TA SAN - Sentencia 680013333007-2025-00209-01 (30-10-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA–

SGC

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander

Bucaramanga, treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Sentencia de segunda instancia

Medio de control Acción de tutela Radicado 680013333007-2025-00209-01

Enlace https: //samai.consejodeestado.gov.co/Vistas /Casos/list_procesos.aspx?guid=680013333

007202500209016800123 Accionante Esteban Triana Moyano estebantrianamoyano@gmail.com Accionado Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas. gov.co Ministerio público Jhon Carlos García Perea jcgarcia@procuraduria.gov.co Sentencia núm. 083 Tema No se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que la UARIV no demostró haber satisfecho en forma completa el derecho de petición del accionante, razón por la cual se confirma la decisión de primera instancia. Magistrada ponente Claudia Patricia Peñuela Arce

Verificada la inexistencia de irregularidades que impidan un pronunciamiento de fondo, la Sala decide la impugnación1 interpuesta por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas contra el fallo del 22 de septiembre de 2025, proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga 2, mediante

Integral a las víctimas contra el fallo del 22 de septiembre de 2025, proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga 2, mediante el cual se ampararon derechos fundamentales.

1. Antecedentes

1.1. Trámite

1 La impugnación fue repartida y asignada al despacho ponente el 1.° de octubre de 2025, según se observa en Samái. 2 Con fundamento en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Corporación es competente para conocer la impugnación de las sentencias de tutela que en primera instancia dictan los juzgados administrativos de su jurisdicción territorial.Accionante: Esteban Triana Moyano

Accionado: UARIV Radicado: 680013333007-2025-00209-01

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La solicitud de tutela, radicada el 10 de septiembre de 2025 3, fue asignada por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga 4, que en esa misma fecha la admitió 5 y ordenó correr traslado de la tutela y sus anexos a la entidad accionada. 1.2. Posición de la parte accionante

El señor Esteban Triana Moyano, en nombre propio, promovió acción de tutela6 contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante, UARIV) para la protección de sus derechos fundamentales de petición, igualdad, debido proceso administrativo y a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, presuntamente vulnerados por la respuesta incompleta a su solicitud del 20 de agosto de 2025.

para la protección de sus derechos fundamentales de petición, igualdad, debido proceso administrativo y a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, presuntamente vulnerados por la respuesta incompleta a su solicitud del 20 de agosto de 2025.

En consecuencia, solicitó al juez constitucional ordenar a la entidad accionada: (a) informar el valor exacto y actualizado que corresponde a su núcleo familiar dentro de la indemnización reconocida en el acto administrativo 2024 -1189057; (b) indicar la fecha estimada de pago, atendiendo su condición de urgencia manifiesta y extrema vulnerabilidad, así como la priorización de l trámite; (c) actualizar los beneficiarios, excluyendo a Leonilde Vázquez de Triana y Esteban Triana Moyano por su fallecimiento, y redistribuir el porcentaje entre los sobrevivientes conforme al acto de reconocimiento; y (d) precisar el estado actual del trámite de pago, con indicación de si se surtió la priorización correspondiente al año 2025 y, de ser así, su resultado.

Para sustentar lo anterior, expuso que, mediante el acto administrativo 2024–1189057, la UARIV reconoció la indemnización administrativa por el homicidio de su padre, Luis Antonio Triana Vázquez, con beneficiarios los nueve hijos y los padres del causante. Dentro de ese grupo figuran sus abuelos paternos: Esteban Triana Moyano, fallecido el 7 de mayo de 1989, y Leonilde Vázquez de Triana, también fallecida. Aportó el registro civil del primero y una certificación eclesiástica respecto de la segunda, por ausencia de registro civil de defunción debido a que en vida no obtuvo cédula de ciudadanía, hecho

civil del primero y una certificación eclesiástica respecto de la segunda, por ausencia de registro civil de defunción debido a que en vida no obtuvo cédula de ciudadanía, hecho que atribuyó a las condiciones sociales y geográficas de su entorno rural.

Indicó que el 20 de agosto de 2025 radicó derecho de petición ante la UARIV con los documentos de soporte, la resolución de reconocimiento y demás anexos. Señaló que el 21 de agosto la entidad informó por correo electrónico la imposibilidad de visualizar los archivos y que el 23 de agosto remitió nuevamente todos los documentos en formato PDF para asegurar su consulta.

3 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 003 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 7ED_DOCUMENTO_Correo_TUTELA10SEP25(.pdf). 4 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 003 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 8ED_DOCUMENTO_actarepartotutela782(.pdf). 5 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 004 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 9_Auto Admite Tutela(.pdf). 6 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 003 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 5ED_DOCUMENTO_DEMANDA_10_9_202511_(.pdf).Accionante: Esteban Triana Moyano

Accionado: UARIV Radicado: 680013333007-2025-00209-01

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Precisó que el 29 de agosto de 2025 la UARIV reconoció su condición de urge ncia manifiesta y extrema vulnerabilidad, y su priorización para el pago. Anotó que la respuesta oficial fijó disponibilidad de recursos a partir de julio de 2024, sujeta a

manifiesta y extrema vulnerabilidad, y su priorización para el pago. Anotó que la respuesta oficial fijó disponibilidad de recursos a partir de julio de 2024, sujeta a notificación, asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda, validaciones técn icas y financieras y ausencia de novedades en el grupo familiar. Afirmó que, pese a ello, ha permanecido más de un año en estado de «condicionado» sin que se materialice el desembolso.

Sostuvo, finalmente, que la entidad omitió aspectos esenciales del pedimento: el monto exacto y actualizado correspondiente a su núcleo familiar; una fecha estimada de pago acorde con su priorización; la actualización del listado de beneficiarios con exclusión de los abuelos fallecidos y redistribución de los porcentajes ent re los sobrevivientes; y el estado de la priorización 2025, con indicación expresa sobre su realización y resultado.

1.3. Posición de la parte accionada y vinculada

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) 7 sostuvo que no vulneró el derecho fundamental de petición del accionante, por cuanto atendió su solicitud mediante el cód. LEX 8783226, remitido al correo estebantrianamoyano@gmail.com, registro que obra en su sistema y que el propio interesado aportó.

En relación con la indemnización por el homicidio de Luis Antonio Triana Vázquez, señaló que el cobro en el Banco Agrario procede por 60 días contados desde el 29 de agosto de 2025, fecha en la cual se ordenó el proceso bancario, y que la Dirección Territorial contactará al accionante para asegurar la notificación de la carta de cobro.

agosto de 2025, fecha en la cual se ordenó el proceso bancario, y que la Dirección Territorial contactará al accionante para asegurar la notificación de la carta de cobro.

Así las cosas, solicitó declarar la carencia actual de objeto de la acción de tutela y, en consecuencia, negar las pretensiones de Esteban Triana Moyano, en tanto respondió dentro de los parámetros legales y constitucionales, sin configurarse vulneración de derechos fundamentales.

1.4. El fallo impugnado

El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga 8 consideró que, si bien la entidad accionada informó al demandante una fecha estimada de pago y la próxima comunicación para la notificación de la carta de cobro de la indemnización, omitió pronunciarse sobre el valor exacto y actualizado de la indemnización reconocida y sobre la actualización del lista do de beneficiarios, en

7 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 006 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 11_MemorialWeb_Respuesta-RESPUESTA_TUTELA_878(.pdf). 8 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 007 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 13_Sentencia de Primera Instancia(.pdf).Accionante: Esteban Triana Moyano

Accionado: UARIV Radicado: 680013333007-2025-00209-01

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especial respecto de la exclusión de Leonilde Vásquez de Triana y Esteban Triana Olaya, fallecidos, para efectos de la redistribución del porcentaje correspondiente.

A partir de lo anterior, concluyó que la respuesta no fue clara, completa ni de fondo, de

especial respecto de la exclusión de Leonilde Vásquez de Triana y Esteban Triana Olaya, fallecidos, para efectos de la redistribución del porcentaje correspondiente.

A partir de lo anterior, concluyó que la respuesta no fue clara, completa ni de fondo, de modo que se configuró la vulneración del derecho fundamental de petición, así como de los derechos al debido proceso y a la reparación integral, por cuanto la información solicitada guardaba relación directa con la indemnización ad ministrativa reconocida al accionante. Por lo tanto, dispuso:

SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – UARIV – que, dentro de los CINCO (05) DÍAS SIGUIENTES a la notificación de esta sentencia, profiera y notifique respuesta clara, concreta y de fondo al derecho de petición presentado por el demandante, el 20 de agosto de 2025. En la respuesta, la demandada deberá pronunciarse respecto de la solicitud de información sobre el valor exacto y actualizado de la indemnización reconocida y sobre la solicitud de actualización de información de beneficiarios, en caso de que proceda la exclusión de los señores LEONILDE VÁSQUEZ DE TRIANA y ESTEBAN TRIANA OLAYA, por su fallecimiento. De igual manera, la demandada deberá pronunciarse sobre la procedencia de la redistribución del porce ntaje de la indemnización que corresponde a los beneficiarios sobrevivientes.

Finalmente, el despacho precisó que no se acreditó la vulneración del derecho a la igualdad, motivo por el cual negó las demás pretensiones de la demanda.

1.5. La impugnación

a los beneficiarios sobrevivientes.

Finalmente, el despacho precisó que no se acreditó la vulneración del derecho a la igualdad, motivo por el cual negó las demás pretensiones de la demanda.

1.5. La impugnación

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)9 impugnó y solicitó revocar la sentencia de primera instancia, por cuanto estima que no vulneró los derechos fundamentales alegados.

Adujo que la orden de pronunciarse en cinco días sobre el valor exacto y actualizado de la indemnización, la actualización de beneficiarios con la exclusión de Leonilde Vásquez de Triana y Esteban Triana Olaya por su fallecimiento, y la procedencia de la redistribución, no resulta atendible en ese térmi no, toda vez que adelanta gestiones y validaciones para establecer si la redistribución resulta procedente. Indicó, además, que la petición se remitió al área competente para definir el procedimiento y expedir el acto relativo a la distribución de la medida indemnizatoria. Por ello, no le es posible informar fecha probable de pago ni turno mientras culminan dichas actuaciones.

Con base en lo anterior, afirmó que no se acreditó vulneración alguna y que, de haber existido, cesó con las acciones adelantadas, de suerte que la orden judicial carece de sustento y el asunto configura hecho superado.

2. Consideraciones

2.1. Procedibilidad de la acción de tutela

9 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 009 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 15_MemorialWeb_Respuesta-RESPUESTA_IMPUGNACIO(.pdf).Accionante: Esteban Triana Moyano

Accionado: UARIV

9 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 009 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 15_MemorialWeb_Respuesta-RESPUESTA_IMPUGNACIO(.pdf).Accionante: Esteban Triana Moyano

Accionado: UARIV Radicado: 680013333007-2025-00209-01

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La Sala considera necesario verificar si, en el presente caso, se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Solo en el evento de acreditarse la procedibilidad, corresponderá plantear el problema jurídico y exponer el esquema para resolverlo.

2.1.1. Sobre la legitimación en la causa

2.1.1.1. Legitimación en la causa por activa. La Sala encuentra que el señor Esteban Triana Moyano, al actuar en nombre propio, se encuentra legitimado para promover la presente acción de tutela y reclamar la protección de sus derechos fundamentales de petición, igualdad, debido proceso administrativo y reparación integral, susceptibles de amparo por esta vía.

2.1.1.2. Legitimación en la causa por pasiva. Este presupuesto se configura, por cuanto la UARIV, es la entidad pública del orden nacional a la cual el accionante atribuye la presunta vulneración, derivada de la respuesta incompleta a su derecho de petición del 20 de agosto de 2025 sobre indemnización administrativa. Se trata, además, de la misma autoridad ante la cual radicó la solicitud cuya contestación reputa lesiva, lo que sustenta la legitimación por pasiva en este asunto.

2.1.2. Inmediatez. La acción de tutela fue interpuesta el 10 de septiembre de 2025,

misma autoridad ante la cual radicó la solicitud cuya contestación reputa lesiva, lo que sustenta la legitimación por pasiva en este asunto.

2.1.2. Inmediatez. La acción de tutela fue interpuesta el 10 de septiembre de 2025, pocos días después de que la UARIV emitiera la respuesta a la solicitud del 20 de agosto del mismo año. Este lapso resulta razonable y proporcionado, por cuanto el actor acudió al juez constitucional dentro de un término oportuno, sin evidenciar desidia o inactividad que afecte la procedenc ia del amparo. En consecuencia, se cumple el requisito de inmediatez.

2.1.3. Subsidiariedad. La Sala encuentra satisfecho el referido requisito toda vez que el accionante no cuenta con ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial para reclamar la protección de su derecho de petición 10. Luego, la acción de tutela es procedente como mecanismo definitivo en el presente asunto.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes expuestos, se resolverá el siguiente problema jurídico:

¿Se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto la entidad accionada ha realizado actuaciones encaminadas a atender de fondo la solicitud

10 Corte Constitucional, sentencia T-077 de 2018: «(…) esta Corte ha estimado que el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóne o ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración de este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar

previsto un medio de defensa judicial idóne o ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración de este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo. Por esta razón, quien encuentre que la debida resolución a su derecho de petición no ocurrió, esto es, que se quebrantó su garantía fundamental, puede acudir directamente a la acción de amparo constitucional».Accionante: Esteban Triana Moyano

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elevada por el actor y a subsanar las circunstancias que motivaron la interposición de la acción de tutela?

Tesis: No. La Sala concluye que no se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, por cuanto las actuaciones informadas por la UARIV no acreditan la satisfacción plena del derecho de petición ni, por conexidad, de los demás derechos amparados en primera instancia. En consecuencia, la obligación de la entidad no se agota con la iniciación de trámites internos o validaciones, sino con la emisión de una respuesta de fondo y debidamente notificada al solicitante, lo que en el presente caso no se ha probado. Por tanto, se confirmará el fallo impugnado. 2.3. Metodología de la decisión En ese orden, para resolver el problema jurídico planteado, se analizará: (i) la carencia actual de objeto por hecho superado ; (ii) el derecho fundamental de petición y su relación con el debido proceso administrativo y la reparación integral de las víctimas, y

(iii) el caso concreto. 2.3.1. La carencia actual de objeto por hecho superado

actual de objeto por hecho superado ; (ii) el derecho fundamental de petición y su relación con el debido proceso administrativo y la reparación integral de las víctimas, y (iii) el caso concreto. 2.3.1. La carencia actual de objeto por hecho superado De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la carencia actual de objeto se presenta cuando desaparece la razón que dio origen a la acción de tutela, lo cual puede ocurrir en tres hipótesis: (i) hecho superado, (ii) daño consumado, o (iii) situación sobreviniente. En el caso del hecho superado, la Corte Constitucional 11 ha precisado que este fenómeno se configura cuando, entre la presentación de la tutela y la decisión judicial, cesa la amenaza o vulneración alegada y se satisfacen las pretensiones del accionante como resultado del actuar de la entidad demandada. En esto s eventos, el juez constitucional debe constatar que (i) la pretensión invocada ha sido efectivamente atendida y (ii) que la entidad accionada ha obrado de manera voluntaria o diligente para restablecer el derecho presuntamente vulnerado. 2.3.2. El derecho fundamental de petición y su relación con el debido proceso administrativo y la reparación integral de las víctimas El derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, otorga a toda persona la facultad de presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y obtener una respuesta oportuna, de fondo, clara y congruente. Este derecho constituye un pilar del Estado social de derecho, al garantizar la comunicación efectiva entre los ciudadanos y la administración pública, y al materializar los principios

11 Corte Constitucional, sentencia T-081 de 2022.Accionante: Esteban Triana Moyano

Accionado: UARIV

efectiva entre los ciudadanos y la administración pública, y al materializar los principios

11 Corte Constitucional, sentencia T-081 de 2022.Accionante: Esteban Triana Moyano

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de eficacia, transparencia y responsabilidad que rigen la función administrativa (art. 209 Constitución Política). Su protección adquiere especial relevancia cuando su desconocimiento afecta el ejercicio de otros derechos fundamentales. En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la falta de respuesta o la emisión de contestaciones evasivas o incompletas vulneran no solo el derecho de petición, sino también garantías conexas como el debido proceso adm inistrativo, en tanto impiden al administrado conocer las decisiones que lo afectan y ejercer los recursos o actuaciones que el ordenamiento prevé para su defensa12. De igual modo, en contextos de reparación integral a las víctimas del conflicto armado13, el derecho de petición se proyecta como un instrumento esencial para acceder a las medidas de verdad, justicia y reparación, previstas en la Ley 1448 de 2011. Su observancia asegura que las personas afectadas puedan conocer el estado de sus trámites, las decisiones adoptadas y los criterios de priorización aplicados, elementos indispensables para la realización efectiva del derecho a la reparación.

3. Caso concreto

3.1. Hechos probados

3.1.1. La Sala tiene por demostrado que el señor Esteban Triana Moyano presentó derecho de petición el 20 de agosto de 2025 ante la UARIV, en el marco de la reclamación de indemnización administrativa por el homicidio de Luis Antonio Triana

derecho de petición el 20 de agosto de 2025 ante la UARIV, en el marco de la reclamación de indemnización administrativa por el homicidio de Luis Antonio Triana Vázquez. Aunque el actor no allegó copia del escrito ni constancia de la radica ción, la entidad demandada no controvirtió esa afirmación en su contestación ni en la impugnación, por lo cual la Sala da por acreditada su presentación en virtud del principio de veracidad que rige en las acciones de tutela14. En dicho escrito solicitó15, entre otros: (i) el valor exacto y actualizado de la indemnización; (ii) la fecha estimada de pago; (iii) la actualización de beneficiarios, en particular, la exclusión de sus abuelos fallecidos del listado para proceder a la redistribución de los porcent ajes entre los sobrevivientes; y (iv) el estado del trámite de priorización y su resultado.

3.1.2. Se observa que la UARIV emitió respuesta el 28 de agosto de 202516, identificada con los códigos LEX 8739114 y LEX 8747373, mediante la cual atendió la solicitud radicada por el accionante. Allí la entidad reconoció que el peticionario acredita una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, conforme a lo previsto en el

12 Corte Constitucional, sentencia C-051 de 2016. 13 Véase, entre otras, sentencia T-442 de 2022; T-377 de 2022; T-442 de 2022, y T-286 de 2023. 14 Así, por ejemplo, la Corte Constitucional ha determinado que el principio de veracidad aplica cuando el juez ordena al demandado pronunciarse sobre los hechos de la acción y, sin embargo, este guarda silencio. [Ver sentencia T-278 de 2017)

14 Así, por ejemplo, la Corte Constitucional ha determinado que el principio de veracidad aplica cuando el juez ordena al demandado pronunciarse sobre los hechos de la acción y, sin embargo, este guarda silencio. [Ver sentencia T-278 de 2017) 15 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 003 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 5ED_DOCUMENTO_DEMANDA_10_9_202511_(.pdf), páginas 2 a 3. 16 Expediente digital, gesti ón en otros despachos, actuación 003 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 6ED_DOCUMENTO_PRUEBA_10_9_202511_4(.pdf).Accionante: Esteban Triana Moyano

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artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 y el artículo 1.º de la Resolución 582 de 2021, circunstancia que lo hace susceptible de priorización para el pago de la indemnización administrativa. No obstante, indicó que la entrega de los recursos depende de la asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vige ncia 2025, así como de la superación de validaciones técnicas y financieras, de la inexistencia de novedades en el grupo familiar y de la disponibilidad presupuestal. Por último, manifestó que, una vez cumplidos tales presupuestos, comunicará la fecha de entrega de la indemnización, e instó al accionante a mantener actualizados sus datos de contacto y ubicación en los canales oficiales de atención.

3.1.3. El 12 de septiembre de 2025 17, la UARIV emitió nueva comunicación dirigida al

entrega de la indemnización, e instó al accionante a mantener actualizados sus datos de contacto y ubicación en los canales oficiales de atención.

3.1.3. El 12 de septiembre de 2025 17, la UARIV emitió nueva comunicación dirigida al accionante, en atención a su so licitud sobre la indemnización administrativa derivada del homicidio de Luis Antonio Triana Vázquez. En la respuesta, la entidad informó que el cobro de los recursos ante el Banco Agrario podía realizarse dentro de los 60 días siguientes al 29 de agosto de 2025, fecha en la que se ordenó el proceso bancario. Asimismo, precisó que, con el fin de asegurar la entrega de la carta necesaria para efectuar dicho cobro, la Dirección Territorial se comunicaría con el actor en los días siguientes para coordinar las m edidas que permitieran una notificación segura de la mencionada carta. 3.2. Análisis crítico Analizados los hechos acreditados en el expediente y el marco jurídico previamente expuesto, la Sala procede a resolver el problema jurídico planteado, esto es, si: ¿se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto la entidad accionada ha realizado actuaciones encaminadas a atender de fondo la solicitud elevada por el actor y a subsanar las circunstancias que motivaron la interposición de la acción de tutela?

Al respecto, la UARIV impugnó la sentencia de primera instancia al afirmar que no vulneró los derechos fundamentales del accionante y que la orden impartida era de imposible cumplimiento, en tanto la entidad adelanta gestiones y validaciones para establecer los valores y la procedencia de la redistribución de la indemnización administrativa. Aseguró que la solicitud fue remitida al área competente y que dichas

imposible cumplimiento, en tanto la entidad adelanta gestiones y validaciones para establecer los valores y la procedencia de la redistribución de la indemnización administrativa. Aseguró que la solicitud fue remitida al área competente y que dichas actuaciones reflejan el cumplimiento de su deber legal, por lo cual solicitó revocar el fallo y declarar un hecho superado. La Sala considera que los argumentos de la entidad no desvirtúan la decisión del juez de primera instancia. Si bien el accionado informó sobre la existencia de actuaciones orientadas a definir los valores y a verificar la redistribución de la me dida, no acreditó

17 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 006 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 11_MemorialWeb_Respuesta-RESPUESTA_TUTELA_878(.pdf), páginas 5 a 6.Accionante: Esteban Triana Moyano

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haber emitido una respuesta de fondo, clara y completa respecto de los aspectos que el despacho de origen ordenó resolver. En efecto, la entidad no se pronunció sobre (i) el valor exacto y actualizado de la indemnización reconocida, (ii) la actualización de los beneficiarios con la eventual exclusión de los señores Leonilde Vásquez de Triana y Esteban Triana Olaya, por su fallecimiento, y (iii) la procedencia de la redistribución del porcentaje de la indemnización entre los beneficiarios sobrevivientes. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la carencia actual de objeto por hecho superado se configura únicamente cuando la entidad accionada cesa la conducta que originó la vulneración y satisface de manera plena, efectiva y definitiva las pretensiones

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la carencia actual de objeto por hecho superado se configura únicamente cuando la entidad accionada cesa la conducta que originó la vulneración y satisface de manera plena, efectiva y definitiva las pretensiones del accionante, de modo que desaparece toda amenaza o afectación al derecho fundamental invocado. En este asunto, la UARIV no demostró haber dado cumplimiento material a dicha carga, dado que las comunicaciones obrantes solo refieren a trámites internos y verificaciones pendientes, sin que exista constancia de un pronunciamiento definitivo que resuelva de fondo las solicitudes planteadas. Debe destacarse que la obligación de la administración no se limita a iniciar actuaciones o a inform ar sobre su avance, sino que comprende la emisión de una respuesta sustantiva, completa y debidamente notificada, que permita al ciudadano conocer con certeza la posición institucional frente a lo solicitado. La ausencia de esa respuesta mantiene insatisfecho el derecho fundamental de petición y, en consecuencia, impide declarar la carencia actual de objeto. Tampoco hay lugar a modificar el término otorgado en primera instancia. De un lado, entre la radicación del 20 de agosto de 2025 y el fallo del 15 de s eptiembre de 2025 medió un lapso suficiente para emitir una respuesta de fondo sobre asuntos que reposan en poder de la administración. De otro lado, en su comunicación del 28 de agosto de 2025 la UARIV reconoció al accionante urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, lo que imponía mayor diligencia y oportunidad. Con todo, la entidad no acreditó imposibilidad material, fuerza mayor ni complejidad técnica insuperable; se limitó a invocar gestiones internas.

que imponía mayor diligencia y oportunidad. Con todo, la entidad no acreditó imposibilidad material, fuerza mayor ni complejidad técnica insuperable; se limitó a invocar gestiones internas. No resulta admisible trasladar al peticionari o la carga de la inactividad administrativa, menos aun tratándose de un trámite dirigido a garantizar la reparación integral de una víctima del conflicto armado. Incluso, a la fecha de esta sentencia de segunda instancia, han transcurrido más de dos meses desde la radicación de la petición sin que obre una respuesta completa, lo cual demuestra la razonabilidad del plazo fijado por el juez de primera instancia. En ese sentido, la Sala concluye que no se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que la entidad accionada no ha satisfecho de manera integral el derecho fundamental de petición, lo cual impide el cobro efectivo de la indemnización administrativa y afecta directamente el ejercicio de los derechos al debido procesoAccionante: Esteban Triana Moyano

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administrativo y a la reparación integral, tal como lo determinó acertadamente el juez de primera instancia. En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Santand