TA SAN - Sentencia 680013333008-2014-00135-01 (27-02-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO DE CARÁCTER

SANCIONATORIO

DEMANDANTE TRANSPORTES CIUDAD BONITA S.A. NIT:

800149076-2 nestormantillarueda@hotmail.com; tcbonita@hotmail.com;

DEMANDADO ÁREA METROPOLITANA DE

BUCARAMANGA

info@amb.gov.co; notificaciones.judiciales@amb.gov.co;

MINISTERIO PÚBLICO XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

Procuradora 160 Judicial II Para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co;

RADICADO Y LINK DE EXPEDIENTE 680013333008-2014-00135-01

TEMA Sanción por cobro prohibido en el trámite de expedición de tarjeta de operación de transporte terrestre automotor tipo taxi . La demandante no cumplió con la carga de desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio. No se prueba la falsa motivación ni la vulneración del debido proceso. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandante contra la sentencia proferida el 20 de octubre de 2016 por el Juzgado

proceso. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandante contra la sentencia proferida el 20 de octubre de 2016 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que negó las pretensiones.

I.ANTECEDENTES

A. La demanda1

1. Pretensiones La parte demandante solicita la nulidad de la s Resoluciones No. 000300 del 26 de abril de 2013, No. 000584 del 22 de julio de 2013 y No. 000584 del 23 de septiembre de 2013 expedidas por el Área Metropolitana de Bucaramanga, mediante las cuales

1 Expediente físico. Folios 2 a 14Radicado: 680013333008-2014-00135-01

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Transportes Ciudad Bonita S.A.

Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander se le impuso una sanción de $3.966.900 por un supuesto cobro indebido relacionado con la tarjeta de operación de transporte. A título de restablecimiento del derecho, pide el reintegro de $3.966.900, junto con los intereses, y que se condene en costas a la parte demandada.

2. Hechos La demandante indica que es una empresa dedicada al transporte público terrestre automotor en la modalidad de taxi, inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga y vigilada por el Área Metropolitana de Bucaramanga.

2. Hechos La demandante indica que es una empresa dedicada al transporte público terrestre automotor en la modalidad de taxi, inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga y vigilada por el Área Metropolitana de Bucaramanga.

Señala que el subdirector de Transporte del Área Metropolitana de Bucaramanga inició una investigación administrativa en su contra, que culminó con la imposición de una sanción mediante la Resolución No. 000300 del 26 de abril de 2013, consistente en una multa de 7 SMLMV. Refiere que la sanción se fundamentó en que, junto con el cobro de la tarjeta de operación, se exigía un cobro adicional a los propietarios para tramitar el documento, el cual estaba prohibido. Sostiene que la autoridad interpretó erróneamente este pago, denominado «derechos de la empresa», que tenía por finalidad cubrir servicios y gastos previamente acordados por las partes mediante contrato. Dichos pagos correspondían a conceptos como asesoría jurídica, renovación de contrato, gestiones y papelería Aduce que en el escrito de descargos demostró que emitía un recibo detallado en el que se discriminaban los rubros cobrados conforme al numeral 5° del artículo 28 del Decreto 172 de 2001, es decir que, no exigía ningún pago extra por la tramitación de la tarjeta. Explica que el monto cobrado correspondía exclusivamente al valor fijado por el Área Metropolitana de Bucaramanga para la expedición del documento, el cual era asumido directamente por el propietario del taxi y reflejado en el recibo junto con otros conceptos previamente acordados. Relata que la directora del Área Metropolitana de Bucaramanga, a través de la

el cual era asumido directamente por el propietario del taxi y reflejado en el recibo junto con otros conceptos previamente acordados. Relata que la directora del Área Metropolitana de Bucaramanga, a través de la Resolución No. 000738 del 23 de septiembre de 2013, confirmó la sanción inicial y concluyó que los recibos de caja evidenciaban el cobro de $38.000 por la tarjeta de operación y $40.000 de «derechos de la empresa». Destaca que las resoluciones demandadas parten del supuesto de que incluir en un solo recibo los derechos de la empresa constituye un cobro indebido por la tramitación de la tarjeta de operación . Para la demandante, esta inferencia no es válida, pues no existe prueba directa que acredite dicho cobro indebido, y reitera que el valor pagado por la tarjeta correspondía únicamente a lo exigido por la autoridad competente.Radicado: 680013333008-2014-00135-01

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Demandante: Transportes Ciudad Bonita S.A.

Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga

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3. Normas Violadas y Concepto de Violación En la demanda se enlistan como normas violadas los artículos: 6, 29 y 83 de la Constitución Política de Colombia; 28, 39 y 44 del Decreto 172 de 2001; 1602 del CC; 381 del CPP; 4, 174, 1771 y 305 del CPC; y 1 y 3 del CPACA.

La demandante indica que el AMB supuso que el cobro de varios conceptos, entre

CC; 381 del CPP; 4, 174, 1771 y 305 del CPC; y 1 y 3 del CPACA. La demandante indica que el AMB supuso que el cobro de varios conceptos, entre ellos el valor que se le paga por la expedición de la tarjeta, implicaba que se estaba cobrando por la gestión. Señala que dicha suposición es falsa, pues no existe prueba alguna que respalde este cobro adicional. Precisa que el artículo 44 del Decreto 172 de 2001 prohíbe el cobro por la tramitación de la tarjeta, pero no impide que el propietario del vehículo pague el monto que la autoridad administrativa establece para su expedición. Anota que el artículo 28 del Decreto 172 de 2012 exige que el recibo discrimine los diferentes conceptos cobrados y que, en los presentados, no figura ningún cobro por la gestión de la tarjeta de operación. Afirma que los pagos efectuados por los propietarios fueron debidamente concertados y que, si estos acuerdan con la empresa el pago d e conceptos como la cuota de sostenimiento, el fondo de accidentes o los derechos de la empresa, la autoridad no puede presumir que ello implica un cobro por la tramitación de la tarjeta. Con base en lo anterior, considera que la sanción impuesta vulneró los principios generales del derecho procesal, en particular el principio de prueba plena como requisito para imponer una condena . Asegura que no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, según el cual la carga de la prueba recae sobre la autoridad que impone la sanción, y que, en este caso, los hechos que la motivaron no fueron acreditados en debida fo rma. Concluye que

en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, según el cual la carga de la prueba recae sobre la autoridad que impone la sanción, y que, en este caso, los hechos que la motivaron no fueron acreditados en debida fo rma. Concluye que imponer una sanción basada en su posiciones va en contra de la protección de los derechos y libertades de las personas.

B. Contestación2

El Área Metropolitana de Bucaramanga se opone a las pretensiones y solicita que se condene en costas a la parte demandante. Informa que inició la investigación administrativa contra Transportes Ciudad Bonita S.A. a raíz de una queja presentada el 26 de abril de 2012, durante una reunión entre representantes de empresas de transporte y el gremio de taxistas, en la que se exhibió un afiche de ASEMTAXIS, asociación a la que pertenecía la demandante. En dicho afiche se i ndicaban los precios fijados para el año 2012, incluyendo un ítem denominado «Trámites Tarjeta de Operación, Trámites y Derechos Tarjeta de Operación según costo del Área Metropolitana por valor de $40.000».

2 Expediente físico. Folios 57 a 68Radicado: 680013333008-2014-00135-01

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Demandante: Transportes Ciudad Bonita S.A.

Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Advierte que, al examinar la documentación allegada a la investigación, especialmente los recibos de caja, observó que Transportes Ciudad Bonita S.A.

Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Advierte que, al examinar la documentación allegada a la investigación, especialmente los recibos de caja, observó que Transportes Ciudad Bonita S.A. efectivamente incluía en la misma factura un cobro vinculado con el trámite de la tarjeta de operación, bajo el concepto de «derechos de la empresa». Expone que los actos demandados tienen fundamento en el ordenamiento jurídico vigente, el cual prohíbe a las empresas de transporte público realizar cobros adicionales por la tramitación de la tarjeta de operación. Asegura que las resoluciones fueron exped idas por la dependencia competente, notificadas en debida forma y su contenido refleja la realidad fáctica y jurídica del caso.

C. Sentencia de primera instancia3

Mediante sentencia del 20 de octubre de 2016 el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga niega las pretensiones. El a quo señala, como fundamento de lo anterior, que la empresa Transportes Ciudad Bonita S.A. no demostró que el cobro de los $40.000 que se hace al momento de pagar la tarjeta de operaciones corresponde efectivamente a otros valores diferentes a la cuota de sostenimiento, tales como asesoría jurídica, renovación del contrato, gestorías ante tránsito, papelería y otros. Refiere que , de c onformidad con e l artículo 28 del Decreto 172 de 2001 , que establece los elementos mínimos d el contrato de vinculación, la empresa debe expedir un extracto en el que se indiquen los cobros y pagos de forma discriminada a los que se comprometen y su periodicidad. Expresa, en concordancia con lo anterior, que la empresa al momento de cobrar los «derechos de la empresa» ,

expedir un extracto en el que se indiquen los cobros y pagos de forma discriminada a los que se comprometen y su periodicidad. Expresa, en concordancia con lo anterior, que la empresa al momento de cobrar los «derechos de la empresa» , relacionados con el contrato de vinculación, presuntamente, debió discriminar los rubros y montos cobrados como lo establece la norma , sin que dicho precepto se configurara pues no obra en el expediente prueba alguna que lo corrobore. Argumenta que, conforme al artículo 167 del CGP, correspondía a la parte accionante demostrar que los $40.000 cobrados en la misma factura que incluía el valor de la tarjeta de operación se relacionaban con la renovación del contrato u otros conceptos afines, y no con el trámite de la tarjeta. Afirma que pudo desvirtuar dicha relación aportando facturas en las que el concepto «derechos de la empresa» se cobrara por separado, lo que habría permitido desacreditar la vinculación entre los valores consignados en los documentos presentados. Indica que en el expediente no obran pruebas ni documentos que acrediten que los conceptos cobrados en las facturas No. 0070431, 0070795, 0070333 y 0070701 sean totalmente independientes o guarden relación con el contrato de vinculación, ya que en este no se menciona el cobro del concepto de «derechos de la empresa». Resalta que, por el contrario, en el expediente obra copia de un afiche de ASEMTAXIS, asociación a la que está vinculada la entidad demandante, Transporte

3 Expediente físico. Folios 148 a 154Radicado: 680013333008-2014-00135-01

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Transportes Ciudad Bonita S.A.

3 Expediente físico. Folios 148 a 154Radicado: 680013333008-2014-00135-01

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Transportes Ciudad Bonita S.A.

Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Ciudad Bonita S.A., en el que se menciona expresamente el cobro por el trámite de la tarjeta de operación. Descarta la valoración de las declaraciones recibidas en la audiencia de pruebas, dado que las testigos se desempeñan como subgerente y secretaria de la empresa, lo que, a su juicio, compromete su imparcialidad. Concluye que la sanción impuesta no se basó en suposiciones, pues la empresa en ningún momento acreditó el destino del cobro efectuado al liquidar el pago de la tarjeta de operación bajo el concepto de «derechos de la empresa».

D. La apelación4

La empresa TRANSPORTE CIUDAD BONITA S.A. pide que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones. Cuestiona la inadmisión de los testimonios de Irma Teresa Neira Duarte y Claudia Leonor Ortiz, porque, pese a su vinculación laboral con la empresa, sus declaraciones debieron ser valoradas. Destaca que, en particular, la señora Ortiz, al ser propietaria de dos vehículos vinculados a la empresa, tenía una posición privilegiada para constatar si en algún momento se exigió un pago adicional por la tramitación de las tarjetas de operación. Sostiene que el a quo invirtió la carga de la prueba, pues no era la empresa quien

privilegiada para constatar si en algún momento se exigió un pago adicional por la tramitación de las tarjetas de operación. Sostiene que el a quo invirtió la carga de la prueba, pues no era la empresa quien debía demostrar que el cobro de $40.000 no se destinaba al trámite de la tarjeta de operación, sino que correspondía al Área Metropolitana de Bucaramanga acreditar de manera fehaciente que dicho monto tenía esa finalidad. Destaca, además, que esta suma estaba prevista en el contrato de vinculación, el cual abarca otros conceptos, lo que desvirtúa la presunción de que se tratara de un cobro por la tramitación de la tarjeta de operación. Insiste en que la autoridad sancionadora desconoció que en el contrato de vinculación celebrado con los conductores se incluye una cláusula –la décima quinta, parágrafo segundo – que le permitía hacer un cobro adicional en la facturación y que no tenía relación alguna con la tramitación de la tarjeta de operaciones. Según dicha cláusula, «el contratista pagará en el momento en que se causen los valores fijados por la Junta Directiva y que no hacen parte de la cuota de sostenimiento, tales como gestorías, papelería, asesorías jurídicas, comisión por viajes ocasionales, planillas de viaje oca sional, derechos de renovación, así como la suma que fije la Junta Directiva por los cambios de contrato en la compraventa del vehículo o por la afectación de su parque automotor, y demás que se creen y comuniquen por la Junta Directiva».

4 Expediente físico. Folios 161 a 163Radicado: 680013333008-2014-00135-01

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

comuniquen por la Junta Directiva».

4 Expediente físico. Folios 161 a 163Radicado: 680013333008-2014-00135-01

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Demandante: Transportes Ciudad Bonita S.A.

Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Reprocha que el fallo se haya basado en un afiche sin firma ni respaldo probatorio. En su criterio, este documento carece de autenticidad y fundamento, por lo que no podía ser admitido como prueba válida.

E. Trámite de segunda instancia Mediante auto del 17 de octubre de 2017 5 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y el 8 de febrero de 2018 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

1. La demandante6 solicita que se revoque el fallo. Afirma que el a quo parte de la suposición de que el cobro de los $40.000 hace referencia al trámite por la tarjeta de operaciones y desconoce que de conformidad con el art. 28 del Decreto 172 de 2001 el contrato de vinculación se rige por las normas de derecho privado, es decir, que las partes pueden pactar otros pagos por los servicios prestados, diferente a la cuota de sostenimiento.

Alega que las señoras Irma Teresa Neira Duarte y Claudia Leonor Ortiz son claras y sinceras en manifestar que los derechos de la empresa contemplan papelería,

que las partes pueden pactar otros pagos por los servicios prestados, diferente a la cuota de sostenimiento. Alega que las señoras Irma Teresa Neira Duarte y Claudia Leonor Ortiz son claras y sinceras en manifestar que los derechos de la empresa contemplan papelería, gastos jurídicos, asesorías, gestorías, los cuales se cobran una sola vez al año; y que desde luego corresponden a los $40.000,oo que se cobran en el mismo recibo en que se paga la tarjeta de operación, porque al igual que esta solo se recaudan una vez al año. Agrega que, al no valorar las declaraciones de las señoras antes mencionadas, el a quo desconoció el art 168 del CGP, el cual establece que solo se rechazarán las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles. Reitera que correspondía al AMB acreditar que el valor cobrado estaba destinado al trámite de la tarjeta de operación, y no a ella demostrar lo contrario. Indica que el valor cobrado por concepto de derechos de la empresa se encuentra plenamente demostrado, pues, insiste, está pactado en el contrato de vinculación.

2. La demandada7 insiste en que no se vulneró el debido proceso de la empresa demandante, en tanto que, durante el trámite administrativo sancionatorio , se aplicaron las normas vigentes al momento de los hechos y del inicio del procedimiento, además que el acto definitivo fue debidamente motivado.

Afirma que la transgresión normativa resulta evidente, ya que en ningún caso las empresas pueden exigir pagos a los propietarios o tenedores de los vehículos por la tramitación de la tarjeta de operación, que fue lo que ocurrió en este caso. Señala

Afirma que la transgresión normativa resulta evidente, ya que en ningún caso las empresas pueden exigir pagos a los propietarios o tenedores de los vehículos por la tramitación de la tarjeta de operación, que fue lo que ocurrió en este caso. Señala

5 Expediente físico. Folios 181 a 183 6 Expediente físico. Folios 179 a 180Radicado: 680013333008-2014-00135-01

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Demandante: Transportes Ciudad Bonita S.A.

Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander que cualquier cobro, bajo cualquier denominación, es indebido y configura una infracción que no puede justificarse con los argumentos planteados por la empresa.

II. CONSIDERACONES

A. Competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial

B. El problema jurídico y su tesis De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico: ¿La demandante demostró que l os actos demandados, mediante los cuales se le sancionó por cobrar por el trámite de la tarjeta de operaciones , se expidieron con falsa motivación y vulneración del derecho al debido proceso?

Tesis: No.

Fundamento: Las afirmaciones de la demandante no son suficientes para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos acusados, los cuales se fundamentaron en hechos debidamente probados dentro del proceso sancionatorio,

Tesis: No.

Fundamento: Las afirmaciones de la demandante no son suficientes para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos acusados, los cuales se fundamentaron en hechos debidamente probados dentro del proceso sancionatorio, sin que se hubiera omitido la valoración de hechos acreditados que pudieran conducir a una decisión distinta a la cuestionada. Se realizó una valoración objetiva y racional de las pruebas, a partir de la cual se logró establecer que, además del cobro autorizado por la tarjeta de operación de transporte terrestre automotor tipo taxi, la e mpresa demandante exigió una suma adicional de $40.000 por concepto de «derechos de la empresa», cifra que coincide exactamente con la que, en un volante, aparece como cobro por la gestión de la tarjeta, lo cual está prohibido.

Por otra parte, no se probó que dicho cobro adicional correspondiera a servicios o gestiones independientes o ajenas a la gestión para la expedición de la tarjeta de operación, ni que estuviera vinculado a la suma acordada en los contratos de vinculación celebrados entre la empresa y los propietarios o tenedores de los vehículos. En dichos contratos las partes acordaron que el contratista debería asumir los «valores fijados por la Junta Directiva y que no hacen parte de la cuota de sostenimiento, tales como gestorías, papelería, asesorías jurídicas, comisión por viajes ocasionales, planillas de viaje ocasional, Derechos de renovación, así mismo la suma que fije la Junta Directiva por los cambios de contrato en la compraventa del vehículo o por la afectación de su parque automotor.; y demás que se creen y comuniquen por la Junta Directiva».

la suma que fije la Junta Directiva por los cambios de contrato en la compraventa del vehículo o por la afectación de su parque automotor.; y demás que se creen y comuniquen por la Junta Directiva». De acuerdo con lo expresamente acordado por las partes, estos valores se deberían pagar «en el momento que se causen», de modo que, por razones lógicas, noRadicado: 680013333008-2014-00135-01

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Demandante: Transportes Ciudad Bonita S.A.

Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander pueden corresponder a los mismos $40.000 exigidos anticipadamente al momento de expedirse la tarjeta de operación. En consecuencia, la sanción se fundamentó en prueba documental e indiciaria que llevó a una inferencia lógica, sin margen de duda, sobre la configuración de la conducta prohibida. Para sustentar la tesis anterior, la Sala examinará la falsa motivación como causal de nulidad de los actos administrativos. Seguidamente, precisará la carga probatoria que recae sobre quien solicita la nulidad de un acto administrativo para desvirtuar su presunción de legalidad. Luego, abordará el contenido y alcance del derecho al debido proceso en los procedimientos administrativos sancionatorios. Posteriormente, analizará el marco normativo aplicable para la imposición de sanciones en el sector del transporte público terrestre automotor y los p arámetros legales para su dosificación. También hará una exposición sucinta de las normas relativas a la vinculación de los vehículos de transporte público tipo taxi y la

sanciones en el sector del transporte público terrestre automotor y los p arámetros legales para su dosificación. También hará una exposición sucinta de las normas relativas a la vinculación de los vehículos de transporte público tipo taxi y la expedición de la tarjeta de operación. Con base en los anteriores lineamientos, la Sala determinará si la demandante cumplió con la carga de la prueba para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos cuestionados y si logró demostrar que la entidad demandada incurrió en falsa motivación o violación del debido proceso al sancionarla por el presunto cobro indebido en el trámite de la tarjeta de operación de vehículos de servicio público tipo taxis.

C. Marco jurídico

1. La falsa motivación como causal de nulidad de un acto administrativo La motivación o exteriorización del fundamento de la decisión administrativa busca precaver cualquier asomo de arbitrariedad y sujetar la voluntad de la administración a criterios de legalidad, a la certeza de los hechos y a su apreciación razonable y debida calificación jurídica 8, pues se parte de que la autoridad administrativa no puede actuar caprichosamente, sino que debe justificar y evidenciar las circunstancias de hecho y de derecho que en cada caso la conducen a tomar una decisión9.

De este elemento del acto administrativo se puede predicar el vicio de nulidad de falsa motivación10, el cual se estructura porque, habiéndose motivado el acto, las razones de la autoridad (i) no corresponden con la realidad y el ordenamiento jurídico11, o (ii) no tienen el mérito suficiente para justificar la decisión12. La primera hipótesis se presenta cuando los hechos o razones de derecho del acto

razones de la autoridad (i) no corresponden con la realidad y el ordenamiento jurídico11, o (ii) no tienen el mérito suficiente para justificar la decisión12. La primera hipótesis se presenta cuando los hechos o razones de derecho del acto carecen de veracidad, es decir, se presenta una disconformidad entre éstos y la realidad fáctica y jurídica que ha debido servirle de fundamento13. En consonancia con lo anterior, un acto administrativo estará viciado de nulidad, entre otros eventos,

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 19 de mayo de 1998, expediente 10051, M.P. Clara Forero de Castro. 9 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 7 de julio de 1984, C.P. JACOBO PEREZ ESCOBAR, Rad. 4261. Sección Segunda, Sentencia del 23 de marzo de 2017, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, Rad. 11001-03-25-000-2016-00019-00(0034-16, 0052-16, 0156-16, 0271-16, 0184-16, 0155-16, 0310-16 y 0053-16) 10 También el de expedición irregular por inobservancia del deber de motivar el acto, pero sobre este no se hará ninguna consideración por resultar irrelevante para el caso. 11 PAREJO ALFONSO, Luciano, Lecciones de derecho administrativo, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2011, Tirant lo blanch, Pág. 402

12 Consejo de Estado, Secc. Primera, CP: Oswaldo Giraldo López, Sentencia del 3 de diciembre/2018, Rad. 11001-03-24-000-2013-00328-00. 13 CONSEJO DE ESTADO, Sección Primera, sentencia de 7 de junio de 2012, Exp. 2006-00348. Cita por la Sección Segunda, en sentencia del 23 de marzo de 2017, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, Rad. 11001-03-25-000-2016-00019-00(0034-16, 0052-16, 0156-16, 0271-16, 0184-16, 0155-16, 0310-16 y 0053-16)Radicado: 680013333008-2014-00135-01

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Demandante: Transportes Ciudad Bonita S.A.

Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander cuando los fundamentos para la adopción de la decisión son contrarios a la realidad, engañosos o simulados14, cuando los hechos que tuvo en cuenta la Administración para adoptar la decisión no existieron, no estuvieron debidamente probados o fueron apreciados en una dimensión equivocada, es decir, se incurrió en una errada interpretación de esos hechos15, o cuando la administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente16. La segunda hipótesis se da cuando los fundamentos fácticos y jurídicos manifestados por la administración no tienen el mérito suficiente o no son los

conducido a una decisión sustancialmente diferente16. La segunda hipótesis se da cuando los fundamentos fácticos y jurídicos manifestados por la administración no tienen el mérito suficiente o no son los necesarios para adoptar una determinada decisión, en lugar de otra17. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los hechos o fundamentos de derecho se analizan con ligereza, de manera aislada o irrazonable 18, o cuando no existe correspondencia entre las razones de hecho que se afirman y los supuestos de derecho que se aducen para proferir el acto19. Para lo que interesa al caso bajo estudio, la falsa motivación puede configurarse cuando la autoridad sancionatoria efectúa un análisis defectuoso de la prueba indiciaria, incurriendo en inferencias irracionales o erróneas. Esto ocurre cuando, sin justificación, omite o desconoce pruebas que desvirtúan una presunción o inferencia, o descarta sin el análisis debido elementos probatorios aportados por el investigado que podrían variar la conclusión adoptada. En tales circunstancias, la decisión sancionatoria incurre en falsa motivación, por estar fundada en valoraciones parciales o sesgadas. La configuración de las hipótesis que pueden dar lugar a la nulidad del acto administrativo por falsa motivación debe ser analizada por el juez a partir de un juicio de comparación entre el contenido del acto y la realidad fáctica y jurídica a la cual está sujeto. Sobre el alcance del análisis probatorio que supone el estudio de la causal de falsa motivación, el Consejo de Estado20 ha sostenido lo siguiente: La falsa motivación plantea para el juzgador un problema probatorio, de confrontación de dos extremos, como