TA SAN - Sentencia 680013333007-2018-00038-01 (10-04-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE LUIS BERNARDO MENDOZA FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.527.481 juridica@defensoria.gov.co

DEMANDADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN

Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (UARIV)

notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co juridicauariv@unidadvictimas.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co;

RADICADO Y LINK

DEL EXPEDIENTE 680013333007-2018-00038-01

TEMA INCLUSIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS. El demandante resultó lesionado en un acto terrorista, en el marco del conflicto armado interno. Sentencia con enfoque territorial. En 1989, en la zona de los hechos, la instalación de artefactos explosivos constituía el modus operandi del grupo armado ELN. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunament e por la parte demandante

explosivos constituía el modus operandi del grupo armado ELN. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunament e por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2024 por el Juzgado Séptimo Administrativo de l Circuito Judicial de Bucaramanga , mediante la cual se negó las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda1

1. Pretensiones El demandante pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 2015-247384 del 27 de octubre de 2015, (FUD CJ000306679), 2015-247384R del 06 de junio de 2017

(FUD CJ000306679 ) y 201740728 del 08 de agosto de 2017, mediante las cuales la Unidad Administrativa Especial Para La Atención y Reparación A Las Víctimas (UARIV) negó su inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV). A título de restablecimiento del derecho, solicita su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV), con fundamento en los hechos victimizantes ocurridos el 14 de agosto de 1989, fecha en la cual resultó con lesiones personales como consecuencia de un acto terrorista perpetrado mediante un artefacto explosivo. De igual manera, pide que se reconozcan las sumas correspondientes a la reparación integral a la que tendría derecho, conforme a lo previsto en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, debidamente indexadas desde la fecha de los hechos hasta la ejecutoria de la sentencia. Finalmente, solicita que se impongan las costas del proceso a la parte demandada.

2. Hechos

debidamente indexadas desde la fecha de los hechos hasta la ejecutoria de la sentencia. Finalmente, solicita que se impongan las costas del proceso a la parte demandada.

2. Hechos El demandante manifiesta que el 19 de mayo de 2015 rindió declaración ante la Defensoría del Pueblo de Bucaramanga con el propósito de ser inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV), en relación con los hechos ocurridos el 14 de agosto de 1989.

1 Expediente digital en SAMAI. Carpeta de OneDrive. Documento: 02.Demanda.pdf Folios 1 a 13.2

RADICADO: 680013333007-2018-000-38-01

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Relata que ese día resultó herido a causa de la explosión de una bomba, mientras se desplazaba por una vía ubicada en jurisdicción del municipio de San Alberto, departamento del Cesar, específicamente en el corregimiento «El Líbano». Señala que esta situac ión se encuentra respaldada en la historia clínica del Hospital Ramón González Valencia, en la que consta su ingreso al servicio de urgencias por lesiones ocasionadas por un artefacto explosivo. Del mismo modo, agrega que el hecho victimizante fue reportado por el periódico

González Valencia, en la que consta su ingreso al servicio de urgencias por lesiones ocasionadas por un artefacto explosivo. Del mismo modo, agrega que el hecho victimizante fue reportado por el periódico «Vanguardia Liberal», mediante una nota periodística en la que se incluyeron imágenes de los vehículos incinerados, lo que, a su juicio, respalda su versión. Señala que, mediante la Resolución No. 2015 -247384 del 27 de octubre de 2015, notificada el 13 de noviembre de 2016, la directora técnica de Registro y Gestión de la Información de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas decidió no incluirlo en el Registro Único de Víctimas (RUV) ni reconocer el hecho victimizante declarado. Sostiene que, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra el acto administrativo referido, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones No. 2015-247384R del 6 de junio de 2017 y 201740728 del 8 de agosto del mismo año, que confirmaron la decisión inicial. Finalmente, relata que, mediante el oficio No. 242 -GTE-0771-2015, de fecha 6 de agosto de 2015, el Hospital Ramón González Valencia hizo entrega de su historia clínica, en la cual se establece que, en el mes de agosto de 1989, ingresó al servicio de urgencias debido a una herida causada por un artefacto explosivo, específicamente una bomba de fragmentación .

3. Normas violadas y concepto de violación El demandante considera que con la expedición de los actos demandados se violaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13 y 83 de la Constitución Política.

una bomba de fragmentación .

3. Normas violadas y concepto de violación El demandante considera que con la expedición de los actos demandados se violaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13 y 83 de la Constitución Política.

Expone que , conforme a l artículo 1 de la C arta, Colombia es u n Estado Social de Derecho, lo cual implica que la relación entre el poder político y los derechos y libertades de los ciudadanos debe propender por un equilibrio, no solo mediante la subordinación del poder político a la ley, sino también a través de la p revalencia del interés general sobre el particular, con estricto respeto por la dignidad humana y el trabajo. Indica que el artículo 2 de la Carta consagra como uno de los fines esenciales del Estado promover la prosperidad general y garantizar la efectivi dad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Afirma que el artículo 4 superior establece la supremacía de la Constitución como fuente principal del ordenamiento jurídico, por lo cual considera que el acto administrativo acusado desconoció dicha supremacía al contrariar normas superiores que consagran el derecho al trabajo y a la igualdad, en relación con personas que se encuentran en condiciones similares. Señala que el poder ejercido por las autoridades administrativas requiere legitimación, la cual se concreta cuando sus actuaciones tienen como fundamento una norma superior que las habilita. En ese sentido, cita el artículo 6 de la Constitución como expres ión del principio de legalidad, al ser este la base de la función pública y del ordenamiento jurídico. Sostiene que la actuación administrativa en materia de gestión del recurso humano está sometida a criterios técnicos y objetivos, conforme a la voluntad del constituyente .3

jurídico. Sostiene que la actuación administrativa en materia de gestión del recurso humano está sometida a criterios técnicos y objetivos, conforme a la voluntad del constituyente .3

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Advierte que, en el caso concreto, se configura una vulneración flagrante del derecho a la igualdad previsto en el artículo 13 superior, así como una infracción al artículo 83, el cual exige que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públi cas se ajusten a los postulados de la buena fe, presunción que debe operar en todas las gestiones adelantadas ante la administración.

B. Contestación de la demanda 2

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se opone a las pretensiones formuladas en la demanda. Sostiene que los actos administrativos acusados gozan de presunción de legalidad, fueron expedidos en ejercicio legítimo de las competencias asignadas a la entidad y se ajustan al marco jurídico previsto en la Ley 1448 de 2011, sus decretos reglamentarios y demás disposiciones concordantes. Afirma que dichas decisiones se fundaron en la valoración objetiva de la declaración rendida por el solicitante, así como en la información

demás disposiciones concordantes. Afirma que dichas decisiones se fundaron en la valoración objetiva de la declaración rendida por el solicitante, así como en la información obtenida de las bases de datos que integran la Red Nacional de Información, sin que se acreditaran elementos que permitieran concluir que el hecho victimizante declarado hubiese ocurrido con ocasión del conflicto armado interno. Precisa que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, la inclusión en el Registro Único de Víctimas requiere que el daño alegado derive de una infracción al Derecho Internacional Humanitario o de una violación grave y manifiesta a l os Derechos Humanos, dentro del contexto del conflicto armado interno, condiciones que no se configuran en el caso analizado. De esta manera, aduce que la negativa de inclusión en el RUV, así como la ausencia de reconocimiento del hecho victimizante, obedecen a la aplicación estricta del principio de legalidad y a los estándares previstos en la normatividad vigente. Añade que las decisiones fueron debidamente notificadas y ratificadas mediante la resolución que resolvió el recurso de apelación, lo cual refuerza su legitimidad y confirma la inexistencia de causa que permita declarar su nulidad. Advierte, además, que no se observa vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados por el actor, en particular los derechos a la igualdad y a la buena fe. Indica que la actuación administrativa se desarrolló conforme a un procedimiento reglado, técnico y objetivo, sin que se haya acreditado trato desigual respecto de personas que se encontraran en situaciones similares. Agrega que la evaluación del caso respondió a los criterios establecidos por la ley, y que no hubo desviación de poder ni arbitrariedad.

técnico y objetivo, sin que se haya acreditado trato desigual respecto de personas que se encontraran en situaciones similares. Agrega que la evaluación del caso respondió a los criterios establecidos por la ley, y que no hubo desviación de poder ni arbitrariedad. Finalmente, afirma que no se configura derecho alguno al reconocimiento de medidas de reparación, ya que la condición de víctima, de acuerdo con la Ley 1448 de 2011, está supeditada a la acreditación de los supuestos definidos en el ordenamiento jurídico. En el caso concreto, no se demostró que las afectaciones sufridas por el actor hubiesen tenido lugar en el marco del conflicto armado interno, lo cual impide otorgar los beneficios que reclama en sede judicial.

C. La sentencia apelada3

Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2024, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga niega las pretensiones de la demanda.

2 Expediente digital en SAMAI. Carpeta de OneDrive. Documento: 06.Contestación dic19 2018.pdf Folios 1 a 17. 3 Gestión de otros despachos. Pagina 2. Índice 6 de SAMAI. Documento: 2_Sentencia de Primera Instancia (.pdf)4

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El a quo sostiene que los actos administrativos acusados se ajustan a derecho, al haber sido expedidos con base en una valoración objetiva de la declaración rendida por el actor y de los documentos allegados al expediente, sin que se acreditara que los hechos narrados hubiesen ocurrido c on ocasión del conflicto armado interno. Señala que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas efectuó las verificaciones correspondientes en las bases de datos oficiales y concluyó que no existía nexo suficient e entre los hechos narrados y la dinámica propia del conflicto, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. Precisa que la decisión administrativa se encuentra debidamente motivada, al haberse expuesto las razones por las cuales no era posible efectuar la inscripción en el Registro Único de Víctimas ni reconocer el hecho victimizante. En su criterio, el actor no desvirtuó la presunción de legalidad que ampara los actos acusados, ni logró acreditar, siquiera de manera sumaria, la existencia de un daño ocasionado por hechos atribuibles a actores armados o en el contexto del conflicto armado colombiano. Advierte que el material probatorio aportado con la demanda no es suficiente para demostrar una relación directa entre el ataque con artefacto explosivo ocurrido el 14 de agosto de 1989 y el conflicto armado, en tanto no se acreditó la existencia de móvile s relacionados con dicho contexto, ni se demostró que la situación respondiera a acciones

demostrar una relación directa entre el ataque con artefacto explosivo ocurrido el 14 de agosto de 1989 y el conflicto armado, en tanto no se acreditó la existencia de móvile s relacionados con dicho contexto, ni se demostró que la situación respondiera a acciones bélicas, amenazas o represalias propias de la confrontación armada interna. En ese sentido, concluye que no se configura causal de nulidad de los actos acusados y que, por tanto, no hay lugar a declarar su invalidez ni a acceder al restablecimiento del derecho. Finalmente, señala que no se impone condena en costas, al no encontrar prueba de temeridad o mala fe por parte del demandante.

D. La apelación4

El demandante solicita que se revoque el fallo de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones. En el escrito de apelación, la parte actora manifiesta su inconformidad con la decisión del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, al considerar que el fallo incurre en errores de apreciación probatoria y en desconocimiento del marco normativo aplicable. Sostiene que el despacho judicial no valoró debidamente las pruebas allegadas, entre ellas, los registros de prensa de circulación nacional y la historia clínica del actor, que darían cuenta de los hechos ocurridos el 14 de agosto de 1989 en inmediaciones del municipio de San Alberto y el corregimiento de Líbano, departamento del Cesar. Según afirma, la explosión del artefacto explosivo que le causó las lesiones personales fue atribuida al grupo armado U nión Camilista Ejército de Liberación Nacional, el cua l, mediante panfletos, había declarado objetivo militar a los vehículos que transitaran por

afirma, la explosión del artefacto explosivo que le causó las lesiones personales fue atribuida al grupo armado U nión Camilista Ejército de Liberación Nacional, el cua l, mediante panfletos, había declarado objetivo militar a los vehículos que transitaran por dicha vía. Cuestiona que el fallo de primera instancia haya ignorado las características de tiempo, modo y lugar acreditadas mediante medios de prueba idóneos, y reprocha que la carga de la prueba haya sido trasladada al actor, sin que la entidad ni el juzgado hubiesen desplegado actuación alguna para verificar el contexto en el que ocurrieron los hechos narrados. Resalta que no se consultaron las fuentes institucionales ni los patrones regionales del conflicto armado para evaluar si lo sucedido guardaba conexión con las dinámicas propias del mismo. Alega que los actos administrativos acusados se expidieron sin una valoración integral del acervo probatorio y que se fundamentaron exclusivamente en la supuesta inexistencia de elementos que permitieran acreditar el hecho victimizante, sin considerar

4 Gestión de otros despachos. Página 3, Índice 6 de SAMAI. Documento: 10_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf)5

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los principios constitucionales de buena fe, in dubio pro víctima, pro homine y el principio de prueba de contexto. Invoca la Sentencia T-417 de 2016 de la Corte Constitucional, al estimar que el fallo incurre en una exigencia probatoria desproporcionada e injustificada que invierte la carga de la prueba, desconociendo la presunción de buena fe y la especial protección que debe otorgarse a las víctimas del conflicto armado. Asegura que la actuación de la UARIV desconoció los criterios de valoración contenidos en la Ley 1448 de 2011, el Decreto 1084 de 2015, el Decreto 4800 de 2011 y demás disposiciones que desarrollan el principio de valoración contextual, en especial en zonas con presencia histórica de actores armados al margen de la ley, como ocurre con el área geográfica donde tuvieron lugar los hechos.

E. Trámite de segunda instancia Mediante auto del 27 de marzo de 20255 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y se ordenó notificar al Ministerio Público y a las partes para su conocimiento. Todos guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

A. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. El problema jurídico y su tesis Teniendo en cuenta los antecedentes, en especial, la sentencia de primera instancia y

recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. El problema jurídico y su tesis Teniendo en cuenta los antecedentes, en especial, la sentencia de primera instancia y los argumentos del recurso de apelación, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico: ¿Los actos administrativos demandados incurren en falsa motivación, al negar la inclusión del actor en el Registro Único de Víctimas y concluir que no se acreditó la relación entre los hechos declarados y el conflicto armado interno?

Tesis: Sí Fundamento jurídico: La UARIV incumplió su obligación de realizar un análisis exhaustivo y adecuado del contexto del conflicto armado en el municipio de San Alberto, Cesar, para el año 1989. A pesar de contar con información suficiente sobre la presencia de grupos armados ileg ales como el ELN, la entidad omitió valorar debidamente tanto esa información como las pruebas aportadas por el demandante.

Esta corporación, al revisar las fuentes disponibles —registros históricos y documentación oficial de la época —, pudo constatar que los hechos narrados por el señor Luis Bernardo Mendoza Forero, respaldados con su historia clínica y con artículos de prensa del momento, acaecidos el 14 de agosto de 1989, corresponden a actos de terrorismo, de acuerdo con las dinámicas y modos de operación utilizados por los grupos armados ilegales en ese lugar y periodo. Aunque la carga de la prueba recae sobre la entidad, la UARIV no desvirtuó los elementos probatorios aportados por el demandante ni demostró que los hechos se relacionaran con la delincuencia común. La historia clínica del actor no fue valorada

Aunque la carga de la prueba recae sobre la entidad, la UARIV no desvirtuó los elementos probatorios aportados por el demandante ni demostró que los hechos se relacionaran con la delincuencia común. La historia clínica del actor no fue valorada adecuadamente dentro del contexto, lo cual habría permitido concluir que las lesiones sufridas fueron causadas por actos de terrorismo y, por tanto, guardan relación con el

5 Índice 5 de SAMAI. Documento: 1Autoadmiterec_20180003801AUTOADMIT(.pdf)6

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conflicto armado interno. En consecuencia, se configura una falsa motivación en el acto acusado, al excluir al señor Luis Bernardo Mendoza Forero del Registro Único de Víctimas (RUV). Para sustentar la tesis planteada, la Sala procederá a analizar: (i) el marco normativo y jurisprudencial aplicable al procedimiento de reconocimiento de víctimas en el Registro Único de Víctimas; (ii) los criterios de valoración frente a la solicitud de i nclusión en el registro; y (iii) los deberes de la UARIV frente a las declaraciones inconsistentes y la verificación contextual de los hechos.

C. Marco jurídico

Único de Víctimas; (ii) los criterios de valoración frente a la solicitud de i nclusión en el registro; y (iii) los deberes de la UARIV frente a las declaraciones inconsistentes y la verificación contextual de los hechos.

C. Marco jurídico

1. El R egistro Único de Víctimas como herramienta para garantizar el derecho fundamental a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno La Ley 1448 de 2011 constituye el marco normativo principal para la protección y garantía de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado interno a recibir atención, asistencia y reparación integral a través de mecanismos administrativos.

Dicha normativa , en su artículo 3, establece quiénes pueden ser reconocidos como víctimas para efectos del acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación integral que ella prevé. Según la norma en comento, se consideran víctimas «aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasi ón del conflicto armado interno».

Quedan excluidas de esta definición las personas que hayan sido afectadas por hechos atribuibles a la delincuencia común o a otras causas no relacionadas con el conflicto6.

Con el fin de identificar a las personas que cumplen con los requisitos temporales y materiales establecidos en la norma, el legislador dispuso la creación de una herramienta técnico-administrativa denominada Registro Único de Víctimas, cuya gestión fue

Con el fin de identificar a las personas que cumplen con los requisitos temporales y materiales establecidos en la norma, el legislador dispuso la creación de una herramienta técnico-administrativa denominada Registro Único de Víctimas, cuya gestión fue atribuida a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entidad encargada de implementar las medidas de asistencia y reparación previstas en la Ley 1448 de 2011. Para tal efecto, definió un procedimiento específico para la inclusión en dicho registro, compuesto por una serie de etapas y reglas que garantizan su aplicación conforme a los principios del sistema:

a) Declaración y solicitud de registro 7. Las personas que se consideren víctimas deben declarar el hecho victimizante sufrido ante el Ministerio Público, oportunidad en la cual son indagadas por las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.

Si los hechos victimizantes ocurrieron antes de la promulgación de la Ley 1448 de 2011, a partir de este momento las personas contaban con un plazo de 4 años

6 Artículo 3. Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño a sus derechos por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, incluyendo aquellas que se encuentran en el exterior, in dependientemente de su estatus migratorio en el país donde habita, si goza o no de medidas de protección internacional, refugio o asilo, como consec uencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones a las normas internacionales de Derechos Humanos o en los eventos de delitos contra los recursos

estatus migratorio en el país donde habita, si goza o no de medidas de protección internacional, refugio o asilo, como consec uencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones a las normas internacionales de Derechos Humanos o en los eventos de delitos contra los recursos naturales y del medio ambiente, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. (…) Parágrafo 3. Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de act os de delincuencia común. 7 Artículo 155. Solicitud de registro de las víctimas. Las víctimas deberán presentar una declaración ante el Ministerio Público en un término de cuatro (4) años contados a partir de la promulgación de la presente ley para quienes hayan sido victimizadas con anterioridad a ese momento, y de tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho respecto de quienes lo sean con posterioridad a la vigencia de la ley, conforme a los requisitos que para tal efecto defina el Gobierno nacional, y a través del instrumento que diseñe la Unidad Administrativa Especia l para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el cual será de uso obligatorio por las entidades que conforman el Ministerio Público. (…)7

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para solicitar la inclusión en el RUV. Si acaecieron con posterioridad, el plazo es de 3 años a partir de su entrada en vigencia.

Una vez el Ministerio Público recibe la declaración, debe remitirla a la UARIV para su verificación.

b) Valoración de la declaración.8 El proceso de verificación de los hechos narrados por el ciudadano se denomina “valoración” y es realizada por la UARIV en un plazo máximo de 60 días hábiles, tras los cuales deberá decidir si incluye o no en el RUV al declarante.

La jurisprudencia constitucional 9 ha establecido que la condición de víctima no está únicamente sujeta a la inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV). Si bien existe un derecho fundamental a ser inscrito en dicho registro, este derecho no conlleva una inclusión automática. La mera dec laración no asegura la inscripción en el RUV, ya que la misma depende de un proceso exhaustivo de verificación de los hechos victimizantes realizado por la UARIV. La finalidad del registro es identificar adecuadamente a las víctimas y asegurar que los recursos para implementar la política se dirijan a quienes realmente los necesitan, permitiéndoles acceder a los beneficios del Estado, como la indemnización administrativa, el retorno y la reubicación, entre otros.10 De lo contrario, no habría distinción entre una víctima del conflicto armado, según la Ley 1448 de 2011, y otras situaciones de victimización, como la delincuencia común,

administrativa, el retorno y la reubicación, entre otros.10 De lo contrario, no habría distinción entre una víctima del conflicto armado, según la Ley 1448 de 2011, y otras situaciones de victimización, como la delincuencia común, accidentes de tránsito o el hurto callejero , de suerte que las medidas adoptadas por la ley se destinarían a personas que no están amparadas por ella. El RUV , además, cumple un rol fundamental en la transición hacia una sociedad sin conflicto armado. El Decreto 1084 de 2015 dispone que la UARIV debe adelantar «las medidas necesarias para que el Registro Único de Víctimas contribuya al conocimiento de la verdad y la reconstrucción de la memoria histórica ». En consecuencia, el RUV es un insumo relevante para tejer los relatos del conflicto, precisar actores y líderes de los grupos armados, caracterizar patrones de victimización, identificar dinámicas de operación rurales y urbanas, así como describir otras ma nifestaciones del conflicto armado interno en los distintos lugares del territorio nacional en los que se desplegó. Todo esto para la construcción de la memoria histórica del país, la búsqueda de una verdad que consulte lo que realmente sucedió, la reparación integral de las víctimas y la no repetición de los hechos. El acto