TA SAN - Sentencia 680013333008-2016-00331-02 (13-03-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 680013333008-2016-00331-02 Medio de control Reparación Directa Demandante Leonor Monsalve Rodríguez y Otros juyobach@hotmail.com Demandado Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC notificaciones@inpec.gov.co demandas.oriente@inpec.gov.co Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema El daño, entendido desde una connotación jurídica como la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal a consecuencia de una acción u omisión humana, que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal y, frente al cual se impone una reacción a manera de reparación o, al menos, de satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del agravio; en el sub examine se concreta en la lesión al derecho constitucional fundamental a la salud y a obtener el mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar. Fines de la pena en el Estado Constitucional

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, contra la sentencia de fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinti trés ( 2023), proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1.

de diciembre de dos mil veinti trés ( 2023), proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1.

1.1. Lo que se pretende.

La demanda fue interpuesta mediante apoderado judicial por l a señora Leonor Monsalve Rodríguez quien actúa en nombre propio y en representación de Deivi Andrés Chinchilla Monsalve, así como por la señora Yeny Fernanda Chinchilla Monsalve; en ejercicio del medio de control de reparación directa, a efectos que se declare administrativa y extracontractualmente responsable a l Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, por el daño antijurídico que se les causó como consecuencia de no haber advertido que “el señor Deivi Andrés Chinchilla Monsalve es una persona con discapacidad consistente en Dx de esquizofrenia y retraso

1 Ver folios 1 a 26 del documento “ 07. fl. 1-50” del Expediente Digital de OneDrive, actuación registrada en el índice 00125 de SAMAI – Gestión en otros despachos.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333008-2016-00331-02

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mental, a pesar del comportamiento agresivo y del diagnóstico de la E.S.E. San Camilo, y no generar las advertencias al Juez de Penas, y promover al interior del centro carcelario las condiciones necesarias para que el interno recibiera atención idónea, oportuna, suficiente y no se desmejorara sus condiciones de salud”.

Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad , solicitó la parte

centro carcelario las condiciones necesarias para que el interno recibiera atención idónea, oportuna, suficiente y no se desmejorara sus condiciones de salud”.

Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad , solicitó la parte demandante, que se condenara al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, a la reparación integral de los siguientes perjuicios:

• Por concepto de perjuicios inmateriales en la modalidad de perjuicio moral, en cuantía equivalente a 100 SMLMV a favor de cada una de las

demandantes Leonor Monsalve Rodríguez y Yeny Fernanda Chinchilla Monsalve.

• Por concepto de perjuicios inmateriales en la modalidad de perjuicio a la salud, en cuantía equivalente a 100 SMLMV a favor del demandante Deivi

Andrés Chinchilla Monsalve.

• Por concepto de perjuicios inmateriales en la modalidad de daño a la vida de relación, en cuantía equivalente a 100 SMLMV a favor de cada una de

las demandantes Leonor Monsalve Rodríguez y Yeny Fernanda Chinchilla Monsalve.

• Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, a favor de la demandante Leonor Monsalve Rodríguez por valor de $5.000.000, por concepto de gastos de representación judicial del señor

Deivi Andrés Chinchilla Monsalve.

• Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de la demandante Leonor Monsalve Rodríguez por valor de $80.339.248, por concepto de salarios dejados de percibir como consecuencia del deterioro de la salud del señor Deivi Andrés Chinchilla

Monsalve.

favor de la demandante Leonor Monsalve Rodríguez por valor de $80.339.248, por concepto de salarios dejados de percibir como consecuencia del deterioro de la salud del señor Deivi Andrés Chinchilla Monsalve.

• Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente futuro, a favor de la demandante Deivi Andrés Chinchilla Monsalve por concepto del “tratamiento idóneo permanente por su grave estado de salud” consistente en “atención psiquiátrica y todos los gastos por el resto de su vida”.

1.2. Hechos.

De acuerdo con los hechos relevantes en los cuales se sustentó la pretensión de declaración de responsabilidad y la resarcitoria de los perjuicios, se tiene que el demandante Deivi Andrés Chinchilla Monsalve , desde su nacimiento, presenta afectaciones en su salud psíquica; razón por la cual, ha recibido tratamiento médicoTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333008-2016-00331-02

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por la especialidad de psiquiatría “habiéndosele establecido que su capacidad de inteligencia es del 60%” por el diagnóstico de “esquisofrenia (sic) paranoide”.

Se indicó en la demanda, que el demandante Deivi Andrés Chinchilla Monsalve, a través de sentencia de fecha 22 de febrero de 2006, fue condenado a pena privativa de la libertad de 56 meses, como “autor responsable del delito de hurto calificado y agravado en perjuicio del Municipio de Bucaramanga” . Afirmó la parte demandante, que el señor Deivi Andrés Chinchilla Monsalve, durante el

privativa de la libertad de 56 meses, como “autor responsable del delito de hurto calificado y agravado en perjuicio del Municipio de Bucaramanga” . Afirmó la parte demandante, que el señor Deivi Andrés Chinchilla Monsalve, durante el cumplimiento de la pena privativa de la libertad intramural, fue “objeto de agresiones físicas y psicológicas por parte de otros internos ”, situación que conllevó a que decayera en su estado de salud y, se tornara “agresivo”, puesto que no se le brindó “la hospitalización, la medicación, la rehabilitación con apoyo médico brindándosele la psicoterapia que requería para garantizar sus derechos fundamentales a la vida y a la salud con el fin de reducir la gravedad de los síntomas psicóticos, prevenir recurrencias de episodios sintomáticos y deterioro en su salud ”. Frente a lo cual, expuso la parte demandante , se le otorgó al señor Deivi Andrés Chinchilla Monsalve el sustituto de penal de prisión domiciliaria con asignación de “una hora diaria para salir” , aspecto que repercutió “gravemente en su tratamiento ”. Así mismo, se refirió en la demanda, que en valoración psiquiátrica ordenada por el Juez de Ejecución de Penas se determinó, que el señor Deivi Andrés Chinchilla Monsalve se trata de un “paciente que cu rsa un cuadro de esquizofrenia crónica sin tratamiento, al momento psicótico además impresiona la presencia de un retardo mental moderado”.

2. Contestación de la demanda2.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual manifestó que, de acuerdo con el marco

mental moderado”.

2. Contestación de la demanda2.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual manifestó que, de acuerdo con el marco funcional de sus competencias, no le corresponde determinar si un interno se encuentra en estado de enfermedad y si debe o no seguir “purgando pena privativa de la libertad” , pues sólo le corresponde, en caso q ue presente un determinada patología, “permitir que se le preste la atención médica que requiere por parte de los galenos que se le preste la atención médica que requiere por parte de los galenos pertenecientes a l a EPS” , esto es, a la “EPS CAPRECOM EICE EN LIQUIDACIÓN”, en virtud de los contratos suscritos en cumplimiento de la Ley 1122 de 2007 y sus decretos reglamentarios . Frente a los hechos de la demanda, en términos generales, señaló, que el señor Deivi Andrés Chinchilla Monsalve fue capturado el día 18 de enero de 2010 e ingreso al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Bucaramanga el 20 de enero de 2010, sin que le conste, como se afirma en la demanda, que haya sido objeto de “agresiones físicas y psicológicas por parte de otros internos en el tiempo que permaneció privado de su libertad” ; otorgándosele, el día 9 de junio de 2010, el benefic io de prisión domiciliaria; así mismo, no le consta que se le “haya asignado solamente una hora diaria para salir, ni tampoco que esto haya repercutido gravemente en su tratamiento”.

prisión domiciliaria; así mismo, no le consta que se le “haya asignado solamente una hora diaria para salir, ni tampoco que esto haya repercutido gravemente en su tratamiento”.

2 Ver folios 81 a 98 del documento “08. fl. 51-100” y, folios 1 a 9 del documento “09. fl. 101-150” del Expediente Digital de OneDrive, actuación registrada en el índice 00125 de SAMAI – Gestión en otros despachos.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333008-2016-00331-02

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II. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante providencia de fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), accedió a las pretensiones de la demanda3; para lo cual, decidió:

“…PRIMERO: DECLARAR patrimonial y administrativamente responsable al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, por los perjuicios materiales e inmateriales causados al demandante DEIVI ANDRES CHINCHILLA MONSALVE en su calidad de victima directa y a su núcleo fami liar compuesto por LEONOR MONSALVE RODRÍGUEZ y YENNY FERNANDA CHINCHILLA MONSALVE, conforme a las manifestaciones expuestas.

SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, a pagar por concepto de daño moral a los demandantes,

los siguientes valores:

(…)

A favor de la señora LEONOR MONSALVE RODRÍGUEZ – madre-, la suma

CARCELARIO – INPEC, a pagar por concepto de daño moral a los demandantes, los siguientes valores:

(…)

A favor de la señora LEONOR MONSALVE RODRÍGUEZ – madre-, la suma equivalente a CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, que corresponden a $116.000.000.

A favor de: YENNY FERNANDA CHINCHILLA MONSALVE, la suma equivalente a CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES , equivalentes a $58.000.000.

TERCERO: CONDENAR al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC a pagar por concepto de daño a la salud al señor DEIVI ANDRES CHINCHILLA MONSALVE el valor de CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, equivalentes a $116.000.000.

CUARTO: CONDENAR al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC a pagar por concepto de daño material – daño emergente a la señora LEONOR MONSALVE RODRÍGUEZ el valor de $ 9.562.069.

QUINTO. CONDENAR al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC a pagar por concepto de daño material – lucro cesante a la señora LEONOR MONSALVE RODRÍGUEZ el valor de $64.211.232.

SEXTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con las manifestaciones expuestas…”

Para declarar la responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

SEXTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con las manifestaciones expuestas…”

Para declarar la responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, el a quo consideró acreditado el daño, consistente en la “afectación de la salud del señor DEIVI ANDRÉS CHINCHILLA MONSALVE, en el entendido que si bien al momento de ingresar al establecimiento carcelario ya sufría “ESQUIZOFRENIA PARANOIDE” y “RETARDO MENTAL MODERADO”, no tenía tratamiento y su condición estaba controlada y pocos meses después de estar en él la falta de tratamiento idóneo lo llevó a sufrir un episodio psicótico severo, que requirió hospitalización, puso en peligro su vida, y a partir de este ha (sic) esta estado en tratamiento permanente, que según sus familiares antes no lo requería y no hay prueba documental que demuestre lo contrario”.

3 Ver índice 00126 de SAMAI – Gestión en otros despachos.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333008-2016-00331-02

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Para estructurar la imputación del daño al INPEC, el a quo realizó un análisis de los artículos 104 y 107 de la Ley 65 de 1993 modificados por la Ley 1709 de 2010 , normas que, en su criterio, establecen que “si un interno presentaba signos de enajenación mental correspondida en primer lugar al médico del centro de reclusión dictaminar que el recluso padecía enfermedad psíquica, y el director del establecimiento solicitaría el respectivo concepto médico legal, en el caso concreto

enajenación mental correspondida en primer lugar al médico del centro de reclusión dictaminar que el recluso padecía enfermedad psíquica, y el director del establecimiento solicitaría el respectivo concepto médico legal, en el caso concreto se advierte que el 17 de marzo de 2010 el actor entro en un periodo sintomático de la enfermedad por lo que, fue remitido al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses donde se profirió dictamen sobre su estado de salud, y se sugirió remitirlo a una Institución Pública o Privada para tratamiento psiquiátrico especializado, y una vez compensado podía reintegrarse a su sitio de reclusión, por lo tanto, debía asistir a controles periódicos según lo indicara el médico Psiquiatra tratante”; a partir de lo anterior, concluyó el a quo, al INPEC debía garantizar que el demandante fuera valorado por el “médico del centro de reclusión con el fin de dictaminar la enfermedad psíquica que presentara, teniendo la carga el director del respectivo centro carcelario de solicitar el concepto médico legal, el cual si resultaba confirmando el diagnostico, debía peticionar que el recluso ingresara a un establecimiento psiquiátrico, clínica adecuada, casa de estudio o de trabajo, para ser tratado ”. De est a manera, el a quo dio por probado, con fundamento en el dictamen de fecha 1 de noviembre de 2019 rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal, que se pudo haber evitado el agravamiento de la salud del señor Deivi Andrés Chinchilla Monsalve, si este hubiera sido valorado oportunamente y remitido a la especialidad de psiquiatría para el manejo de su patología.

Medicina Legal, que se pudo haber evitado el agravamiento de la salud del señor Deivi Andrés Chinchilla Monsalve, si este hubiera sido valorado oportunamente y remitido a la especialidad de psiquiatría para el manejo de su patología.

En consecuencia, del Juez de instancia advirtió, que el INPEC incurrió en una omisión en el cumplimiento del marco obligacional, pues “la privación de la libertad del actor, trae inmersa una responsabilidad al INPEC, por cuanto se vulneró su derecho a la salud, dónde es claro que se tenía que mantener el ejercicio de la posición de garante del Estado en eventos como el internamiento en hospitales psiquiátricos e instituciones para personas con enfermedades; instituciones y cualquier otra institución similar destinada a la privación de libertad de personas, medidas concretas que se debían ado ptar atendiendo a las condiciones y necesidades particulares que presentaba el señor Chinchilla Monsalve”.

Respecto de la tasación de los perjuicios morales, el a quo determinó, a partir del “dictamen pericial realizado el 1 de noviembre de 2019, en que se concluyó que el señor Chinchilla “presento DAÑO PSIQUICO DE INTENSIDAD GRAVE””, que había lugar a conceder el valor correspondiente a 100 SMLMV a favor de las señoras la Leonor Monsalve Rodríguez y Yeny Fernanda Chinchilla Monsalve, al tener por acreditados los vínculos de consanguinidad propios del primer y segundo grado, respectivamente. Así mismo, aduciendo la misma probanza, se consideró respecto del perjuicio a la salud a favor del señor Deivi Andrés Chinchilla Monsalve que había lugar a condenar por valor de 100 SMLMV. En relación con los perjuicios

respectivamente. Así mismo, aduciendo la misma probanza, se consideró respecto del perjuicio a la salud a favor del señor Deivi Andrés Chinchilla Monsalve que había lugar a condenar por valor de 100 SMLMV. En relación con los perjuicios materiales dispuso el a quo, que de la prueba de interrogatorio de parte practicada a las demandantes, se determinó que la señora Leonor Monsalve Rodríguez incurrió en el ga sto por valor de $5.000.000 por concepto de “gastos judiciales”,Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333008-2016-00331-02

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luego procedió a su reconocimiento previa indexación; respecto del daño emergente futuro, precisó que no quedó demostrado que el señor Deivi Andrés Chinchilla Monsalve debiera recibir un “tratamiento por toda su vida y que le sea imputado al INPEC”; finalmente, reconoció el valor de $ 64.211.232 a título de lucro cesante a favor de la señora Leonor Monsalve Rodríguez al tener por acreditado que “se vio obligada a renunciar a su empleo para hacerse cargo del señor Chinchilla y propender por su estado de salud llevándolo a las instituciones de salud para recibir atención y controles médicos, así como del cuidado de la casa, lo que trajo como consecuencia que dejó de percibir las ganancias que antes devengaba por sus labores en oficios varios, al servicio de Doris Helena Cano García”.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

Frente a la sentencia de fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

Frente a la sentencia de fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC interpuso, oportunamente, el recurso de apelación 4. Como sustento del recurso expuso, que la responsabilidad debía analizarse con fundamento en el régimen de falla del servicio y no por responsabilidad objetiva; de igual forma, manifestó, que el a quo no tuvo en cuenta “las excepciones plateadas (sic) en la contestación de la demanda por falta de legitimación en causa pasiva referente no es competente el INPEC; ya que es la custodia no emana medidas de aseguramiento, tampoco dicta sentencias condenatorias, igual no vigila procesos de ejecución de penas y medidas es competencia de los juzgados de penas y para el ca so Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Descongestión de Bucaramanga Radicado NI. 14898 - 2005-00079 dentro de las funciones establecidas por el legislador esta es que se cumpla la medida de aseguramiento intramural y domiciliarias”; luego, en su sentir, en caso de existir responsabilidad la misma es atribuible a la Rama Judicial.

De igual manera, adujo el recurrente, que al ingresar al establecimiento penitenciario, al señor Deivi Andrés Chinchilla Monsalve se le realizó un a valoración del estado de salud, considerándose su compatibilidad con la detención intramural, lo cual es corroborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, según concepto rendido a través de oficio No 612 del 10 de

valoración del estado de salud, considerándose su compatibilidad con la detención intramural, lo cual es corroborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, según concepto rendido a través de oficio No 612 del 10 de febrero de 2010, que “contiene una valoración médica que se le practicó a petición del Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Bucaramanga, en la que se señala que desde el punto de vista clínico padecía ESQUIZOFREINA PARANOIDE en estado sintomático, para lo cual recibía tratamiento carcelario; así mismo, se sugirió que fuera remitido a una institución pública o privada para tratamiento psicológico especializado, y una vez compensado podía retornar a su sitio de reclusión, pues también se conceptuó que no estaba en estado grave de enfermedad incompatible con la vida de reclusión”.

Así mismo , insistió el recurrente, que se presenta “una ausencia total de responsabilidad por falta de legitimación en la causa por pasiva, en cuanto a que no

4 Ver índice 00128 de SAMAI – Gestión en otros despachos.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333008-2016-00331-02

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es competente el INPEC de dictar orden para reclu ir a una persona en caso de existir alguna responsabilidad administrativa se le debe atribuir es a la rama judicial en cabeza del Juzgado promiscuo Municipal Ocamont e de Santander del 22 de febrero de 2006 a la pena principal de 56 meses por el delito de Hurto Calificado Agravado y al el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Descongestión de Bucaramanga Radicado NI. 14898 Quienes conocían desde el

febrero de 2006 a la pena principal de 56 meses por el delito de Hurto Calificado Agravado y al el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Descongestión de Bucaramanga Radicado NI. 14898 Quienes conocían desde el momento d e la captura hasta finalizar la libertad del estado de salud de la enfermedad “ESQUIZOFREINA PARANOIDE” y “RETRASO MENTAL MODERADO” que padece el señor privado de libertad DEIVI ANDRES CHINCHILLA MONSALVE”, luego en su sentir, se estructuró la responsabilidad por el hecho del Juez, bajo el título de imputación de “error judicial”.

Finalmente, solicitó, que se reconsideren las pruebas aportadas, para determinar que el INPEC no es responsable de los daños alegados.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Por auto de fecha trece (13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) se admitió el recurso de apelación5, ordenándose la notificación personal del Ministerio Públ ico, y en la misma providencia , de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, se corrió traslado para que las partes alegaran de conclusión y, para que el Ministerio Público emitiera su concepto de fondo.

En esta etapa proc esal, advierte la Sala, no se recibió ningún pronunciamiento de las partes procesales, ni de la agencia del Ministerio Público.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y hallándose estructurados los

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y hallándose estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dic tadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

5 Ver índice 00004 de SAMAI.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333008-2016-00331-02

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2. Asunto o bjeto de decisión y p lanteamiento del problema jurídico a resolver.

De acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Política, “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único” , previsión constitucional a partir de la cual se desarrolló el principio de la non reformartio un pejus, el cual se ha establecido, junto con el principio de la congruencia (artículo 281 del C.G.P.), en el marco fundamental de competencia para el Juez de segunda instancia, al imponerle como límite de la decisión las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia; de manera clara, el artículo 328 del CGP prescribe, que el Juez de segunda instancia deberá pronunciarse “solamente sobre los

argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia; de manera clara, el artículo 328 del CGP prescribe, que el Juez de segunda instancia deberá pronunciarse “solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante”, dicho en otras palabras, son los hechos sustanciales controvertidos por el recurrente, bajo el principio dispositivo 6, los que determinan el thema decidendum al que se debe enfrentar la Sala de Decisión , de donde los demás aspectos se excluyen del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los aspectos que se puede analizar de oficio, como son los que tienen que ver con los presupuestos procesales de la acción (competencia, caducidad o legitimación de las partes) o, en aquellos eventos en los cuales se hace exigible del Juez superior evitar la consolidación de situaciones jurídicas en abierta contradicción del ordenamiento jurídico y de los derechos constitucionales fundamentales, exigencia que parte del principi o pro homine 7, de prevalencia del derecho sustancial y de las garantías judiciales que se derivan de la tutela judicial efectiva dispuesta en el artículo 8 de la CADH.

Pues bien, e n el presente asunto, el a quo estructuró la responsabilidad administrativa en contra del INPEC, a partir del título de imputación de falla del servicio, por el hecho de no haberle brindando al señor Deivi Andrés Chinchilla Monsalve, durante el período de su detención de la libertad por orden de autoridad judicial competente, la atención médica especializada requerida para el tratamiento de la patología de esquizofrenia paranoide y retraso mental moderado que presentaba desde antes de su detención y, que con ocasión de la reclusión

judicial competente, la atención médica especializada requerida para el tratamiento de la patología de esquizofrenia paranoide y retraso mental moderado que presentaba desde antes de su detención y, que con ocasión de la reclusión intramural y, aun en el beneficio de la detención domiciliaria, presentó agravamiento. Para lo cual, consideró el Juez de instancia, que el INPEC, de conformidad con la Ley 65 de 1993 y la Ley 1709 de 2014, tenía la obligación de garantizar la atención médica adecuada durante la reclusión del demandante.

6 En este sentido, el Consejo de Estado a través de la Sección Cuarta, en s entencia de fecha ocho (08) de marzo de dos mil diecinueve (2019) radicación número: 76001-23-31-000-2011-01132-01(21295), indicó: “…el principio dispositivo “tiene doble connotación, sustancial y procesal. En lo sustancial, implica que es el propio demandante quien puede disponer de los derechos subjetivos y quien incita la función judicial a través de los actos de postulación, lo cual ha llevado a la doctrina a precisar que «el juez no puede inmiscuirse en aquello que las partes no aduzcan como thema decidendum»6; en lo procesal, el principio dispositivo se materializa en el cumplimiento de las cargas procesales. Así, corresponde a las partes conducir el debate judicial a partir de las actuaciones procesales que ellos ejerzan dentro de los lineamientos de la ley, sin perjuicio de la actividad probatoria oficiosa que puede realizar el juez para resolver aspectos oscuros o dudosos que le impidan dirimir la controversia…” 7 Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T 284 de 2006, advirtió que “El principio pro homine es un

probatoria oficiosa que puede realizar el juez para resolver aspectos oscuros o dudosos que le impidan dirimir la controversia…” 7 Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T 284 de 2006, advirtió que “El principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acud ir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre”.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333008-2016-00331-02

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Frente a la anterior decisión , el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC al fundamentar el recurso de apelación en contra de la decisión de primer grado cuestionó, a modo general, por una parte, que el asunto puesto al conocimiento del Juez de instancia debió analizarse bajo el régimen de responsabilidad a partir del título de imputación de falla del servicio; de igual manera, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia, argumentando que se estructura una falta de legitimación en la causa en tanto que, en su criterio, la responsabilidad debería recaer en la Rama Judicial bajo el título de imputación error judicial, pues los Jueces Penales conocían de la condición médica del señor Deivi Andrés Chinchilla Monsalve desde el momento de su captura y, por cuanto no es la autoridad competente para dictar

en la Rama Judicial bajo el título de imputación error judicial, pues los Jueces Penales conocían de la condición médica del señor Deivi Andrés Chinchilla Monsalve desde el momento de su captura y, por cuanto no es la autoridad competente para dictar órdenes de captura, ni para llevar a cabo procesos de judicialización ; así mismo, argumentó, que no es res