TA SAN - Sentencia 680013333007-2019-00134-02 (08-05-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, ocho (08) de mayo del dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

RADICADO: 680013333007-2019-00134-02

ENLACE DEL EXPEDIENTE: https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_pro cesos.aspx?guid=6800133330072019001340268001

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MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: CAMILO ANDRES QUINTERO REYES

an_ge_li_ca82@hotmail.com angelicamarianinosorio@gmail.com notificaciones@legalgroup.com.co

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: JHON CARLOS GARCIA PEREA

jcgarcia@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia. L a bonificación judicial debe ser reconocida como factor salarial para todos los efectos legales.

TEMA: Bonificación judicial

SENTENCIA No. 052

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la

todos los efectos legales.

TEMA: Bonificación judicial

SENTENCIA No. 052

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia de fecha primero (1) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga.

La Sala es competente para resolver el recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA.

I. ANTECEDENTESNulidad y Restablecimiento del derecho

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Camilo Andres Quintero Reyes

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333007-2019-00134-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

A. Posición de la parte demandante1

Solicita declarar la nulidad de la Resolución número DESAJ BUR 18-7282 del 30 de mayo de 2018 expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y del acto ficto o presunto por la no contestación del recurso de apelación presentado el 25 de enero de 2019, mediante los cuales se negó el reconocimiento, reliquidación y pago de los valores por concepto de prestaciones sociales del demandante.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERO. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. DESAJBUR18y pago de los valores por concepto de prestaciones sociales del demandante.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERO. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. DESAJBUR187282 del 30 de mayo de 2018, "Por medio de la cual se resuelve un Derecho de P etición", y niega el reconocimiento y pago de la BONIFICACIÓN JUDICIAL, dispuesto en el Decreto 383 de 2013 como Factor Salarial y Prestacional.

SEGUNDO. Que se declare la Nulidad del acto ficto o presunto, que surgió con ocasión al silencio Administrativo negativo. derivado del recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto el día 25 de enero de 2019 contra la Resolución No. DESAJBUR18-7282 del 30 de mayo de 2018.

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política, INAPLIQUESE por ser abiertamente contrario a la Constitución y a la Ley, el aparte "...y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud...", contenido en el artículo 1 del Decreto 383 del 2013.

CUARTO. En consecuencia a lo anterior, que se ordene a la entidad demandada el reconocimiento y pago de la BONIFICACIÓN JUDICIAL, a partir del 1 de diciembre de 2015 y en adelante por el tiempo en que se siga causando, dispuesta en el Decreto 383 de 2013 como Factor Salarial y Prestacional, esto es, con incidencia en las prestaciones laborales tales como Prima de Servicios, Prima de Productividad, Prima de Vacaciones, Prima de Navidad, Bonificación por Se rvicios Prestados, Cesantías e

Prestacional, esto es, con incidencia en las prestaciones laborales tales como Prima de Servicios, Prima de Productividad, Prima de Vacaciones, Prima de Navidad, Bonificación por Se rvicios Prestados, Cesantías e intereses a las Cesantías, y demás emolumentos a favor del demandante, por tratarse de una parte integral de la Asignación Básica correspondiente a Funcionarios y Empleados Judiciales, de conformidad con la Constitución y la Ley.

QUINTO. Que se ordene a la entidad demandada el reajuste y reliquidación desde el 1 de diciembre de 2015 y en adelante, por el tiempo que se siga causando las prestaciones laborales y sociales, tales como Prima de Servicios, Prima de Productividad, Prima de Vacaciones, Prima de Navidad, Bonificación por Servicios Prestados, Cesantías e intereses a las Cesantías, y demás emolumentos a favor del demandante, que de acuerdo a la Constitución y la Ley corresponden a los Funcionarios y Empleados Judiciales, con inclusión de la BONIFICACION JUDICIAL con incidencia de factor salarial y prestacional, y en la misma proporción de la Asignación Básica por hacer parte integral del salario.

SEXTO. Que se condene a la entidad demandada al pago de los dineros, debidamente indexados, de los valores correspondientes a la diferencia

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Demandante: Camilo Andres Quintero Reyes

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333007-2019-00134-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado

Demandante: Camilo Andres Quintero Reyes

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333007-2019-00134-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander obtenida a favor del demandante, con ocasión del REAJUSTE O RELIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES LABORALES Y SOCIALES, a partir del 1 de diciembre de 2015 y en adelante por el tiempo que se si ga causando, con inclusión de la Bonificación Judicial establecida en el Decreto 383 de 2013».

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

El demandante es servidor de la Rama Judicial en calidad de emplead o judicial y devenga mensualmente la bonificación judicial creada con el Decreto No. 0383 de 2013.

El 28 de mayo de 2018, radicó petición ante la entidad demandada, mediante la cual solicitó la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales con base en la bonificación judicial como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el 1 de enero de 2013 y las que a futuro se generen.

En respuesta, la demandada emitió la resolución número DESAJ BUR 18-7282 del 30 de mayo de 2018, en la que negó las pretensiones.

Inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelació n el día 25 de enero de 2019.

Como fundamento de derecho invocó los artículos 2, 13, 25, 27, 53, 58 de la Constitución Nacional, la Ley 4 de 1992 , el artículo 127 del Código Sustantivo del

2019.

Como fundamento de derecho invocó los artículos 2, 13, 25, 27, 53, 58 de la Constitución Nacional, la Ley 4 de 1992 , el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, el Decreto 0383 de 2013 y demás normas concordantes.

B. Posición de la parte demandada

La Nación – Rama Judicial2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones en los siguientes términos:

Adujo que los actos administrativos acusados tienen sustento en las disposiciones legales contenidas en el Decreto 0383 de 2013 , la Ley 4 a de 1992 y en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política; además, que el único con competencia para establecer el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la Rama Judicial, es el Gobierno nacional.

Señaló que, por expreso mandato legal, la Bonificación Judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que

2 Expediente digital de OneDrive, 013CONTESTACION201900.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander hace parte de la libertad de configuración del legislador establecer qué parte de la remuneración de los empleados públicos constituye o no factor salarial y para qué fines.

Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander hace parte de la libertad de configuración del legislador establecer qué parte de la remuneración de los empleados públicos constituye o no factor salarial y para qué fines.

Así mismo, refirió que los decretos por medio de los cuales el Gobierno nacional reguló los salar ios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consecuencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilidad de la norma salarial no puede ser asumida por la Rama Judicial.

Adicionalmente, propuso la excepción de ineptitud de la demanda, inexistencia del demandado, falta de legitimación en la causa por pasiva y la prescripción trienal de los derechos reclamados.

C. Sentencia de primera instancia3

El juzgado de primera instancia, mediante sentencia de fecha primero (1) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), resolvió:

«PRIMERO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 383 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024 por las razones expuestas.

992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024 por las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos:

• Resolución DESAJ BUR 18-7282 del 30 de mayo de 2018 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. -Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guard ado por el ente demandado frente a la interposición del recurso de apelación presentado el 25 de enero de 2019.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE A DMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de CAMILO ANDRES QUINTERO REYES todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 1 de diciembre de 2015 incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decretos 383 de 2013, hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento. Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad So cial de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario. La suma que resulte a favor de los demandantes debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la

pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario. La suma que resulte a favor de los demandantes debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander sentencia. La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

CUARTO: DENEGAR las excepciones relacionadas con la prescripción de derechos laborales, cobro de lo no debido, legalidad del fundam ento normativo, caducidad y excepción de constitucionalidad, por las razones expuestas.»

Indicó que el Decreto 0383 de 2013 vulneró los principios constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en la legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, en la medida en que desconoció los efectos salariales de la bonificación judicial.

Consideró que la bonificación judicial fue otorgada de manera continua y me nsual, lo que la convierte en una remuneración fija y directa, cumpliendo características de un salario, por lo que debe ser incluida en el cálculo de las demás prestaciones sociales.

Consideró que la bonificación judicial fue otorgada de manera continua y me nsual, lo que la convierte en una remuneración fija y directa, cumpliendo características de un salario, por lo que debe ser incluida en el cálculo de las demás prestaciones sociales.

Precisó que inaplicará la parte del primer inciso del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 que limita el reconocimiento de la bonificación judicial solo para efectos de cotización al sistema de salud y pensiones, en el entendido que sus disposiciones contravienen la Constitución y la ley, al no reconocer la bonificación como factor salarial para calcular todas las prestaciones sociales y salariales.

Respecto de la prescripción trienal, señaló que el demandante presentó la reclamación administrativa el 28 de mayo de 2018 y los derechos aquí reclamados datan del 1 de dici embre de 2015 ; por tanto, no existe prescripción de derechos laborales.

Finalmente, frente a la excepción de caducidad de la acción, indicó que la demanda fue interpuesta oportunamente de conformidad con lo previsto en el artículo 164 del CPACA.

D. Recurso de apelación

La Nación-Rama Judicial 4 solicitó revocar la decisión de primera instancia con sustento en los siguientes argumentos:

1. La parte demandante no impugnó oportunamente los Decretos 0383 y 0384 de 2013 cuando fueron expedidos, y por lo ta nto no puede ahora pretender

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander su inaplicabilidad. El plazo para demandar la nulidad de estos decretos ya caducó según el artículo 138 del CPACA, por lo que la demanda debería ser desestimada.

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno nacional, específicamente en la expedición del Decreto 0383 de 2013 con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

1. El juez de primera instancia desconoció lo anterior y le impuso una carga excesiva a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que no está en el deber de soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad, comoquiera que es con base en esta que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.

1. La responsabilidad recae en el Gobierno nacional y no en la Rama Judicial, por lo que el pago de emolumentos no contemplados en las proyecciones presupuestales de la Rama Judicial debe gestionarse, por mandato legal, ante el Ejecutivo, específicamente ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dicho organis mo es el que debe asignar recursos adicionales a la entidad, los cuales no están previstos en las finanzas públicas.

ante el Ejecutivo, específicamente ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dicho organis mo es el que debe asignar recursos adicionales a la entidad, los cuales no están previstos en las finanzas públicas.

1. La acción de inaplicabilidad de los decretos salariales por inconstitucionalidad no es válida en este caso, ya que los decretos siguen vigentes hasta que sean declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. Además, la demanda mezcla solicitudes de inaplicabilidad con peticiones de nulidad, lo que genera confusión.

1. La bonificación judicial reclamada no constituye un de recho adquirido, sino que fue el resultado de una negociación que no afecta derechos prestacionales adicionales. Por lo tanto, el demandante no tiene derecho a una compensación mayor a la que ya fue reconocida.

1. Los actos administrativos impugnados fueron proferidos en cumplimiento de los decretos salariales vigentes y, por tanto, no corresponden a actos definitivos que puedan ser revisados judicialmente.

E. Pronunciamiento en segunda instancia.Nulidad y Restablecimiento del derecho

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Sin pronunciamiento en segunda instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

F. Asunto previo

En aplicación del artículo 328 del C.G. del P., la Sala se limitará a pronunciarse

Sin pronunciamiento en segunda instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

F. Asunto previo

En aplicación del artículo 328 del C.G. del P., la Sala se limitará a pronunciarse sobre los motivos de inconformidad planteados por la entidad accionada contra la sentencia de primera instancia. Los reparos relacionados con la excepción de caducidad se re solverán en esta oportunidad, al haberse resuelto en la sentencia sin pronunciamiento previo del juzgado de primera instancia que permita aplicar el principio de preclusividad de las actuaciones procesales.

G. Problemas jurídicos

Con el fin de establecer si procede confirmar o, por el contrario, revocar la sentencia de primera instancia, se resolverán los siguientes interrogantes que surgen de los argumentos de impugnación de la parte demandada:

1. ¿La oportunidad para cuestionar la legalidad de los Decretos 0383 y 0384 de 2013, caducó, al no haberse impugnado oportunamente cuando fueron expedidos?; ii) ¿La Rama Judicial, específicamente la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, no tiene competencia para modificar el régi men salarial y prestacional establecido por el Gobierno nacional en los Decretos 0383 y 0384 de 2013?; y iii) ¿La inaplicación por inconstitucionalidad de estos decretos no es procedente en el caso particular, por estar vigentes y no haber sido declarados inconstitucionales por la

Corte Constitucional?.

H. Tesis de la Sala

1. No, el acto acusado al negar prestaciones periódicas puede ser demandado en cualquier tiempo, conforme lo señala el Art. 164, numeral 1, literal c) de la Ley 1437

H. Tesis de la Sala

1. No, el acto acusado al negar prestaciones periódicas puede ser demandado en cualquier tiempo, conforme lo señala el Art. 164, numeral 1, literal c) de la Ley 1437 de 2011. Adicionalmente, no se pueden entender como demandados los decretos que crean la b onificación judicial, habida cuenta de que lo único que se pretende frente a aquellos es la inaplicación de la expresión «únicamente», y no la declaratoria de ilegalidad. Igualmente, la jurisprudencia ha establecido que la bonificación judicial cumple con los requisitos de salario al ser un pago habitual en retribución al trabajo, por lo que su exclusión como factor salarial desconoce el mandato de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992.Nulidad y Restablecimiento del derecho

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1. Si bien la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no t iene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno nacional, sí tiene la facultad de interpretar y aplicar las normas en materia salarial dentro de los límites establecidos.

1. La inaplicación del artículo 1 del D ecreto 0383 de 2013 no implica una modificación del régimen salarial, sino la correcta aplicación del principio « in dubio pro operario» en favor de los servidores judiciales, garantizando sus derechos

1. La inaplicación del artículo 1 del D ecreto 0383 de 2013 no implica una modificación del régimen salarial, sino la correcta aplicación del principio « in dubio pro operario» en favor de los servidores judiciales, garantizando sus derechos constitucionales. La jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha reconocido que el concepto de salario no depende de la denominación que le dé el empleador, sino de su naturaleza y periodicidad, lo que confirma que la bonificación judicial debe ser considerada factor salarial.

I. Metodología de la decisión

Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará los siguientes temas: i) La bonificación judicial creada mediante el Decreto 0383 de 2013; ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación; iii) Naturaleza salari al de la bonificación judicial; iv) Naturaleza jurídica de los decretos que reglamentan las leyes marco; y v) La excepción de inconstitucionalidad.

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico.

1. Bonificación judicial creada mediante el Decreto 0383 de 2013

La Ley 4 de 1992 establece el marco normativo para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyendo los de la Rama Judicial, en cumplimiento del mandato con stitucional del artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política de 1991.

Por su parte, el Gobierno nacional, en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 0383 de 6 de marzo de

la Constitución Política de 1991.

Por su parte, el Gobierno nacional, en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 0383 de 6 de marzo de 2013, el cual creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar.

De acuerdo con el mencionado decreto, dicho emolumento se reconoce mensual y únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema GeneralNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander de Seguridad Social en Pensiones y Salud, y se le excluyó como factor para liquidar otros emolumentos.

Los artículos 1 y 2 son del siguiente tenor literal:

«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de coti zación al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de coti zación al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año en las siguientes tablas, así: […]

PARÁGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que presente.

Para el año 2019 y en adelante, el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

ARTÍCULO 2. Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar que no optaron por el régimen establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y que viene regidos por el Decreto 848 de 2012

Penal Militar que no optaron por el régimen establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y que viene regidos por el Decreto 848 de 2012 y las disposiciones que lo modifique o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes, un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el r égimen salarial y prestacional obligatorio señalado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.

[…]».

Uno de los objetivos centrales de la Ley 4 de 1992 fue abordar la falta de proporcionalidad en la estructura salarial del sector judicial, que se caracterizaba por marcadas disparidades entre los diferentes niveles jerárquicos. Específicamente, los artículos 14 y 15 de esta l ey buscaron implementar una nivelación salarial más equitativa y comprensiva.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Radicado No. 680013333007-2019-00134-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Así, en el artículo 14, parágrafo, se señaló:

«Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación

Así, en el artículo 14, parágrafo, se señaló:

«Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad».

Del análisis de estas normas se llega a las siguientes conclusiones relevantes:

1. Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación

Es imperativo garantizar un trato igualitario en la liquidación y pago de la bonificación judicial. Por tanto, se determina que:

a. Para los funcionarios y empleados no acogidos al régimen de los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y normas complementarias, el tope de la bonificación judicial será equivalente al 100% del salario mensual devengado por sus homólogos acogidos a dicho régimen.

b. La bonificación debe liquidarse y pagarse mensualmente para todos los servidores, independientemente de su régimen, asegurando así su carácter de factor salarial al ser una remuneración periódica y permanente.

1. Naturaleza salarial de la bonificación judicial

Se enfatiza que la bonificación judicial, al ser pagada de forma periódica y permanente, constituye factor salarial para todos los efectos legales. Esta interpretación se alinea con el propósito del Constituyente y del Legislador de «nivelar o reclasificar con sentido de equidad el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial».

1. Extralimitación del Gobierno nacional

El Gobierno nacional, al crear, mediante el Decreto 0383 de 2013, una bonificación sin carácter salarial (excepto para cotizaciones al Sistema General de Seguridad

funcionarios y empleados de la Rama Judicial».

1. Extralimitación del Gobierno nacional

El Gobierno nacional, al crear, mediante el Decreto 0383 de 2013, una bonificación sin carácter salarial (excepto para cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en Pensiones), se apartó del marco establecido por la Ley 4 de

1992. Esta ley no realizó discriminación alguna y dispuso la nivelación o reclasificación de la remuneración de funcionarios y empleados, lo cual implica necesariamente un incremento salarial en ambos casos.

2. Conclusión

En consecuencia, se determina que la bonificación judicial debe:Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segun