TA SAN - Sentencia 680013333008-2016-00200-02 (03-04-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE: Dr. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

Bucaramanga, tres (03) de abril de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE

CONTROL:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE:

JAIRO MAURICIO MARTÍNEZ GARCÍA HERNANDO

CORREA PACHECO NATHALIA MELGAREJO

NAVAS EDISON LUIS GARCÍA SALAZAR

castrortizabogadas@gmail.com

DEMANDADO:

NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co

TEMA: BONIFICACIÓN JUDICIAL EXPEDIENTE: 680013333008-2016-00200-02

Se decide los recursos de APELACIÓN, interpuesto s por la s partes contra la sentencia proferida el catorce (14) de marzo de dos mil veintidós (2022), por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES1

1. Pretensiones

“1. Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN No, 875 de Febrero 9 de 2.016, proferida por el DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA y del ACTO ADMINISTRATIVO FICTO NEGATIVO configurado por el silencio guardado frente al recurso de apelación

proferida por el DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA y del ACTO ADMINISTRATIVO FICTO NEGATIVO configurado por el silencio guardado frente al recurso de apelación interpuesto contra el primer acto demandado en Febrero 24 de 2.016, habiendo transcurrido los dos (2) meses indicados por el artículo 86 del C.P.A.C.A.

2. Que, a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene a la NACIÓN

- RAMA JUDICIAL -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL:

1 Expediente digital en SAMAI, índice 0003Archivo 01SIGCMA-SGC

2.1. RELIQUIDAR LAS PRESTACIONES SOCIALES devengadas anualmente por los servidores judiciales demandantes, tomando como FACTOR SALARIAL la BONIFICACIÓN JUDICIAL creada con los Decretos 383 y 384 de 2.013 del Departamento Administrativo de la Función Pública “Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones. ” Y “Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial y se dictan otras disposiciones.".

2.2 Que en adelante, se reconozca esta BONIFICACIÓN JUDICIAL, como FACTOR SALARIAL para todos sus efectos legales y no sólo para los descuentos destinados a la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, como actualmente se hace.

3. Que se condene en COSTAS a la parte demandada, reconociendo las Agencias

descuentos destinados a la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, como actualmente se hace.

3. Que se condene en COSTAS a la parte demandada, reconociendo las Agencias en Derecho en porcentaje del VEINTE PORCIENTO (20%) de las pretensiones conforme el numeral 3.1.2. del artículo 6° del Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura No. 1887 de 2.003.

4. Que se ajuste la condena tomando como base el índice de Precios al Consumidor de conformidad con el inciso final del artículo 187 del C.P.A.C.A. ”

2. Hechos

Se dice en la demanda que: Los demandantes han estado vinculad os laboralmente a la Rama Judicial, desempeñando varios cargos en la entidad, siendo beneficiarios de la bonificación judicial que establece el Decreto 383 y 384 de 2013.

Mediante derecho de petición de fecha 05 de febrero de 2016, los demandantes elevaron solicitud ante la Rama Judicial, peticionando que, se reliquiden sus prestaciones sociales incluyendo como factor salarial la bonificación judicial, sin embargo, la misma no se ha tenido en cuenta como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales a que tiene derecho. Mediante Resolución 875 del 09 de febrero de 201 6, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, dio respuesta negativa al derecho de petición referido anteriormente , motivo por el que dicha decisión fueSIGCMA-SGC

recurrida desde el 24 de febrero de 2016 sin que, a la fecha de presentación de la demanda, se haya emitido respuesta alguna al respecto. Normas Violadas y Concepto de Violación

recurrida desde el 24 de febrero de 2016 sin que, a la fecha de presentación de la demanda, se haya emitido respuesta alguna al respecto. Normas Violadas y Concepto de Violación Supralegales, artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 53 y 209 de la Constitución Nacional. Legales, ley 4 de 1992, Artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, Decreto 383 de 2013 y Código Sustantivo del Trabajo.

En resumen, considera la parte demandante que la bonificación judicial procuró la nivelación salarial, además su causación es continua, habitual y mientras el servidor permanezca en el servicio, se alega que dicho factor debe ser considerado como salario. Solicita sea inaplicado el Decreto 383 de 2013 por resultar contrario a los fines superiores consagrados en los artículos referidos anteriormente.

3. Contestación a la Demanda

La NACION -RAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, se opone a las declaraciones y condenas solicitadas, argumentando que su representada, contrario a incurrir en alguna irregularidad al negarse a efectuar dicho reconocimiento en favor de los demandantes, manifiesta también, ha dado cumplimiento a los mandatos legales, por tal razón, estima que habrán de denegarse las pretensiones. Argumenta la accionada, que ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, pues dichos decretos, estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o

prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, pues dichos decretos, estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con el art. 10 de la Ley 4 de 1992. Agrega que, si bien, es cierto, la entidad opera como ejecutora de los recursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para efectos del pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de esta circunscripción territorial, también lo es que, para cumplir dicha función, la Dirección Ejecutiva se encuentra atada a los Decretos salariales que anualmente expide el Gobierno Nacional.

II. SENTENCIA APELADA

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga declaróSIGCMA-SGC

la nulidad de los actos administrativos acusados, por ende, ordenó el reconocimiento de la bonificación judicial a favor de los demandantes. En consecuencia, resolvió: “PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional e ilegal, para el caso en concreto, la expresión “únicamente” contenida en el art. 1 de los Decretos 383 de 2013 y demás decretos que lo modifican, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 875 del 09 febrero de 2.016 notificad el 17 de febrero de, por medio de la cual se negó la reliquidación de las prestaciones sociales de la demandante con inclusión de la Bonificación Judicial creada con el Decreto

Resolución 875 del 09 febrero de 2.016 notificad el 17 de febrero de, por medio de la cual se negó la reliquidación de las prestaciones sociales de la demandante con inclusión de la Bonificación Judicial creada con el Decreto 383 de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR la ocurrencia del silencio administrativo negativo derivado de la falta de respuesta del recurso de apelación, interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución 875 del 09 febrero de 2.016 notificad el 17 de febrero de 2016, el cual negó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la reliquidación de las prestaciones sociales a la demandante.

CUARTO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto producto de la ocurrencia del silencio administrativo negativo derivado de la falta de respuesta del recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución 03797 del 31 de mayo de 2016, el cual negó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la reliquidación de las prestaciones sociales a la demandante.

QUINTO: ORDENAR, a la NACIONRAMA JUDICIAL -CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA, a título de restablecimiento del derecho, si aún no lo ha hecho, a reconocer a favor de los demandantes JAIRO MAURICIO MARTÍNEZ GARCÍA C.C. No.

91.273.485, HERNANDO CORREA PACHECO C.C. No. 13.923.045,

restablecimiento del derecho, si aún no lo ha hecho, a reconocer a favor de los demandantes JAIRO MAURICIO MARTÍNEZ GARCÍA C.C. No.

91.273.485, HERNANDO CORREA PACHECO C.C. No. 13.923.045,

NATHALIA MELGAREJO NAVAS C.C. No. 1.095.808.069 y, EDIS ON LUIS

GARCÍA SALAZAR C.C. No. 1.104.068.044, la bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013 como factor salarial, desde el 05 febrero de 2.016, en adelante, por el tiempo efectivamente laborado en la RAMA JUDICIAL, y hasta la terminación del vínculo laboral, reliquidando todas las prestaciones sociales devengadas por ella.

SEXTO: CONDENAR, a la NACION-RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA , a pagar las diferencias resultantes entre las prestaciones sociales devengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada.SIGCMA-SGC

SEPTIMO: DECLARAR que en el presente asunto ha operado la prescripción trienal de las diferencias causadas con anterioridad al 05 febrero de 2.016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

OCTAVO: Las sumas reconocidas deberán ser debidamente actualizadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

NOVENO: La NACION-RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA, dará cumplimiento a

NOVENO: La NACION-RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA, dará cumplimiento a la sentencia de conformidad con los arts. 192 y 195 del CPACA.

DECIMO: NO CONDENAR en costas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

(…). ”SIC

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

3.1 Parte Demandante. La apelación presentada impugna parcialmente la sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido por Jairo Mauricio Martínez García y otros contra la Nación – Rama Judicial. La inconformidad se centra en los numerales quinto y séptimo de la decisión, argumentando que no se reconoció adecuadamente el carácter salarial de la bonificación judicial, lo cual afecta la liquidación de prestaciones sociales y vacaciones de los demandantes desde el 1 de enero de 2013. El recurso sostiene que la reclamación administrativa fue presentada el 5 de febrero de 2016, fecha en la cual regía el Decreto 383 de 2013, y que la prescripción del derecho debía contarse desde el momento en que se tuviera certeza jurídica sobre su reconocimiento. En consecuencia, la parte apelante solicita que la prescripción se compute desde el 5 de febrero de 2013 y no desde el 5 de febrero de 2016, como erróneamente se determinó en la sentencia. Asimismo, la apelación se apoya en precedentes jurisprudenciales que establecen que la prescripción de los derechos laborales inicia solo cuando el derecho es

erróneamente se determinó en la sentencia. Asimismo, la apelación se apoya en precedentes jurisprudenciales que establecen que la prescripción de los derechos laborales inicia solo cuando el derecho es exigible con certeza, criterio desarrollado en la sentencia de unificación SUJ -016CE-S2-2019. Co n base en ello, la parte demandante solicita la revisión de la decisión para que se acceda a la totalidad de las pretensiones, se nieguen las excepciones de prescripción y se condene en costas a la parte demandada.

3.2 Parte Demandada.SIGCMA-SGC

La NACION -RAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, se opone a las declaraciones y condenas solicitadas, argumentando que su representada, contrario a incurrir en alguna irregularidad al negarse a efectuar dicho reconocimiento en favor de los demandantes, manifiesta también, ha dado cumplimiento a los mandatos legales, por tal razón, estima que habrán de denegarse las pretensiones y presentó las excepciones de inepta demanda, inexistencia del demandado, falta de legitimación en la causa, prescripción, cob ro de lo no debido y la innominada. Argumenta la accionada, que ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, pues dichos decretos, estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con el art. 10 de la Ley 4 de 1992. Agrega que, si bien, es cierto, la entidad opera como ejecutora de los recursos que

prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con el art. 10 de la Ley 4 de 1992. Agrega que, si bien, es cierto, la entidad opera como ejecutora de los recursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para efectos del pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de esta circunscripción territorial, también lo es que, para cumplir dicha función, la Dirección Ejecutiva se encuentra atada a los Decretos salariales que anualmente expide el Gobierno Nacional. Así mismo, adiciona que de reconocerse lo pretendido por la demandante, se afectaría directamente el Presupuesto General de la Nación, sin contar con la autorización previa del CONFIS ni con las partidas presupuestales adicionales asignadas por el Minister io de Hacienda y Crédito Público, que permitan el reconocimiento del carácter salarial que se demanda. Afirma, que la Seccional se ha limitado a dar cumplimiento a la norma que crea la Bonificación Judicial, en razón a que no tiene facultad para interpretar las leyes e inaplicarlas, pues son los jueces en sus respectivos fueros, quienes a través de sentencias tienen tal facultad. Sostiene que, en caso de accederse a las pretensiones de la demanda, deben declararse prescritos los derechos laborales causados 3 años antes de la fecha de radicación de la petición de reliquidación.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por medio de auto del 24 de febrero de 2025 se admitió los recursos de apelación interpuestos contra de la sentencia de primera instancia en los términos de los artículos 67 y siguiente de la Ley 2080 de 2021.SIGCMA-SGC

Por medio de auto del 24 de febrero de 2025 se admitió los recursos de apelación interpuestos contra de la sentencia de primera instancia en los términos de los artículos 67 y siguiente de la Ley 2080 de 2021.SIGCMA-SGC

V. PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN Y

CONCEPTO DE FONDO.

5.1 Parte Demandante.

Refiere la apoderada de la accionante que no es procedente la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva ni la conformación de un litisconsorte necesario, pues el proceso busca la nulidad de actos administrativos que negaron el reconocimiento del carácter salarial de la bonifica ción judicial. En consecuencia, la entidad demandada es la única responsable de responder por las pretensiones formuladas, sin que sea necesario vincular a otros sujetos procesales. Respecto a la prescripción trienal, la parte apelante argumenta que el derecho solo puede prescribir una vez exista certeza sobre su exigibilidad, lo cual ocurrirá únicamente cuando se reconozca judicialmente el carácter salarial de la bonificación. Por lo tanto, hasta tanto no haya pronunciamiento definitivo, no es procedente aplicar la prescripción. En virtud de lo anterior, se solicita confirmar lo favorable de la sentencia de primera instancia, garantizando el derecho fundamental al salario y sus efectos prestacionales. 5.2 6.2 Parte Demandada.

La apoderada de la parte demandada sostiene que la prescripción trienal del derecho reclamado debe aplicarse conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual establece que solo se pueden reconocer los últimos tres años contados desde la presentación de la reclamación administrativa. Se objeta la

derecho reclamado debe aplicarse conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual establece que solo se pueden reconocer los últimos tres años contados desde la presentación de la reclamación administrativa. Se objeta la postura de la parte apelante sobre la exigibilidad del derecho, argumentando que la bonificación judicial está regula da por los Decretos 383 y 384 de 2013, cuya legalidad no ha sido cuestionada en su oportunidad procesal. Asimismo, la defensa plantea la falta de legitimación en la causa por pasiva, señalando que la Rama Judicial no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional de los funcionarios, pues esta facultad recae exclusivamente en el Gobierno Nacional. En consecuencia, se solicita la confirmación de la decisión del a quo y la improcedencia de las pretensiones del apelante, al no haberse demostrado la ilegalidad de los actos administrativos demandados. 5.3 Ministerio Publico.

Guardo Silencio en esta etapa.

VI. CONSIDERACIONESSIGCMA-SGC

PROBLEMA JURIDICO En el presente asunto, se circunscribe a determinar si: ¿Es procedente la inaplicación por inconstitucionalidad de la palabra “únicamente”, contenida en el artículo 1 del Decreto 383 2013, por medio de la cual se creó la bonificación judicial para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial? En caso afirmativo, ¿la bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013, constituye factor salarial para reliquidar todas las prestaciones sociales de la demandante, desde el 01 de enero de 2013 y en adelante hasta cuando sigan causando. Finalmente, deberá establecerse si en el presente asunto, ha operado la

2013, constituye factor salarial para reliquidar todas las prestaciones sociales de la demandante, desde el 01 de enero de 2013 y en adelante hasta cuando sigan causando. Finalmente, deberá establecerse si en el presente asunto, ha operado la prescripción trienal sobre las mesadas que se han se reconocer.

VII. MARCO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL.

1. De la bonificación judicial

El régimen salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al Gobierno Nacional a través del Gobierno Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 19 literal E de la Constitución Política de Colombia; dicho mandato constitucional, fue materializado en literal a del artículo 2 de la ley 4 de 19922, según los parámetros previstos en el artículo 2 ídem. Con base en dichas normas generales, objetivos y criterios, el presidente de la República de Colombia, mediante Decreto 383 de 2013, estableció para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, el derecho a percibir una bonificación judicial, en los siguientes términos: ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 20 12 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

2 a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones socialesSIGCMA-SGC

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1° de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año al valor que se fija en las siguientes tablas, así: (…) En el artículo citado se precisa que la bonificación judicial será reconocida a partir del 1 de enero de 2013 , se cancelará mensualmente por el servidor en tanto permanezca en el servicio. Asimismo, advierte que esta solo será tenida en cuenta para la cotización en el sistema general de pensiones y para el sistema de seguridad social en salud.

2. Excepción de inconstitucionalidad

La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción, deviene del imperio y fuerza vinculante de la Constitución Política, cuya vigencia y aplicación real en el ordenamiento están consagradas en su artículo 48. Esta institución jurídica consiste en la inaplicación de una norma en un caso concreto, ante la evidencia del desconocimiento de una norma de raigambre constitucional en un contexto en particular, y por ello sus efectos se circunscriben únicamente al preciso as unto que se somete a conocimiento del funcionario competente. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia SU132/13 también ha señalado

constitucional en un contexto en particular, y por ello sus efectos se circunscriben únicamente al preciso as unto que se somete a conocimiento del funcionario competente. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia SU132/13 también ha señalado que, corresponde al Juez, oficiosamente, inaplicar actos administrativos, lesivos al ordenamiento superior, en virtud de la denominada excepción de inconstitucionalidad, veamos: “La jurisprudencia constitucional ha definido que “la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no puede dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales”. En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política”. A su turno el Consejo de Estado ha señalado sobre este tópico:SIGCMA-SGC

“La figura de la excepción de inconstitucionalidad es un instrumento establecido por el artículo 4° de la Constitución Política, cuya aplicación se alega para que en caso de presentarse contradicción entre una norma de rango legal y otra de rango constituc ional, se aplique esta última, con el fin de preservar las garantías constitucionales, que sólo procede para resolver

alega para que en caso de presentarse contradicción entre una norma de rango legal y otra de rango constituc ional, se aplique esta última, con el fin de preservar las garantías constitucionales, que sólo procede para resolver casos o situaciones concretas o subjetivas, de modo que quien la hace efectiva es la autoridad que conoce del correspondiente caso y sus e fectos, por consiguiente, son subjetivos o interpartes. (…) Ahora bien, para hacer uso de este medio excepcional es necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la norma constitucional y la legal riñan de tal manera que del simple cotejo res ulte absolutamente incompatible su aplicación simultánea. (…)”9

Ahora bien, el artículo 1° del Decreto 383 de 2013, que crea la bonificación judicial dispone expresamente que esta prestación “únicamente” constituye factor salarial para efecto de los aportes al sistema de seguridad social, con lo cual excluye esta prestación de la base remuneratoria de los trabajadores. En este orden de ideas, la sala estima que el término “únicamente” en el contexto ya reseñado, es contrario a los postulados constitucionales que garantizan los derechos laborales mínimos, especialmente al artículo 53 de la CP que consagra la aplicación del principio de igualdad en materia laboral, por lo cual acertó el fallador a quo al inaplicar, para el caso sub iudice la expresión que a continuación se subraya de la citada norma:

"Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose

quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones II al Sistema General de Seguridad Social en Salud."

Según lo discurrido, se impone en este caso la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 4° de la Constitución Política, mediante la facultad que prevé el artículo 148 del CPACA, toda vez que la exclusión que estipula el artículo 1 del Decreto 383 de 2013, riñe con lo dispuesto en el artículo 53 Superior, luego resulta necesario privilegiar el imperio de esta última, con las consecuencias que se señalarán en los restantes acápites.SIGCMA-SGC

3.Factor salarial de la bonificación judicial: Elementos que constituyen salario: Todo derecho se desprende de la Constitución Política de 1991, mediante su Artículo 53 que facultó al Congreso de la República para expedir el estatuto del trabajo teniendo en cuenta para su creación el seguimiento de los principios de "Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las

irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las frentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones lab orales; garantía a la seguridad social, Ia capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad".

De igual forma dispuso que: "Los convenios internacionales del trabajo, previamente ratificados y aceptados en debida forma, serían parte de la legislación interna".

Igualmente dispuso que: "La ley los contratos los acuerdos, convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores".

De esa manera, el bloque de constitucionalidad, los tratados y convenios internacionales son también aplicables y de obligatorio cumplimiento, como parámetro de legalidad de las actuaciones del Estado, de tal forma que si no se aplican se estaría vulnerando la propia Constitución. Aún más, los acuerdos, contratos y la misma ley no pueden desfavorecer los derechos de los trabajadores.

Ahora bien, corno convenio internacional relevante en el tema bajo estudio, entre otros, se encuentra el Convenio sobre la Protección del Salario (Convenio, núm. 95, 1949), adoptado en Ginebra en la 3T reunión CIT, que tuvo su entrada en vigor el 24 de sep tiembre de 1952, ratificado por Colombia el 7 de junio de 1963, que legitimado por la propia Constitución, dispuso que "el término salario significa la

24 de sep tiembre de 1952, ratificado por Colombia el 7 de junio de 1963, que legitimado por la propia Constitución, dispuso que "el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, ,fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar".SIGCMA-SGC

La Sección Cuarta del H. Consejo de Estado en sentencia del 17 de marzo de 2016, en el proceso radicado 760012331000201101867 -01, se pronunció respecto del concepto de salario así: De acuerdo con el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, “constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominaci ón que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones”. El H. Consejo de Estado en pronunciamiento del 21 de octubre de 2011, ha definido este concepto de la siguiente manera: En cuanto al salario se ha entendido de manera general que es todo lo que se paga directamente por la retribución o contraprestación del trabajo realizado. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al precisar el

este co