TA SAN - Sentencia 680013333007-2020-00163-01 (13-03-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE Dr. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

Bucaramanga, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE LUZ AIDÉ POVEDA CABALLERO

aidecaba63@gmail.com abogadofredymayorga@gmail.com

DEMANDADO ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

- COLPENSIONES

notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co paniaguacohenabogadossas@gmail.com

RADICADO Y LINK DEL EXPEDIENTE 680013333007-2020-00163-01

ASUNTO RELIQUIDACIÓN DE PENSION JUBILACIÓN

MINISTERIO PUBLICO xmora@procuraduria.gov.co

Se decide el recurso de APELACIÓN interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Bucaramanga el 24 de octubre de 2024.

I. ANTECEDENTES

1. PRETENSIONES.

La parte demandante solicita se declare la nulidad parcial de la Resolución No. SUB154761 del 15 de junio de 2019 , sólo respecto al monto pensional allí ordenado y no así en cuanto a l derecho reconocido. Asimismo, la nulidad total de las resoluciones Nos. DPE 7303 del 05 agosto 2019; SUB-18570 del 22 de enero de 2020; SUB-106398 del 13 de mayo de 2020 y DPE 9008 del 25 de junio de 2020 expedidas por COLPENSIONES, por cuanto omitieron la inclusión de emolumentos

2020; SUB-106398 del 13 de mayo de 2020 y DPE 9008 del 25 de junio de 2020 expedidas por COLPENSIONES, por cuanto omitieron la inclusión de emolumentos percibidos periódicamente, factores económicos y prestacionales devengados por la demandante en su condición de empleada del INSTITUTO NACIONAL

PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC).

A título de restablecimiento del derecho, solicit a se condene a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES a reconocer y reajustar la pensión de jubilación del aquí demandante con la Inclusión de los emolumentos salariales de que trata la Ley 6 de 1945, ley 4 de 1966, el Art. 45 del Decreto 1 045 de 1.978, Decreto 1302 de 1.978 , tales como: sueldo básico, sobresueldo, bonificación por servicios prestados, auxilio de alimentación, auxilio transporte, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, prima de riesgo y bonificación de rec reación; así como los demás haberes ya reconocidos, actualizados según el último año de servicios, tal como lo consagran entre otras disposiciones la Ley 6 de 1945 y la Ley 4 de 1966.

Adicionalmente, solicita se condene a COLPENSIONES a pagar los emolumentos, factores salariales y demás prestaciones que se omitieron en la liquidación del reconocimiento pensional, los cuales hicieron parte accesoria del salario devengado en promedio durante el último año de labores, es decir, desde 01 de enero de 2019Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 680013333007-2020-00163-01 Sentencia de segunda instancia.

en promedio durante el último año de labores, es decir, desde 01 de enero de 2019Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 680013333007-2020-00163-01 Sentencia de segunda instancia.

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a 31 de diciembre de 2019, con sus aumentos o reajustes anuales que haya dispuesto el Gobierno Nacional a dicha entidad demandada, como remuneración para el cargo de Inspector Código 4137 grado 13, del INPEC en la R eclusión de Mujeres de Bucaramanga, y no como se liquidó con el promedio del salario básico y el sobresueldo de los últimos diez (10) años de labores, basados en la ley 100 de 1993.

Finalmente, solicita se ordene a la entidad demandada reconocer y pagar l os reajustes de ley, así como el pago en costas, gastos y agencias en derecho.

2. HECHOS.

La demandante ingresó a laborar en el INPEC en el cargo de Dragoneante grado No. 11. No obstante, finalizó sus funciones como inspector grado 13 en el Instituto Penitenciario y Carcelario – INPEC -, desde el 21 de septiembre de 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2019.

Mediante Resolución SUB-154761 del 15 de junio de 2019, la entidad reconoció la pensión de jubilación con base en el 75% de lo devengado en los últimos 10 años, ello sin tener en cuenta la inclusión de emolumentos adicionales percibidos con ocasión de la actividad laboral (sueldo básico, sobresueldo, bonificación por servicios pres tados, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, prima de

ello sin tener en cuenta la inclusión de emolumentos adicionales percibidos con ocasión de la actividad laboral (sueldo básico, sobresueldo, bonificación por servicios pres tados, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, prima de riesgo y bonificación de recreación).

Aduce que contra el anterior pronunciamiento se interpusieron los recursos administrativos contenidos en la Ley, los cuales fueron resueltos mediante los siguientes actos administrativos: (i) Resolución No. DPE 7303 del 05 agosto 2019; (ii) Resolución No. SUB-18570 del 22 de enero de 2020; (iii) Resolución No. SUB106398 del 13 de mayo de 2020 y (iv) Resolución No. DPE 9008 del 25 de junio de 2020, todas ellas expedidas por COLPENSIONES.

3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN.

Legales:

Artículo 48 de la Constitución Política Artículo 46 de la Ley 100 de 1993 , modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

Como concepto de violación, señala que la revocatoria de actos administrativos se encuentra establecida en el artículo 93 y 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo , ello cuando las decisiones allí contenidas sean contrarias a la Ley, y en caso de que el particular no de su autorización de revocatoria deberá demandarlo.Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 680013333007-2020-00163-01 Sentencia de segunda instancia.

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Advierte que l a entidad demandada desconoció el principio de especialidad y

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Advierte que l a entidad demandada desconoció el principio de especialidad y favorabilidad al no aplicar las normas específicas del régimen pensional especial del que es beneficiaria y como consecuente violentó la Constitución Política y la ley.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La apoderada de la parte demandada fundamentó su contestación en la estricta aplicación del marco normativo vigente en materia pensional, señalando, en primer lugar que, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) actuó conforme a la Constitución y la Ley, pues el ingreso base de liquidación (IBL) debe calcularse sobre el promedio de los salarios cotizados en los últimos diez años anteriores al reconocimiento de la pensión, tal como lo dispone el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, circunstancia que advierte motivó los actos administrativos demandados en la presente oportunidad judicial.

Asimismo, expuso que la entidad demandada ha dado cumplimiento a sus obligaciones legales, garantizando el reconocimiento y pago de la pensión de la demandante conforme a los requisitos de ley, en ese sentido, indicó que COLPENSIONES expidió diversas resoluciones mediante las cuales reconoció y reliquidó la mesada pensional d e la demandante, atendiendo a los recursos presentados y aplicando el régimen de transición de acuerdo con las disposiciones normativas y jurisprudenciales.

De otra parte , argumentó que los actos administrativos emitidos por COLPENSIONES gozan de presunci ón de legalidad, por lo que su nulidad solo puede ser declarada mediante prueba suficiente dentro del proceso judicial, en ese

normativas y jurisprudenciales.

De otra parte , argumentó que los actos administrativos emitidos por COLPENSIONES gozan de presunci ón de legalidad, por lo que su nulidad solo puede ser declarada mediante prueba suficiente dentro del proceso judicial, en ese sentido, rechazó las pretensiones de la demandante al no existir elementos de juicio que demuestren que la entidad incurrió en vi olaciones normativas o desconoció derechos adquiridos. Además, destacó que dicho fondo pensional actuó bajo el principio de buena fe, atendiendo los precedentes judiciales vigentes, lo que impide la configuración de una irregularidad en la liquidación de la pensión.

En cuanto a las excepciones propuestas, se invocó la prescripción de los derechos reclamados. Igualmente, alegó la inexistencia de l a obligación, reiterando que la liquidación y reconocimiento de la pensión se realizaron conforme a los parámetros legales aplicables. Asimismo, invocó la excepción de carencia del derecho, en la medida en que la demandante no cuenta con sustento normativo para exigir una reliquidación diferente a la establecida en la ley.

Finalmente, solicitó al juzgado que se rechazaran todas las pretensiones de la demandante al no encontrarse fundamento jurídico para su procedencia, en consecuencia, pidió que se mantuvi era la validez de los actos administrativos expedidos y se absolviera a la entidad demandada de cualquier condena en su contra.

III. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga,Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 680013333007-2020-00163-01 Sentencia de segunda instancia.

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El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga,Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 680013333007-2020-00163-01 Sentencia de segunda instancia.

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profirió sentencia el 24 de octubre de 2024, mediante la cual resolvió:

“PRIMERO. DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones consignadas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. NO CONDENAR en costas, conforme lo señalado en precedencia.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, EXPÍDASE la respectiva constancia de ejecutoria y ARCHÍVESE el expediente, previas las anotaciones de rigor.”

Como fundamento de su decisión señaló que la accionante no cumple con los requisitos para ser beneficiaria del régimen pensional previsto en la Ley 32 de 1986 puesto que no acreditó el cumplimiento de los presupuestos necesarios para entrar en el régimen de transición, pues a esa fecha únicamente sumaba 253 semanas de servicio al INPEC.

Igualmente, en cuanto a los fa ctores que deben ser tenidos en cuenta para determinar el ingreso de base de liquidación la accionante no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos atacados.

IV. LA APELACIÓN.

El apoderado de la demandante fundamentó su recurso de apelación en la indebida aplicación del régimen pensional por parte del despacho de primera instancia y para ello argumenta que su representada no está sujeta a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 ni al régimen de transición del artículo 36 de la misma, ya que su

aplicación del régimen pensional por parte del despacho de primera instancia y para ello argumenta que su representada no está sujeta a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 ni al régimen de transición del artículo 36 de la misma, ya que su situación pensional se rige por un régimen especial aplicable a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC . Por consiguiente, sostiene que la sentencia impugnada desconoció el marco normativo que regula la pensión de estos servidores públicos, vulnerando el derecho a la correcta liquidación de su pensión que le asiste a la demandante.

De igual manera, señala que el juez de primera instancia omitió la aplicación del Decreto 446 de 1994, el cual establece el régimen pr estacional de los servidores públicos del INPEC, en ese sentido, resalta que la pensión de su representada debe calcularse con base en el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios, tal como lo dispone el artículo 4 de la Ley 4 de 1966 . De igual forma , enfatiza que la liquidación pensional debía incluir exclusivamente los factores salariales previstos en dicho decreto, tales como primas de navidad, vacaciones y servicios, entre otros.

Asimismo, refuta la aplicación errónea de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018 pues, en su criterio, dicha sentencia no es aplicable a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC, puesto que estos servidores se encuentran exceptuados de la Ley 100 de 19 93, además, indica que el fallo de primera instancia desconoció los precedentes jurisprudenciales que hanMedio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 680013333007-2020-00163-01

el fallo de primera instancia desconoció los precedentes jurisprudenciales que hanMedio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 680013333007-2020-00163-01 Sentencia de segunda instancia.

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reconocido el régimen especial de estos servidores y la inaplicabilidad del régimen general de pensiones en su caso.

De otro lado , señaló la primacía del régimen especial sobre las disposiciones generales en materia pensional, invocando como apoyo de su postura, la sentencia T-012 de 2022 de la Corte Constitucional, en la que se determinó la prevalencia del Decreto 1950 de 2005 y del Acto Legi slativo 01 de 2005 sobre el Decreto 2090 de 2003 y la Ley 100 de 1993. En consecuencia, alega que la sentencia de primera instancia incurrió en un defecto sustantivo al desconocer estos criterios y aplicar normas inapropiadas a la situación de su representada.

Finalmente, solicita que se revoque la sentencia apelada y que se acceda a las pretensiones de la demanda. En su solicitud, reiter a que la pensión de su representada debe ser reliquidada conforme al régimen especial aplicable, incluyendo los factores salariales estipulados en el Decreto 446 de 1994 y aplicando una tasa de reemplazo del 75% , d e esta manera, insist e en que la decisión de primera instancia debe ser corregida, garantizando el derecho de su representada a una pensión calculada conforme a la normativa especial que la rige.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por medio de auto del 12 de febrero de 2025, se admitió el recurso de apelación

a una pensión calculada conforme a la normativa especial que la rige.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por medio de auto del 12 de febrero de 2025, se admitió el recurso de apelación contra de la sentencia de primera instancia en los términos de los artículos 67 y siguientes de la Ley 2080 de 2021.

VI. PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN Y

CONCEPTO DE FONDO.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

VII. CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURIDICO

Corresponde a la Sala determinar si la señora Luz Aidé Poveda Caballero tiene derecho a la reliquidación de su pensión teniendo en cuenta el promedio de los salarios devengados en el último año de servicio con inclusión de la totalidad de los factores salariales percibidos en el mismo periodo.

VIII. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL.

Régimen legal de la pensión de jubilación de los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria– INPEC.

El Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC es un organismo conformado por personal uniformado, el cual tiene como función garantizar la seguridad al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Teniendo en cuenta esasMedio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 680013333007-2020-00163-01 Sentencia de segunda instancia.

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labores de riesgo realizadas por los guard ias del INPEC, fueron excluidos de la

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labores de riesgo realizadas por los guard ias del INPEC, fueron excluidos de la aplicación de la Ley 33 de 1985.

En atención a lo anterior se profirió el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia dentro de la Ley 32 de 1986 , el cual reguló todo lo relativo al ingreso, formación, capa citación, ascensos, traslados, retiros, administración y régimen prestacional del personal de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional.

En la normativa citada también se reguló el derecho pensional, estableciéndose en su artículo 96, como único requisito para su adquisición, el haber alcanzado 20 años de servicio continuos o discontinuos, veamos: “ Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta su edad.”

Posteriormente, fue expedido el Decreto 407 del 20 de febrero de 1994 , “por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenci ario y Carcelario”. Dicho cuerpo normativo indicó quiénes tendrían derecho a gozar de la pensión de jubilación prevista en la ya citada Ley 32 de 1986 y quiénes tendría derecho a una pensión por el desarrollo de actividades de alto riesgo, de la siguiente manera:

“ARTICULO 168. PENSIÓN DE JUBILACIÓN . Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, que a la fecha de la

manera:

“ARTICULO 168. PENSIÓN DE JUBILACIÓN . Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en cuenta para estos efectos.

Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por el Gobierno Nacional.

PARÁGRAFO 1º. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto, al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho a una pensión de vejez en los términos que establezca el Gobierno Nacional, en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.

PARÁGRAFO 2º. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas establecidas en la Ley 100 de 1993. (…)”

Posteriormente se profirió el Decreto 2090 de 2003 , el cual determinó: (i) qué actividades serían consideradas de “alto riesgo”, (ii) cuáles serían las condiciones para acceder a una pensión “especial” de vejez por el ejercicio de dichas actividades, y (iii) cuál sería el monto de la prestación, disponiéndose -solo hasta ese momentola derogatoria expresa del artículo 168 del Decreto 407 de 1994. Así mismo, fijó un nuevo régimen de pensiones para los servidores públicos que

ese momentola derogatoria expresa del artículo 168 del Decreto 407 de 1994. Así mismo, fijó un nuevo régimen de pensiones para los servidores públicos que laboraran en actividades de alto riesgo, tal como los miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, estableciendo en su artículo 6° el régimen transicional para aquellos trabajadores anteriormente cobijados por el régimen deMedio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 680013333007-2020-00163-01 Sentencia de segunda instancia.

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la Ley 32 de 1986 que estuvieran próximos a adquirir el estatus de pensionado; veamos:

“ARTÍCULO 6o. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 p ara acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.

PARÁGRAFO. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.”

Sobre el régimen pensional especial de los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, también se debe citar lo dispuesto en el Acto

de 2003.”

Sobre el régimen pensional especial de los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, también se debe citar lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005 parágrafo 5 dentro del cual se estableció un régimen de transición para este grupo de personas, señalándose lo siguiente:

“Parágrafo transitorio 5o. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dich as personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes".

Sobre la interpretación del parágrafo transcrito, se debe señalar que si bien en anteriores oportunidades, se había acogido la postura adoptada por el H. Consejo de Estado 1, según la cual al estudiar los aspectos referentes al régimen de transición por parte de los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC, se consideraba que el Acto Legislativo 01 de 2005 no mantuvo el régimen especial de pensiones contenido en la Ley 32 de 1986 para todas aquellas personas que se hubieren vinculado INPEC antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 ocurrida el 28 de julio de 2003, sino que sólo lo hizo para quienes tenían un derecho

de pensiones contenido en la Ley 32 de 1986 para todas aquellas personas que se hubieren vinculado INPEC antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 ocurrida el 28 de julio de 2003, sino que sólo lo hizo para quienes tenían un derecho adquirido a esa fecha, esto es, quien cumpliera con el mínimo de semanas cotizadas; se debe precisar, que dicha interpretación ha venido siendo replanteada por el Alto Tribunal, así, en recientes pronunciamientos, al referirse al parágrafo del Acto Legislativo 01 de 2005 ha señalado, que “ (…) basta con acreditar que la vinculación del servidor del INPEC se hubiese dado con anterioridad al 28 de julio de 2003 -por ser fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003para que tenga derecho a las prerrogativas señaladas en la Ley 32 de 1986.”2.

1 [1] Sección Segunda CP Bertha Lucia Ramírez de Páez, 66001-23-31-000-2009-00095-01(2114-11)

2 [2] Sección Segunda, sentencia del 2 de febrero de 2023, C.P: Rafael Francisco Suárez Vargas, rad. 23001 23 33 000 2016 00445 01 (3423-2018).Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 680013333007-2020-00163-01 Sentencia de segunda instancia.

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Con base en lo anterior, se puede entender que el Acto Legislativo al disponer la supresión de todos los regímenes especiales y tomar medidas respe cto de los beneficiarios de algunos de ellos, en particular ordenó que los miembros del Cuerpo

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Con base en lo anterior, se puede entender que el Acto Legislativo al disponer la supresión de todos los regímenes especiales y tomar medidas respe cto de los beneficiarios de algunos de ellos, en particular ordenó que los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional que habían ingresado con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, se les aplicaría el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986.

Así las cosas, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, para determinar si al personal de custodia y vigilancia del INPEC se le debe aplicar o no el contenido de la Ley 32 de 1986, no es necesario acudir a lo normado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por el contrario, basta con dar aplicación directa al régimen de transición previsto por el Acto Legislativo 01 de 2005 y el Decreto 2090 de 2003.

Sobre este último punto, el H. Consejo de Estado3 ha encontrado desproporcionada la exigencia adicional de los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por lo ta nto, ha entendido que la interpretación que más favorece al demandante es la que permite, ante dos normas concurrentes, la aplicación preferente de la regla de transición que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de vejez.

4. Sobre los factores salariales que se deben incluir en la liquidación pensional.

Es preciso señalar que en vista de que el régimen especial en materia pensional

especial de vejez.

4. Sobre los factores salariales que se deben incluir en la liquidación pensional.

Es preciso señalar que en vista de que el régimen especial en materia pensional aplicable a los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria, no contempló los factores para tener en cuenta para su liquidación, se deberá atender a la remisión de los artículos 114 de la Ley 32 de 1986 y 184 del Decreto 407 de 1994, que señalan que, en los aspectos no previstos en ellas, se aplicarán las normas vigentes para los empleados públicos nacionales.

Por lo anterior, es importante precisar que si bien la norma vigente para los empleados del orden nacional, a que hacen referencia los artículos 114 de la Ley 32 de 1986 y 184 del Decreto 407 de 1994, era la Ley 33 de 1985, esta norma no aplica a los servidores cobijados por un régimen especial, dada la exclusión expresa en el artículo 1° inciso segundo 4 y por tanto en cuanto a los factores es necesario acudir al Decreto 446 de 1994.

Al respecto, se adopta la postura que al respecto estableció el H. Consejo de Estado en sentencia de 22 de octubre de 20205:

3 [3] Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de junio de 2023. C.P. Rafael Francisco Suárez. Rad. 52001 23 33 000 2015 00732 01 (3466-2021)

4 [4] La Ley 33 de 1985, en su artículo 1° inciso segundo establece: “No quedan sujetos a esta regla general los empleados

Rad. 52001 23 33 000 2015 00732 01 (3466-2021)

4 [4] La Ley 33 de 1985, en su artículo 1° inciso segundo establece: “No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones”.

5 [5]Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020). Radicación: 8800123-33-000-2014-00006-01(4678-14)Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 680013333007-2020-00163-01 Sentencia de segunda instancia.

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Con respecto a los factores que constituyen salario para la liquidación de la pensión de jubilación de que trata la Ley 32 de 1986, esta Subsección, en sentencia del 27 de septiembre de 2018 sostuvo que serían los dispuestos en el Decreto 446 de 1994, es decir: la prima de navidad (art.2), la prima de vacaciones (art. 3), la prima de servicios (art. 4), los pasajes y gastos de transporte (art. 7), subsidio de transporte (art. 13), subsidio de alimentación (art. 14), sobresueldo (art. 17).

Por el contrario, no constituyen factor salarial: la prima de instalación y alojamiento (art. 5), la prima de capacitación (art. 6), la prima de clima (art. 8), la prima extracarcelaria (art. 11), la prima de vigilantes instructores (art. 12) y el subsidio familiar (art. 15).

alojamiento (art. 5), la prima de capacitación (art. 6), la prima de clima (art. 8), la prima extracarcelaria (art. 11), la prima de vigilantes instructores (art. 12) y el subsidio familiar (art. 15).

De acuerdo con lo anterior, debido a que en el régimen específico del INPEC no se estableció la forma en la que se debe liquidar la pensión, esta Sala concluye que, para quienes son beneficiarios de la Ley 32 de 1986, el derecho pensional se debe liquidar con el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios con los factores establecidos en el Decreto 446 de 1994.”

Por último, tra tándose del monto de reemplazo para liquidar la pensión, debe tenerse presente el contenido del artículo 4 de la Ley 4 de 1966 que, sobre el particular, dispuso:

“Artículo 4º. A partir de la vigencia de esta Ley, las pensiones de jubilación e invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho Público, se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios”.

IX. CASO EN CONCRETO

Dentro del plenario se encuentran acreditados los siguientes hechos:

• Mediante Resolución No. SUB -154761 del 15 de junio de 20 19, la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES ordenó el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de vejez especial por actividades de alto riesgo a favor de la demandante con base en 1.049

Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES ordenó el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de vejez especial por actividades de alto riesgo a favor de la demandante con base en 1.049 semanas, con un IBL de ($2332.147) con tasa del 75%. (Fol. 45 Archivo 02, índice 25 del Expediente digital SAMAI)

• Mediante Resolución No. DPE 7303 del 5 de agosto de 2019, COLPENSIONES modificó la resolución SUB154761 del 15 de junio de 2019 y ordena reliquidar y dejar en suspenso el ingreso de nómina a la señora Poveda Caballero . (Fol. 35 Archivo 02, índice 25 del Expediente digital

SAMAI)

• Resolución SUB-18570 del 22 de enero de 2020 mediante la cual reconoce y ordena a pagar a la señora Poveda Caballero una pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo con una cuantía de ($1901.986). (Fol. 27 Archivo 02, índice 25 del Expediente digital SAMAI)Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 680013333007-2020-00163-01

Sentencia de segunda instancia.

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• Resolución SUB-106398 del 13 de mayo de 2020 mediante la cual niega la reliquidación de la pensión especial de vejez por alto riesgo solicitada por la señora Poveda Caballero. (Fol. 20 Archivo 02, índice 25 del Ex