TA SAN - Sentencia 680013333007-2022-00157-02 (07-03-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, siete (07) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Procede la Sala a proferir sentencia de Segunda Instancia dentro del medio de control ejercido por la señora ANGELA OMAIRA RINCON MANTILLA en contra de la NACIÓN, RAMA JUDICIAL , CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA ,

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

I – ANTECEDENTES

1. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1.1. Es servidora de la Rama judicial y devenga mensualmente la Bonificación Judicial creada con el Decreto 383 de 2013.

RADICADO: 680013333007-2022-00157-02

LINK DEL

EXPEDIENTE

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list _procesos.aspx?guid=68001333300720220015702680 0123

MEDIO CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: ANGELA OMAIRA RINCON MANTILLA

angelita.rincon22@hotmail.com carlosaugustojaimesbohorquez@gmail.com

DEMANDADO: NACIÓN, RAMA JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE

DEMANDANTE: ANGELA OMAIRA RINCON MANTILLA

angelita.rincon22@hotmail.com carlosaugustojaimesbohorquez@gmail.com

DEMANDADO: NACIÓN, RAMA JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE

LA JUDICATURA , DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co nurrear@cendoj.ramajudicial.gov.co MINISTERIO PÚBLICO nmgonzalez@procuraduria.gov.co TEMA BONIFICACION JUDICIALNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RAD. 680013333007-2022-00157-02

1.2. El 18 de abril de 2018 solicitó a la entidad accionada el reconocimiento y pago de la bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013 como factor salarial, y la consecuente reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos.

1.3. Mediante la Resolución DESAJBUR 18 -6855 del 30 de abril de 2018 la entidad accionada dio respuesta desfavorable.

1.4. Contra dicha decisión se interpuso el recurso de apelación el 22 de enero de 2019 el cual no fue resuelto por la entidad accionada.

2. Pretensiones.

Se sintetizan de la siguiente manera:

2.1. Inaplicar el aparte « … y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud» de la parte final del inciso primero del artículo 1 del Decreto 383 de 06 de marzo de 2013 y sus decretos modificatorios.

de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud» de la parte final del inciso primero del artículo 1 del Decreto 383 de 06 de marzo de 2013 y sus decretos modificatorios.

2.2. Declarar la nulidad de la Resolución DESAJBUR 18-6855 del 30 de abril de 2018 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

2.3. Declarar la existencia del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio g uardado por el ente demandado frente a la interposición del recurso de apelación el 22 de enero de 2019 y declarar su nulidad.

2.4. Se ordene al ente demandado reconocer a favor de la parte demandante la bonificación judicial dispuesta en el Decreto 383 de 2013 como factor salarial y prestacional.

2.5. Se condene en costas al ente demandado y se ajuste la condena.

3. Normas violadas y concepto de violación.

Se alegan como vulneradas las siguientes disposiciones: Tratados Internacionales: - La Convención Americana de Derechos Humanos la cual fue aprobada en el orden interno mediante Ley 161 de 1972. - Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, aprobada mediante Ley 319 de 1962. - El Convenio 151 de la OIT - Convención Americana sobre Derechos humanos Pacto de San José de Costa Rica; Constitución Nacional: artículos 1, 2, 13, 25, 35, 53, 150 numeral 19 literal e y 215 de la Constitución Política; Código Sustantivo del Trabajo:

de San José de Costa Rica; Constitución Nacional: artículos 1, 2, 13, 25, 35, 53, 150 numeral 19 literal e y 215 de la Constitución Política; Código Sustantivo del Trabajo: artículo 127; Ley 4ª de 1992, artículo 2º literal a.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RAD. 680013333007-2022-00157-02

Como concepto de violación se aduce que, el artículo 1º del Decreto 383 de 2013 creó la bonificación judicial como una prestación mensual que perciben, entre otros, los servidores judiciales por el tiempo que permanezcan activos o en servicio, afirmando a partir de ello que su reconocimiento no obedece a la gratuidad o mera liberalidad del empleador sino a un imperativo de orden legal, que es habitual dado el carácter mensual y periódico por el tiempo que «permanezca en el servicio», constituyendo un ingreso personal del trabajador, ya que su pago no pretende cubrir gastos o costos en los que incurra el trabajador para el desempeño cabal de sus funciones, sino que, -como último requisito para que constituya salario -, es pagado como contraprestación directa del servicio prestado.

Así, la definición de salario y lo que lo constituye, es propio de la ley, es decir, atiende al principio de reserva de ley, lo que lo hace una competencia exclusiva e indelegable del Congreso de la República, por lo que es imposible que mediante actos administrativos, com o el Decreto 383 de 2013, el Gobierno pueda modificar postulados alcanzados a través de la historia, modifique conceptos del Código Sustantivo del Trabajo atentando deliberadamente contra los principios de favorabilidad y progresividad del trabajador.

administrativos, com o el Decreto 383 de 2013, el Gobierno pueda modificar postulados alcanzados a través de la historia, modifique conceptos del Código Sustantivo del Trabajo atentando deliberadamente contra los principios de favorabilidad y progresividad del trabajador.

4. Contestación de la demanda

La entidad accionada, se opone a las pretensiones de la demanda, manifestando en forma relevante, que ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción al régimen salarial y prestacional de los servidores públicos para la época en que se causaron -régimen vigentey, a su vez, que los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme a derecho, atendiendo a l a normativa vigente al tiempo en que la parte accionante presentó la solicitud ante la entidad y, por lo tanto, afirma, dichos actos gozan de plena validez y están revestidos por la presunción de legalidad propia de los actos administrativos en firme, así como de los atributos de obligatoriedad, ejecutividad y ejecutabilidad, conforme se encuentra establecido en los artículos 87, 88 y 89 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Propuso como excepciones de fondo las sig uientes: inexistencia del demandado; cobro de lo no debido; falta de legitimación en la causa por pasiva; prescripción trienal; caducidad; legalidad de los actos administrativos demandados; efectivo reconocimiento y pago de la bonificación judicial conform e al marco legal y reglamentario vigente.

II. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Administrativo Transitorio de Bucaramanga mediante sentencia del

reconocimiento y pago de la bonificación judicial conform e al marco legal y reglamentario vigente.

II. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Administrativo Transitorio de Bucaramanga mediante sentencia del siete (7) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) inaplicó por inconstitucionalidadNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RAD. 680013333007-2022-00157-02

la expresión normativa «… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud» contenida en el artículo 1° del Decreto No. 383 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024 (numeral primero); declaró la nulidad de los actos acusados (numeral segundo); condenó a la entidad demandada a reliquidar y pagar a favor de la demandante todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 23 de julio de 2015 incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 383 de 2013, hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento, debiendo revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario (numeral tercero); denegó

emolumento, debiendo revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario (numeral tercero); denegó las excepciones formuladas por la entidad demandada (numeral cuarto) y se abstuvo de condenar en costas (numeral quinto).

Para el efecto consideró que la parte demandante devengó la bonifi cación judicial en forma continua, mensual y habitual, siendo factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite considerarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia norma estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y por lo tanto habitual y periódico, de manera que cumple las características de ser una remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.

Consideró además que, la bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Rama Judicial, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidación de las demás prestaciones, constituye una disminución final del monto reconocido, por lo tanto se constituye en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4a de 1992.

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La entidad accionada interpone oportunamente el recurso de apelación, invocando como fundamentos relevantes, los siguientes:

1992.

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La entidad accionada interpone oportunamente el recurso de apelación, invocando como fundamentos relevantes, los siguientes:

La actuación administrativa fue surtida conforme con la normatividad vigente a la fecha, la cual es constitucional y legal y que no ha sido objeto de suspensión, anulación o modificación alguna conocida, razón por la cual, en lo que respecta a la ejecución presupuestal y a la negación del carácter salarial adicional al que reconocen los Decretos 383 y 384 de 2013, no resulta posible reconocer carácter salarial a las prestaciones que legalmente no la tienen.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RAD. 680013333007-2022-00157-02

La Ley 4ta de 1992 y el Decreto 383 y 384 de 2013 son claros, por lo que, la entidad demandada, no puede atribuirles a las disposiciones un alcance que no tienen, toda vez que resultaría contrario al sentido natural y obvio en que deben entenderse e interpretarse las palabras, conforme a lo señalado en artículos 27 y 28 del Código Civil.

Por expreso mandato legal la Bonificación Judicial constituye  factor salarial  únicamente  para  efectos  de  constituir  la  base de cotización al  Sistema General  de  Pensiones  y  al  Sistema  General  de  Seguridad  Social  en Salud, a lo que se agrega que la modificación, ajuste o variación de las normas que consagran  dicho concepto es de la exclusiva competencia de Gobierno Nacional,

lo que se agrega que la modificación, ajuste o variación de las normas que consagran  dicho concepto es de la exclusiva competencia de Gobierno Nacional, como lo evidencian los decretos expedidos por el Ejecutivo para ajustar el monto de la referida Bonificación en las vigencias 2015 y 2016, quedando por lo tanto resuelta de plano la pretensión del interesado concerniente a  «…ajustes equivalentes al IPC del 02%… ».  Así, afirma, no se puede alegar nulidad de los actos enjuiciados, cuando estos se atienen, estrictamente, al ordenamiento jurídico vigente, que es el que se pide inaplicar en este caso a solicitud de parte.

Dado el carácter no salarial de la bonificación judicial, las pretensiones señaladas con la demanda no están llamadas a prosperar, teniendo en cuenta que la entidad demandada está sometida al imperio de la Ley y obligada a aplicar el derecho vigente al tenor literal de su redacción, dándole estricto cumplimiento.

No están incluidos en el presupuesto de la Rama Judicial los dineros que se requerirían para el pago de lo pretendido por la parte actora, lo cual obedece a que el rubro de gastos de personal está planeado y calculado, teniendo en cuenta las regulaciones vigentes que regulan los salarios, prestaciones y acreencias laborales de los empleados de la Rama Judicial, por lo que de ninguna manera pueden incluirse allí mayores costos para reconocer lo pretendido por la parte actora, en tanto, no resulta acorde con las previsiones de los Decretos 383 y 384 de 2013, que establecieron el carácter salarial de la Bonificación Judicial únicamente para efectos de aportes de Seguridad Social en pensiones y salud.

tanto, no resulta acorde con las previsiones de los Decretos 383 y 384 de 2013, que establecieron el carácter salarial de la Bonificación Judicial únicamente para efectos de aportes de Seguridad Social en pensiones y salud.

Se refiere a la excepción de caducidad asegurando que la parte demandante debió pretender la nulidad de los decretos salariales dentro del término contemplado en el artículo 138 del CPACA, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 137 ibidem, puesto que la parte accionante lo qu e pretende es el restablecimiento automático de un derecho (reliquidación de salarios y prestaciones causados desde el 2013) y que no demandó las normas que regulan su remuneración, razón por la cual no encuentra justificable que la parte accionante pueda ser excusada de no haber atacado la vigencia de aquellas normas que se encuentra vigentes.

La demandante ha tenido diferentes vinculaciones con la entidad; sin embargo, su vinculación no ha sido continua ni ininterrumpida, sino que por el contrario, de laNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RAD. 680013333007-2022-00157-02

revisión de los antecedentes, se encuentran periodos con lapsos de interrupción que superan los 15 días, por lo que asegura, en cada finalización del vínculo legal y reglamentario que ha tenido la señora ANGELA OMAIRA con la entidad, se han proferido las diferentes Resoluciones de liquidaciones definitivas de prestaciones sociales y de cesantías -invoca la Resolución DESAJBUR23-6171 del 26 de octubre de 2023-; actos administrativos -sicque, señala, no fueron objeto de los recursos

proferido las diferentes Resoluciones de liquidaciones definitivas de prestaciones sociales y de cesantías -invoca la Resolución DESAJBUR23-6171 del 26 de octubre de 2023-; actos administrativos -sicque, señala, no fueron objeto de los recursos de Ley y que a la fecha se encuentran en firme, al no haberse agotado ningún recurso en su contra, encontrándose caducas las acciones que pudieron haberse iniciado al respecto por haber transcurrido el termino previsto en el artículo 164 numeral 2, literal c) de la Ley 1437 de 2011.

Finalmente se advierte que, la entidad demandada insiste, en esta etapa, en la necesidad de vincular a la Nación - Presidencia de la República, a la NaciónMinistro de Hacienda, y a la Nación - Departamento Administrativo de la Función Pública, predicando a partir de ello su falta de legitimación en la causa y la alegada «inexistencia del demandado». Además, insiste en predicar la configuración de la excepción de inepta demanda, fundada en idénticos argumentos señalado s al momento de su formulación en la contestación de la demanda.

IV. PRONUNCIAMIENTOS FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN

El término de que trata el numeral 4° del art. 247 de la Ley 1437 de 2011, venció en silencio. La señora Agente del Ministerio Público no rindió concepto de fondo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Cuestiones previas

1.1 Si bien en anteriores oportunidades la suscrita ponente se manifestaba impedida en asuntos de esta naturaleza, en atención al pronunciamiento de fecha 25 de julio

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Cuestiones previas

1.1 Si bien en anteriores oportunidades la suscrita ponente se manifestaba impedida en asuntos de esta naturaleza, en atención al pronunciamiento de fecha 25 de julio de 20241 en un caso de contornos idénticos a través del cual el H. Consejo de Estado declaró infundado el impedimento manifestado por todos los magistrados de esta Corporación al considerar que « dado que los magistrados no señalaron que han presentado demanda o te ngan pleito pendiente en el cual se debata el asunto del proceso o hubieran defendido y obtenido dicho beneficio entre otras circunstancias, no se configura la causal de impedimento señalada », se avocará el estudio del

1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA

• SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Impedimento Radicación: 6800133-33-010-2017-00286-01 (3474 -2024) Demandante: Alici a Martínez Ulloa y otros1 Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración JudicialNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RAD. 680013333007-2022-00157-02

asunto en aras de garantizar el principio de celeridad y de acceso a la administración de justicia. 1.2 No se emitirá pronunciamiento alguno en relación con los argumentos expuestos por la entidad apelante, en los cuales fundamenta las excepciones de

asunto en aras de garantizar el principio de celeridad y de acceso a la administración de justicia. 1.2 No se emitirá pronunciamiento alguno en relación con los argumentos expuestos por la entidad apelante, en los cuales fundamenta las excepciones de indebida conformación del contradictorio e ineptitud de la demanda, como quiera que frente a ellas ya existe una decisión de fondo y en firme, considerando al efecto que, el a -quo mediante providencia del 11 de diciembre de 2023 2 las declaró no probadas; decisión que dispuso no reponer, conforme auto del 19 de marzo de 2024, en el que además, se declaró el rechazo por improcedente del recurso de apelación interpuesto por la entidad; providencias que se encuentra debidamente ejecutoriadas.

2. Problemas Jurídicos

PJ 1 ¿Es procedente la inaplicación por inconstitucionalidad de la expresión normativa «… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud» contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013, por medio de la cual se creó la bonificación judicial para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial?

PJ 2. ¿Como consecuencia de lo anterior, hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y a reconocer al demandante la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales?

3. Tesis de la Sala

PJ 1 y PJ 2: Sí, al tratarse de una remuneración permanente y periódica, recibida como contraprestación por los servicios prestados, y con la finalidad de mejorar o incrementar la remuneración de los servidores de la Rama Judicial, dado que se

PJ 1 y PJ 2: Sí, al tratarse de una remuneración permanente y periódica, recibida como contraprestación por los servicios prestados, y con la finalidad de mejorar o incrementar la remuneración de los servidores de la Rama Judicial, dado que se configuran los ele mentos constitutivos de salario, por tanto, debe reconocérsele sus efectos prestacionales, destacándose que la sostenibilidad de la entidad accionada no puede prevalecer sobre los derechos fundamentales del trabajador.

4. Marco Jurídico y Jurisprudencial

4.1 De la Bonificación judicial dirigida a los servidores de la Rama Judicial

La Constitución Política de Colombia, en el artículo 150 numeral 19, literal e y f ordena al Congreso de la República, dictar las normas generales para que el

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Gobierno Nacional fijara el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública y regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales; dicho mandato constitucional, fue materializado en la ley 4 de 1992, fijándose normas generales, objetivos y criterios. En el artículo 2º numeral a, dispuso como pauta: «El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales».

Más adelante, mediante el Decreto 383 de 2013, el Gobierno en ejercicio de las facultades otorgadas en la ley 4ª de 1992, creó la Bonificación judicial dirigida a los

desmejorar sus salarios y prestaciones sociales».

Más adelante, mediante el Decreto 383 de 2013, el Gobierno en ejercicio de las facultades otorgadas en la ley 4ª de 1992, creó la Bonificación judicial dirigida a los servidores de la Rama Judicial, la cual se reconoció a partir del 1º de enero de 2013, de manera mensual, mientras el servidor público permanezca en el servicio. Al respecto, el artículo 1º estableció:

«Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1° de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año al valor que se fija en las siguientes tablas, así:(…)».

En el artículo citado se precisa que la bonificación judicial será reconocida a partir del 1° de enero de 2013, se cancelará mensualmente por el servidor en tanto permanezca en el servicio. Asimismo, advierte que esta solo será tenida en cuenta para la cotización en el sistema general de pensiones y para el sistema de seguridad social en salud.

No obstante, el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, estableció que «Constituye salario

para la cotización en el sistema general de pensiones y para el sistema de seguridad social en salud.

No obstante, el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, estableció que «Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones.»

Así mismo, el artículo 12 del Decreto No. 717 de 1978, señaló que, además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factoresNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RAD. 680013333007-2022-00157-02

de salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el funcionario o empleado, estableciendo:

«(…) Además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios (…)»

El H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, mediante Sentencia del seis (06) de abril de dos mil veintidós (2022), se r efirió al carácter salarial de la bonificación judicial así3:

«(…) En este orden de ideas, para la Sala es claro que la bonificación judicial creada mediante Decreto No. 0382 de 2013, al ser un pago que reciben los empleados y

carácter salarial de la bonificación judicial así3:

«(…) En este orden de ideas, para la Sala es claro que la bonificación judicial creada mediante Decreto No. 0382 de 2013, al ser un pago que reciben los empleados y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, de forma habitual y periódica en contraprestación a sus servicios, no habría motivo alguno para desconocer su carácter salarial, máxime si se tiene en cuenta que fue creada precisamente para materializar una nivelación salarial dispuesta en una Ley marco, Aceptar lo contrario, implicaría desconocer abiertamente los límites a la facultad otorgada por el Congreso al Gobierno Nacional y desatentar principios de rango constitucional como la progresividad, la primacía de la realidad sobre las formas y los límites protectores señalados por el Constituyente en el artículo 53 de la Carta Política (…)».

4.2 De la excepción de inconstitucionalidad4

De conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política, en su primer inciso: «La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales».

Como se aprecia, la «excepción de inconstitucionalidad» es una consecuen cia del mandato de superioridad o prevalencia de las normas constitucionales sobre las demás disposiciones del ordenamiento jurídico, en la medida en que tal ordenamiento se fundamenta y se estructura sobre los preceptos de la Carta Política.

3 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA

demás disposiciones del ordenamiento jurídico, en la medida en que tal ordenamiento se fundamenta y se estructura sobre los preceptos de la Carta Política.

3 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA CONJUEZ PONENTE: CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS, seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022) Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 6001233300020180041401 (0470-2020) Demandante: María Elide Acosta Henao 4 CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Consejero ponente (E): Óscar Darío Amaya Navas D.C., 2 de noviembre de 2021 Número único: 11001030600020210009700

Referencia: Conflicto negativo de competenci as administrativas Partes: Defensoría de Familia del

Grupo de Protección del ICBF (Regional Bogotá) y Juzgado Diecinueve de Familia de BogotáNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RAD. 680013333007-2022-00157-02

Precisamente por razón de la prevalencia constitucional, la jurisprudencia y la doctrina, en el derecho colombiano, han desarrollado la figura de la excepción de inconstitucionalidad que, en síntesis, consiste en la posibilidad que tienen los operadores jurídicos en un caso concreto, de no aplicar la ley u otra norma cuando observan que es ostensiblemente opuesta a una norma constitucional.

Obsérvese que el artículo 4 de la Carta Política no se refiere simplemente a una contradicción, oposición o antinomia entre la n orma constitucional y la de inferior

observan que es ostensiblemente opuesta a una norma constitucional.

Obsérvese que el artículo 4 de la Carta Política no se refiere simplemente a una contradicción, oposición o antinomia entre la n orma constitucional y la de inferior jerarquía, sino a una incompatibilidad, vocablo que el Diccionario de la Lengua Española define, en su primera acepción, como «Repugnancia que tiene una cosa para unirse con otra, o de dos o más personas entre sí».

Por lo tanto, debe entenderse que una norma de inferior jerarquía es incompatible con una disposición constitucional cuando ambos preceptos no pueden subsistir y aplicarse al mismo tiempo , para solucionar determinada situación jurídica. En tal evento, como lo ordena el artículo 4 de la Carta, es indudable que debe aplicarse la norma superior, aunque ello implique dejar de aplicar (total o parcialmente) la norma de inferior jerarquía.

A su turno, la sentencia T -681 de 2016 emitida por el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, es la que emite un listado taxativo de causales de procedencia en la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, así:

«Dicha facultad puede ser ejercida de manera oficiosa o a solicitud de parte cuando se está frente a alguna de las siguientes circunstancias:

3.1.1.1. La norma es contraria a las cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad, toda vez que “de ya existir un pronunciamiento judicial de carácter abstracto y concreto y con efectos erga omnes, la aplicación de tal excepción de inconstitucionalidad se hace inviable por los efectos

un pronunciamiento sobre su constitucionalidad, toda vez que “de ya existir un pronunciamiento judicial de carácter abstracto y concreto y con efectos erga omnes, la aplicación de tal excepción de inconstitucionalidad se hace inviable por los efectos que dicha decisión genera, con lo cual cualquier providencia judicial, incluidas las de las acciones de tutela deberán acompasarse a la luz de la sentencia de control abstracto que ya se hubiere dictado;

3.1.1.2. La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Cons ejo de Estado, en respuesta a una acción