TA SAN - Sentencia 680013333007-2022-00211-02 (03-04-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, tres (03) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 680013333007-2022-00211-02 Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Sergio Andrés Rueda Bravo dianacontreras.abogada@outlook.es Demandado Nación – Fiscalía General de la Nación. jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Bonificación judicial Decreto 382 de 2013 / Confirma sentencia

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia proferida el siete (7) de octubre del dos mil veinticuatro (2024) por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. LA DEMANDA1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., instauró demanda ante esta jurisdicción por conducto de apoderado debidamente constituido el señor Sergio Andrés Rueda Bravo en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se acceda a las siguientes:

1. Pretensiones.

1.1 Inaplicar por inconstitucionalidad e ilegalidad, la expresión “ constituye únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud ” contenida en el artículo primero del Decreto No. 382 de 2013, modificado

únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud ” contenida en el artículo primero del Decreto No. 382 de 2013, modificado por el Decreto No. 022 del 09 de enero de 2014 y ajustado por los Decretos No. 1270 de 2015, 247 de 2016, 1015 de 2017 y 341 de 2018 , por cuanto vulneran los artículos 2, 27 y 53 de la Constitución Política y la Ley 4° de 1992.

1.2 Declarar la nulidad de los actos administrativos No. 31200-0078 de fecha 03 de febrero de 2020 mediante el cual la entidad demandada negó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial; así como el acto ficto negativo administrativo que surgió con ocasión a la no

1 Samai primera instancia, índice 00009, archivo 03Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333007-2022-00211-02

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resolución del recurso de apelación interpuesto el 14 de febrero de 2020 contra la decisión del 03 de febrero de 2020.

1.3. A título de restablecimiento del Derecho, solicita se condene a la NaciónFiscalía General de la Nación a reliquidar todas las prestaciones sociales y emolumentos devengados por el demandante incluyendo la bonificación judicial como factor salarial y se proceda al pago de las diferencias causadas a partir del 30 de enero de 2017 teniendo en cuenta que la prescripción se interrumpió con la reclamación presentada el 3 0 de enero de 2020.

diferencias causadas a partir del 30 de enero de 2017 teniendo en cuenta que la prescripción se interrumpió con la reclamación presentada el 3 0 de enero de 2020.

1.4. Ordenar que, el cumplimiento de la condena que se imponga en esta sentencia, se de en los términos de los artículos 187, 189,192, 194 y 195 del CPACA.

1.5. Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

2. Hechos.

Como fundamento de las pretensiones, el demandante aduce los siguientes hechos relevantes:

2.1. Se encuentra vinculado a la Fiscalía General de la Nación y actualmente se desempeña como asistente de Fiscal I.

2.2. Mediante petición dirigida a la Fiscalía General de la Nación el 30 de febrero de 2020 solicitó que la bonificación judicial creada por el artículo 1° del Decreto 382 de 2013 se tuviera en cuenta como factor salarial para todos los efectos legales incluida la reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados; previa inaplicación de la frase contenida en la norma: “ constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud”.

2.3. La entidad demandada en respuesta, emitió el acto administrativo No. 31200-0078 del 03 de febrero de 2020 mediante el cual negó lo solicitado y posteriormente, guardó silencio frente al recurso de apelación formulado el 14 de febrero de 2020 en contra de d icha decisión, configurándose el acto ficto negativo demandado.

posteriormente, guardó silencio frente al recurso de apelación formulado el 14 de febrero de 2020 en contra de d icha decisión, configurándose el acto ficto negativo demandado.

3. Normas violadas y concepto de violación.

Se invocan como disposiciones violadas las siguientes: De orden Constitucional: artículo 150 numeral 19 literales e) y f).Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333007-2022-00211-02

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Manifiesta que teniendo en cuenta que con la bonificación judicial se procuró la nivelación salarial, además de ello que su causación es mensual, habitual y mientras el servidor permanezca en el servicio, la misma de suyo constituye factor salarial.

Por lo tanto, considera que se debe inaplicar el Decreto 382 con sus modificaciones por resultar contrario a los fines superiores consagrados en los artículos 2, 13, 27 y 53 de la Constitución Política y al fin determinado en el parágrafo del artículo 14, y por desconocer el postulado contenido en el artículo 2 de la ley 4ª de 1992.

Resalta que los actos acusados adolecen de falsa e indebida motivación por cuanto en los mismos se sostiene que no es aplicable la sentencia proferida por el Honorable Consejo de Estado el 29 de abril de 2014, ya en ella se declaró la nulidad de una serie de decretos que regulaban lo correspondiente a la “prima especial del 30%” de la Rama Judicial, lo que de suyo es carente de fundamento, ya que lo que se pide no es la aplic ación de los efectos de

a la “prima especial del 30%” de la Rama Judicial, lo que de suyo es carente de fundamento, ya que lo que se pide no es la aplic ación de los efectos de dicha sentencia, sino que la misma se cita como fuerza de argumento, en cuanto a la definición salarial de la bonificación judicial creada por el Decreto 382 de 2013 modificado por el Decreto 022 de 2014.

II. LA SENTENCIA APELADA2

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante sentencia de fecha 07 de octubre de 2024, resolvió:

“PRIMERO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 382 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:

-Oficio 31200-0078 del 3 de febrero de 2020 proferido por la Subdirectora Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la Nación. -Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la int erposición del recurso de apelación

Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la Nación. -Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la int erposición del recurso de apelación presentado el 14 de febrero de 2020.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACION – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reliquidar y pagar a favor de SERGIO ANDRÉS RUEDA BRAVO , todas las prestaciones s ociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 1 de agosto de 2017 incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 382 de 2013 hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento.

2 SAMAI primera instancia índice 00036Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333007-2022-00211-02

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Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.

La suma que resulte a favor del demandante debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.

La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

CUARTO: Negar las excepciones propuestas por el ente demandado relacionadas 19 SIGMA -SGC con la prescripción de derechos laborales,

desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

CUARTO: Negar las excepciones propuestas por el ente demandado relacionadas 19 SIGMA -SGC con la prescripción de derechos laborales, constitucionalidad de la restricción del carácter salarial, aplicación del mandato normativo, legalidad, cumplimiento de un deber le gal, cobro de lo no debido y buena fé, por las razones expuestas.

QUINTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO.

SEXTO: Désele cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos para ello por el artículo 192 y 195 del CPACA.”

Como fundamento de la decisión y, tras desarrollar el marco jurídico y jurisprudencial sobre las atribuciones que recaen sobre el gobierno en su ejercicio de poder reglamentario de la ley y determinando el concepto de salario, determinó que la bonificación judicial prevista en el Decreto 382 de 2013 restringe dicho concepto al aplicarlo para las cotizaciones que se hacen al Sistema General de Pensiones y Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero no, para el pago y liquidación de las demás prestaciones; por lo que la misma incurre en un vicio de ilegalidad y contraría los postulados constitucionales sobre derechos laborales , lo que conduce a inaplicar la expresión allí contenida y reproducida en los decretos que ajustaron año a año los valores a reconocer por bonificación judicial , “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” por resultar restrictiva y desfavorable.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN3

factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” por resultar restrictiva y desfavorable.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN3

El apoderado judicial de la parte demandada formula recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, solicitando se revoque en su integridad y en su lugar se denieguen las pretensiones del demandante.

Sostiene que el decreto 0382 de 2013 es producto de la facultad legal otorgada al Gobierno Nacional desde la Constitución Política de Colombia en su artículo 150 y atendiendo a que a la fecha dicha disposición no ha sido objeto de derogación o declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad, a la Fiscalía General de la Nación le es imposible modificarla, interpretarla o inaplicarla.

3 SAMAI primera instancia índice 00038Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333007-2022-00211-02

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Argumenta que en la decisión de primera instancia se desconoce la definición de salario tanto en el ámbito internacional como nacional y según la cual, todo lo que devengue un trabajador no tiene que hacer parte de la liquidación de todos los factores salariales y prestacionales que reciba. Al contrario puntualmente frente al alcance de la definición internacional de salario, contenida en el Art. 1 del Convenio 095 de la OIT, se observa que la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 15 de marzo del 2017, identificada con radicación No. 48001, indicó que dicho concepto de salario debe ser adoptado únicamente para determinar el alcance de las disposiciones de ese mismo

Suprema de Justicia en sentencia del 15 de marzo del 2017, identificada con radicación No. 48001, indicó que dicho concepto de salario debe ser adoptado únicamente para determinar el alcance de las disposiciones de ese mismo convenio, por lo cual no es dable otorgarle un alcance mayor , como lo hizo el juzgador al determinar que la definición de salario de dicho Convenio configuraba una razón principal por la cual se debía tener como factor salarial a la bonificación judicial, sin que est a consecuencia de ampliar un carácter salarial estuviera prevista en el alcance y contenido literal del convenio.

Refiere que se desconoce el precedente jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre la discrecionalidad del legislador para determinar qué constituye o no salario y por tanto, si bien en el presente caso se puede llegar a establecer que la bonificación judicial podría encuadrar dentro de la definición internacional y nacional de “salario”, esto no es óbice para que automáticamente se deduzca que dicho rubro constituya base para la liquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos salariales que devengue un trabajador, pues el legislador y el Gobierno Nacional, conforme a las potestades otorgadas en la Ley 4ª de 1992, puede a su libre discrecionalidad establecer si un rubro será parte o no de la base de liquidación de las prestaciones sociales o de los demás rubros salariales que devenga un empleado de la Fiscalía General de la Nación, como en efecto sucede con el Decreto 0382 de 2013, sin que ello constituya una afectación a los derechos laborales de los funcionarios o estando en contravía de la Constitución.

Manifiesta que se desconoce que el Decreto 382 de 2013 fue el resultado de

Decreto 0382 de 2013, sin que ello constituya una afectación a los derechos laborales de los funcionarios o estando en contravía de la Constitución.

Manifiesta que se desconoce que el Decreto 382 de 2013 fue el resultado de una negociación colectiva entre el Gobierno y los representantes de la Fiscalía General de la Nación, con lo que es claro que la nivelación en condiciones de equidad y retribución igualitaria de acuerdo con las equivalencias de los cargos de la Rama Judicial y la Fiscalía se aseguró y garantizó plenamente.

En igual sentido, asegura que se desconoce el mandato Constitucional de Sostenibilidad Fiscal por cuanto afectar los efectos salariales que desde su creación se le otorgó a esta retribución provocaría que se ordenar a la disposición de recursos públicos adicionales para sufragar necesidades no proyectadas con anterioridad, desbordando el presupuesto destinado para solventar este emolumento adicional, lo que podría conllevar una crisis fiscal del Estado Colombiano.

También señala que se vulnera el debido proceso por cuanto la excepción de inconstitucionalidad solo procede en aquellos casos en los que se presente una evidente y palmaria contradicción entre una disposición legal o reglamentaria y los preceptos constitucionales, por lo tanto las autoridadesTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333007-2022-00211-02

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judiciales tienen el deber argumentar suficientemente en su providencia la evidente y palmaria contradicción entre la norma que pretende desconocer en el caso concreto y las disposiciones constitucionales; toda vez que en caso de no hacerlo, la decisión puede llegar a desconocer los mandatos legales o

evidente y palmaria contradicción entre la norma que pretende desconocer en el caso concreto y las disposiciones constitucionales; toda vez que en caso de no hacerlo, la decisión puede llegar a desconocer los mandatos legales o reglamentarios y por lo tanto ser arbitraria, consti tuyendo una vulneración al debido proceso de la parte afectada.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El proceso es repartido al Despacho el 19 de diciembre de 2024 posteriormente, con auto del 11 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación. En la misma providencia se advirtió a los sujetos procesales que hasta su ejecutoria podrían pronunciarse en relación con el recurso de apelación admitido.

En esta etapa las partes demandante y demandada guardaron silencio y el Ministerio Público no presentó concepto de fondo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

1. Aspecto procesal previo

Encontrándose el presente proceso para efectuar pronunciamiento de fondo, la H. Magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez, integrante de la Sala de decisión, formula impedimento para conocer el fondo del asunto por la causal prevista en el numeral 1° del artículo 141 del C.G.P., aplicable por remisión expresa del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011, por existir un interés indirecto en las resultas del proceso, en atención a que radicó demandada de nulidad y restablecimiento del derecho bajo el número 680013333-004-2018-00412-00, en la que pretende el reconocimiento de la bonificación judicial y la prima especial como factor salarial.

Así, atendiendo a las manifestaciones efectuadas por la H. Magistrada,

en la que pretende el reconocimiento de la bonificación judicial y la prima especial como factor salarial.

Así, atendiendo a las manifestaciones efectuadas por la H. Magistrada, considera la Sala que para el caso bajo estudio se configura la causal de impedimento aludida atendiendo a que, tiene una expectativa similar a la de la parte demandante pues su proceso se encuentra en trámi te y la reclamación del derecho no ha sido definida por el juez de conocimiento; razón por la cual la Sala estima procedentes los motivos invocados por la doctora Claudia Ximena Ardila Pérez y en ese sentido, se aceptará el impedimento manifestado, al conf igurarse la causal prevista en el numeral primero del artículo 141 del CGP; resolviéndose, tal y como quedará consignado en la parte resolutiva, apartar a la H. Magistrada Ardila Pérez del conocimiento del presente medio de control, en aras de preservar la imparcialidad en la función judicial.

2. Competencia.Tribunal Administrativo de Santander

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Corresponde a esta Corporación resolver los recursos interpuestos, dada la naturaleza de la providencia apelada, de conformidad con lo establecido en los artículos 243 y 247 de la Ley 1437 de 2011.

3. Problema Jurídico.

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer si resulta procedente inaplicar por inconstitucionalidad la palabra “únicamente” contenida en el artículo 1° del Decreto 382 de 2013 y en aquellos que ajustaron

en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer si resulta procedente inaplicar por inconstitucionalidad la palabra “únicamente” contenida en el artículo 1° del Decreto 382 de 2013 y en aquellos que ajustaron año a año los valores a reconocer por la bonificación judicial creada para los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación.

En caso afirmativo, se debe determinar, si la bonificación judicial creada mediante el Decreto 38 2 de 2013, constituye factor salarial para reliquidar todas las prestaciones sociales del demandante y, por tanto, hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.

4. Control de constitucionalidad del Decreto 382 de 2013. De la naturaleza jurídica de la bonificación judicial.

La Constitución de 1991 dejó en manos del legislador la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los funcionarios públicos, correspondiéndole al Ejecutivo, en ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Fundamental, desarrollar los parámetros fijados en Leyes Marco, como es el caso de la Ley 4ª de 19924, que señala los lineamientos generales que debe seguir el Ejecutivo Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

Ahora bien, conviene destacar, que la Ley 4ª de 1992, entre los objetivos centrales para el sector judicial, se dirige a lograr una nivelación adecuada y más comprensiva de los salarios, es así que en sus artículos 14 y 15, como lo ha considerado el Consejo de Estado 5, da “cuenta de la falta de

centrales para el sector judicial, se dirige a lograr una nivelación adecuada y más comprensiva de los salarios, es así que en sus artículos 14 y 15, como lo ha considerado el Consejo de Estado 5, da “cuenta de la falta de proporcionalidad salarial en la pirámide salarial ya que los sueldos de los magistrados de las Cortes de cierre estaban muy distantes del segundo nivel salarial conformado por los magistrados de Tribunal y magistrados auxiliares de Altas Cortes) y, con may or razón, con un extendido tercer nivel salarial conformado por el resto de jueces unipersonales que atienden el grueso de la demanda judicial del país. Por ello, y con el fin de extender el beneficio salarial

4 “ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…)

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el

Gobierno para los siguientes efectos: (…) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública...” 5 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA. Bogotá, D. C, seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022). Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Radicación: 76001233300020180041401 (0470-2020)Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333007-2022-00211-02

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a todos los funcionarios y empleados de la Ram a Judicial, se incluyó un

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a todos los funcionarios y empleados de la Ram a Judicial, se incluyó un parágrafo en el artículo 14 de la referida Ley 4ª, del siguiente tenor literal: “PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”.

En todo caso, debe señalar la Sala, que en la expedición de normas de carácter salarial, se debe ser consecuente con el principio de progresividad, constitucionalmente plasmado en el artículo 53 de la Carta Política6, y la noción de salario vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, atendiendo la mínima y básica realidad salarial, so pena de violar los criterios y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 , en tanto que, como se indi có, lo pretendido tanto por el Constituyente como por el Legislador fue “nivelar o reclasificar con sentido de equidad el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial”.

De esta manera, el Gobierno Nacional, en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial dispuesto en la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 382 de 6 de marzo de 2013, el cual creó una bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional dispuesto en el Decreto 053 de 1993, bien porque se hubieran vinculado a partir de su entrada en vigor o, porque se

servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional dispuesto en el Decreto 053 de 1993, bien porque se hubieran vinculado a partir de su entrada en vigor o, porque se hubieran acogido a él; en todo caso, en garantía del principio de la igualdad, bajo el principio de “a trabajo igual, salario igual”, el artículo 2 del Decreto 382 de 2013 determinó, que aquellos funcionarios y empleados que “no optaron por el régimen establecido en el Decreto número 53 de 1993 y que continúan con el régimen del Decreto número 839 de 2012 y las disposiciones que lo modifican o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en el Decreto número 53 de 1993, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio”.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 382 de 2013 , la bonificación judicial se reconoce de forma mensual y, constituye “únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud ”, luego no es constitutiva de factor salarial para efectos de liquidar las prestaciones legales y sociales que perciben los servidores de la Fiscalía General de la Nación.

6 El artículo 53 Constitucional, eleva a rango superior una gama de principios (que componen el marco axiológico, ideológico y filosófico de las normas laborales y que permiten por tanto una correcta

6 El artículo 53 Constitucional, eleva a rango superior una gama de principios (que componen el marco axiológico, ideológico y filosófico de las normas laborales y que permiten por tanto una correcta interpretación de las normas sustantivas), entre los que se cuentan el de una remuneración vital y móvil; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; así mismo, en los incisos cuarto (4º) y quinto (5º) del artículo 53 se precisa que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna; y que la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333007-2022-00211-02

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En consecuencia, al limitarse el carácter salarial de la bonificación judicial sólo al ingreso base de cotización en pensione s y salud, el Gobierno Nacional se apartó del marco de la Ley 4 de 1992 al que estaba obligado, en tanto no se dirigió a lograr la nivelación salarial, que sólo puede ser comprendida como un mejoramiento de las condiciones salariales, lo que para la Sala debe conllevar un aumento de la remuneración o retribución económica por la prestación de servicios; frente a lo cual, debe recordarse, que el artículo 127 de Código

mejoramiento de las condiciones salariales, lo que para la Sala debe conllevar un aumento de la remuneración o retribución económica por la prestación de servicios; frente a lo cual, debe recordarse, que el artículo 127 de Código Sustantivo de Trabajo con la modificación realizada por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990 , determinar que “Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la fo rma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones”.

De ahí que, comprender la bonificación judicial sin carácter salarial, equivale a despojar a los serviciares públicos destinatarios de la misma , de una buena parte de los beneficios salariales y prestacionales que el incremento de la remuneración representa, en la medida que al ser un factor salarial debe tenerse en cuenta para liquidar todos sus derechos económicos, como primas, vacaciones, cesantías, etc.

En este sentido, el Consejo de Estado7 indicó, que “al señalar el legislador que esa revisión se realizaría a través de la nivelación o reclasificación de los empleos de la Rama, debió el Gobierno Nacional sujetarse a ese cuadro fijado por el legislador: nivelación o reclasificación, lo que conlleva a incremento salarial y no sólo crear una Bonificación ajena, según el Decreto que la creó, al salario, por cuanto el mismo indica que dicha Bonificación “sólo constituye factor salarial para efecto s de las cotizaciones al Sistema General de

salarial y no sólo crear una Bonificación ajena, según el Decreto que la creó, al salario, por cuanto el mismo indica que dicha Bonificación “sólo constituye factor salarial para efecto s de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud””.

Bajo estas premisas, es claro que el Decreto 38 2 de 2013 al incluir en su artículo 1 que la bonificación judicial “…constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud …”, no siguió los condicionamientos dispuestos en la Ley Marco 4 ª de 1992; de ahí que , con fundamento en la excepción de constitucionalidad (artículo 4 superior ), dicho aparte debe ser inaplicado al caso concreto por ser contrario al ordenamiento jurídico y, si bien debe admitirse que los reglamentos que desarrollan leyes marco gozan de una mayor amplitud regulatoria en consideración a que la ley marco por su pro pia estructura normativa no puede contener más que parámetros, criterios y principios generales ; debe recordarse que esa mayor amplitud, en todo caso, no está exenta de la necesaria coincidencia

7 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA.

Bogotá, D. C, seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022). Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Radicación: 76001233300020180041401 (047