TA SAN - Sentencia 680013333007-2018-00330-02 (03-04-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE: Dr. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

Bucaramanga, tres (03) de abril de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: ZORAYA TAPIAS BARAJAS Y OTRO

notificaciones@legalgroup.com.co

DEMANDADO:

NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR

DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co; medesajbucaramanga@cendoj.ramajudicial.gov.co;

MINISTERIO PÚBLICO XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co;

TEMA: BONIFICACIÓN JUDICIAL EXPEDIENTE: 680013333007-2018-00330-02

Se decide el recurso de APELACIÓN, interpuesto por la parte demandante y la demandada contra la sentencia proferida el primero (1) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES1

1. Pretensiones

Del escrito de la demanda se extraen las siguientes pretensiones:

“1. Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN No. DESAJBUR18 -5656 marzo 2 de 2.018, proferida por la DIRECTORA EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA y del ACTO ADMINISTRATIVO FICTO NEGATIVO configurado por el silencio guardado frente al recurso de

2 de 2.018, proferida por la DIRECTORA EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA y del ACTO ADMINISTRATIVO FICTO NEGATIVO configurado por el silencio guardado frente al recurso de apelación interpuesto contra el primer acto demandado e n marzo 08 de 2.018, habiendo transcurrido los dos (2) meses indicados por el artículo 86 del C.P.A.C.A.

1 Expediente digital en SAMAI, índice 003SIGCMA-SGC

2. Que, a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene a la NACIÓN

- RAMA JUDICIAL -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL:

2.1 RELIQUIDAR LAS PRESTACIONES SOCIALES devengadas anualmente por los servidores judiciales demandantes, tomando como FACTOR SALARIAL la BONIFICACIÓN JUDICIAL creada con los Decretos 383 y 384 de 2.013 del Departamento Administrativo de la Función Pública “P or el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones.” Y “Por el cual se crea una bonificación Judicial para los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial y se dictan otras disposiciones.” 2.2 Que en adelante, se reconozca la BONIFICACIÓN JUDICIAL como FACTOR SALARIAL para todos sus efectos legales y no sólo para los descuentos destinados a la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, como actualmente se hace.

3. Que se condene en COSTAS a la parte demandada, reconociendo las Agencias

descuentos destinados a la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, como actualmente se hace.

3. Que se condene en COSTAS a la parte demandada, reconociendo las Agencias en Derecho en porcentaje del VEINTE PORCIENTO (20%) de las pretensiones conforme el numeral 3.1.2. del artículo 6° del Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura No. 1887 de 2.003.

4. Que se ajuste la condena tomando como base el índice de Precios al Consumidor de conformidad con el inciso final del artículo 187 del C.P.A.C.A.”

2. Hechos

Se dice en la demanda que: Los demandantes son servidores de la Rama Judicial, i) Andres Arenas Espíndola desde el veintiséis (26) de septiembre de dos mil seis (2006), desempeñando a la fecha el cargo de Asistente Administrativo 6, y ii) Zoraya Tapias Barajas, desde el tres (3) de septiembre de dos mil uno (2001) hasta el primero (1) de enero de dos mil veinte (2020), siendo beneficiari os de la bonificación judicial creada por los decretos No. 383 de 2013.

Mediante derecho de petición el 13 de febrero de 2018, los demandantes elevaron solicitud ante la Rama Judicial, peticionando que, se reliquiden sus prestaciones sociales incluyendo como factor salarial la bonificación judicial, sin embargo, laSIGCMA-SGC

misma no se ha tenido en cuenta como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales a que tiene derecho.

Mediante Resolución DESAJ BUR 18 -5656 del 2 de marzo de 2018 , la Dirección

misma no se ha tenido en cuenta como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales a que tiene derecho.

Mediante Resolución DESAJ BUR 18 -5656 del 2 de marzo de 2018 , la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, dio respuesta negativa al derecho de petición referido anteriormente, motivo por el que dicha decisión fue recurrida desde el 8 de marzo de 201 8 sin que, a la fecha de presentación de la demanda, se haya emitido respuesta alguna al respecto.

Normas Violadas y Concepto de Violación

Supralegales, artículos 2, 4, 13, 25, 29, 53 de la Constitución Nacional. Legales Artículo 127 del CST, artículo 2 literal a) de la ley 4 de 1992.

En resumen, considera la parte demandante que la bonificación judicial procuró la nivelación salarial, además su causación es continua, habitual y mientras el servidor permanezca en el servicio, se alega que dicho factor debe ser considerado como salario. Solicita sea inaplicado el Decreto 383 de 2013 por resultar contrario a los fines superiores consagrados en los artículos referidos anteriormente.

3. Contestación a la Demanda

La NACION -RAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, se opone a las declaraciones y condenas solicitadas, argumentando que su representada, contrario a incurrir en alguna irregularidad al negarse a efectuar dicho reconocimiento en favor de la parte demandante, manifiesta también, ha dado cumplimiento a los mandatos legales, por tal razón, estima que habrán de denegarse las pretensiones.

Alega la inexistencia del demandado, dado que la entidad a la que representa no

cumplimiento a los mandatos legales, por tal razón, estima que habrán de denegarse las pretensiones.

Alega la inexistencia del demandado, dado que la entidad a la que representa no era la competente para expedir los actos cuestionados. Sostuvo que la omisión de vincular al Gobierno Nacional al proceso conducía a una falta de legitimación en la causa por pasiva , lo cual debía ser declarado por la autoridad judicial. Adicionalmente, expuso que la normativa aplicable confería al Ejecutivo la potestadSIGCMA-SGC

exclusiva para determinar los salarios y prestaciones de los empleados públicos, sin que las entidades ejecutoras pudieran alterar dicho régimen.

Igualmente invocó la ineptitud de la demanda, argumentando que las pretensiones formuladas eran inviables en tanto pretendían la inaplicabilidad de normas vigentes sin la comparecencia del órgano competente para su expedición. En este sentido, explicó que el reconoc imiento de las prestaciones reclamadas por la parte demandante implicaría una modificación del Presupuesto General de la Nación, lo cual excedía las facultades del juez de conocimiento y requería una actuación legislativa o ejecutiva.

Finalmente, señaló que el término para ejercer las acciones judiciales había precluido, razón por la cual solicitó declarar la prescripción extintiva de los derechos reclamados. Indicó que la parte demandante había dejado transcurrir el tiempo previsto en la normativa para presentar su reclamación, sin que existiera causal de interrupción o suspensión del término de prescripción.

II. SENTENCIA APELADA

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga, declaró

interrupción o suspensión del término de prescripción.

II. SENTENCIA APELADA

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga, declaró la nulidad de los actos administrativos acusados, en consecuencia, ordenó el reconocimiento de la bonificación judicial a favor de los demandantes. Así mismo,

“PRIMERO: DECLÁRESE la prescripción de derechos laborales para las sumas causadas con anterioridad al 13 de febrero de 2015, por las razones expuestas.

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 383 y 384 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024 por las razones expuestas.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos:SIGCMA-SGC

• Resolución DESAJ BUR 18-5656 del 2 de marzo de 2018 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. -Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la interposición del recurso de apelación el 8 de marzo de

2018.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN – RAMA

ente demandado frente a la interposición del recurso de apelación el 8 de marzo de 2018.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de ZORAYA TAPIAS BARAJAS y ANDRES ARENAS ESPÍNDOLA todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 13 de febrero de 2015 incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decretos 383 y 384 de 2013, hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario. La suma que resulte a favor de los demandantes debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia. La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: DENEGAR las excepciones relacionadas con el cobro de lo no debido, legalidad del fundamento normativo, caducidad y excepción de constitucionalidad, por las razones expuestas.

SEXTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO.

SÉPTIMO: Désele cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos para ello por el artículo 192 y 195 del CPACA.

OCTAVO: Notificar la presente providencia a las partes y al Ministerio Público,

SÉPTIMO: Désele cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos para ello por el artículo 192 y 195 del CPACA.

OCTAVO: Notificar la presente providencia a las partes y al Ministerio Público, conforme disponen las normas vigentes.

NOVENO: En firme la presente providencia procédase al archivo del expediente previo envío de comunicaciones y desanotaciones a que haya lugar.”

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

La Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración JudicialSIGCMA-SGC

La apoderada de la parte demandada señala que, sobre la legalidad de los actos acusados, la Ley 4ta de 1992 y el Decreto 383 y 384 de 2013 son claros, por lo que, la entidad a la que representa no puede atribuirles a las disposiciones un alcance que no tienen, por lo que resultaría contrario en sentido natural conforme lo preceptúan los artículos 27 y 28 del Código Civil, por ende, la única posibilidad que tiene la administración de apartarse de las normas es cuando estas no son claras y abiertamente inconstitucionales, situación que no ocurre en el asunto de marras, donde la normatividad aplicada se presume legal y constitucional. Así mismo, insiste en la prosperidad de las excepciones propuestas, en particular la falta de legitimación en la causa por pasiva, la prescripción trienal y la imposibilidad de reconocer prestaciones que no estuvieran contempladas en el régimen normativo aplicable. Por otro lado, sustentó la prescripción trienal de los derechos reclamados, con base en lo previsto en el Decreto 3135 de 1968 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Explicó que la parte demandante había dejado transcurrir el término legal para

Por otro lado, sustentó la prescripción trienal de los derechos reclamados, con base en lo previsto en el Decreto 3135 de 1968 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Explicó que la parte demandante había dejado transcurrir el término legal para reclamar las prestaciones solicitadas, sin presentar oportunamente una reclamación administrativa que interrumpiera el término de prescripción. En este sentido, solicitó que se declarara la improcedencia de las pretensiones económicas que excedieran el periodo legalmente reconocido. En cuanto a la bonificación judicial reclamada, afirmó que esta no tenía carácter salarial, conforme a lo dispuesto en los Decretos 383 y 384 de 2013. Aclaró que estos actos normativos establecían expresamente que la bonificación solo constituía factor sal arial para la base de cotización a pensión y salud, sin que pudiera ser computada para otros efectos salariales o prestacionales. Advirtió que otorgarle un carácter distinto contravendría el marco normativo vigente y afectaría la sostenibilidad fiscal del Estado. Finalmente, argumentó que cualquier reconocimiento adicional al régimen prestacional fijado por el Gobierno Nacional debía contar con la correspondiente apropiación presupuestal. Citó el artículo 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, el cual establece que ningún acto administrativo puede generar obligaciones sin disponibilidad presupuestal previa. Explicó que, de accederse a las pretensiones de la demanda, se generarían pagos sin respaldo fiscal, lo cual afectaría la estabilidad financiera de la entidad. La parte demandanteLa apoderada judicial de los accionantes presentó recurso contra la providencia por cuanto no se encuentran conformes con los numerales primero y cuarto de la parteSIGCMA-SGC

financiera de la entidad. La parte demandanteLa apoderada judicial de los accionantes presentó recurso contra la providencia por cuanto no se encuentran conformes con los numerales primero y cuarto de la parteSIGCMA-SGC

resolutiva puesto que considera que la prescripción deberá contarse a partir del momento en que exista certeza del derecho que se pretende reclamar, es decir, desde la ejecutoria de la sentencia favorable de reconocimiento del factor salarial de la bonificación judicial. Por tanto, requiere la revisión de sus argumentos en lo que a la prescripción se refiere, y como consecuente que se reconsidere la decisión y se acceda a la totalidad de las pretensiones, se nieguen las defensas y se condene en costas a la parte demandada.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por medio de auto del 04 de febrero de 2025 se admitió los recursos de apelación interpuestos contra de la sentencia de primera instancia en los términos de los artículos 67 y siguiente de la Ley 2080 de 2021.

V. PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN Y

CONCEPTO DE FONDO.

La parte demandada reitera el argumento de que no tenía competencia para modificar el régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial. Explicó que dicha facultad correspondía exclusivamente al Gobierno Nacional, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley 4ª de 1992 . En consecuencia, afirmó que los actos administrativos cuestionados en la demanda eran simples actos de ejecución de las normas expedidas por el Ejecutivo, sin que su entidad tuviera margen para alterarlas o desconocerlas.

consecuencia, afirmó que los actos administrativos cuestionados en la demanda eran simples actos de ejecución de las normas expedidas por el Ejecutivo, sin que su entidad tuviera margen para alterarlas o desconocerlas.

Así mismo, se ratificó en los hechos y pretensiones de la demanda, atendiendo que la bonificación judicial devengada junto con su salario, es sin duda un factor salarial que debe ser tenido en cuenta para la liquidación de prestaciones sociales, para lo cual reitera que, en efecto se trata de una prestación que el trabajador recibe mes a mes con ocasión de su trabajo y que fue creada con el fin de nivelar el salario, motivo por el que no queda duda que se debe tener en cuenta para liquidar las prestaciones sociales, tal y como se refirió en la sentencia de primera instancia.SIGCMA-SGC

La parte demandante y el Ministerio Público no se pronunci aron en esta oportunidad.

VI. CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURIDICO En el presente asunto, se circunscribe a determinar si: ¿Es procedente la inaplicación por inconstitucionalidad de la palabra “únicamente”, contenida en el artículo 1 del Decreto 383 2013, por medio de la cual se creó la bonificación judicial para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial? En caso afirmativo, ¿la bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013, constituye factor salarial para reliquidar todas las prestaciones sociales de los demandantes, desde el 1 de enero de 2013 y en adelante hasta cuando sigan causando. Finalmente, deberá establecerse si en el presente asunto, ha operado la prescripción trienal sobre las mesadas que se han se reconocer.

demandantes, desde el 1 de enero de 2013 y en adelante hasta cuando sigan causando. Finalmente, deberá establecerse si en el presente asunto, ha operado la prescripción trienal sobre las mesadas que se han se reconocer.

VII. MARCO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL.

1. De la bonificación judicial

El régimen salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al Gobierno Nacional a través del Gobierno Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 19 literal E de la Constitución Política de Colombia; dicho mandato constitucional, fue materializado en literal a del artículo 2 de la ley 4 de 19922, según los parámetros previstos en el artículo 2 ídem. Con base en dichas normas generales, objetivos y criterios, el presidente de la República de Colombia, mediante Decreto 383 de 2013, estableció para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, el derecho a percibir una bonificación judicial, en los siguientes términos:

2 a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones socialesSIGCMA-SGC

ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 20 12 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y

rigiéndose por el decreto 874 de 20 12 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1° de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año al valor que se fija en las siguientes tablas, así: (…)

En el artículo citado se precisa que la bonificación judicial será reconocida a partir del 1 de enero de 2013 , se cancelará mensualmente por el servidor en tanto permanezca en el servicio. Asimismo, advierte que esta solo será tenida en cuenta para la cotización en el sistema general de pensiones y para el sistema de seguridad social en salud.

2. Excepción de inconstitucionalidad

La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción, deviene del imperio y fuerza vinculante de la Constitución Política, cuya vigencia y aplicación real en el ordenamiento están consagradas en su artículo 48. Esta institución jurídica consiste en la inaplicación de una norma en un caso concreto, ante la evidencia del desconocimiento de una norma de raigambre constitucional en un contexto en particular, y por ello sus efectos se circunscriben únicamente al preciso as unto que se somete a conocimiento del funcionario competente. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia SU132/13 también ha señalado que, corresponde al Juez, oficiosamente, inaplicar actos administrativos, lesivos al ordenamiento superior, en virtud de la denominada excepción de

competente. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia SU132/13 también ha señalado que, corresponde al Juez, oficiosamente, inaplicar actos administrativos, lesivos al ordenamiento superior, en virtud de la denominada excepción de inconstitucionalidad, veamos:

“La jurisprudencia constitucional ha definido que “la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegadaSIGCMA-SGC

o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no puede dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas con stitucionales”. En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política”.

A su turno el Consejo de Estado ha señalado sobre este tópico:

“La figura de la excepción de inconstitucionalidad es un instrumento establecido por el artículo 4° de la Constitución Política, cuya aplicación se alega para que en caso de presentarse contradicción entre una norma de rango legal y otra de rango constituc ional, se aplique esta última, con el fin de preservar las garantías constitucionales, que sólo procede para resolver casos o situaciones concretas o subjetivas, de modo que quien la hace efectiva es la autoridad que conoce del correspondiente caso y sus e fectos,

de preservar las garantías constitucionales, que sólo procede para resolver casos o situaciones concretas o subjetivas, de modo que quien la hace efectiva es la autoridad que conoce del correspondiente caso y sus e fectos, por consiguiente, son subjetivos o interpartes. (…) Ahora bien, para hacer uso de este medio excepcional es necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la norma constitucional y la legal riñan de tal manera que del simple cotejo res ulte absolutamente incompatible su aplicación simultánea. (…)”9

Ahora bien, el artículo 1° del Decreto 383 de 2013, que crea la bonificación judicial dispone expresamente que esta prestación “únicamente” constituye factor salarial para efecto de los aportes al sistema de seguridad social, con lo cual excluye esta prestación de la base remuneratoria de los trabajadores.

En este orden de ideas, la sala estima que el término “únicamente” en el contexto ya reseñado, es contrario a los postulados constitucionales que garantizan los derechos laborales mínimos, especialmente al artículo 53 de la CP que consagra la aplicación del principio de igualdad en materia laboral, por lo cual acertó el fallador a quo al inaplicar, para el caso sub iudice la expresión que a continuación se subraya de la citada norma:

"Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en losSIGCMA-SGC

Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan,

Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones II al Sistema General de Seguridad Social en Salud."

Según lo discurrido, se impone en este caso la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 4° de la Constitución Política, mediante la facultad que prevé el artículo 148 del CPACA, toda vez que la exclusión que estipula el artículo 1 del Decreto 383 de 2013, riñe con lo dispuesto en el artículo 53 Superior, luego resulta necesario privilegiar el imperio de esta última, con las consecuencias que se señalarán en los restantes acápites.

3.Factor salarial de la bonificación judicial:

Elementos que constituyen salario:

Todo derecho se desprende de la Constitución Política de 1991, mediante su Artículo 53 que facultó al Congreso de la República para expedir el estatuto del trabajo teniendo en cuenta para su creación el seguimiento de los principios de "Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las frentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades

facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las frentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones lab orales; garantía a la seguridad social, Ia capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad".

De igual forma dispuso que: "Los convenios internacionales del trabajo, previamente ratificados y aceptados en debida forma, serían parte de la legislación interna".

Igualmente dispuso que: "La ley los contratos los acuerdos, convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores".SIGCMA-SGC

De esa manera, el bloque de constitucionalidad, los tratados y convenios internacionales son también aplicables y de obligatorio cumplimiento, co mo parámetro de legalidad de las actuaciones del Estado, de tal forma que si no se aplican se estaría vulnerando la propia Constitución. Aún más, los acuerdos, contratos y la misma ley no pueden desfavorecer los derechos de los trabajadores.

Ahora bien, corno convenio internacional relevante en el tema bajo estudio, entre otros, se encuentra el Convenio sobre la Protección del Salario (Convenio, núm. 95, 1949), adoptado en Ginebra en la 3T reunión CIT, que tuvo su entrada en vigor el 24 de sep tiembre de 1952, ratificado por Colombia el 7 de junio de 1963, que legitimado por la propia Constitución, dispuso que "el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo,

24 de sep tiembre de 1952, ratificado por Colombia el 7 de junio de 1963, que legitimado por la propia Constitución, dispuso que "el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, ,fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar".

La Sección Cuarta del H. Consejo de Estado en sentencia del 17 de marzo de 2016, en el proceso radicado 760012331000201101867 -01, se pronunció respecto del concepto de salario así: De acuerdo con el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, “constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominaci ón que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones”.

El H. Consejo de Estado en pronunciamiento del 21 de octubre de 2011, ha definido este concepto de la siguiente manera: En cuanto al salario se ha entendido de manera general que es todo lo que se paga directamente por la retribución o contraprestación del trabajo realizado. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al precisar el

este concepto de la siguiente manera: En cuanto al salario se ha entendido de manera general que es todo lo que se paga directamente por la retribución o contraprestación del trabajo realizado. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al precisar el concepto de salario expresó que “(…) en términos generales, constituye salario todo lo que recibe el servidor público como retribución por sus servicios de manera habitual y periódica, sea cualquiera la denominación que se le de. Es decir, el salario es la consecuencia directa del derecho fundamental al trabajo y principio mínimo fundamental de ese derecho, al tenor del artículo 53 de laSIGCMA-SGC

Carta, que consagra como tal, entre otros, la “remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la calidad y cantidad de trabajo”

A su vez, esta Sección en sentencia del 25 de marzo de 2004 proferida dentro del proceso referenciado con el número 1665-03, dijo que “(…) el concepto de salario ha sido definido en la ley laboral colombiana, tradicionalmente como la retribución por el servicio prestado. Por ello, todo pago recibido del empleador que además de tener un propósito re