TA SAN - Sentencia 680013333007-2021-00008-02 (13-03-2025)

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SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada Ponente: LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Bucaramanga, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide la apelación interpuesta por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida el veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga previa la siguiente reseña:

I. LA DEMANDA1

A. Pretensiones

1 Págs. 1 y 2 Demanda.

Radicado:

680013333007-2021-00008-02

Demandante:

MARIA DEL ROSARIO VELASCO CACUA con cédula de ciudadanía No. 38.836.820

Correo electrónico: contacto@abogadospensionarte.com

Demandado:

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Correo electrónico: jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

Ministerio

Público:

EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER, Procuradora 158 Judicial ll para Asuntos Administrativos.

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co

Medio de control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEL

DERECHO DE CARÁCTER LABORAL

Tema:

Bonificación judicial empleados de la Fiscalía General de la

Medio de control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEL

DERECHO DE CARÁCTER LABORAL

Tema:

Bonificación judicial empleados de la Fiscalía General de la Nación Decreto 382 de 2013 / Se confirma la sentencia de primera instanciaTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante . María del Rosario Velasco Cacua vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680013333007-2021-00008-02 2

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La demandante pretende que se declare la nulidad de l: (i) Oficio No. 31200-00437 del 16 de marzo de 2020 suscrito por la Subdirectora Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la Nación y, (ii) de la Resolución 2-0970 del 20 de agosto de 2020 proferida por la Subdirectora de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación. Como consecuencia de la declaración de nulidad de los anteriores actos administrativos, pretende se ordene a la entidad demandada reconocer la bonificación judicial del Decreto 382 de 2013 como factor salarial y prestacional, así mismo que se condene en costas y que, se ajuste la condena tomando como base el IPC.

B. Hechos Como fundamento de las pretensiones, afirma, en síntesis, que laboró en la Fiscalía General de la Nación Seccional Santander en el cargo de auxiliar II desde el 01 de enero de 2012 y, hasta el 30 de septiembre de 2019.

En ejercicio de la facultad conferida por el legislador en el artículo 14 de la Ley 4 de

General de la Nación Seccional Santander en el cargo de auxiliar II desde el 01 de enero de 2012 y, hasta el 30 de septiembre de 2019.

En ejercicio de la facultad conferida por el legislador en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional creó a favor de los servidores de la Fiscalía General de la Nación la denominada bonificación judicial a través del Decreto 0 382 del 6 de marzo de 2013, en cuyo art . 1 se dispuso que la bonificación judicial sería reconocida mensualmente y restringió sus efectos salariales al prever que constituiría únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El 24 de febrero de 2020 la demandante presentó petición ante la Fiscalía General de la Nación, mediante la cual solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la consecuente reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tiene derecho desde el 1 de enero de 2013. El 16 de marzo de 2020 , mediante el Oficio No. 31200 -0437 del 16 de marzo de 2020, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativ a. La anterior decisión fue recurrida y, en consecuencia, la Fiscalía General de la Nación expide la Resolución No. 20970 del 20 de agosto de 2020 notificada el 08 de septiembre de 2020 a través de la cual se confirmó la decisión denegatoria.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante . María del Rosario Velasco Cacua vs Fiscalía General de la

septiembre de 2020 a través de la cual se confirmó la decisión denegatoria.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante . María del Rosario Velasco Cacua vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680013333007-2021-00008-02 3

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C. Normas violadas y concepto de violación

Se invocan como como violados los arts. 2,13, 27, 53 y 150 de la Constitución Política, 42 del Decreto Ley 1042 de 1978; Ley 4 de 1992 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo.

En desarrollo del concepto de violación, se expone que, l os actos administrativos demandados resultan violatorios a las normas nacionales y más aún a los tratados internacionales, razón por la cual se debe inaplicar la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1º del decreto 382 de 2013.

Arguye que, deben darse todos los efectos jurídicos de salario a la bonificación judicial, toda vez que esta se devenga en forma periódica y como contraprestación directa del servicio, tal y como se estableció por el Consejo de Estado frente al asunto relacionado con la pr ima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, antecedente que no solo resulta pertinente y necesario, sino que deja sin argumentos cualquier negativa que en contrario intente erigirse. Manifiesta que, l a bonificación judicial es un incremento salarial con efectos salariales no únicamente para la cotización a seguridad social en salud y pensiones,

argumentos cualquier negativa que en contrario intente erigirse. Manifiesta que, l a bonificación judicial es un incremento salarial con efectos salariales no únicamente para la cotización a seguridad social en salud y pensiones, sino para la liquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados por la demandante y por tanto, s e debe inaplicar el Decreto 382 de 2013 por ser violatorio de la Constitución Política y las Leyes.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Fiscalía General de la Nació n, no contestó la demanda pese haber sido notificada de manera personal del auto admisorio como se muestra en el archivo No. 005.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA2

Resuelve:

2 Archivo No. 033.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante . María del Rosario Velasco Cacua vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680013333007-2021-00008-02 4

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«PRIMERO. DECLARAR la prescripción de derechos laborales frente a las sumas reclamadas con anterioridad al 24 de febrero de 2017, por las razones expuestas. SEGUNDO. INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 38 2 de 2013, y reproducida en los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de

salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 38 2 de 2013, y reproducida en los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023,1581 de 2023 y 0299 de 2024 por las razones expuestas.

TERCERO: Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: -Oficio 31200-00437 del 16 de marzo de 2020 proferido por la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la Nación. -Resolución 20970 del 20 de agosto de 2020 proferida por la Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reliquidar y pagar a favor de MARÍA DEL ROSARIO VELASCO CACUA todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 24 de febrero de 2017 incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 38 2 de 2013, hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario. La suma que resulte a favor de los demandantes debe ajustarse de conformidad

aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario. La suma que resulte a favor de los demandantes debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia. La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO.

SEPTIMO: Désele cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos para ello por el artículo 192 y 195 del CPACA […]»

Para tomar la decisión que atrás se reseña, sostiene la Juez de primera instancia que, l a bonificación judicial le ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual, sin que esta haya sido considerada factor salarial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas y reconocidas, situación que es aceptada por la entidad demandada al señalar en la respectiva contestación que el hecho de no computar los valores en la forma en que lo deprecaTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante . María del Rosario Velasco Cacua vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680013333007-2021-00008-02 5

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la parte actora, obedece al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el decreto cuando indica que este emolumento solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Explica que , resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la

cuando indica que este emolumento solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Explica que , resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite co nsiderarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia norma estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y por lo tanto habitual y periódico, de manera que cumple las características de ser una remuneración fija e n dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.

Recaba en que, la bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidación de las demás prestaciones, constituye una disminución final del monto reconocido, por lo tanto se constituye en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992.

Itera que, e l límite advertido en la incidencia de la liquidación de las prestaciones percibidas por los servidores de la Fiscalía General de la Nación , a pesar de tratarse la bonificación otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de su calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o

la bonificación otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de su calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o causa de la labor encomendada, lo que constituye en sí mismo salario y tiene incidencia para reliquidar las demás prestaciones sociales.

Concluye afirmando que, la bonificación judicial, reviste un carácter salarial y tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual, motivo por el ostenta el carácter permanente de la remuneración y genera por tanto la obligación de reliquidar las prestacionesTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante . María del Rosario Velasco Cacua vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680013333007-2021-00008-02 6

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sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salario devengado. De allí que en atención al precedente expuesto se determine que la misma es factor salarial y en este sentido la expresión «no constituye factor salarial » deberá ser inaplicada por desconocer el concepto de salario en los términos señalados.

V. EL RECURSO DE APELACIÓN3

La Fiscalía General de la Nación, por intermedio de apoderada judicial, solicita se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen a las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de su solicitud expone que, l as pretensiones carecen de fundamentos facticos y jurídicos, por cuanto los actos demandados se limitaron a

pretensiones de la demanda.

Como fundamento de su solicitud expone que, l as pretensiones carecen de fundamentos facticos y jurídicos, por cuanto los actos demandados se limitaron a señalar el cumplimiento de un deber legal que le impuso el legislador a la Fiscalía General de la Nación a través del Decreto 0382 de 2013, el cual cuenta con plena vigencia y validez jurídica, al ceñirse a la Constitución y la Ley.

Explica que, las disposiciones contenidas en el Decreto 0382 de 2013, son producto de la facultad legal que es otorgada al Gobierno Nacional desde la Constitución Política de Colombia en su art. 150, regidas a su vez por los criterios señalados por el Congreso de la República en la Ley 4 de 1992, para la fijación del Régimen Salarial y Prestacional de los servidores públicos, entre ellos, los de la Fiscalía General de la Nación, por lo que de man era formal esta disposición goza de plena validez y eficacia j urídica, la cual se encuentra amparada por el principio de legalidad, más aún bajo el entendido que a la fecha dicha disposición no ha sido objeto de derogación o declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad, por lo que a la Entidad que representa no le es posible modificar de alguna forma la norma, la interpretación o la aplicación de esta norma.

Dice que, al efectuar el estudio correspondiente sobre el tema no se encontró aparte normativo alguno a nivel nacional en el que se indique que todo lo que devengue un trabajador tenga que hacer parte de la base de liquidación de todos los factores salariales y prestacionales q ue este reciba. Al contrario, puntualmente frente al alcance de la definición internacional de salario, contenida en el artículo 1 del

trabajador tenga que hacer parte de la base de liquidación de todos los factores salariales y prestacionales q ue este reciba. Al contrario, puntualmente frente al alcance de la definición internacional de salario, contenida en el artículo 1 del

3 Archivo No. 034.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante . María del Rosario Velasco Cacua vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680013333007-2021-00008-02 7

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Convenio 095 de la OIT, se observa que la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 15 de marzo del 2017, identificada con radicación No. 48001, indicó que dicho concepto de salario debe ser adoptado únicamente para determinar el alcance de las disposicio nes de ese convenio, por lo cual no es dable otorgarle un alcance mayor; cómo se puede observar que el juzgador en este caso lo realizó, puesto que determinó que la definición de salario de dicho Convenio configuraba una razón principal por la cual se debía tener como factor salarial a la bonificación judicial, sin que sea consecuencia de ampliar un carácter salarial estuviera prevista en el alcance y contenido literal del convenio.

Refiere que, las disposiciones contenidas en el Decreto 0382 de 2013 y demás que reglamentan la materia, son producto de la facultad legal otorgada al Gobierno Nacional para la fijación del Régimen Salarial y Prestacional entre otros de la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual dicha disposición goza de plena validez y eficacia jurídica y se encuentra amparada por el principio de legalidad, por

Nacional para la fijación del Régimen Salarial y Prestacional entre otros de la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual dicha disposición goza de plena validez y eficacia jurídica y se encuentra amparada por el principio de legalidad, por lo que no es viable darle otro alcance o interpretación.

Así mismo pone de presente que, el Decreto 382 de 2013, tuvo su origen no en una iniciativa del Gobierno Nacional, sino como un acuerdo de voluntades, fruto de las negociaciones con las asociaciones sindicales de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, las cuales, fueron integral y ampliamente debatidas por las distintas partes, como lo demuestran las más de 23 actas de las reuniones de negociación celebradas para el efecto, dando lugar finalmente a la expedición del Decreto debatido.

Recaba en que, la decisión negativa de los actos acusados se derivó en cumplimiento de un deber legal, al aplicar estrictamente lo regulado por el Decreto 0382 de 2013 y demás normas concordantes, puesto que no podría ser otro el obrar de la entidad que realizar el pago conforme a lo estipulado en el Decreto 382 de 2013, y consecuentemente emitir respuesta a los requerimientos de la parte actora conforme a la normatividad, que como se demostró es totalmente l egal y constitucional tanto de manera formal como de su contenido.

VI. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIATribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante . María del Rosario Velasco Cacua vs Fiscalía General de la

Nación. Rad. No. 680013333007-2021-00008-02 8

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de segunda instancia. Demandante . María del Rosario Velasco Cacua vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680013333007-2021-00008-02 8

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El proceso es allegado al Despacho Ponente de esta providencia el 07.10.2024actuación No. 01quien admite el recurso de apelación el 18.11.2024 -actuación No. 05-. El 27.11.2024 -actuación No. 10reingresa el expediente al Despacho Ponente para fallo, cuyo proyecto se registra el mismo día, para ser aprobado por la Sala de Decisión al día siguiente. Finalmente, es aprobada en Sala No. 08. De trámite se destaca que, las partes ni el Ministerio Público actuaron en esta instancia.

VII. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia para conocer en segunda instancia Se trata de providencia susceptible de apelación, correspondiendo a este Tribunal en Sala, desatarla. Arts. 153 y 243 Ley 1437/2011.

B. Cuestión procesal previa de la suscrita Ponente en este asunto

Se hace necesario traer a colación que en las pretensiones del escrito de demanda la señora María del Rosario Velasco Cacua busca únicamente la declaración de la nulidad del acto administrativo a través del cual le fue negada la bonificación judicial dispuesta en el Decreto 382 de 2013 como factor salarial y prestacional.

A la fecha se encuentra en trámite proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que como demandante pretendo el reconocimiento de la prima especial del 30% como factor salarial, el cual, es conocido por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga encontrándose en etapa de

derecho, en el que como demandante pretendo el reconocimiento de la prima especial del 30% como factor salarial, el cual, es conocido por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga encontrándose en etapa de resolución de excepciones previas propuestas por esta entidad en la contestación de la demanda. Al respecto es pertinente advertir, como lo ha sostenido el Consejo de Estado, que la prima especial del 30% que devengué como Juez de la República es íntegramente diferente al régimen salarial de los empleados judiciales, por lo que nada tiene que ver este beneficio salarial con la bonificación judicial dispuesta en el Decreto 383 de 2013, tema que se debate en el presente proceso judicial.

Por otra parte, si bien presenté demanda de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, dicho proceso tiene como radicado al No. 680013333014-2016-00019-00 y ya culminó con sentencia de segunda instancia el 12.04.2024, encontrándose debidamenteTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante . María del Rosario Velasco Cacua vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680013333007-2021-00008-02 9

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ejecutoriado. Ello significa, que si bien pudo existir un interés, este ya no es actual, toda vez, que dicho proceso ya terminó. Tal como también lo ha precisado el Consejo de Estado al declarar infundados los impedimentos, en los casos en los que los procesos ya han culminado, razón por la que los devuelve para que sean conocidos por quien realizó la manifestación de impedimento. Veamos:

Consejo de Estado al declarar infundados los impedimentos, en los casos en los que los procesos ya han culminado, razón por la que los devuelve para que sean conocidos por quien realizó la manifestación de impedimento. Veamos:

En reiterada jurisprudencia el H. Consejo de Estado a decidir en casos con hechos similares, ha declarado infundado los impedimentos. Así puede verse en auto del 12 de septiembre de 2024, radicación:200013333002-2022-00570-01 (2358-2024), Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente Rafael Francisco Suárez Vargas, en el que sostuvo que las razones del juez para apartarse del conocimiento de un asunto, deben ser claras, explícitas y actuales, y qu e debe existir correspondencia entre el hecho que las origina y el supuesto fáctico establecido por el legislador, concluyendo que : (i) respecto de la manifestación de impedimento de los magistrados la Doris Pinzón Amado, José Antonio Aponte Olivella y Carlos Mario Arango Hoyos, quienes fundaron el mismo al considerar que el carácter salarial de la bonificación judicial también se podría reclamar respecto de la prima especial de servicios y la bonificación por compensación, señaló que el interés que se plantea no guarda identidad con la bonificación objeto de debate en ese proceso; y (ii) frente a la manifestación de impedimento del magistrado Carlos Mario Arango Hoyos, quien fundo el impedimento en atención a que ya había presentado demanda con similar causa, sostuvo que no constituye un hecho actual, toda vez que dicho proceso cuenta con fallo de segunda instancia. Nótese:

«Lo anterior comoquiera que, por un lado, los magistrados Doris Pinzón Amado,

similar causa, sostuvo que no constituye un hecho actual, toda vez que dicho proceso cuenta con fallo de segunda instancia. Nótese:

«Lo anterior comoquiera que, por un lado, los magistrados Doris Pinzón Amado, José Antonio Aponte Olivella y Carlos Mario Arango Hoyos afirmaron que el carácter salarial que se debate también podría predicarse respecto de otros emolumentos que hacen parte de su remuneración, ello quiere decir que el interés que se plantea no guarda identidad con la bonificación objeto de debate en este proceso y, en ese sentido, no se vislumbra la manera en que la resolución de la controversia les podría generar provecho o perjuicio.

Por otro lado, aunque los magistrados Carlos Mario Arango Hoyos y Manuel Fernando Guerrero Bracho afirmaron haber laborado, previamente, en el cargo de juez de la república y haber formulado reclamaciones judiciales , de la exposición realizada se hace evidente que la iniciada por el primero de ellos ya fue decidida en segunda instancia y, por ende, no constituye un hecho actual;Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante . María del Rosario Velasco Cacua vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680013333007-2021-00008-02 10

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en cuanto a lo expuesto por el segundo, se trata de una afirmación genérica, en la que no se precisa el emolumento que se discute en la causa judicial que presentó, ni se logra identificar si se trata de un proceso vigente, o si este ya finalizó y, por ende, ninguna de ellas cumple con los requisitos antes descritos, que dé lugar a separarlos del conocimiento del asunto». (Negrilla fuera del texto original)

ni se logra identificar si se trata de un proceso vigente, o si este ya finalizó y, por ende, ninguna de ellas cumple con los requisitos antes descritos, que dé lugar a separarlos del conocimiento del asunto». (Negrilla fuera del texto original)

En igual sentido, se resalta que el H. Consejo de Estado cambió su postura en cuanto a la manifestación de impedimento formulada por los Magistrados de este tribunal, en materia de bonificación judicial declarándolos infundados, por no acreditar los requis itos exigidos para la configuración de la causal prevista en el numeral 1 del art. 141 del C.G.P. 4

Así las cosas, se hace más que evidente por parte de esta operadora judicial que no se avizora la existencia pleito pendiente o impedimento , que afecte mi criterio o que comprometa mi imparcialidad, pues: (i) nada tiene que ver la prima especial del 30% que devengué como Juez de la República que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 , proceso que aún no cuenta con fallo de primera instancia, con la bonificación judicial de que trata el Decreto 383 de 2013; y (ii) si bien tuve un proceso buscando el reconocimiento de la bonificación judicial, éste culminó con sentencia de segunda instancia del mes de abril de 2024 y se encuentra ejecutoriado , envidiándose que no existe un interés actual respecto de las resultas del presente proceso.

4Consejo de Estado, sección segunda, radicado No. 68001 -33-33-012-2017-00214-01 (2633-2024). En dicha providencia se recoge la rectificación de postura de la Sala de Conjueces, en relación con los impedimentos: Consejo de Estado. Sala de conjueces. Auto del 05 de diciembre de 2023. C.P.

En dicha providencia se recoge la rectificación de postura de la Sala de Conjueces, en relación con los impedimentos: Consejo de Estado. Sala de conjueces. Auto del 05 de diciembre de 2023. C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz. Proceso 7600123000201800326 02 (0502-2023). «Los argumentos expuestos por la Subsección no se avienen a los lineamentos dados por la jurisprudencia de esta Corporación pues la Ley 4ª de 1992 es la ley marco de salarios, en esas condiciones todos los regímenes de los empleados públicos del Estado se han dado en desarrollo de esta ley. Convirtiéndose esta en una razón general que no aplica a las condiciones específicas y particulares que configuran el impedimento, menos aún cuando, el pago de la bonificación judicial, no afecta a quienes hoy se desempeñan como Consejeros de Estado, ni lo perciben por sus vínculos con la Rama Judicial. II. La imparcialidad, la transparencia y la independencia se pone en riesgo, en voces de la Sala Plena del Consejo de Estado, cuando se evidencia el factor subjetivo por beneficio derivado de la decisión a tomar y el objetivo resultante de hechos actuales y particulares que para el caso no fueron indicados en el escrito que se examina […]. Surge que el interés que se manifiesta no es actual y tampoco es indirecto, ello por cuanto lo que se esgrime es que en el pasado desempeñaron un empleo en el que percibieron la prima especial de servicios que se correlaciona de manera directa con la bonif icación judicial que acá se demanda y no se invoca que en la actualidad estén adelantando proceso alguno o tengan expectativa que, en

servicios que se correlaciona de manera directa con la bonif icación judicial que acá se demanda y no se invoca que en la actualidad estén adelantando proceso alguno o tengan expectativa que, en la materia que ocupa a este proceso, pueda implicarles beneficio, ventaja o provecho alguno.»Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante . María del Rosario Velasco Cacua vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680013333007-2021-00008-02 11

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Habiendo precisado lo anterior, pasa la Sala a formular el siguiente:

C. El problema jurídico y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve así:

PJ. ¿La demandante tiene derecho a que se reconozca la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales y, en consecuencia, si hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados?

Tesis: Si Fundamento jurídico: En atención al marco jurídico de cara a las pruebas aportadas, esta Sala advierte que: (i) la bonificación judicial creada en el Decreto 382 de 2013 tiene por finalidad compensar la desnivelación salarial existente entre los servidores de la Fiscalía General de la Nación y; (ii) esta se percibe como contraprestación de los servicios prestados de forma mensual y con carác