TA SAN - Sentencia 680013333007-2020-00164-02 (23-10-2025)
Detalles
- Título
- TA SAN - Sentencia 680013333007-2020-00164-02 (23-10-2025)
- Autor
- Tribunal Administrativo de Santander
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
SIGCMA-SGC
República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander
Bucaramanga, veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Sentencia de segunda instancia
Radicado: 680013333007-2020-00164-02
Enlace del expediente: https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list _procesos.aspx?guid=680013333007202000164
026800123
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Demandante: Juliana Andrea Gómez Sandoval
Andrea Camila Antivar Quintero jgomezsa@cendoj.ramajudicial.gov.co Apoderado parte demandante: Luz Jennifer Ortiz Castro luzjeortiz.34@gmail.com
Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co Ministerio público Jhon Carlos García Perea jcgarcia@procuraduria.gov.co Asunto: Sentencia de segunda instancia. Modifica.
Tema: La Bonificación Judicial debe ser reconocida como factor salarial para todos los efectos legales. Sin condena en costas en segunda instancia.
Sentencia No. 146
Magistrada ponente: Claudia Patricia Peñuela Arce
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve los recursos de apelación interpuesto s por la parte demandante y
instancia. Sentencia No. 146
Magistrada ponente: Claudia Patricia Peñuela Arce
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve los recursos de apelación interpuesto s por la parte demandante y demandada contra la sentencia de primera instancia del 2 de diciembre de 2024 , proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio de Bucaramanga.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
Demandante: Juliana Andrea Gómez Sandoval y otra
Demandado: Nación – Rama Judicial
Radicado No. 680013333007-2020-00164-02
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander La Sala es competente para resolver el recurso, de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA, el cual fue admitido mediante auto del 28 de agosto de 20251.
1. Antecedentes
1.1. Posición de la parte demandante2
La parte demandante solicitó declarar la nulidad de la s Resoluciones número DESAJBUR19-8325 y DESAJBUR19-8324 del 13 de noviembre de 2019; y el acto administrativo ficto negativo por el silencio frente a los recursos de apelación interpuestos el 18 y 23 de diciembre de 2019 , mediante l os cuales se negó la liquidación de todas las prestaciones sociales, incluyendo como factor salarial la Bonificación Judicial.
Formuló como pretensiones, de forma literal, las siguientes:
«1. Que se declare la nulidad de las RESOLUCIONES Nos. DESAJBUR19liquidación de todas las prestaciones sociales, incluyendo como factor salarial la Bonificación Judicial.
Formuló como pretensiones, de forma literal, las siguientes:
«1. Que se declare la nulidad de las RESOLUCIONES Nos. DESAJBUR198325 de noviembre 13 de 2.019 y DESAJBUR19 -8324 de noviembre 13 de 2019, proferidas por el DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA y del ACTO ADMINISTRATIVO FICTO NEGATIVO configurado por el silencio guardado frente a los recursos de apelación interpuestos contra los actos demandados en diciembre 23 de 2.019 y diciembre 18 de 2.019, respectivamente, habiendo transcurrido los dos (2) meses indicados por el artícul o 86 del
C.P.A.C.A.
2. Que, a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene a la
NACIÓN – RAMA JUDICIAL –DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL:
2.1. RELIQUIDAR LAS PRESTACIONES SOCIALES devengadas anualmente por los servidores judiciales demandantes, tomando como FACTOR SALARIAL la Bonificación Judicial creada con los Decretos 383 y 384 de 2.013 del Departamento Administrativo de la Función Pública «Por el cual se crea una Bonificación Judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones.» Y «Por el cual se crea una Bonificación Judicial para los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial y se dictan otras disposiciones.»
2.2. Que en adelante, se reconozca la Bonificación Judicial como FACTOR
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial y se dictan otras disposiciones.»
2.2. Que en adelante, se reconozca la Bonificación Judicial como FACTOR SALARIAL para todos sus efectos legales y no sólo para los descuentos destinados a la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, como actualmente se hace.
1 Expediente digital de OneDrive, 002AutoAdmiteRecursoApelacion.pdf 2 Expediente digital de OneDrive, Demanda Camila Antivar y otra Contra Rama Judicial.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
Demandante: Juliana Andrea Gómez Sandoval y otra
Demandado: Nación – Rama Judicial
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3. Que se condene en COSTAS a la parte demandada, reconociendo las Agencias en Derecho en porcentaje del VEINTE PORCIENTO (20%) de las pretensiones conforme el numeral 3.1.2. del artículo 6° del Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura No. 1887 de 2.003.
4. Que se ajuste la condena tomando como base el Índice de Precios al Consumidor de conformidad con el inciso final del artículo 187 del
C.P.A.C.A.»
Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:
Las demandantes son servidoras de la Rama Judicial en calidad de emple adas judicial y devengan mensualmente la Bonificación Judicial creada con los Decretos
C.P.A.C.A.»
Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:
Las demandantes son servidoras de la Rama Judicial en calidad de emple adas judicial y devengan mensualmente la Bonificación Judicial creada con los Decretos números 0383 y 0384 de 2013.
El 23 y 24 de septiembre de 2019 , radicaron petición ante la entidad demandada, mediante la cual solicitaron la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales con base en la Bonificación Judicial como factor salarial de los valores dejados de percibir y las que a futuro se generen.
En respuesta, la demandada emitió la s Resoluciones número DESAJBUR19-8325 y DESAJBUR19-8324 del 13 de noviembre de 2019 , en la s que negó las pretensiones.
Inconforme con la decisión, interpus ieron recurso de apelación el 18 y 23 de diciembre de 2019.
La demandada guardó silencio frente a la interposición del recurso de apelación.
Como fundamento de derecho y concepto de violación, invocaron los artículos 2, 13, 25 y 53, de la Constitución Nacional, la Ley 4 de 1992 , el Decreto 1042 de 1978, el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo , los Decretos 0383 y 0384 de 2013. Indicaron que debe reconocerse la Bonificación Judicial para todos los efectos jurídicos propios del salario, dado que se percibe de manera periódica y constituye una contraprestación directa por la prestación del servicio.
1.2. Posición de la parte demandadaNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
constituye una contraprestación directa por la prestación del servicio.
1.2. Posición de la parte demandadaNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander La Nación – Rama Judicial3 se opuso a la prosperidad de las pretensiones en los siguientes términos:
Adujo que los actos administrativos acusados tienen sustento en las disposiciones legales contenidas en el Decreto 0383 de 2013, la Ley 4 a de 1992 y en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política; además, que el único con competencia para establecer el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la Rama Judicial es el Gobierno nacional.
Señaló que, por expreso mandato legal, la Bonificación Judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que hace parte de la libertad de configuración del legislador establecer qué parte de la remuneración de los empleados públicos constituye o no factor salarial y para qué fines.
Así mismo, refirió que los decretos por medio de los cuales el Gobierno nacional reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consecuencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilidad de la
reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consecuencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilidad de la norma salarial no puede ser asumida por la Rama Judicial.
Propuso como excepciones: «la inexistencia del demandado », «ineptitud de la demanda», «cobro de lo no debido», «falta de legitimación en la causa por pasiva», «de la integración del litisconsorcio», «caducidad» y la «prescripción trienal».
1.3. Sentencia de primera instancia4
El juzgado de primera instancia, mediante sentencia de l 2 de diciembre de 2024 , resolvió:
«PRIMERO: DECLÁRESE la prescripción de derechos laborales para las sumas causadas con anterioridad al 23 de septiembre de 2016 para JULIANA ANDREA GOMEZ SANDOVAL y 24 de septiembre de 2016 para ANDREA CAMILA ANTIVAR QUINTERO, por las razones expuestas.
3 Expediente digital de OneDrive, CONTESTACIÓN 2020-00164 JULIANA ANDREA GOMEZ SANDOVAL Y OTRA.pdf 4Expediente digital de OneDrive, 040SentenciadePr_13SENTENCIABONIFICAC.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa «… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud», contenido en el artículo 1° del Decreto No. 383 y 384 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024 por las razones expuestas.
TERCERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos:
-Resolución DESAJ BUR 19 -8324 del 13 de noviembre de 2019 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
-Resolución DESAJ BUR 19 -8325 del 13 de noviembre de 2019 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
-Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la interposición del recurso de apelación el 18 de diciembre de 2019. -Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la interposición del recurso de apelación el 23 de diciembre de 2019.
18 de diciembre de 2019. -Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la interposición del recurso de apelación el 23 de diciembre de 2019.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de las demandantes todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 23 de septiembre de 2016 para JULIANA ANDREA GOMEZ SANDOVAL y desde el 24 de septiembre de 2016 para ANDREA CAMILA ANTIVAR QUINTERO incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la Bonificación Judicial creada mediante Decretos 383 y 384 de 2013, hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento. Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario. La suma que resulte a favor de los demandantes debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia. La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia. (…)».
Indicó que el Decreto 0383 y 0384 de 2013 vulneró los principios constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en la legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios señalados en
Indicó que el Decreto 0383 y 0384 de 2013 vulneró los principios constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en la legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, en la medida en que desconoció los efectos salariales de la Bonificación Judicial.
Consideró que la Bonificación Judicial fue otorgada de manera continua y mensual, lo que la convierte en una remuneración fija y directa, cumpliendo características de un salario, por lo que debe ser incluida en el cálculo de las demás prestaciones sociales.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Precisó que inaplicará la parte del primer inciso del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 que limita el reconocimiento de la Bonificación Judicial solo para efectos de cotización al sistema de salud y pensiones, en el entendido de que sus disposiciones contravienen la Constitución y la ley, al no reconocer la bonificación como factor salarial para calcular todas las prestaciones sociales y salariales.
Respecto de la prescripción trienal, señaló que las demandantes presentaron las reclamaciones administrativas, el 23 y 24 de septiembre de 2019 . Por tanto, las sumas causadas con anterioridad al 23 y 24 de septiembre de 2016 se encuentran prescritas.
1.4. Recurso de apelación
reclamaciones administrativas, el 23 y 24 de septiembre de 2019 . Por tanto, las sumas causadas con anterioridad al 23 y 24 de septiembre de 2016 se encuentran prescritas.
1.4. Recurso de apelación
La Nación-Rama Judicial 5 solicitó revocar la decisión de primera instancia con sustento en los siguientes argumentos:
La parte demandante no impugnó oportunamente los Decretos 0383 y 0384 de 2013 cuando fueron expedidos, y por lo tanto no puede ahora pretender su inaplicabilidad. El plazo para demandar la nulidad de estos decretos ya caducó según el artículo 138 del CPACA, por lo que la demanda debería ser desestimada.
La acción de inaplicabilidad de los decretos salariales por inconstitucionalidad no es válida en este caso, ya que los decretos siguen vigentes hasta que sean declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional.
La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno nacional, el cual expidió el Decreto 0383 y 0384 de 201 3 con el propósito de establecer la bonificación judicial para dichos funcionarios. Además, indicó que el pago de emolumentos no contemplados en las proyecciones presupuestales de la Rama Judicial debe gestionarse ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
5 Expediente digital de OneDrive, 045_MemorialWeb_RECURSOAPELACIONCONTRASENTENCIAPRIMERAINSTANCIA.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
Demandante: Juliana Andrea Gómez Sandoval y otra
5 Expediente digital de OneDrive, 045_MemorialWeb_RECURSOAPELACIONCONTRASENTENCIAPRIMERAINSTANCIA.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander La Bonificación Judicial otorgada por el Gobierno Nacional fue el resultado de una negociación o acuerdo colectivo, mediante el cual se estableció que ciertos emolumentos no tendrían carácter salarial.
Reiteró como excepciones la «falta de legitimación en la causa por pasiva », «inexistencia del demandado», «ineptitud de la demanda», «caducidad», «cobro de lo no debido» y «no comprender a todos los litisconsortes necesarios».
La parte demandante6, frente a la prescripción trienal, sostuvo que las actoras han recibido la Bonificación Judicial desde el 1° de enero de 2013, pero el conflicto sobre su carácter salarial solo surgió con la decisión que resolvió la reclamación administrativa.
En ese sentido, argumentó que el término de prescripción solo debe contarse a partir del momento en que exista certeza del derecho reclamado, es decir, «desde la ejecutoria de la presente sentencia favorable de reconocimiento del factor salarial de la Bonificación Judicial , porque, es a partir de ese momento en que habrá seguridad de que la Bonificación Judicial es salario y que, en consecuencia, las prestaciones sociales se han cancelado erróneamente desde el 1 de enero de
de la Bonificación Judicial , porque, es a partir de ese momento en que habrá seguridad de que la Bonificación Judicial es salario y que, en consecuencia, las prestaciones sociales se han cancelado erróneamente desde el 1 de enero de 2013».
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
La parte demandante 7, argumentó que el caso es de puro derecho y que la controversia se limita a la nulidad de actos administrativos que negaron el reconocimiento de la Bonificación Judicial como salario. Respecto a la excepción de caducidad, señaló que la acción se interpuso dentro del término legal, luego de agotar la vía administrativa y el requisito de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público.
6 Expediente digital de OneDrive, 042_MemorialWeb_Recurso-Apelacioncontrase.pdf 7 Expediente digital de OneDrive, 004PronunciamientoRecursoApelacion.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Por último, con relación a la prescripción trienal de los derechos reclamados, reiteró que, conforme a la jurisprudencia, la prescripción solo puede contarse desde el momento en que exista certeza sobre el derecho reclamado, dado que la Bonificación Judicial no ha sido reconocida como salario; no se ha generado la obligación de pago de prestaciones sociales.
Sin pronunciamiento de la parte demandada y del Ministerio Público.
2. Consideraciones
Bonificación Judicial no ha sido reconocida como salario; no se ha generado la obligación de pago de prestaciones sociales.
Sin pronunciamiento de la parte demandada y del Ministerio Público.
2. Consideraciones 2.1. Asunto previo
En aplicación del inciso segundo del artículo 328 del Código General del Proceso8, la Sala se pronunciará únicamente sobre los motivos de inconformidad expresados en la apelación de la demandada.
En relación con los reparos de la parte demandada frente a las excepciones de «inexistencia del demandado», «ineptitud de la demanda», «falta de legitimación en la causa por pasiva » y «no comprender a todos los litisconsortes necesarios », es preciso señalar que, mediante auto proferido el 16 de mayo de 20249, el juzgado de primera instancia las resolvió y declaró no probadas. En ese orden y dando aplicación al principio de preclusividad, no hay lugar a reabrir de nuevo el debate y, en esa medida, la Sala no emitirá pronunciamiento alguno sobre este aspecto.
Respecto de la excepción de caducidad, se resolverá en esta oportunidad, al no haberse resuelto en la sentencia y sin pronunciamiento previo del juzgado de primera instancia que permita aplicar el principio de preclusividad. En ese orden, se precisa que los actos acusados, al negar prestaciones periódicas, pueden ser demandados en cualquier tiempo, conforme lo señala el Art. 164, numeral 1, literal c) de la Ley 1437 de 2011. Por lo tanto, la acción para reclamar la reliquidación de prestaciones laborales de tracto sucesivo no caduca , sino que, en su lugar, opera la prescripción de las mesadas o sumas individuales adeudadas, que se activa
prestaciones laborales de tracto sucesivo no caduca , sino que, en su lugar, opera la prescripción de las mesadas o sumas individuales adeudadas, que se activa desde la fecha de la reclamación administrativa y solo respecto de aquellas prestaciones que estén sometidas al fenómeno prescriptivo.
8 « (...)...Cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso. (...)» 9 Expediente digital de OneDrive, 024Auto Resuelve E_JUZ7BUC20200016400EX.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
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2.2. Problemas jurídicos y tesis
Con el fin de establecer si procede confirmar o, por el contrario, revocar la sentencia de primera instancia, se resolverán los siguientes interrogantes que surgen de los argumentos de impugnación:
2.2.1. Con relación a los argumentos expuestos por la parte demandada:
P.J.1: Competencia para modificar el régimen salarial y prestacional. ¿La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional establecido por el Gobierno nacional en los Decretos 0383 y 0384 de 2013?
Tesis: No, si bien la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno
0383 y 0384 de 2013?
Tesis: No, si bien la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno nacional, sí tiene la facultad de interpretar y aplicar las normas en materia salarial dentro de los límites establecidos.
P.J.2: De la excepción de inconstitucionalidad. ¿En el caso concreto proced e inaplicar los decretos salariales por considerarlos inconstitucionales, a pesar de que se encuentran vigentes, no han sido declarados inexequibles por la Corte Constitucional?
Tesis: Sí, resulta procedente inaplicar el artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 por inconstitucionalidad, por desatender principios de rango constitucional como la progresividad, la primacía de la realidad sobre las formas y los límites protectores señalados por el Constituyente en el artículo 53 de la Carta Política. Así mismo, l a jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha reconocido que el concepto de salario no depende de la denominación que le dé el empleador, sino de su naturaleza y periodicidad, lo que confirma que la Bonificación Judicial debe ser considerada factor salarial. Por lo tanto, su exclusión como factor salarial resulta contraria a la Constitución, a la Ley 4a de 1992, a los principios mínimos del derecho laboral y a los Tratados Internacionales.
2.2.2. Con relación a los argumentos expuestos por la parte demandante:Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
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2.2.2. Con relación a los argumentos expuestos por la parte demandante:Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
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P.J.3 De la prescripción trienal. ¿La prescripción trienal no es procedente porque el derecho se hace exigible a través de la sentencia favorable que reconozca el factor salarial de la Bonificación Judicial?
Tesis. No, la prescripción sí es procedente porque la exigibilidad del derecho surge a partir de la vigencia del Decreto 0383 de 2013, esto es, del 1.º de enero de ese año y no a partir de la sentencia judicial que reconoce el carácter salarial de la Bonificación Judicial.
Por lo tanto, se confirmará el numeral primero de la sentencia de primera instancia en cuanto declaró prescritas las pretensiones relacionadas con los periodos anteriores al 23 y 24 de septiembre de 2016.
2.3. Metodología de la decisión
Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará los siguientes temas: i) La Bonificación Judicial creada mediante el Decreto 0383 y0384 de 2013; ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación; iii) Naturaleza salarial de la Bonificación Judicial; y iv) La excepción de inconstitucionalidad.
Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis
en la liquidación y pago de la bonificación; iii) Naturaleza salarial de la Bonificación Judicial; y iv) La excepción de inconstitucionalidad.
Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico. Además, se llevará a cabo el estudio oficioso de la prescripción.
2.3.1. Bonificación Judicial creada mediante los Decretos 0383 y 384 de 2013
La Ley 4 de 1992 establece el marco normativo para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyendo los de la Rama Judicial, en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política de 1991.
Por su parte, el Gobierno nacional, en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992, expidió los Decretos 0383 y 0384 de 6 de marzo de 2013, los cuales crearon la Bonificación Judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial, la Justicia Penal Militar, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander De acuerdo con el artículo 1°. del Decreto 0383 y 0384 de 2013, dicho emolumento
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander De acuerdo con el artículo 1°. del Decreto 0383 y 0384 de 2013, dicho emolumento se reconoce mensual y únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud, y se le excluyó como factor para liquidar otros emolumentos10.
Uno de los objetivos centrales de la Ley 4 de 1992 fue abordar la falta de proporcionalidad en la estructura salarial del sector judicial, que se caracterizaba por marcadas disparidades entre los diferentes niveles jerárquicos. Específicamente, los artículos 14 y 15 de esta ley buscaron implementar una nivelación salarial más equitativa y comprensiva.
Así, en el artículo 14, parágrafo, se señaló: «Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad».
2.3.2. Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación
Es imperativo garantizar un trato igualitario en la liquidación y pago de la Bonificación Judicial. Por tanto, se determina que:
a. Para los funcionarios y empleados no acogidos al régimen de los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y normas complementarias, el tope de la Bonificación Judicial será equivalente al 100% del salario mensual devengado por sus homólogos acogidos a dicho régimen. b. La bonificación debe liquidarse y pagarse mensualmente para todos los
tope de la Bonificación Judicial será equivalente al 100% del salario mensual devengado por sus homólogos acogidos a dicho régimen. b. La bonificación debe liquidarse y pagarse mensualmente para todos los servidores, independientemente de su régimen, asegurando así su carácter de factor salarial al ser una remuneración periódica y permanente.
2.3.3. Naturaleza salarial de la Bonificación Judicial
Se enfatiza que la Bonificación Judicial , al ser pagada de forma periódica y permanente, constituye factor salarial para todos los efectos legales. Esta interpretación se
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