TA SAN - Sentencia 680013333008-2015-00098-01 (21-08-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente Claudia Ximena Ardila Pérez SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025) Medio de control Reparación directa Demandante Manuel Antonio Mantilla Dulcey , identificad o con

C.C. No. 9.510.023

hildamarcelamantillasanchez@gmail.com abogadamantilla91@hotmail.com Demandados

1. Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co

2. Departamento de Santander

notificaciones@santander.gov.co Radicado y link del expediente 680013333008-2015-00098-01 Tema No se configura la responsabilidad del Estado por error judicial. La decisión judicial que negó la reclasificación del cargo y el reconocimiento de derechos prestacionales no constituye un error judicial. Se fundamentó en una interpretación razonada de la normativa vigente y en los hechos probados del caso. La diferencia de trato frente a otro funcionario en situación similar no configura una vulneración del precedente ni del principio de igualdad, ya que obedeció a circ unstancias procesales distintas. En c onsecuencia, no se acreditó un daño antijurídico imputable al Estado . Se confirma la sentencia que negó las pretensiones.

igualdad, ya que obedeció a circ unstancias procesales distintas. En c onsecuencia, no se acreditó un daño antijurídico imputable al Estado . Se confirma la sentencia que negó las pretensiones. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación 1, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de mayo de 2017 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga que negó las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante2

El señor Manuel Antonio Mantilla Dulcey solicita que se declare administrativa y solidariamente responsables a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al Departamento de Santander , por la pérdida de oportunidad de obtener la reclasificación de su cargo de músico de banda, esto es, del nivel de técnico al de profesional, y el pago de las diferencias salariales a su favor, así como las consecuencias prestacionales e indemnizatorias. Como consecuencia de lo anterior, pide el reconocimiento y pago de perjuicios materiales por la suma de $223.711.067 y morales por 100 SMLMV. Como fundamento de sus pretensiones, el demandante sostiene que prestó sus servicios como músico en la Banda del Departamento de Santander y que tras la expedición del Decreto 1569 de 1998 su cargo debió ser reclasificado del nivel técnico al nivel profesional. Refiere que el Departamento de Santander omitió realizar esta reclasificación, pues mediante el Decreto 10166 de 1998 lo incorporó en el nivel técnico.

Decreto 1569 de 1998 su cargo debió ser reclasificado del nivel técnico al nivel profesional. Refiere que el Departamento de Santander omitió realizar esta reclasificación, pues mediante el Decreto 10166 de 1998 lo incorporó en el nivel técnico.

1 Mediante auto del 5 de abril de 2018 se admite el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y el 17 de julio de 2019 se corre traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto. 2 Expediente físico. Folios 3-59RADICADO: 680013333008-2015-00098-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: MANUEL ANTONIO MANTILLA DULCEY

DEMANDADOS: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTROS

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Afirma que él y otros músicos solicitaron al Departamento de Santander la reclasificación de sus cargos al nivel profesional, petición que fue resuelta favorablemente, pues la entidad reconoció que correspondía al nivel profesional y les aseguró que procedería con la reclasificación en el proceso de reestructuración . Denuncia que la autoridad no modificó el nivel del cargo, sino que lo suprimió, lo que le generó un detrimento patrimonial y moral al no recibir las diferencias salariales, prestacionales y pen sionales que le correspondían como profesional. Manifiesta que , en virtud de lo anterior, presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue fallada favorablemente por esta corporación en

que le correspondían como profesional. Manifiesta que , en virtud de lo anterior, presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue fallada favorablemente por esta corporación en sentencia del 29 de enero de 2009 . N o obstante, el Consejo de Estado revocó la sentencia y se declaró inhibido para pronunciarse de fondo, comoquiera que no se demandó el acto que clasificó su cargo en el nivel técnico. Considera que esto configura un error judicial por desconocer el precedente y por constituir un pronunciamiento sobre un aspecto que no fue objeto de apelación. En su criterio, la decisión fue arbitraria, incongruente y apartada del precedente , dado que, en el caso de otro músico, Víctor Manuel Rey Pilonieta, sí se reconoció el derecho, pese a que se trataba de hechos, pruebas y fundamentos jurídicos idénticos al suyo. Señala que el daño también es imputable al Departamento de Santander porque, en lugar de cumplir con lo dispuesto en el Decreto 1569 de 1998, esto es, reclasificar su cargo al nivel profesional , expidió el Decreto 0427 de 1998 y la Resolución 10166 de 1998 , incorporándolo en el nivel técnico. Insiste en que la entidad le reconoció su derecho mediante el Oficio 445 de 1999, sin embargo, suprimió el cargo en la reestructuración de 1999 sin hacer la reclasificación, lo cual le impidió acceder a las diferencias salariales, prestacionales y pensionales, lo que constituye un daño antijurídico Argumenta que la administración violó los principios de buena fe, confianza legítima, igualdad y debido proceso, al no cumplir lo prometido y al modificar sorpresivamente sus condiciones laborales.

constituye un daño antijurídico Argumenta que la administración violó los principios de buena fe, confianza legítima, igualdad y debido proceso, al no cumplir lo prometido y al modificar sorpresivamente sus condiciones laborales.

B. Posición de las demandadas

1. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 3 se opone a las pretensiones. Indica que la actuación judicial se desarrolló conforme al ordenamiento jurídico vigente y no ocasionó un daño antijurídico cierto y verificable.

Refiere que el daño alegado no es atribuible a un actuar caprichoso de los operadores judiciales, sino a las circunstancias naturales de los procesos judiciales. Afirma que el daño que sufrió el demandante no es el resultado de una falla del servicio, sino que es producto de factores ajenos a la administración de justicia, tales como deficiencias probatorias y el incumplimiento de las cargas procesales que recaían sobre el actor, lo que llevó a la caducidad de la acción y a la inhibición del Consejo de Estado para conocer del asunto . Sostiene que el demandante debía demostrar que el funcionamiento de la justicia fue irregular y que ello causó directamente el daño , lo cual no hizo.

2. El Departamento de Santander4 solicita que se nieguen las pretensiones, comoquiera que no ha causado ningún daño al demandante.

Alega que se configura la excepción de inepta demanda porque el demandante manifiesta que los Decretos 0391 y 0392 de 1999 son de carácter general y abstracto, por ende, no están sometidos al t érmino de caducidad y al mismo tiempo advierte que mediante el Oficio 0445 de 1999 le dio una respuesta favorable que le impidió demandar

por ende, no están sometidos al t érmino de caducidad y al mismo tiempo advierte que mediante el Oficio 0445 de 1999 le dio una respuesta favorable que le impidió demandar los efectos particulares de los actos generales.

3 Expediente físico. Folios 195-197 4 Expediente físico. Folios 206-210RADICADO: 680013333008-2015-00098-01

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Señala que el demandante debió presentar el medio de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, el cual, en todo caso, estaría caduco, dado que los hechos acaecieron en el año 1999. Expone que el demandante pretende revivir los términos con la sentencia del Consejo de Estado que fue desfavorable a sus pretensiones. Agrega que si el actor consideraba que su caso fue resuelto de manera desigual en comparación con los de sus compañeros debió presentar el recurso extraordinario de revisión para unificar jurisprudencia.

C. La sentencia recurrida5

En sentencia del 30 de mayo de 2017 el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga niega las pretensiones. Como fundamento de su decisión, el a quo sostiene que, aunque el demandante alegó la afectación de sus derechos fundamentales , no logró demostrar que el daño fuera

Judicial de Bucaramanga niega las pretensiones. Como fundamento de su decisión, el a quo sostiene que, aunque el demandante alegó la afectación de sus derechos fundamentales , no logró demostrar que el daño fuera antijurídico, es decir, que se tratara de una lesión que no estuviera jurídicamente obligado a soportar . Por el contrario, s e derivó de una decisión judicial ajustada a derecho , concluyó el a quo. Destaca que el Consejo de Estado, en el fallo cuestionado, se declaró inhibido porque el actor no atacó el acto administrativo que realmente le causó el perjuicio , la Resolución No. 10166 de 1998 que lo incorporó en el nivel técnico , sino que de mandó oficios posteriores que no contenían la decisión que originó el daño. Enfatiza que la existencia de decisiones judiciales diferentes en casos similares no constituye una vulneración del precedente judicial. El juzgado recaba en que los jueces tienen autonomía para interpretar y aplicar la ley de acuerdo con el caso concreto, y que no se puede catalogar como un error judicial el hecho de que la alta corporación se apartara de una sentencia anterior, porque la decisión fue debidamente fundamentada. Añade que, si bien el Consejo de Estado conoció en segunda instancia varios casos similares al de los señores Manuel y Víctor, quienes se desempeñaron como músicos del Departamento de Santander para la fecha de la reestructuración administrativa, ello no implica que sus situaciones fácticas fueran idénticas, porque en este caso particular el demandante presentó su solicitud dos años después de haberse pensionado. Precisa que, aunque el actor solo hace referencia a la decisión del señor Víctor, existen otras decisiones de sus compañeros de banda, lo que pone en duda la vulneración del

demandante presentó su solicitud dos años después de haberse pensionado. Precisa que, aunque el actor solo hace referencia a la decisión del señor Víctor, existen otras decisiones de sus compañeros de banda, lo que pone en duda la vulneración del derecho a la igualdad.

D. La apelación El demandante6 solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se concedan las pretensiones.

Argumenta que la decisión de primera instancia fue incoherente y descontextualizada, pues no tuvo en cuenta que el Consejo de Estado incurrió en una discriminación injustificada al resolver de manera distinta dos demandas que versan sobre hechos, actos administrativos, fundamentos jurídicos y pruebas prácticamente idénticas. Señala que tanto él como su compañero Víctor Manuel Rey Pilonieta demandaron los mismos actos (oficios 9866 y 10421), pero mientras a Pilonieta se le reconocieron sus derechos, a él se le negó la pretensión bajo el argumento de ineptitud sustantiva de la demanda. Denuncia que el mismo magistrado del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara Quintero, resolvió ambos casos con criterios opuestos, sin justificar adecuadamente el cambio de posición, lo que vulnera el precedente horizontal . Considera que el juez de primera instancia debió exigir una carga argumentativa suficiente para justificar la diferencia de trato entre casos análogos.

5 Expediente físico. Folios 453-461 6 Expediente físico. Folios 488-499RADICADO: 680013333008-2015-00098-01

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DEMANDANTE: MANUEL ANTONIO MANTILLA DULCEY

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Afirma que el Departamento de Santander también le causó un daño antijurídico, la pérdida de oportunidad de reclasificación del cargo de técnico a profesional, puesto que le negó un derecho reconocido por el Decreto 1569 de 1998 y el concepto favorable de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Advierte que la decisión del a quo es incongruente porque reconoce la afectación de los derechos de igualdad y debido proceso, pero al mismo tiempo concluye que no se probó fehacientemente el daño antijurídico. Explica que no demandó directamente la Resolución 10166 dado que la decisión fue reconsiderada por la administración mediante el oficio 445 de 1999, cuando le prometió que haría la reclasificación. Refiere que l a supresión posterior del cargo mediante los decretos generales cambió el contexto, por ende, los actos que realmente le lesionaron el derecho fueron los oficios 9866 y 10421, que negaron la reclasificación. Insiste en que la declaración de ineptitud sustantiva de la demanda y consecuente caducidad no estaban justificadas.

E. Pronunciamientos de las partes en segunda instancia

1. La parte actora 7 sostiene que tanto él como Víctor Manuel Rey Pilonieta fueron afectados por la misma decisión administrativa que los clasificó como músicos de nivel técnico, aunque la ley los ubicaba en el nivel profesional. Ambos presentaron demandas

1. La parte actora 7 sostiene que tanto él como Víctor Manuel Rey Pilonieta fueron afectados por la misma decisión administrativa que los clasificó como músicos de nivel técnico, aunque la ley los ubicaba en el nivel profesional. Ambos presentaron demandas similares, pero recibieron fallos judiciales distintos por parte del mismo magistrado.

Argumenta que esta diferencia de trato viola el principio de igualdad y el precedente judicial, ya que no se justificó por qué se concedió el derecho a uno y se negó al otro.

2. La Rama Judicial 8 manifiesta que no existe responsabilidad por parte de la administración de justicia. Considera que no se probó un daño antijurídico, que las actuaciones judiciales fueron conforme a derecho, y que el demandante no demandó el acto administrativo correcto, lo que llevó a que el Consejo de Estado se inhibiera.

Señala que no se configura el error jurisdiccional, ya que no se evidenció arbitrariedad ni violación del debido proceso. Agrega que el daño alegado no cumple con los requisitos de certeza y causalidad exigidos por la jurisprudencia.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. El problema jurídico y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico: ¿La decisión del Consejo de Estado de inhibirse para pronunciarse de fondo sobre la reclasificación del cargo del actor a músico profesional constituye un error jurisdiccional por desconocimiento del precedente horizontal y vulneración del

jurídico: ¿La decisión del Consejo de Estado de inhibirse para pronunciarse de fondo sobre la reclasificación del cargo del actor a músico profesional constituye un error jurisdiccional por desconocimiento del precedente horizontal y vulneración del derecho a la igualdad , dado que en un caso análogo sí confirmó la sentencia de primera instancia que concedió las pretensiones de uno de sus compañeros de banda?

Tesis: No.

Fundamento: La decisión del Consejo de Estado de inhibirse para emitir un pronunciamiento de fondo no constituye un daño antijurídico, por cuanto fue adoptada conforme a derecho, con base en la normativa vigente y en los hechos probados. En

7 Expediente físico. Folios 521-525. 8 Expediente físico. Folios 259-531.RADICADO: 680013333008-2015-00098-01

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particular, el alto tribunal sustentó su decisión en la extemporaneidad de la demanda, al no haberse presentado dentro de los cuatro (4) meses siguientes al acto que dispuso la clasificación del cargo del actor en el nivel técnico. No se configura el desconocimiento del precedente horizontal. En el proceso en el que el alto tribunal confirmó la sentencia que accedió a las pretensiones de un compañero del demandante, el Departamento de Santander no discutió la existencia del derecho a la

No se configura el desconocimiento del precedente horizontal. En el proceso en el que el alto tribunal confirmó la sentencia que accedió a las pretensiones de un compañero del demandante, el Departamento de Santander no discutió la existencia del derecho a la reclasificación, sino únicamente el grado aplicable (05 o 06), sin controvertir la legalidad de los actos demandados. En atención al principio de congruencia, el pronunciamiento judicial se circunscribió al aspecto objeto de la apelación. De esta maner a, la decisión respondió a circunstancias procesales distintas, lo que explica la diferencia de resultado frente al caso del aquí demandante. Con respecto de las pretensiones formuladas contra el Departamento de Santander, el daño alegado tiene origen en un acto administrativo cuya ilegalidad no fue discutida oportunamente a través del medio de control idóneo de nulidad y restablecimiento del derecho. El actor no puede pretender revivir los términos mediante la acción de reparación directa con el argumento de que el Departamento causó el daño por omitir la reclasificación y crearle una expectativa, o de que solo conoció el daño cuando se profirió la decisión judicial. En realidad, fue con ese mismo conocimiento del daño que demandó un acto administrativo que no correspondía. En ese sentido, el proceso de reparación directa no es el mecanismo idóneo para controvertir la legalidad de actos administrativos ni para reabrir debates jurídicos ya resueltos, pues ello vulneraría el principio de cosa juzgada. Tampoco se acreditó un cambio jurisprudencial ni una afectación que justifique la aplicación del régimen de daño especial.

C. Marco jurídico

1. Responsabilidad del Estado por error jurisdiccional

cambio jurisprudencial ni una afectación que justifique la aplicación del régimen de daño especial.

C. Marco jurídico

1. Responsabilidad del Estado por error jurisdiccional El error judicial como fuente del daño antijurídico9 se define como aquel cometido por una autoridad investida de funciones jurisdiccionales, en ejercicio de éstas, durante el curso de un proceso y materializado mediante una providencia contraria a la ley.

Según la doctrina autorizada 10, este error implica una falta de conformidad entre la decisión adoptada y los elementos fácticos y jurídicos del caso que dieron lugar a dicha decisión. Debe causar un daño cierto, personal y de naturaleza antijurídica, es decir, que la víctima no tenga el deber jurídico de soportar. En consecuencia, quedan excluidas las providencias que, aunque controvertibles, se sustentan en interpretaciones válidas de los hechos o del derecho. El error judicial puede ser de naturaleza fáctica11 o normativa12. Una modalidad del error normativo la constituye el desconocimiento del precedente horizontal. Esto ocurre

9 ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. ARTÍCULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

ARTÍCULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley. 10 Santofimio Gamboa, J. O. (2016). Responsabilidad del Estado por la Actividad Judicial. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas. Pág 106. Cita: El error como determinante de un daño antijurídico imputable al Estado, es todo aquel estructurado a partir de la disconformidad de la decisión del juez con el ordenamiento jurídico, sus principios y valores que regulan y son aplicables el tema de la decisión incluida la valoración probatoria que corresponda realizar. Visto así, el error tiene sus raíces en la teoría general del derecho. Desde esta perspectiva, y acudiendo a las di rectrices doctrinales, podemos indicar que el concepto de error se refiere a la fala de conformidad entre lo resuelto y la realidad de los elementos factico s y jurídicos que le sirvieron de fundamento para su adopción155. La doctrina es prácticamente unánime en este sentido. Eugene Gaudemet (teoría general de las obligaciones, México, Porrua, 19 04, p. 72): "... puede definirse el error como un desacuerdo entre la "; Albert Trabucchi declaraciones de veluno al y L. luntad e Derecho Priordo, Madrid, 1967, p. 167): "Falsa representación de la realidad que concurre a determinar la voluntad del sujeto...". 11 Consiste en una apreciación equivocada de los hechos o en la omisión de pruebas relevantes 12 Corresponde a la aplicación incorrecta del derecho o a la omisión de normas pertinentes . También llamado error de derecho. Es entendido por la

11 Consiste en una apreciación equivocada de los hechos o en la omisión de pruebas relevantes 12 Corresponde a la aplicación incorrecta del derecho o a la omisión de normas pertinentes . También llamado error de derecho. Es entendido por la jurisprudencia del Consejo de Estado como la aplicación de una norma no aplicable al caso, la omisión de una norma aplicable, o la aplicación de normas derogadas, inexistentes o inaplicables por otras razones. (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia Del 29 De Marzo De 2019, M.P: Jaime Enrique Rodriguez Navas, Rad. No.: 20001 -23-31-000-2010-00162-01(43875). También: Consejo de Estado; Sección Tercera, sentencia del 20 de Febrero de 2020, M. P. Marta Nubia Velásquez Rico (E), Rad. No.: 73001 -23-31-000-2011-00162-01(48334). Desde la perspectiva doctrinal , el error de derecho puede clasificarse en cuatro modalidades: (i) violación directa del orde namiento jurídico, (ii) falsa interpretación, (iii) errónea interpretación y (iv) aplicación indebida del orden jurídico.( Santofimio Gamboa, J. O. (2016). Responsabilidad del Estado por la Actividad Judicial. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas. Pág 111 -113)RADICADO: 680013333008-2015-00098-01

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cuando el juez resuelve un caso en sentido contrario al adoptado previamente en un caso con los mismos fundamentos fácticos y jurídicos, sin explicar el cambio de criterio o el apartamiento. En este contexto, la decisión judicial vulnera los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad, que obligan al juez a aplicar las mismas reglas utilizadas en el caso anterior salvo justificación válida. En relación con el precedente, el Consejo de Estado13 ha dicho que este «lo constituye la ratio de la decisión», entendida como la regla o subregla que le permite al juez resolver el asunto sometido a su discernimiento, y cuya razón es la que sustenta la argumentación jurídica de la decisión. Para la Corte Constitucional 14, el precedente judicial se entiende como una sentencia previa que resulta relevante para resolver un nuevo caso, debido a que aborda un problema jurídico basado en hechos similares desde una perspectiva jurídicamente significativa. Bajo el principio de igualdad, los casos con supuestos de hecho semejantes deben recibir un tratamiento jurídico similar, por lo que el precedente orienta la decisión posterior. No obstante, no todo el contenido de la sentencia tiene fuerza vinculante, solo la ratio decidendi, es decir, aquella parte que contiene los argumentos que sustentan la decisión. En este sentido, la Corte subraya que el respeto al precedente tiene una doble dimensión: ética y argumentativa. Por un lado, exige dar el mismo trato a situaciones iguales,

decisión.

En este sentido, la Corte subraya que el respeto al precedente tiene una doble dimensión: ética y argumentativa. Por un lado, exige dar el mismo trato a situaciones iguales, garantizando la coherencia del sistema jurídico. Por otro, exige que el juez justi fique adecuadamente su apartamiento al precedente. Para ello, el juez debe cumplir con rigurosas cargas de transparencia y argumentación15. Cabe precisar que la jurisprudencia cumple una función interpretativa y complementaria en la aplicación de las normas. Su carácter dinámico implica que puede evolucionar para adaptarse a nuevas realidades jurídicas y sociales16. En algunos casos se rectifica para corregir errores interpretativos previos o ajustar criterios a la Constitución, la ley o los principios que rigen el ordenamiento jurídico. Este cambio no constituye un error judicial, sino una manifestación válida de la autonomía judicial, siempre que se cumpla con una carga argumentativa que justifique el abandono del criterio anterior. En cuanto al análisis que debe hacer el juez de la reparación directa cuando estudia la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional, la jurisprudencia 17 ha resaltado que este debe ser riguroso y detallar los argumentos expuestos por la parte demandante para acreditar el error judicial. Ello, con el fin de: (i) establecer si existió una actuación ilegal o carente de justificación, y (ii) evitar que se util ice el proceso contencioso administrativo como una vía para revisar decisiones judiciales mediante una especie de tercera instancia inexistente. Ahora bien, los resultados disímiles en casos análogos no s iempre suponen una aplicación contradictoria de las normas o del precedente . Esta circunstancia puede

inexistente. Ahora bien, los resultados disímiles en casos análogos no s iempre suponen una aplicación contradictoria de las normas o del precedente . Esta circunstancia puede responder a otros factores, como las pruebas aportadas, la estrategia de defensa de la entidad o las reglas procesales que delimitan la actuación del juez. Para lo que interesa al caso, el derogado artículo 357 del Código de Procedimiento Civil18 -aplicable al proceso en el que se alega el error judicial - establece que la competencia del juez de segunda instancia está limitada por el asunto decidido y el objeto del recurso de apelación . En consecuencia, e l resultado de la segunda instancia puede variar en función del objeto recurrido por el apelante.

13 Consejo de Estado, sección quinta, sentencia del 11 de febrero de 2016, M.P: Rocío Araujo Oñate, rad: 11001-03-15-000-2015-03358-00(AC). Consejo de Estado ha dicho que este «lo constituye la ratio de la decisión, entendida como aquella regla o subregla que le permite al juez definir o res olver el asunto sometido a su discernimiento, siendo la razón que ella contiene o define la argumentación jurídica del asunto». 14 Corte Constitucional, sentencia SU 380 de 2021. 15 Como identificar los precedentes relevantes, justificar las diferencias entre los casos y demostrar que la nueva interpretaci ón se adecúa en mejor medida a los principios y reglas constitucionales o legales que rigen la materia sin vulnerar derechos fundamentales como la igualdad o la confianza legítima. 16 Corte Constitucional Sentencia T-629 de 2012 y T-958 de 2010 17 T-031 de 2018

reglas constitucionales o legales que rigen la materia sin vulnerar derechos fundamentales como la igualdad o la confianza legítima. 16 Corte Constitucional Sentencia T-629 de 2012 y T-958 de 2010 17 T-031 de 2018 18 «Artículo 357. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmend ar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones…».RADICADO: 680013333008-2015-00098-01

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