el artículo 1 del Decreto 383 de 2013.

1. Con la expedición del Decreto 383 de 2013, el Ejecutivo desconoció los postulados internacionales y constitucionales respecto a la aplicación de los principios de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos consagrados en las normas laborale s, así como los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, puesto que, despojó de efectos salariales a laNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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bonificación judicial creada para servidores públicos de la Rama Judicial, vinculados a partir de la expedición o acogidos al Decreto 057 de 1993.

1. Aceptar que la bonificación judicial está exenta de su carácter salarial, salvo para las cotizaciones al sistema de seguridad social, representa una disminución en el valor de las prestaciones sociales del demandante, lo que significa, que la expresión «únicamente», implica una violación de principios, contenidos y valores establecidos en el artículo 1 del Convenio 095 de la OIT, el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 4 de 1992.

contenidos y valores establecidos en el artículo 1 del Convenio 095 de la OIT, el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 4 de 1992.

1. Procede declarar la nulidad de la Resolución 4625 del 17 de septiembre de 2015, pese a no haber sido solicitada dentro de la demanda, en virtud del principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial,

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiv a de Administración Judicial4

El apoderado de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno Nacional, específicamente en la expedición del Decreto 383 de 2013 con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

1. El a quo desconoció lo anterior y le impuso una carga excesiva a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que no está en su deber soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad comoquiera que es con base en esta que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.

4 Expediente digital, actuación 4 índice SAMAI, archivo 024.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Elvis Aaron Camacho Villafañe

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial

4 Expediente digital, actuación 4 índice SAMAI, archivo 024.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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Administración Judicial Radicado: 680013333007-2017-00099-02

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1. Aunado a lo anterior, dado que la responsabilidad no le asiste a la Rama Judicial y sí al Gobierno Nacional, la prosperidad de las pretensiones involucra necesariamente la inaplicación de los Decretos 383 de 2013 y 384 de 2013 y, en consecuencia, para el pago de emolumentos que no se encuentran contemplados en los cálculos efec tuados por la Rama Judicial se deberá acudir por mandato de Ley al ejecutivo, es decir, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que proceda a la asignación de recursos adicionales a la entidad que no están amparados en las finanzas públicas, lo cu al implica la alteración del Presupuesto General de la Nación.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 5 de diciembre de 2024 5 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Parte demandante

No se presentaron.

1.6.2. Parte demandada

No se presentaron.

1.6.3. Ministerio público.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Parte demandante

No se presentaron.

1.6.2. Parte demandada

No se presentaron.

1.6.3. Ministerio público.

No rindió concepto de fondo

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se

5 Expediente digital, actuación 31, índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer i) si el demandante tiene derecho a que se le reconozca la bonificación judicial como

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer i) si el demandante tiene derecho a que se le reconozca la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales, y, en consecuencia, si hay lugar a declarar la nulidad de los actos adm inistrativos demandados y ii) si es procedente la inaplicación por inconstitucionalidad de la expresión «y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud », contenida en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013, por medio de la cual se creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial.

2.3. Marco normativo

2.3.1. De la bonificación judicial

El régimen salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al Gobierno Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política; dicho mandato constitucional, fue materializado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992 6, según los parámetros previstos en el artículo 2 ídem.

6 a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales (subrayado no original)Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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A su turno, con base en dichas normas generales, objetivos y criterios, el presidente de la República de Colombia, mediante el Decreto 383 de 2013, creó la denominada bonificación judicial para los servidores de la Rama Judicial, que se rigieran por lo establecido en el Decreto 53 de 1993, a partir del 1 de enero de 2013, con base en la escala de valores consagrada en el artículo 1 para cada cargo.

Los artículos 1 y 2 del Decreto 383 de 2013 son del siguiente tenor literal:

«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las disposic iones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La b onificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio

cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La b onificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año en las siguientes tablas, así: […]

PARÁGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del índice de Precios al consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno Nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que presente.

Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

ARTÍCULO 2. Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar que no optaron por el régimen establecido en los Decretos 57 yNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y que viene regidos por el Decreto 848 de 2012 y las disposiciones que lo modifique o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes, un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se cuenta regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.

[…]».

En los artículos citados se precisa que la bonificación judicial será reconocida a partir del 1 de enero de 2013, se cancelará mensualmente en tanto el servidor permanezca en el servicio. Igualmente, advierte que esta solo será tenida en cuenta para la cotización en el Sistema General de Pensiones y para el Sistema de Seguridad Social en salud, excluyéndose como factor para liquidar prestaciones sociales.

2.3.2. Excepción de inconstitucionalidad

La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción, deviene del imperio y fuerza vinculante de la Constitución Política, cuya vigencia y aplicación real en el ordenamiento están consagradas

La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción, deviene del imperio y fuerza vinculante de la Constitución Política, cuya vigencia y aplicación real en el ordenamiento están consagradas en su artículo 4. Esta institución jurídica consiste en la inaplicación de una norma en un caso concreto, ante la evid encia del desconocimiento de una norma de raigambre constitucional en un contexto en particular y, por ello, sus efectos se circunscriben únicamente al preciso asunto que se somete a conocimiento del funcionario competente.

La Corte Constitucional7 ha señalado que corresponde al juez oficiosamente, inaplicar actos administrativos lesivos al ordenamiento superior en virtud de la denominada excepción de inconstitucionalidad.

Al respecto, sostuvo:

«La jurisprudencia constitucional ha definido que “la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una

7 Corte Constitucional, sentencia SU-132 de 2013Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no puede dejar de hacer uso de ella en los eventos en que

herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no puede dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales”. En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso con creto y con efecto Inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política».

A su turno, el Consejo de Estado8 ha señalado sobre este tópico:

«La figura de la excepción de inconstitucionalidad es un instrumento establecido por el artículo 4° de la Constitución Política, cuya aplicación se alega para que en caso de presentarse contradicción entre una norma de rango legal y otra de rango constitucional, se aplique esta última, con el fin de preservar las garantías constitucionales, que sólo procede para resolver casos o situaciones concretas o subjetivas, de modo que quien la hace efectiva es la autoridad que conoce del correspondiente caso y sus efectos, por consiguiente, son subjetivos o interpartes. […]) Ahora bien, para hacer uso de este medio excepcional es necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la norma constitucional y la legal riñan de tal manera que del simple cotejo resulte absolutamente incompatible su aplicación simultánea […]»

En este orden de ideas, la Sala estima que la expresión «y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de

absolutamente incompatible su aplicación simultánea […]»

En este orden de ideas, la Sala estima que la expresión «y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», en el contexto ya reseñado, es contrario