TA SAN - Sentencia 680013333007-2020-00037-02 (24-04-2025)

1

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Bucaramanga, veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide la apelación interpuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga contra la sentencia proferida el dos (02) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga, previa la siguiente reseña:

I. LA DEMANDA1

A. Pretensiones

1 Índice No. 010 SAMAI Juzgado de Origen que remite a expediente OneDrive. Archivo No. 02

Radicado:

680013333007-2020-00037-02

Demandante:

FRANKLIN MACHUCA RANGEL con cédula de ciudadanía No. 5.724.739

Correo electrónico: Lilianaquintero1103@hotmail.com

Demandado:

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

SECCIONAL BUCARAMANGA

Correo electrónico: dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

Ministerio

Público:

EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER, Procuradora

158 Judicial II para Asuntos Administrativos.

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co

Medio de control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE

CARÁCTER LABORAL

158 Judicial II para Asuntos Administrativos.

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co

Medio de control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE

CARÁCTER LABORAL

Tema:

Bonificación judicial Decreto 383 de 2013 / Se confirma la sentencia de primera instancia.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Franklin Machuca Rangel vs. DEAJ. Rad. No. 6800133330072020-00037-02 2

SIGCMA-SGC

El demandante pretende que se inapliquen todas y cada una de las normas que inconstitucionalmente han representado una restricción a sus derechos laborales sustrayendo el carácter salarial de la bonificación judicial; así mismo, solicita que se declare la nulidad de la Resolución No. DESAJBUR17-2985 del 18 de abril de 2017, que solicito el reconocimiento, reliquidación y pago de todas las prestaciones sociales, teniendo en cuenta la bonificación judicial como factor salarial. Como consecuencia de la declaración de nulidad del anterior acto administrativo, pretende que se ordene a la entidad demandada reconocer la bonificación judicial creada con el Decreto 383 de 2013 dentro de su nómina, como parte integral de su salario para todos los efectos jurídicos, en particular, para la liquidación de las prestaciones sociales a que tiene derecho como base de liquidación de salario en lo sucesivo, pagando las diferencias dejadas de percibir, reconociendo los respectivos intereses corrientes y/o moratorios.

B. Hechos Como fundamento de las pretensiones, afirma, en síntesis, que ha estado vinculado

lo sucesivo, pagando las diferencias dejadas de percibir, reconociendo los respectivos intereses corrientes y/o moratorios.

B. Hechos Como fundamento de las pretensiones, afirma, en síntesis, que ha estado vinculado a la Rama Judicial desde el 01 de agosto de 2009 y que al momento de la presentación de la demanda desempeñaba el cargo de secretario en propiedad en

el Juzgado Veintinueve Civil Municipal de Bucaramanga.

Que, durante su vinculación a la Rama Judicial, se le han pagado las prestaciones sociales de manera errada porque no se ha incluido la bonificación judicial que, conforme al Decreto 383 de 2013 ha percibido y que, inconstitucionalmente fue excluida de su carácter salarial.

Que, el 28 de marzo de 2017, presentó ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bucaramanga - en adelante DEAJuna petición con el fin de obtener la reliquidación de sus prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013 dentro de su nómina como parte integral del salario, solicitud que fue resuelta de manera negativa por la demandada mediante la Resolución DESAJBUR17 -2985 del 18 de abril de 2017, notificada el 24 de abril del mismo año.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Franklin Machuca Rangel vs. DEAJ. Rad. No. 6800133330072020-00037-02 3

SIGCMA-SGC

Pone de presente que el anterior acto administrativo fue recurrido el 28 de abril de 2017, pero la DEAJ guardó silencio, por lo que se configuró el silencio administrativo negativo.

3

SIGCMA-SGC

Pone de presente que el anterior acto administrativo fue recurrido el 28 de abril de 2017, pero la DEAJ guardó silencio, por lo que se configuró el silencio administrativo negativo.

C. Normas violadas y concepto de violación

Se invocan como vulnerados los arts. 2, 5, 6, 90 de la Constitución Política de Colombia, Ley 640 de 2001, el art. 127 del Código Sustantivo del Trabajo, las sentencias proferidas por el H. Consejo de Estado (i) el 19 de mayo de 2010 radicada al No. 2500023250000-2005-01134-01, (ii) el 02 de abril de 2009 radicada al No. 11001325000 -2007-00098-00, (iii) el 08 de abril de 2010 radicada al No. 050012331000-2003-01247-01, (iv) el 15 de julio de 2010 radicada al No. 250002325000-2004-08385-01 y, (v) la radicada al No. 250002325000-2005-0113401.

En desarrollo del concepto de violación, se exponen las siguientes razones: Dice que, en casos similares en los que se ha discutido el carácter salarial de un concepto devengado en demandas contra la Rama Judicial, se ha arribado a la conclusión de que a la bonificación judicial deben darse todos los efectos jurídicos de salario p orque se ha devengado en forma periódica y como contraprestación directa del servicio, concretamente a la prima especial del art. 14 de la Ley 4 de 1992.

Pone de presente que la DEAJ considera que el acto demandado del que se

directa del servicio, concretamente a la prima especial del art. 14 de la Ley 4 de 1992.

Pone de presente que la DEAJ considera que el acto demandado del que se depreca su anulación es válid o porque se ajusta a la reglamentación establecida para la bonificación judicial, pero esa parsimonia administrativa reviste el acto de falsa motivación porque el argumento de legalidad vulnera las disposiciones del art. 53 de la Constitución Política al o mitir el deber patronal de no desmejorar las condiciones laborales y prestacionales de sus empleados, interpretándolas y aplicándolas de manera regresiva y desfavorable.

Explica que el factor salarial que debe darse a las retribuciones periódicas del servicio personal prestado proviene del art. 42 del Decreto 1042 de 1978 y del art. 127 del Código Sustantivo del Trabajo, según los cuales todo aquello que perciba el trabajador de manera periódica en dinero o especie como contraprestaciónTribunal Administrativo de Santander. Magistrada ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Franklin Machuca Rangel vs. DEAJ. Rad. No. 6800133330072020-00037-02 4

SIGCMA-SGC

directa del servic io prestado debe ser considerado factor salarial, por lo que cualquier norma reglamentaria no puede ser regresiva ni atentar contra la garantía a la seguridad social.

Sobre el punto anterior, explica que el principio de progresividad representa aquella prohibición de expedir e interpretar normas que sean regresivas para los derechos laborales previamente reconocidos, cuya única excepción ha sido la aplicación del principio de favorabilidad, pero solamente cuando se acude a una norma anterior

prohibición de expedir e interpretar normas que sean regresivas para los derechos laborales previamente reconocidos, cuya única excepción ha sido la aplicación del principio de favorabilidad, pero solamente cuando se acude a una norma anterior con la justificación de ser más favorable que la posterior a aplicarse, situación que no corresponde a este caso.

Alega que, desde el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el principio de progresividad impone a las autoridades no menoscabar derechos laborales tornándolos como regresivos.

Finalmente, concluye que deben despacharse favorablemente las pretensiones de la demanda y, en tal sentido, pagar todas y cada una de las diferencias salariales y prestacionales adeudadas, imponiéndose inaplicar por inconstitucional cualquier norma que contraríe los postulados expuestos que le han generado graves perjuicios.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga -Índice No. 017 SAMAI Juzgado de Origen -, por intermedio de apoderada judicial, se opone a la prosperidad de las pretensiones. Sobre los hechos de la demanda refiere que, tiene co mo ciertos los períodos de vinculación, tal como lo muestra la Certificación de Tiempo de Servicios expedida por el Coordinador de Área de Talento Humano que adjunta como prueba Pone de presente que no puede reconocerse la bonificación judicial del Decreto 383 de 2013 como factor salarial, porque la norma específicamente establece que será factor prestacional únicamente para cotización de salud y pensión. Sostiene que la entidad demandada que debió ser vinculada al presente proceso no

de 2013 como factor salarial, porque la norma específicamente establece que será factor prestacional únicamente para cotización de salud y pensión. Sostiene que la entidad demandada que debió ser vinculada al presente proceso no es la Rama Judicial, sino el Gobierno Nacional por sus competenciasTribunal Administrativo de Santander. Magistrada ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Franklin Machuca Rangel vs. DEAJ. Rad. No. 6800133330072020-00037-02 5

SIGCMA-SGC

constitucionales y legales, comoquiera que se encuentran en debate normas de carácter salarial expedidas por el ejecutivo. Dice que no tiene facultades ni participa en el proceso de proferir los decretos salariales, en aras de mantener vigente el principio de separación de poderes; además, los jueces tampoco cuentan con la facultad de violentar ese principio fundamental del Estado. Recaba en que, es ajena a la expedición de las normas salariales respecto de las que se demanda su «inaplicabilidad” y/o su inconstitucionalidad», dado que sus actuaciones son meros actos de ejecución y que deben permanecer incólumes en el ordenamiento jur ídico, motivo por el cual no pueden ser objeto de control jurisdiccional en razón a su naturaleza, puesto que se limitan a dar cumplimiento a una decisión administrativa.

Anota que la demanda adolece de ineptitud por cuanto no fue vinculado el poder ejecutivo ni a su representante y, en materia de competencia, de conformidad con los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, le corresponde al Congreso de la República fijar el régimen salarial y prestacional de

ejecutivo ni a su representante y, en materia de competencia, de conformidad con los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, le corresponde al Congreso de la República fijar el régimen salarial y prestacional de los emplea dos públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública y regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.

Argumenta que, en virtud de lo establecido en la Ley 4 de 1992, la potestad para fijar los esti pendios salariales y prestacionales de los servidores públicos radica única y exclusivamente en el Gobierno Nacional, es decir que es éste, basado en la Constitución y la Ley, quien determina dichas asignaciones, sin que la Rama Judicial tome parte funcional en este proceso y sobre cuya expedición no tiene injerencia.

Pone de presente que cumple una función netamente ejecutora, vale decir, de acatamiento y de aplicación frente a los servidores judiciales destinatarios de los pagos de salarios y prestaciones sociales, en los términos y valores establecidos en los Decretos 0383 y 0384 de 2013 y de manera anual en cada tabla de salarios por el ejecutivo.

Precisa que, a este asunto, no resulta aplicable el Código Sustantivo del Trabajo, ni las regulaciones que en materia de relaciones de trabajo existan entre laTribunal Administrativo de Santander. Magistrada ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Franklin Machuca Rangel vs. DEAJ. Rad. No. 6800133330072020-00037-02 6

SIGCMA-SGC

Administración Pública y los empleados y funcionarios vinculados a la Rama

de segunda instancia. Demandante. Franklin Machuca Rangel vs. DEAJ. Rad. No. 6800133330072020-00037-02 6

SIGCMA-SGC

Administración Pública y los empleados y funcionarios vinculados a la Rama Judicial, motivo por el cual no existen emolumen tos que se adeuden a la parte demandante como consecuencia de su liquidación salarial y prestacional.

Sostiene que el demandante incurrió en un error al no integrar a la parte pasiva del presente proceso al Gobierno Nacional, el cual se encuentra conforma do por el Presidente de la República, los Ministros del Despacho y los Directores de Departamentos Administrativos, de conformidad con el inciso 2 del artículo 115 de la Constitución Política, mandato constitucional que no puede desconocerse con la pretensión de «inaplicar» normas vigentes, toda vez que lo pretendido con la demanda es la modificación de la escala de salarios prevista en el presupuesto general de la nación, cuyo control y custodia está también a cargo del Gobierno Nacional. Afirma que los de cretos por medio de los cuales el Gobierno Nacional reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial no cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consecuencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilidad de la norma salarial no puede ser asumida por la Rama Judicial, toda vez que es el Gobierno Nacional quien, a través de las autoridades competentes, debe pronunciarse respecto de la legalidad de sus actuaciones. Se pronuncia sobre la prescripción de los derechos prestacionales, argumentando que el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 dispone que «las prestaciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años

legalidad de sus actuaciones. Se pronuncia sobre la prescripción de los derechos prestacionales, argumentando que el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 dispone que «las prestaciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obliga ción se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual». En consecuencia, considera que ha operado la prescripción trienal de los derechos laborales pretendidos por el demandante, toda vez que radicó la petición ante la Seccional Bucaramanga el 28 de marzo de 2017, mediante la cual reclamó el reconocimiento de la bonificación de los decretos 383 y 384 de 2013, razón por la cual las sumas reclamadas con anterioridad al 28 de marzo de 2014 se encuentran prescritas.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Franklin Machuca Rangel vs. DEAJ. Rad. No. 6800133330072020-00037-02 7

SIGCMA-SGC

Finalmente, alega que los Decretos 383 y 384 de 2013 y siguientes no han sido decretados nulos, razón por la cual es posible concluir que su contenido es válido y mantiene su presunción de legalidad, motivo por el cual no es posible efectuar el reconocimiento y pago pretendido, máxime cuando el demandante no demandó la legalidad de los mencionados decretos en el momento oportuno. Enfatiza que, el demandante debió pretender la nulidad de los decretos salariales dentro del término

reconocimiento y pago pretendido, máxime cuando el demandante no demandó la legalidad de los mencionados decretos en el momento oportuno. Enfatiza que, el demandante debió pretender la nulidad de los decretos salariales dentro del término contemplado en el artículo 138 del CPACA, de confo rmidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 137 ibidem, puesto que lo que resulta evidente de la lectura de las pretensiones formuladas es el restablecimiento automático de un derecho; no obstante, las normas que regulan esa remuneración no fueron demandadas, motivo por el cual no se encuentra justificable que la parte accionante pueda ser excusada de esa omisión.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA2

Resuelve: «PRIMERO: DECLÁRESE la prescripción de derechos laborales para las sumas causadas con anterioridad al 28 de marzo de 2014, por las razones expuestas.

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 383 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024 por las razones expuestas.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos:

2023 y 0299 de 2024 por las razones expuestas.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos: - Resolución DESAJ BUR 17 -2985 del 18 de abril de 2017 proferida por la

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

2 Índice No. 041 SAMAIJuzgado de Origen.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Franklin Machuca Rangel vs. DEAJ. Rad. No. 6800133330072020-00037-02 8

SIGCMA-SGC

-Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la interposición del recurso de apelación el 28 de abril de 2019.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de FRANKLIN MACHUCA RANGEL todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y c ausados desde el 28 de marzo de 2014, incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decretos 383 de 2013, hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.

La suma que resulte a favor de los demandantes debe aju starse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.

La actualización ordenada se hará aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: DENEGAR las excepciones relacion adas con el cobro de lo no debido, legalidad del fundamento normativo, caducidad y excepción de constitucionalidad, por las razones expuestas.

SEXTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO».

Para tomar la decisión que atrás se reseña, sostiene la Juez de primera instancia que, la bonificación judicial le ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual a la p. demandante, sin que esta haya sido considerada factor salarial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales dev engadas y reconocidas, situación que es aceptada por la entidad demandada al señalar en la respectiva contestación que el hecho de no computar los valores en la forma en queTribunal Administrativo de Santander. Magistrada ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Franklin Machuca Rangel vs. DEAJ. Rad. No. 6800133330072020-00037-02 9

SIGCMA-SGC

lo depreca la parte actora, obedece al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el decreto cuando indica que este emolumento solo constituye factor salarial para la

2020-00037-02 9

SIGCMA-SGC

lo depreca la parte actora, obedece al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el decreto cuando indica que este emolumento solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Explica que resulta claro que, al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite consi derarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia norma estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y, por lo tanto, habitual y periódico, de manera que cumple las características de ser una remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.

Recaba en que la bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Rama Judic ial, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidación de las demás prestaciones, constituye una disminución final del monto reconocido, por lo tanto se constituye en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992.

Itera que el límite advertido en la incidencia de la liquidación de las prestaciones percibidas por los servidores de la Rama Judicial, a pesar de tratarse la bonificación otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus

Itera que el límite advertido en la incidencia de la liquidación de las prestaciones percibidas por los servidores de la Rama Judicial, a pesar de tratarse la bonificación otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de su calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o causa de la labor encomendada, lo que constituye en sí mismo salario y tiene incidencia para reliquidar las demás prestaciones sociales.

Concluye afirmando que la bonificación judicial reviste un carácter salarial y tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual, motivo por el cual ostenta el carácter permanente de la remuneración y genera, por tanto, la obligación de reliquidar las prestaciones sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salarioTribunal Administrativo de Santander. Magistrada ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Franklin Machuca Rangel vs. DEAJ. Rad. No. 6800133330072020-00037-02 10

SIGCMA-SGC

devengado. De allí que, en atención al precedente expuesto, se determine que la misma es factor salarial y, en este sentido, la expresión «no constituye factor salarial» deberá ser inaplicada por desconocer el concepto de salario en los términos señalados.

V. EL RECURSO DE APELACIÓN3

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga, por intermedio de apoderada judicial, solicita que se revoque la sentencia de primera

términos señalados.

V. EL RECURSO DE APELACIÓN3

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga, por intermedio de apoderada judicial, solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su solicitud expone que:

No cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el gobierno nacional, específicamente en la expedición del Decreto 083 de 2013 con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

La primera instancia desconoció lo anterior porque le impuso una carga excesiva que no está en deber soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad, comoquiera que es con base en esta que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.

Insiste que, el art. 103 del Decreto 270 de 1996 le asigna competencias del pago de servidores judiciales como ordenar de gasto, pero no altera o modifica el régimen legal y reglamentario de los empleados públicos ni su asignación salarial, por tanto, de acceder a lo pretendido por la parte demandante, desconocería el art. 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, ello porque, para el pago de emolumentos que no se encuentran contemplados en los cálculos efectuados debe acudir por mandato de Ley al ejecutivo, es decir, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que proceda a la asignación de recursos adicionales a la entidad que no están amparados en las finanzas públicas, lo cual, implica la alteración del Presupuesto

mandato de Ley al ejecutivo, es decir, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que proceda a la asignación de recursos adicionales a la entidad que no están amparados en las finanzas públicas, lo cual, implica la alteración del Presupuesto General de la Nación. En tal virtud, insiste, debe ser vinculado el Gobierno Nacional, por ser la autoridad competente de fijar la remuneración salarial y prestacional.

3 Índice No. 044 SAMAI Juzgado de Origen.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Franklin Machuca Rangel vs. DEAJ. Rad. No. 6800133330072020-00037-02 11

SIGCMA-SGC

Reiteró que hay lugar a declarar la caducidad por cuanto los Decretos 383 y 384 de 2013 no han sido declarados nulos y no han sido atacados por la parte actora, destacando que la bonificación judicial ha sido liquidada y pagada conforme a tal normatividad, siendo estos decretos salariales, cuya nulidad debió pretenderse dentro del término establecido en el Art. 138 del CPACA. Finalmente, solicita mantener la decisión de no condenar en costas porque ha planteado argumentos de defensa plausibles, y no existe temeridad en el ejercicio de la defensa de la Nación.

VI. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA El proceso es allegado al Despacho Ponente de esta providencia el 25.02.2025actuación No. 01 -. El 04.03.2025 se admite el recurso de apelación -actuación No. 005-. El 31.03.2025 -actuación No. 010reingresa el expediente al Despacho Ponente

actuación No. 01 -. El 04.03.2025 se admite el recurso de apelación -actuación No. 005-. El 31.03.2025 -actuación No. 010reingresa el expediente al Despacho Ponente para fallo, cuyo proyecto se registra el 10.04.2025 para ser aprobado por la Sala de Decisión del 24.04.2025. De trámite se destaca que, ni las p artes ni el Ministerio Público actuaron en esta instancia.

VII. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia para conocer en segunda instancia Se trata de providencia susceptible de apelación, correspondiendo a este Tribunal en Sala, desatarla. Arts. 153 y 243 Ley 1437/2011.

B. Cuestión procesal previa de la suscrita ponente en este asunto.

Se hace necesario traer a colación que en las pretensiones del escrito de demanda el señor Franklin Machuca Rangel únicamente busca la declaración de la nulidad del acto administrativo a través del cual le fue negada la bonificación judicial dispuesta en el Decreto 383 de 2013 como factor salarial y prestacional.

A la fecha se encuentra en trámite un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que como demandante pretendo el reconocimiento de la prima especial del 30% como factor salarial, el cual es conocido por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga, encontrándose en etapa de resolución de excepciones previas propuestas por esta entidad en la contestaciónTribunal Administrativo de Santander. Magistrada ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Franklin Machuca Rangel vs. DEAJ. Rad. No. 6800133330072020-00037-02 12

de segunda instancia. Demandante. Franklin Machuca Rangel vs. DEAJ. Rad. No. 6800133330072020-00037-02 12

SIGCMA-SGC

de la demanda. Al respecto es pertinente advertir, como lo ha sostenido el Consejo de Estado, que la prima especial del 30% que devengué como Juez de la República es íntegramente diferente al régimen salarial de los empleados judiciales, por lo que nada tiene que ver este beneficio salarial con la bonificación judicial dispuesta en el Decreto 382 de 2013, tema que se debate en el presente proceso judicial.

Por otra parte, si bien presenté demanda de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, dicho proceso tiene como radicado al No. 680013333014 -2016-00019-00 y ya culminó con sentencia de segunda instancia el 12.04.2024, encontrándose debidamente ejecutoriado. Ello significa que, si bien pudo existir un interés, este ya no es actual, toda vez que dicho proceso ya terminó. Tal como también lo ha precisado el Consejo de Estado al declarar infundados los impedimentos, en los casos en los que los procesos ya han culminado, razón por la que los devuelve para que sean conocidos por quien realizó la manifestación de impedimento. Veamos:

En reiterada jurisprudencia, el H. Consejo de Estado al decidir en casos con hechos similares, ha declarado infundados los impedimentos. Así puede verse en auto del 12 de septiembre de 2024, radicación:200013333002-2022-00570-01 (2358-2024), Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec ción Segunda,

12 de septiembre de 2024, radicación:200013333002-2022-00570-01 (2358-2024), Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec ción Segunda, Subsección A, consejero ponente Rafael Fran