TA SAN - Sentencia 680013333007-2020-00088-02 (30-04-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, Treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

RADICADO: 680013333007-2020-00088-02

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026800123

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: CARMEN LETICIA PEREIRA RUEDA

wilson.rojas10@hotmail.com fabian655@hotmail.com wilson.rojas10@hotmail.com

DEMANDADO: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA

NACIÓN.

Jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO JHON CARLOS GARCÍA PEREA

jcgarcia@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia . La bonificación judicial debe ser reconocida como factor salarial para todos los efectos legales. Sin condena en costas en segunda instancia.

TEMA: Bonificación judicial

SENTENCIA No. 046

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia de fecha veinte (20) de septiembre de dos mil

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia de fecha veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga.

La Sala es competente para resolver el recurso de conform idad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carmen Leticia Pereira Rueda

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333007-2020-00088-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante1

Solicita declarar la nulidad del acto ficto o presunto por la no contestación del recurso de apelación presentado el 18 de julio de 2017, mediante el cual se negó el reconocimiento, reliquidación y pago de los valores por concepto de prestaciones sociales de la demandante, teniendo en cuenta la bonificación judicial como factor salarial.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERA: Que mediante el trámite del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento aer uerecno, conforme a lo anterior se proceda a inaplicar el articulo 1 del Decreto 0382 del 2013, modificado por el decreto 022 de 2014 párrafos finales que establecen "constituirá únicamente factor salarial

Restablecimiento aer uerecno, conforme a lo anterior se proceda a inaplicar el articulo 1 del Decreto 0382 del 2013, modificado por el decreto 022 de 2014 párrafos finales que establecen "constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud -, por ser vis iblemente ILEGAL e

INCONSTITUCIONAL.

SEGUNDA: Solicito se extienda el valor de la Bonificación judicial establecida en el Decreto 0382 del 2013, modificado por el decreto 022 de 2014, para que sea incluida corno factor prestacional para la liquidación de la prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías, primas de productividad, bonificación por servicios prestados. Y derechos laborales que por disposición legal o Constitucional, tiene derecho el convocante, teniendo en cuenta que es pagada de manera periódica y se recibe de forma habitual.

TERCERA Se declare la EXISTENCIA del acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo causado por la no respuesta a la petición de fecha 18 de julio de 2019, en la cual se solicitaba la liquidación de todas las prestaciones sociales incluyendo como factor salarial la Bonificación Judicial.

CUARTA: Se mediante el trámite del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho se declare la NUL IDAD del acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo causado por la no respuesta a la petición de fecha 18 de julio de 2019. QUINTA: Como consecuencia de lo anterior solicito se proceda a ordenar a la Nación — Fiscalía General de la Nación a re liquidar las prestaciones sociales, tales

respuesta a la petición de fecha 18 de julio de 2019. QUINTA: Como consecuencia de lo anterior solicito se proceda a ordenar a la Nación — Fiscalía General de la Nación a re liquidar las prestaciones sociales, tales como primas de servicio, prima de navidad, prima de vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías, prima de productividad, bonificación por servicios, y demás derechos laborales o Constitucionales, desde el 01 de enero del año 2013, hasta cuando se haga efectivo el pago, con la inclusión de la BONIFICACION JUDICIAL en la prestaciones sociales, de los convocantes.

SEXTA: Así mismo, condenar a las entidades demandadas a que sobre las sumas adeudadas a mi representado, y se proceda a pagar los ajustes del valor de dichas sumas conforme al indice de precios al consumidor.

1 Expediente digital de OneDrive, CARMEN LETICIA PEREIRA RUEDA-JUEZ BMANGA.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carmen Leticia Pereira Rueda

Demandado: Fiscalía General de la Nación

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander SÉPTIMA: Condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar los intereses moratorios, conforme al fallo 188 de 1999 proferido por la Corte Constitucional, si a ello hubiere lugar.

OCTAVA: Ordenar a las entidades demandadas que den cumplimiento a lo dispuesto en el fallo dentro del término consignado en el artículo 192 del

Constitucional, si a ello hubiere lugar.

OCTAVA: Ordenar a las entidades demandadas que den cumplimiento a lo dispuesto en el fallo dentro del término consignado en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(…)».

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

La demandante es servidora de la Fiscalía General de la Nación en el cargo de Asistente de Fiscal II y devenga mensualmente la bonificación judicial creada mediante el Decreto 0382 de 2013.

El 18 de julio de 201 9, radicó petición ante la entidad demandada solicitando la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales con base en la bonificación judicial como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el 1 de enero de 2013 y las que a futuro se generen.

La parte demandada guardó silencio.

Como fundamento de derecho invocó los artículos 2, 13, 25, 53 de la Constitución Nacional, la Ley 4 de 1992, el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, el Decreto 0382 de 2013 y demás normas concordantes.

B. Posición de la parte demandada

La Nación – Fiscalía General de la Nación 2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones en los siguientes términos:

Sostuvo que las pretensiones carecen de sustento fáctico y jurídico, ya que los actos demandados se limitaron a cumplir el deber legal impuesto por el Decreto 0382 de 2013, el cual es plenamente válido y ajustado a la Constitución y la ley.

demandados se limitaron a cumplir el deber legal impuesto por el Decreto 0382 de 2013, el cual es plenamente válido y ajustado a la Constitución y la ley.

2 Expediente digital de OneDrive, 007MemorialWebContestacionDemanda.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Demandado: Fiscalía General de la Nación

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander La entidad indicó que liquidó y pagó los salarios y prestaciones de sus funcionarios conforme a los decretos expedidos por el Gobierno nacional, los cuales prohíben modificar el régimen salarial o prestacional, en estricto cumplimiento de la Ley 4 de 1992.

Manifestó que otorgar un alcance superior a dichas disposiciones implicaría destinar recursos adicionales para cubrir necesidades no previstas, excediendo el presupuesto asignado y vulnerando el principio de sostenibilidad fiscal.

Precisó que la aplicación del Decreto 0382 de 2013 requiere: i) que los funcionarios se rijan por el régimen del Decreto 53 de 1993, vigente bajo el Decreto 815 de 2012, lo que excluye la bonificación judicial para q uienes siguen bajo la escala salarial anterior; y ii) que el funcionario permanezca en servicio.

C. Sentencia de primera instancia3

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga, mediante sentencia de fecha veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) , resolvió:

C. Sentencia de primera instancia3

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga, mediante sentencia de fecha veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) , resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR la prescripción de derechos laborales para las sumas causadas con anterioridad al 18 de julio de 2016, por las razones expuestas.

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 382 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024, por las razones expuestas.

TERCERO: Declarar la n ulidad del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la interposición del derecho de petición presentado el 18 de julio de 2019.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACION – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reliquidar y pagar a favor deCARMEN LETICIA PEREIRA RUEDA, todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 18 de julio de 2016 incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación

deCARMEN LETICIA PEREIRA RUEDA, todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 18 de julio de 2016 incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación

3Expediente digital de OneDrive, 25SentenciaPrimeraInstancia.pdf y SAMAI: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800133/6800133330072018001 3600/D742FB73CA0C8878CCCDA9158C937B67998E6D62CEB4414C854DCE35563BB1FC/2Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander judicial creada mediante Decreto 382 de 2013 hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Segurida d Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.

La suma que resulte a favor de la demandante debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.

La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: Negar las excepciones propuestas por el ente demandado

sentencia.

La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: Negar las excepciones propuestas por el ente demandado relacionadas con la constitucionalidad de la restricción del c arácter salarial, aplicación del mandato normativo, legalidad, cumplimiento de un deber legal, cobro de lo no debido y buena fé, por las razones expuestas.

SEXTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO.».

Indicó que el Decreto 0382 de 2013 vulneró los principios constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en la legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios consagrados en la Ley 4 de 1992, en la medida en que descono ció los efectos salariales de la bonificación judicial.

Consideró que la bonificación judicial fue otorgada de manera continua y mensual, lo que la convierte en una remuneración fija y directa, cumpliendo características de un salario, por lo que debe ser incluida en el cálculo de las demás prestaciones sociales.

Precisó que inaplicará la expresión normativa «(…)y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud» contenida en el artículo 1° del Decreto No. 0382 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014

de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024 , que limita el reconocimiento de la bonificación judicial solo para efectos de cotización al sistema de salud y pensiones, en el entendido que sus disposiciones contravienen la Constitución y la ley, al no reconocer la bonificación como factor salarial para calcular todas las prestaciones sociales y salariales.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Respecto de la prescripción trienal, señaló que la demandante presentó la reclamación administrativa el 18 de julio de 2019; por tanto, las sumas causadas con anterioridad al 18 de julio de 2016 se encuentran prescritas.

D. Recurso de apelación

La Nación – Fiscalía General de la Nación4 solicitó revocar la decisión de primera instancia con sustento en los siguientes argumentos:

1. La inaplicación de una norma por inconstitucionalidad debe ser un mecanismo excepcional y debidamente motivado, ya que las autoridades judiciales tienen el deber de justificar sus decisiones con base en normas y principios constitucionales. Se confrontaron las disposiciones del decreto ún icamente con criterios jurisprudenciales, sin establecer una contradicción directa con la Constitución.

judiciales tienen el deber de justificar sus decisiones con base en normas y principios constitucionales. Se confrontaron las disposiciones del decreto ún icamente con criterios jurisprudenciales, sin establecer una contradicción directa con la Constitución.

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno nacional, específicamente en la expedición del Decreto 0382 de 2013 con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

1. El decreto que se pretende inaplicar se encuentra amparado por el principio de legalidad, al no haber sido derogado, ni declarado inconstitucional.

1. No existe aparte normativo alguno a nivel nacional en el que se indique que todo lo que devengue un trabajador tenga que hacer parte de la base de liquidación de todos los factores salariales y prestacionales que el mismo reciba.

1. La bonificación judicial surgió de un acuerdo negociado entre el Gobierno nacional y los representantes sindicales de los funcionarios judiciales, dentro de un marco de recursos previamente delimitado. En dicho

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander acuerdo, se estableció que la bonificación tendría carácter salarial

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander acuerdo, se estableció que la bonificación tendría carácter salarial únicamente para efectos de cotización a los sistemas gener ales de pensiones y salud, sin afectar otros factores salariales. Por lo tanto, ampliar su alcance contravendría los términos negociados.

1. La decisión vulneró el mandato de sostenibilidad fiscal, toda vez que, la sentencia objeto de controversia ordena ot orgarle a dicha bonificación plena naturaleza salarial, lo que impactaría directamente la liquidación de prestaciones sociales y otros pagos laborales, generando un gasto adicional no contemplado en el presupuesto del Estado.

E. Pronunciamiento en segunda instancia

Sin pronunciamiento de las partes.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

F. Problema jurídico

Para decidir si se debe confirmar o revocar la sentencia de primera instancia, se resolverán los siguientes interrogantes que surgen de los argumentos de impugnación de la parte demandada:

1. ¿ La Fiscalía General de la Nación, no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional establecido por el Gobierno nacional en el Decreto 0382 de 2013?: ii) ¿La inaplicación por inconstitucionalidad del decreto mencionado no resulta procedente en este caso particular, dado que no se estableció una contradicción directa con la Constitución, la norma sigue vigente y no ha sido declarado inconstitucional por la Corte Constitucional?; iii) ¿La ampliación del carácter salarial de la bonificación judicial contraviene los términos del acu erdo

contradicción directa con la Constitución, la norma sigue vigente y no ha sido declarado inconstitucional por la Corte Constitucional?; iii) ¿La ampliación del carácter salarial de la bonificación judicial contraviene los términos del acu erdo negociado entre el Gobierno nacional y los representantes sindicales?; y iv) ¿Otorgar plena naturaleza salarial a la bonificación judicial impactaría negativamente la sostenibilidad fiscal?

G. Tesis de la SalaNulidad y Restablecimiento del derecho

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Demandante: Carmen Leticia Pereira Rueda

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander i) No, si bien la Fiscalía General de la Nación no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno nacional, sí tiene la facultad de interpretar y aplicar las normas en materia salarial dentro de los límites establecidos.

1. La inaplicación del artículo 1 del Decreto 0382 de 2013 no implica una modificación del régimen salarial, sino la correcta aplicación del principio « in dubio pro operario» en favor de los servidores judiciales, garantizando sus derechos constitucionales. La jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha reconocido que el concepto de salario no depende de la denominación que le dé el empleador, sino de su naturaleza y periodicidad, lo que confirma que la bonificación judicial debe ser considerada factor salarial. Igualmente, la jurisprudencia ha establecido que la bonificación judicial cumple con los requisitos

el empleador, sino de su naturaleza y periodicidad, lo que confirma que la bonificación judicial debe ser considerada factor salarial. Igualmente, la jurisprudencia ha establecido que la bonificación judicial cumple con los requisitos de salario al ser un pago habitual en retribución al trabajo, por lo que su exclusión como factor salarial desconoce el ma ndato de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992.

1. La ampliación del carácter salarial de la bonificación no vulnera el acuerdo sindical, pues los derechos laborales son irrenunciables.

1. La sostenibilidad fiscal no justifica la limitación de la contraprestación de los servidores públicos, conforme al artículo 334 de la Constitución.

H. Metodología de la decisión

Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará los siguientes temas: i) La bonificación judicial creada mediante el Decreto 038 2 de 2013; ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación; iii) Naturaleza salarial de la bonificación judicial; iv) Naturaleza jurídica de los decretos que reglamentan las leyes marco; y v) La excepción de inconstitucionalidad.

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico. Además, se llevará a cabo el estudio oficioso de la prescripción.

1. Bonificación judicial creada mediante el Decreto 0382 de 2013Nulidad y Restablecimiento del derecho

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander La Ley 4 de 1992 establece el marco normativo para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyendo los de la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política de 1991.

Por su parte, el Gobierno nacional , en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 0382 de 6 de marzo de 2013, el cual creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el mencionado decreto, dicho emolumento se reconoce mensual y únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud, y se le excluyó como factor para liquidar otros efectos legales.

Los artículos 1 y 2 son del siguiente tenor literal:

«ARTÍCULO 1. Créase (sic) para los servidores de la Fiscalía General de la Nación a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el decreto 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de

disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año, al valor que se fija en la siguiente tabla:

[…]

PARÁGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia, no le aplica el incremento que fije el Gobierno nacional para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes.

A partir del año 2014 y hasta el año 2018, los valores señalados en las tablas del presente artículo contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ci ento (2%) respecto del valor de la bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que se presente.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carmen Leticia Pereira Rueda

Demandado: Fiscalía General de la Nación

años, el Gobierno nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que se presente.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carmen Leticia Pereira Rueda

Demandado: Fiscalía General de la Nación

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE.

ARTÍCULO 2. Los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación que no optaron por el régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y que continúan con el régimen del Decreto 839 de 2012 y las disposiciones que lo modifican o sustituyan, de percibir en el a ño 2013 y siguientes un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en el decreto 53 de 1993, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.

[…]».

Uno de los objetivos centrales de la Ley 4 de 1992 fue abordar la falta de proporcionalidad en la estructura salarial del sector judicial, que se caracterizaba

permanezcan vinculados al servicio.

[…]».

Uno de los objetivos centrales de la Ley 4 de 1992 fue abordar la falta de proporcionalidad en la estructura salarial del sector judicial, que se caracterizaba por marcadas disparidades entre los diferentes niveles jerárquicos. Específicamente, los artículos 14 y 15 de esta ley buscaron implementar una nivelación salarial más equitativa y comprensiva.

Así, en el artículo 14, parágrafo, se señaló:

"Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad." Del análisis de estas normas se llega a las siguientes conclusiones relevantes: ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación

Es imperativo garantizar un trato igualitario en la liquidación y pago de la bonificación judicial. Por tanto, se determina que:

1. Para los funcionarios y empleados no acogidos al régimen del Decreto 53 de 1993, Decreto 839 de 2012 y normas complementarias, el tope de la bonificación judicial será equivalente al 100% del salario mensual devengado por sus homólogos acogidos a dicho régimen. ii. La bonificación debe liquidarse y pagarse mensualmente para todos los servidores, independientemente de su régimen, asegurando así su carácter de factor salarial al ser una remuneración periódica y permanente.

1. Naturaleza salarial de la bonificación judicialNulidad y Restablecimiento del derecho

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Demandante: Carmen Leticia Pereira Rueda

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333007-2020-00088-02

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Radicado No. 680013333007-2020-00088-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Se enfatiza que la bonificación judicial, al ser pagada de forma periódica y permanente, constituye factor salarial para todos los efectos legales. Esta interpretación se alinea con el propósito del Constituyente y del Legislad or de "nivelar o reclasificar con sentido de equidad el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial". 1) Extralimitación del Gobierno nacional

El Gobierno nacional, al crear mediante el Decreto 0382 de 2013 una bonificación sin carácter salarial (excepto para cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en Pensiones), se apartó del marco establecido por la Ley 4 de

1992. Esta ley no realizó discrim inación alguna y dispuso la nivelación o reclasificación de la remuneración de funcionarios y empleados, lo cual implica necesariamente un incremento salarial en ambos casos.

1. Conclusión

En consecuencia, se determina que la bonificación judicial debe:

1. Aplicarse a todos los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación, sin distinción de régimen.

2. Liquidarse y pagarse mensualmente.

3. Considerarse factor salarial para todos los efectos legales, incluyendo la liquidación de prestaciones sociales.

4. Tener como tope, para los no acogidos al régimen del decreto mencionado,

2. Liquidarse y pagarse mensualmente.

3. Considerarse factor salarial para todos los efectos legales, incluyendo la liquidación de prestaciones sociales.

4. Tener como tope, para los no acogidos al régimen del decreto mencionado, el 100%