TA SAN - Sentencia 680013333008-2014-00431-01 (20-03-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO DE CARÁCTER ADUANERO

DEMANDANTE TRANSMIFORD Y CIA LTDA Nit. 830.063.536

transmiford@gmail.com benjabogadovillam@gmail.com

DEMANDADO DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS

NACIONALESDIAN

ljamesp@dian.gov.co ediaza@dian.gov.co dduranp@dian.gov.co notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

Procuradora 160 Judicial II Para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co;

RADICADO Y LINK DE EXPEDIENTE 680013333008-2014-00431-01

TEMA Decomiso de mercancía por no reunir las características propias de autopartes remanufacturadas. La negativa de la prueba pericial en sede administrativa no vulneró el debido proceso de la demandante. La disposición de la mercancía por parte de la DIAN durante el proceso judicial no constituye un indicio de falsa motivación del acto administrativo ni vulneró el derecho de defensa de la actora. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte

un indicio de falsa motivación del acto administrativo ni vulneró el derecho de defensa de la actora. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandante contra la sentencia proferida el 9 de marzo de 2017 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que negó las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda1

1. Pretensiones La parte demandante solicita la nulidad de la s Resoluciones No. 00991 del 20 de febrero de 2014, expedida por la jefe del Grupo Interno de Trabajo de

1 Expediente físico. Folios 2 a 14RADICADO: 680013333008-2014-00431-01

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DEMANDANTE: TRANSMIFORD Y CIA LTDA.

DEMANDADO: DIAN

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Investigaciones Aduaneras y Cambiarias de la División de Fiscalización de Bucaramanga, por medio de la cual se le decomis ó una mercancía; y No. 001765 del 29 de mayo de 2014 , proferida por la jefe del Grupo Interno de Trabajo Vía Gubernativa de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga , mediante la cu al se resolvió de forma negativa el recurso de reconsideración. A título de restablecimiento del derecho, pide que se ordene la devolución de la

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga , mediante la cu al se resolvió de forma negativa el recurso de reconsideración. A título de restablecimiento del derecho, pide que se ordene la devolución de la mercancía decomisada, más los gastos en los que incurrió, según lo detallado en el informe de pérdidas. Solicita también que se le reconozca, por concepto de lucro cesante, el 50% del valor de la mercancía decomisada y, por daño emergente, $75.000.000. Pretende, por último, que se ordene a la demandada levantar todas las denuncias presentadas en su contra por la presunta comisión de delitos cambiarios y penales.

2. Hechos La demandante TRANSMIFORD Y CIA LTDA afirma que el 31 de julio de 2013 la Policía Nacional inmovilizó el vehículo de placas URC 766, en el que transportaba autopartes con su respectiva documentación. Indica que el 2 de agosto de 2013 la DIAN continuó con la diligencia de aprehensión de la mer cancía, la cual quedó expuesta a la intemperie en la zona de patios.

Sostiene que la DIAN determinó, con base en meras presunciones y sin evaluar su funcionalidad interna, que la mercancía no era remanufacturada sino usada. Agrega que, a partir de esta conclusión, la entidad lo denunció por la presunta comisión de los delitos de favorecimiento de contrabando, fraude procesal, falsedad en documento privado y uso de documento falso. Alega que allegó al proceso toda la documentación que acreditaba que la mercancía era remanufacturada. TRANSMIFORD Y CIA LTDA expone que el 18 de septiembre de 2013 la firma

documento privado y uso de documento falso. Alega que allegó al proceso toda la documentación que acreditaba que la mercancía era remanufacturada. TRANSMIFORD Y CIA LTDA expone que el 18 de septiembre de 2013 la firma ENRECAR, vinculada a la investigación, solicitó la devolución de la mercancía y detalló el proceso de remanufacturación de las autopartes. Sostiene que, en concordancia con lo anterior, el 27 de agosto de 2013 la DIAN levantó el acta de aprehensión física po r presunta infracción de los artículos 1.6 y 1.25 del Decreto 2685 de 1999. Asegura que la entidad aduanera negó la práctica de una prueba pericial que habría permitido demostrar que la mercancía era remanufacturada. Indica que contra el auto que negó la prueba , la sociedad vinculada ENRECAR interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera desfavorable el 31 de octubre de 2013. Concluye que, mediante la Resolución No. 00091 de 2014, la DIAN ordenó el decomiso de la mercancía aprehendida conforme al acta No. 04-1907.RADICADO: 680013333008-2014-00431-01

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DEMANDANTE: TRANSMIFORD Y CIA LTDA.

DEMANDADO: DIAN

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3. Normas violadas y concepto de violación En la demanda se enlistan como normas violadas los artículos: 174, 177 y 187 del

Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

3. Normas violadas y concepto de violación En la demanda se enlistan como normas violadas los artículos: 174, 177 y 187 del CPC; y 470 literal d) del Decreto 2685 de 1999 y el Decreto 730 de 2012.

La demandante indica que la DIAN vulneró su derecho al debido proceso al negar la práctica de la prueba pericial solicitada, con la cual hubiese podido demostrar que la mercancía contaba con los documentos legales correspondientes. Señala que la entidad desconoció los tratados de libre comercio y asignó a la mercancía un valor que no corresponde a la realidad, comoquiera que la decisión no se basó en un dictamen pericial. Afirma que la valoración se realizó a partir de meras presunciones, c on pronunciamientos de personas que carecían de imparcialidad y sin un análisis técnico de la mercancía más allá de su revisión externa. Considera que la DIAN interpretó erróneamente el Decreto 730 de 2012 para concluir que se trataba de piezas usadas. Añade que , en otros procesos similares, en los que la entidad le aprehendió mercancía con las mismas características, sí se practicó la prueba pericial, lo que permitió determinar que se trataba de mercancía remanufacturada respaldada por la documentación correspondiente.

B. Contestación2

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN se opone a las pretensiones. Asegura que el acta de aprehensión se fundamentó en las causales previstas en la norma y en el reconocimiento físico de la mercancía inmovilizada, en el que se

pretensiones. Asegura que el acta de aprehensión se fundamentó en las causales previstas en la norma y en el reconocimiento físico de la mercancía inmovilizada, en el que se constató su estado de deterioro, con signos de óxido, residuos de aceite y sin empaque de protección, lo que evidenciaba que no era mercancía remanufacturada. Agrega que tampoco se pudo probar que esta tuviera algún tipo de identificación sobre marca, referencia o fabricante. Refiere que estas condiciones eran perceptibles y no admitían prueba en contrario, pues no existía duda sobre su estado. Precisa que los motores decomisados fueron retirados de los vehículos a los que pertenecían mediante cortes mecánicos ordinarios y con oxi -acetileno, sin desmontar los componentes adicionales como el embrague y la caja de cambios. Indica que las piezas pre sentaban suciedad visible, acumulación de herrumbre, aceites usados y quemados, abolladuras y corrosión, lo que reafirma que la mercancía decomisada no correspondía a autopartes remanufacturadas. Explica que, teniendo en cuenta las condiciones antes descritas, la mercancía estaba sujeta a l régimen de licencia previa y que, conforme al acuerdo de

2 Expediente físico. Folios 226 a 238RADICADO: 680013333008-2014-00431-01

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander complementación en el sector automotor suscrito entre Colombia, Ecuador y

DEMANDADO: DIAN

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander complementación en el sector automotor suscrito entre Colombia, Ecuador y Venezuela, su importación no está permitida. Explica que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no expide licencias para este tipo de partes, ya que, de acuerdo con el artículo 6 del mencionado acuerdo y el Decreto 730 de 2012, solo se autoriza la importación de componentes, partes y piezas nuevas sin reconstruir. Sostiene que, según el artículo 4.23 del Tratado de Libre Comercio (TLC), la mercancía remanufacturada es aquella ensamblada en el territorio de una de las partes, clasificada en los capítulos 84, 85, 87 o 90 o en la partida 94.02 del Sistema Armonizado, s alvo las partidas 84.18 y 85.16. Añade que esta debe estar compuesta total o parcialmente por partes recuperadas, tener una expectativa de vida similar a la de un bien nuevo y contar con garantía de fábrica equivalente. Precisa que el concepto de mercancía recuperada se refiere a materiales obtenidos del desensamble de productos usados, sometidos a procesos de limpieza, inspección y verificación para restaurar su funcionalidad. Destaca que la remanufacturación implica res taurar bienes, partes o piezas a su estado original mediante un proceso que incluye el desmantelamiento total, la sustitución de partes por componentes nuevos y el reensamblaje, garantizando que el producto final sea funcionalmente equivalente a uno nuevo. Concluye que los bienes usados no

mediante un proceso que incluye el desmantelamiento total, la sustitución de partes por componentes nuevos y el reensamblaje, garantizando que el producto final sea funcionalmente equivalente a uno nuevo. Concluye que los bienes usados no pueden ser asimilados a bienes reconstruidos o remanufacturados, como lo pretende la demandante.

C. Sentencia de primera instancia3

Mediante sentencia del 9 de marzo de 2017 el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga niega las pretensiones. El a quo sostiene, como fundamento de su decisión, que, aunque en las declaraciones de importación se indicó que la mercancía era remanufacturada, esta característica no fue probada dentro del proceso aduanero. Afirma que la demandante se limitó a presenta r fotografías que no permiten constatar su correspondencia con las piezas decomisadas y que, además, las declaraciones de importación no coincidían con la mercancía incautada. Resalta que la prueba pericial no fue solicitada por la demandante, sino por ENRECAR, un tercero vinculado al proceso que presuntamente se encargaba de la remanufacturación. Indica que fue esta misma empresa la que interpuso el recurso de reposición contra la negativa de la DIAN, lo que evidencia que la demandante no promovió directamente la práctica de dicha prueba. Señala que la decisión de la DIAN no fue arbitraria, pues el estudio técnico y fotográfico realizado por un funcionario de la misma entidad, en su calidad de

3 Expediente físico. Folios 1639 a 1649RADICADO: 680013333008-2014-00431-01

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DEMANDANTE: TRANSMIFORD Y CIA LTDA.

3 Expediente físico. Folios 1639 a 1649RADICADO: 680013333008-2014-00431-01

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander aprehensor, fue suficiente para concluir que la mercancía era usada y no remanufacturada, como se había afirmado en las declaraciones de importación. Argumenta que las piezas presentaban irregularidades evidentes en su estado físico, marca, serial, referencia y documentación, pues en su mayoría no se pudo determinar el país de origen. Añade que tenían óxido, residuos de aceite, abolladuras, corrosión, adhesivos, grasa y suciedad en su exterior, lo que se intentó ocultar con capas de pintura, sin alterar su condición de mercancía usada. Manifiesta, respecto a la disposición de la mercancía por parte de la DIAN, que la entidad contaba con plena facultad para proceder con su destrucción. Aclara, en relación con los procesos en los que la mercancía fue devuelta, que en aquellos casos no se efectuó aprehensión ni decomiso y que los lotes de mercancía involucrados eran distintos a los del presente asunto.

D. La apelación4

La sociedad demandante solicita que se revoque la sentencia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones. Sostiene que la prueba es una actividad fundamental en el procedimiento administrativo y que en este caso se omitió injustificadamente la práctica del peritaje

La sociedad demandante solicita que se revoque la sentencia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones. Sostiene que la prueba es una actividad fundamental en el procedimiento administrativo y que en este caso se omitió injustificadamente la práctica del peritaje solicitado por parte de la sociedad vinculada ENRECAR, lo que impidió que se esclarecieran las condiciones en las que se encontraba la mercancía. Argumenta que la interpretación de la DIAN sobre las mercancías remanufacturadas es errónea y contraria a lo dispuesto en el TLC y el Decreto 730 de 2012. Manifiesta que la autoridad demandada aplicó normas internas en detrimento de tratados internacionales, lo que configura la causal de nulidad por falsa motivación. Dice que la definición de mercancía remanufacturada exige que los productos sean usados previamente, por lo que la interpretación del a quo sobre las piezas decomisadas es errónea. Advierte que las pruebas practicadas por la DIAN se realizaron sin notificación previa y con la participación de personal de empresas privadas , sin acreditar su idoneidad técnica o profesional para emitir un dictamen , además de que no se le permitió su contradicción. Cita jurisprudencia de la Corte Constitucional para resaltar la importancia del debido proceso y la necesidad de que las pruebas sean debidamente practicadas y valoradas. Está inconforme, por otra parte, con el evalúo que la demandada le hizo a las autopartes. Expone que, en casos similares, la DIAN reconoció la legalidad de mercancías remanufacturadas y permitió su ingreso, mientras que en su caso aplicó criterios

4 Expediente físico. Folios 1654 a 1665RADICADO: 680013333008-2014-00431-01

remanufacturadas y permitió su ingreso, mientras que en su caso aplicó criterios

4 Expediente físico. Folios 1654 a 1665RADICADO: 680013333008-2014-00431-01

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander distintos de manera arbitraria, es decir, desconoció los principios de seguridad jurídica e igualdad. Agrega que, en sede judicial, el peritaje decretado por el a quo no se pudo realizar porque la DIAN dispuso de la mercancía antes de su práctica, la destruyó y vendió, lo que a su juicio, le impidió demostrar su legalidad y dejó sin sustento probatorio la decisión de decomiso. Considera que esta actuación de la entidad permite presumir que la mercancía sí era remanufacturada y configura una confesión ficta de la administración. Afirma que el a quo avaló erróneamente la disposición de la mercancía con fundamento en el artículo 534 del Decreto 2685 de 1999, sin advertir que dicha norma no faculta a la DIAN para eliminar bienes que forman parte de un proceso judicial en curso, lo que constituye una vulneración del derecho de defensa.

E. Trámite de segunda instancia Mediante auto del 22 de febrero de 2018 5 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y el 27 de abril de 20186 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

interpuesto por la parte actora y el 27 de abril de 20186 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

1. La demandante7 solicita que se revoque el fallo . Transcribe en su totalidad los argumentos del recurso de apelación, relacionados con la vulneración del derecho al debido proceso y la falsa motivación del acto de decomiso, derivada de la negativa de la entidad de practicar la prueba pericial en sede administrativa, la disposición anticipada de la mercancía por parte de la DIAN, la interpretación del Tratado de Libre Comercio y el Decreto 730 de 2012, así como la aplicación de criterios distintos en procesos aduaneros similares.

2. La demandada8 pide que se confirme el fallo. Insiste en que no vulneró el debido proceso de la demandante . Sostiene que existen pruebas y un registro fotográfico del estado de la mercancía decomisada, respaldados por un informe técnico elaborado por la empresa DANA TRANSEJES COLOMBIA, reconocida a nivel mundial por su trayectoria en la fabricación de ejes y transmisiones.

Afirma que realizó un proceso de reconocimiento físico que permitió determinar que la mercancía aprehendida era usada y no remanufacturada . Dice que con la inspección de las autopartes evidenció que los motores habían sido extraídos de los vehículos mediante cortes mecánicos ordinarios y con oxi-acetileno, sin desmontar componentes adicionales como el embrague, la caja de cambios y la bomba de inyección. Agrega que las piezas presentaban suciedad, herrumbre, oxidación, aceites usados y quemados, abolladuras y corrosión, lo que evidenciaba que se

componentes adicionales como el embrague, la caja de cambios y la bomba de inyección. Agrega que las piezas presentaban suciedad, herrumbre, oxidación, aceites usados y quemados, abolladuras y corrosión, lo que evidenciaba que se trataba de repuestos obsoletos y usados, no remanufacturados.

5 Expediente físico. Folio 1672 6 Expediente físico. Folio 1676 7 Expediente físico. Folios 1682 a 1693 8 Expediente físico. Folios 1694 a 1698RADICADO: 680013333008-2014-00431-01

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Asegura que la demandante declaró piezas que no correspondían a las aprehendidas y que la destrucción de la mercancía no le impidió al juez tener el convencimiento absoluto y pleno del estado en que se encontraba. Refiere que el demandante fundamenta sus argumentos de inconformidad contra el acto administrativo en prueba que no solicitó durante el proceso aduanero.

II. CONSIDERACIONES

A. Competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial

B. Los problemas jurídicos y sus tesis De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve los siguientes problemas jurídicos: PJ1. ¿El acto administrativo de decomiso está falsamente motivado porque la

B. Los problemas jurídicos y sus tesis De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve los siguientes problemas jurídicos: PJ1. ¿El acto administrativo de decomiso está falsamente motivado porque la DIAN clasificó erróneamente la mercancía aprehendida como usada en lugar de remanufacturada?

Tesis: No.

Fundamento: La DIAN sustentó el decomiso en pruebas objetivas que evidenciaban que la mercancía no cumplía los requisitos para ser considerada remanufacturada. Las actas de hechos No. 494 y 508, las inspecciones oficiales y el álbum fotográfico demostraron que las autopartes presentaban signos evidentes de uso, deterioro y alteraciones superficiales sin evidencia de reacondicionamiento técnico. La certificación emitida por un tercero confirma que se trataba de autopartes usadas, cuya importación está prohibida según el convenio automotriz de la CAN.

Adicionalmente, si bien los documentos de importación hacen referencia a mercancía remanufacturada, las fotografías muestran piezas que no cumpl en los criterios del artículo 4.23 del TLC ni del Decreto 730 de 2012. En consecuencia, la decisión de la DIAN estuvo debidamente motivada y sustentada en hechos probados y en la normativa vigente, lo que desvirtúa la presunta falsa motivación alegada. PJ2. ¿Se vulneró el derecho al debido proceso de la demandante por la falta de notificación previa a la inspección de la mercancía y la negativa de la DIAN de decretar una prueba pericial?

Tesis: No.

Fundamento: La notificación previa a la inspección no es un requisito exigido en el

de notificación previa a la inspección de la mercancía y la negativa de la DIAN de decretar una prueba pericial?

Tesis: No.

Fundamento: La notificación previa a la inspección no es un requisito exigido en el procedimiento aduanero, solo es obligatoria la notificación del acta de aprehensión,RADICADO: 680013333008-2014-00431-01

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander lo que sí se cumplió. Además, la demandante tuvo la oportunidad de presentar sus objeciones y las pruebas que las sustentaban, las cuales fueron analizadas por la DIAN. Por otro lado, la negativa de la autoridad aduanera de decretar una prueba pericial no vulneró el derecho de defensa de la demandante, ya que la decisión se fundamentó en el artículo 511 del Decreto 2685 de 1999, el cual faculta a la autoridad aduanera para decretar únicamente las pruebas que sean conducentes, eficaces, pertinentes y necesarias para esclarecer los hechos. En este caso, la prueba pericial solicitada no reunía estos criterios, pues los hechos que pretendía demostrar ya habían sido suficientemente acreditados con los medios de convicción recaudados, tales como actas oficiales, registros fotográficos e informes técnicos de avalúo. Además, la demandante no fue quien solicitó la práctica de la prueba dentro del trámite administrativo ni agotó los recursos legales disponibles para cuestionar su

recaudados, tales como actas oficiales, registros fotográficos e informes técnicos de avalúo. Además, la demandante no fue quien solicitó la práctica de la prueba dentro del trámite administrativo ni agotó los recursos legales disponibles para cuestionar su negativa, lo que refuerza la conclusión de que la prueba no era determinante ni necesaria para que la actora ejerciera su derecho de defensa. En consecuencia, la actuación de la DIAN se ajustó a derecho y no vulneró el debido proceso de la demandante. PJ3.¿La DIAN desconoció el derecho a la igualdad de la demandante al decidir presuntamente la situación jurídica de la mercancía aprehendida con un criterio distinto al utilizado en otros casos de importación de mercancías remanufacturadas?

Tesis: No.

Fundamento: No hay prueba de que la DIAN hubiera permitido el ingreso de mercancías en idénticas condiciones a la decomisada. Cada operación se analiza individualmente con base en las características de la mercancía y la documentación presentada. La DIAN basó su decisión en pruebas técnicas y en la inspección física, donde constató que la mercancía tenía signos de deterioro que no correspondían a una pieza remanufacturada.

Por lo tanto, la actuación no fue arbitraria ni discriminatoria, sino basada en un análisis técnico y probatorio concreto. PJ4. ¿La disposición de la mercancía decomisada por parte de la DIAN durante el proceso judicial es una prueba de que el acto estaba falsamente motivado?

Tesis: No.

Fundamento: La legalidad del acto administrativo de decomiso debe analizarse con base en las circunstancias existentes al momento de su expedición y conforme a

el proceso judicial es una prueba de que el acto estaba falsamente motivado?

Tesis: No.

Fundamento: La legalidad del acto administrativo de decomiso debe analizarse con base en las circunstancias existentes al momento de su expedición y conforme a las causales de nulidad establecidas en la ley, entre las cuales no se contempla la ocurrencia de hechos posteriores como criterio para declarar su nulidad.RADICADO: 680013333008-2014-00431-01

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander En este caso, la destrucción de la mercancía se fundamentó en la legislación aduanera que faculta a la administración para disponer de bienes decomisados una vez definida su situación jurídica. La ejecución de esta medida no afecta la validez del acto impugnado ni prueba que este estuviera falsamente motivado. Afirmar que esta disposición prueba la ilegalidad del decomiso constituye una falacia de falsa causa, pues confunde una consecuencia del proceso con la validez del acto de decomiso. Para sustentar las tesis expuestas, la Sala analizará, en primer lugar, la falsa motivación como causal de nulidad de los actos administrativos , precisando los requisitos jurisprudenciales y normativos que se deben cumplir para que esta se configure. Seguidamente, examinará la presunción de legalidad de los actos administrativos de la DIAN y la carga probatoria que recae sobre quien pretende desvirtuarla, con especial énfasis en los medios probatorios requeridos para

configure. Seguidamente, examinará la presunción de legalidad de los actos administrativos de la DIAN y la carga probatoria que recae sobre quien pretende desvirtuarla, con especial énfasis en los medios probatorios requeridos para demostrar un error en la clasificación de la mercancía. A continuación, la Sala abordará el contenido y alcance del derecho al debido proceso en los procedimientos administrativos aduaneros , destacando la normativa aplicable en materia de inspección, notificación y decreto de pruebas, con base en los artículos 504 a 511 del Decreto 2685 de 1999. Finalmente, con base en el marco normativo y probatorio expuesto, la Sala determinará si la demandante logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo de decomiso y si se configuran las causales de nulidad alegadas, particularmente en relación con el supuesto error en la clasificación de la mercancía por parte de la DIAN y la negativa de la autoridad de decretar una prueba pericial que no fue solicitada por la actora. Posteriormente, examinará si existen antecedentes administrativos que evidencien un trato diferenciado en casos similares de importación de mercancías remanufacturadas. Por último, analizará la facultad de disposición de la autoridad aduanera sobre la mercancía decomisada y su incidencia en la legalidad del acto impugnado, precisando por qué su venta y destrucción no constituye un indicio de falsa motivación ni una vulneración de derechos.

C. Marco jurídico

1. La falsa motivación como causal de nulidad de un acto administrativo La motivación o exteriorización del fundamento de la decisión administrativa busca precaver cualquier asomo de arbitrariedad y sujetar la voluntad de la administración

derechos.

C. Marco jurídico

1. La falsa motivación como causal de nulidad de un acto administrativo La motivación o exteriorización del fundamento de la decisión administrativa busca precaver cualquier asomo de arbitrariedad y sujetar la voluntad de la administración a criterios de legalidad, a la certeza de los hechos y a su apreciación razonable y debida calificación jurídica 9, pues se parte de que la autoridad administrativa no puede actuar caprichosamente, sino que debe justificar y evidenciar las

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 19 de mayo de 1998, expediente 10051, M.P. Clara Forero de Castro.RADICADO: 680013333008-2014-00431-01

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander circunstancias de hecho y de derecho que en cada caso la conducen a tomar una decisión10. De este elemento del acto administrativo se puede predicar el vicio de nulidad de falsa motivación11, el cual se estructura porque, habiéndose motivado el acto, las razones de la autoridad (i) no corresponden con la realidad y el ordenamiento jurídico12, o (ii) no tienen el mérito suficiente para justificar la decisión13. La primera hipótesis se configura cuando los hechos o razones de derecho del acto carecen de veracidad, es decir, se presenta una disconformidad entre éstos y la realidad fáctica y jurídica que ha debido servirle de fundamento14. En consonancia

La primera hipótesis se configura cuando los hechos o razones de derecho del acto care