TA SAN - Sentencia 680013333008-2016-00339-02 (29-05-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Bucaramanga, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 6800133330082016-00339-02

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: FANNY RAMÍREZ LÓPEZ Y OTROS

kata207@hotmail.com garnica_abogados@outlook.es bolivarbaronabogados@gmail.com abogadosasociadosb2@gmail.com bolivarbaronabogados@gmail.com

DEMANDADO: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

notificaciones@santander.gov.co

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

notijudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co silvanazambrano_@hotmail.com

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. -

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS1

oficinajuridica@piedecuestanaesp.gov.co ptna@piedecuestanaesp.gov.co

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – AMB2

notificaciones.judiciales@amb.gov.co tatiana.santander.amb@hotmail.com

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA

DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARA MANGACDMB3

notificaciones.judiciales@cdmb.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA

DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARA MANGACDMB3

notificaciones.judiciales@cdmb.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 105

TEMA: FALLA EN EL SERVICIO – OMISIÓN EN TALA DE

ÁRBOL – MUERTE ACCIDENTE DE TRÁNSITO –

CONFIRMA SENTENCIA – Otros

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Piedecuesta en calidad de demandada, contra la sentencia de primera instancia proferida el 25 de mayo de 2022 por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de

1 En adelante, Piedecuestana de Servicios Públicos. 2 En adelante, AMB. 3 En adelante, CDMB.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Fanny Ramírez López

Demandado: Municipio de Piedecuesta y Otros

Radicado: 2016-00339-02

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Bucaramanga, que accedió a las pretensiones de la demanda, previo a la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. Hechos4

En la demanda se planteó, en síntesis, lo siguiente:

Sobre las 2:00 p.m. del día 31 de julio de 2016, la señora María Smith Martínez Ramírez se movilizaba como tripulante en la motocicleta de placas IDU -75D conducida por su novio, el señor Edwin Rueda Hernández. Mientras circulaban por

Ramírez se movilizaba como tripulante en la motocicleta de placas IDU -75D conducida por su novio, el señor Edwin Rueda Hernández. Mientras circulaban por la carrera 6 con calle 20 de la Urbanización Paseo del Puente I del Municipio de Piedecuesta, se desprendieron y cayeron, de sde una altura de 15 metros, varias ramas de un árbol de la especie Caracolí.

Esas ramas cayeron sobre la humanidad de la señora María Smith Martínez y golpearon su cabeza, causándole la muerte en el lugar de los hechos. Acto seguido, se hizo presen te el patrullero Chacón Díaz, quien levantó el informe policial de accidente de tránsito núm. A000394588 del 31 de julio de 2016.

La Junta de Acción Comunal de la Urbanización Paseo del Puente I suministró una copia de la solicitud elevada ante la CDMB el 24 de abril de 2014, bajo el consecutivo núm. 7372, en la que pidieron «autorización para podar las ramas de unos árboles de caracolí, en la calle 20, entre carreras 4 y 6», debido a que estas tapaban las luminarias. Asimismo, representaban un riesgo en tiempo de invierno para las viviendas y para las líneas de alumbrado público.

Según la demanda, la CDMB expidió la autorización núm. 01518 del 9 de mayo de 2014 de corte, poda y/o traslado de árbol , pero no le dio trámite a la autoridad administrativa – policial, con el fin de que llevara a cabo dicha diligencia, por manera que no evitó el riesgo puesto en su conocimiento.

2014 de corte, poda y/o traslado de árbol , pero no le dio trámite a la autoridad administrativa – policial, con el fin de que llevara a cabo dicha diligencia, por manera que no evitó el riesgo puesto en su conocimiento.

La Junta de Acción Comunal de la Urbanización Paseo del Puente I, también elevó petición respetuosa el 10 de agosto de 2015 ante Piedecuestana de Servicios

4 Folios 7-13.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Fanny Ramírez López

Demandado: Municipio de Piedecuesta y Otros

Radicado: 2016-00339-02

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Públicos, con el fin de que terminara la poda y recogida que dejó inconclusa, ante la posibilidad de un accidente por el desprendimiento de las ramas de los árboles. Frente a la solicitud, la entidad informó que «sería tenida en cuenta» para la terminación de la jornada de macaneo en el sector.

El día 20 de junio de 2016, la señora Olfa Medina de Londoño, president a de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Paseo del Puente I, radicó la solicitud núm. 026717 ante la CDMB, en la c ual pidió autorización para la «TALA DE DOS ÁRBOLES CARACOLÍ, QUE ESTÁN SECOS, DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CRA 6 CON CLL 20 DE LA URBANIZACIÓN PASEO DEL PUENTE DEL MUNICIPIO

DE PIEDECUESTA».

La CDMB practicó visita ocular en la zona el día 13 de julio de 2016 y evidenció dos

LA CRA 6 CON CLL 20 DE LA URBANIZACIÓN PASEO DEL PUENTE DEL MUNICIPIO

DE PIEDECUESTA».

La CDMB practicó visita ocular en la zona el día 13 de julio de 2016 y evidenció dos árboles de la especie Caracolí en mal estado fitosanitario, en peligro de volcamiento y con desprendimiento ocasional de gajos a los senderos peatonales y vehiculares; por ende, autorizó la tala e informó al Municipio de Piedecuesta mediante oficio núm. CDMB 11224 del 21 de julio de 2016, recibido por el ente territorial el 27 de julio de 2016, bajo el radicado núm. 1283.

La parte actora afirmó que la Secretaría de Infraestructura y Espacio Público del Municipio de Piedecuesta, quien recibió el oficio, no realizó ninguna acción tendiente a advertir a los transeúntes y conductores o evitar su tránsito, hasta tanto obtuviera los medios logísticos para llevar a cabo la referida poda, debidamente autorizada por la autoridad ambiental.

El día 9 de agosto de 2016, la CDMB requirió al Municipio de Piedecuesta para que suministrara copia de todos los trámites y diligencias surtidas frente al oficio núm. CDMB 11224 del 21 de julio de 2016. La autoridad municipal informó que la misiva fue recibida el 27 de julio de 2016 y que la redireccionó a la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos.

Que después de los hechos del 31 de julio de 2016, la comunidad del sector ha elevado solicitudes a distintas autoridades para la poda y tala de los árboles que la

de Servicios Públicos.

Que después de los hechos del 31 de julio de 2016, la comunidad del sector ha elevado solicitudes a distintas autoridades para la poda y tala de los árboles que la CDMB autorizó intervenir, sin que la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos cumpliera con la poda que inició, muy a pesar de la suscripción de un conv enio administrativo con el Municipio de Piedecuesta para tales efectos.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Fanny Ramírez López

Demandado: Municipio de Piedecuesta y Otros

Radicado: 2016-00339-02

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Actualmente cursa la noticia criminal núm. 6800160001592016 ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga por la muerte de la señora María Smith Martínez Ramírez, conforme lo c ertificó el 21 de septiembre de 2016 el Fiscal Veintisiete de Bucaramanga.

Finalmente, se anotó que el Municipio de Piedecuesta a través del oficio núm. 297616 del 1º de septiembre de 2016, manifestó que los dos árboles de la especie Caracolí señalados por la CDMB, fueron talados de cara a la autorización emitida por la autoridad ambiental.

1.2. Las pretensiones5

Con la demanda se pretendió, en síntesis, lo siguiente:

1.2.1. Que se declare administrativa responsables a las demandadas, en su debida proporcionalidad, por los perjuicios causados a los accionantes en razón de la muerte de la señora María Smith Martínez Ramírez , ocurrida el día 31 de julio de

proporcionalidad, por los perjuicios causados a los accionantes en razón de la muerte de la señora María Smith Martínez Ramírez , ocurrida el día 31 de julio de 2016, debido a la falla en el servicio por la falta de mantenimiento, corte, poda y vigilancia del árbol plantado en la carrera 6 con calle 20 del Municipio de Piedecuesta.

1.2.2. Como consecuencia de lo anterior, que se condene a las autoridades demandadas a pagar los perjuicios inmateriales (daño moral), a cada uno de los demandantes y los perjuicios materiales (lucro cesante), causados a los padres de la víctima.

1.2.3. De forma subsidiaria se solicitó el pago del mayor valor que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido como compensación para este tipo de perjuicios.

1.2.4. Que se actualice la condena y que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192, 195 y demás normas concordantes del CPACA, sumado a la imposición de costas.

5 Folios 14-15.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Fanny Ramírez López

Demandado: Municipio de Piedecuesta y Otros

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1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Piedecuestana de Servicios Públicos 6, compareció por medio de apoderado judicial , quien se opuso a todas las pretensiones de la demanda . Consideró para ello , que no existió relación entre las causas que generaron el

1.3.1. Piedecuestana de Servicios Públicos 6, compareció por medio de apoderado judicial , quien se opuso a todas las pretensiones de la demanda . Consideró para ello , que no existió relación entre las causas que generaron el deceso y el objeto social de la entida d, pues esta no tiene competencia para la realización de trabajos ambient ales y ma ntenimiento de los árboles en su jurisdicción.

De igual forma, recordó que, en todo caso, las Leyes 99 de 1993 y 388 de 19 98, entre otras, imponen a los municipios el deber de promover y ejecutar obras relacionadas con temas ambientales . Adicionalmente, anotó que el AMB también tiene a su cargo obligaciones en la materia, al haberse constituido como autoridad ambiental mediante el Acuerdo de la Junta Directiva núm. 16 del 3 de septiembre de 2012. Alegó, en consecuencia, la falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.3.2. El Departamento de Santander7, contestó la demanda a través de abogado, quien se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las súplicas de la demanda. Para el efecto, propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva, fundada en que «el mantenimiento, corte, poda y vigilancia del árbol cuya caída de ramas ocasionó la muerte accidental de María Smith Ramírez Martínez […] corresponde al Municipio de Piedecuesta […]».

1.3.3. La CDMB 8, concurrió por medio de apoderada judicial, quien opugnó la totalidad de las pretensiones, por cuanto la entidad solo emite las autorizaciones de

Piedecuesta […]».

1.3.3. La CDMB 8, concurrió por medio de apoderada judicial, quien opugnó la totalidad de las pretensiones, por cuanto la entidad solo emite las autorizaciones de corta, pode y/o traslado de árboles de acuerdo con el Decreto 1791 de 19969, pero no ejecuta la actividad. Anotó que tal responsabilidad recae en los municipios -si es espacio públicoo en los propietarios del inmueble privado -si allí está ubicado el árbol-.

En ese mismo sentido, m anifestó que en el año 2014 y 2016 respondió positivamente a las solicitudes de la señora Olfa Medina de Londoño. De igual forma, que mediante radicado núm. 11224 del 21 de julio de 2016 informó al

6 Folios 194-199. 7 Folios 222-237. 8 Folios 241-250. 9 «Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal».Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Fanny Ramírez López

Demandado: Municipio de Piedecuesta y Otros

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Municipio de Piedecuesta los resultados de la visita ocular del 12 de julio de 2016 y autorizó la tala de dos árboles de la especie Caracolí en mal estado y que representaban peligro de volcamiento, ante el desprendimiento de gajos.

Insistió en que, al estar en espacio público, la entidad competente para talar los árboles era el Municipio de Piedecuesta, de conformidad con la Ley 388 de 1997 10

representaban peligro de volcamiento, ante el desprendimiento de gajos.

Insistió en que, al estar en espacio público, la entidad competente para talar los árboles era el Municipio de Piedecuesta, de conformidad con la Ley 388 de 1997 10 y el Decreto 1504 de 199811. Aunado a lo anterior, ripostó el no cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales, debido a que la solicitud del año 2014 se encaminó a podar los árboles y la del 2016 a talarlos.

Por último, formuló las excepciones denominadas «falta de legitimación en la causa por pasiva», «inexistencia del nexo causal que produjo el daño», «de los fundamentos por los cuales las entidades omitio (sic) el cumplimiento del contenido obligacional imp uesto normativamente a la administración pública».

1.3.4. El Municipio de Piedecuesta 12, a través de apoderado debidamente constituido, solicitó la denegatoria de todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

Al efecto, sostuvo que la autorización de la CDMB para talar dos árboles de la especie Caracolí en la carrera 6 con calle 20 d e la Urbanización Paseo del Puente en el Municipio de Piedecuesta, fue recibida solo hasta el 27 de julio de 2016, «es decir, dos años y tres meses después, que la señora OLFA MARÍA MEDINA […] solicitar a a la CDMB, AUTORIZACIÓN para la poda de ramas de unos árboles caracolí […]».

Refutó que la entidad «no estuviese adelantando las gestiones para dicha poda, ya que la Secretaría de Infraestructura se encontraba dentro del término legal para dar respuesta

Refutó que la entidad «no estuviese adelantando las gestiones para dicha poda, ya que la Secretaría de Infraestructura se encontraba dentro del término legal para dar respuesta y ejecutar el requerimiento; sin embargo, acaeció este fenómeno natural que desencadeno (sic) este lamentable hecho».

Además, explicó los pasos que se deben cumplir para talar o podar un árbol y destacó que es la CDMB quien debe otorgar la respectiva autorización con miras a intervenir los árboles, pues de realizarse sin su aval, la autoridad ambiental puede iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio.

10 «Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones». Regula temas urbanísticos y ambientales. 11 «Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial». 12 Folios 261-283.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Fanny Ramírez López

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Por lo anterior, afirmó que no podía ejercer la labor de tala, ya que no se contaba con la respectiva autorización; sumado a que el municipio solo fue enterado de ese peligro potencial e inminente tres días antes de que ocurrieran lo s lamentables hechos que dieron lugar a este proceso.

Así las cosas, consideró que no estaba demostrada la omisión o falla en el servicio de la administración municipal de Piedecuesta en torno a las circunstancias que dieron lugar al deceso de la señora María Smith Martínez, porque no fue

Así las cosas, consideró que no estaba demostrada la omisión o falla en el servicio de la administración municipal de Piedecuesta en torno a las circunstancias que dieron lugar al deceso de la señora María Smith Martínez, porque no fue consecuencia de una omisión por parte de esta entidad, tal y como lo pretende hacer ver la parte demandante, sino de la CDMB , quien es la legitimada en la causa por pasiva.

Seguidamente, planteó la excepción de fuerza mayor y caso fortuito, fundada en que el ente territorial sí adelantó las labores pertinentes tan pronto tuvo conocimiento de la autorización de la CDMB ; pero que por «un hecho fortuito, intempestivo, inesperado, imprevisto, irresistible y natural, que fue la caída de este árbol, no se pudieron culminar dichas medidas de prevención, por lo que la caída intempestiva de este árbol no compromete la responsabilidad de la administración, más aún, si se tiene en cuenta, que días antes de dicha tragedia, esto es, el día 21 de julio de 2016, hubo una fuerte tormenta eléctrica con granizo».

Por contera, después de señalar que l os montos de las pretensiones no se discriminaron debidamente, señaló la falta en la legitimación en la causa por activa del cuñado y de la sobrina de la señora María Smith R amírez, toda vez que no se aportó prueba del daño a ellos causado.

1.3.5. El AMB 13, contestó la demanda a través de apoderado judicial , quien manifestó que no le constaban los hechos de la demanda y se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones. Propuso, entre otras, la

manifestó que no le constaban los hechos de la demanda y se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones. Propuso, entre otras, la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y advirtió que no tiene responsabilidad en la tala o poda de árboles que hacen parte de las vías y zonas de uso público, puesto que esta les corresponde a los municipios.

13 Folios 382-393.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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1.4. La sentencia apelada14

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de B ucaramanga, mediante sentencia proferida el 25 de mayo de 2022 , accedió a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

«PRIMERO. DECLARAR administrativamente responsable al MUNICIPIO DE PIEDECUESTA por los perjuicios ocasionados a los señores FANNY RAMÍREZ LÓPEZ, FERMÍN MARTÍNEZ MAYORGA, EDWIN MARTÍNEZ RAMÍREZ, CAROLINA MARTÍNEZ RAMÍREZ, y SANDRA MILENA MARTÍNEZ RAMÍREZ quien actúa en nombre propio y en representación de su menor hija GINA FERNANDA NIÑO MARTÍNEZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR al MUNICIPIO DE PIEDECUESTA , a pagar por concepto de PERJUICIOS MORALES a favor de los demandantes, las siguientes

de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR al MUNICIPIO DE PIEDECUESTA , a pagar por concepto de PERJUICIOS MORALES a favor de los demandantes, las siguientes sumas de dinero: i) a favor de FANNY RAMÍREZ LÓPEZ y FERMÍN MARTÍNEZ MAYORGA la suma equivalente a CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES; ii) A favor de EDWIN MARTÍNEZ RAMÍREZ, CAROLINA MARTÍNEZ RAMÍREZ y SANDRA MILENA MARTÍNEZ RAMÍREZ, la suma equivalente a CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES y iii) A favor de GINA FERNANDA NIÑO MARTÍNEZ, la suma equivalente a TREINTA Y CINCO (35) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES

MENSUALES VIGENTES.

TERCERO: CONDENAR al MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, a pagar por concepto de PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE CONSOLIDADO a favor de de la señora FANNY RAMÍREZ LÓPEZ la suma de TREINTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($30.787.605) y a favor del señor FERMÍN

MARTÍNEZ MAYORGA la suma de TREINTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($30.787.605) , teniendo en cuenta lo considerado en la parte motiva.

CUARTO: Sin condena en costas, según lo dispuesto en el Código General del

Proceso.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda».

teniendo en cuenta lo considerado en la parte motiva.

CUARTO: Sin condena en costas, según lo dispuesto en el Código General del

Proceso.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda».

Para apuntalar su decisión, el juez de primera instancia analizó los elementos de la responsabilidad estatal, las pruebas recaudadas y examinó la imputación del daño frente a cada una de las demandadas.

En ese orden, explicó que la poda de árboles, en virtud de lo dispuesto en la Ley 689 de 2001, que modificó parcialmente la Ley 142 de 1994 15, se encontraba reglamentada en la época de los hechos por el Decreto 1077 de 2015 16, el cual

14 Expediente físico – Cuaderno Decimo – Folios 3080-3100. 15 «Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones». 16 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio».Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Fanny Ramírez López

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estableció un periodo de transición para que dicha actividad la asumieran los operadores del servicio de aseo.

Así pues, destacó que la normativa concedió a los municipios el plazo de dos años para levantar el catastro de los árboles ubicados en las vías y áreas públicas objeto de poda, contados a partir del 20 de diciembre de 2013, para que los operadores

Así pues, destacó que la normativa concedió a los municipios el plazo de dos años para levantar el catastro de los árboles ubicados en las vías y áreas públicas objeto de poda, contados a partir del 20 de diciembre de 2013, para que los operadores iniciaran las labores asignadas; sin embargo, el a quo encontró probado que el Municipio de Piedecuesta presentó un atraso en la actualización del inventario forestal y del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

En consecuencia, juzgó que el Municipio de Piedecuesta «debió encargarse de la poda del árbol que dio lugar a los hechos de la demanda» , comoquiera que «no había cumplido los requisitos previstos en el Decreto Único Regl amentario 1077 de 2015», para que dicha actividad la asumiera Piedecuestana de Servicios Públicos.

A su vez, advirtió que la tala del árbol debió realizarla «a modo propio, sin que para el efecto se requiriera petición o solicitud de parte de la comunidad, por lo que el hecho de que las peticiones no se dirigieran directamente a este ente territorial no constituye óbice para que se sustrajera del cumplimiento de dicha obligación» . Por ende, estimó que, si el ente territorial hubiera realizado periódicamente el mantenimiento y la poda del árbol de manera temprana podría haber adoptado las medidas necesarias para evitar hechos dañinos.

Bajo ese contexto, concluyó que el fallecimiento de la señora María Smith Martínez Ramírez resultaba imputable al Municipio de Piedecuesta, puesto que incumplió el contenido obligacional e incurrió en una falla en el servicio, al omitir la tala del árbol

Bajo ese contexto, concluyó que el fallecimiento de la señora María Smith Martínez Ramírez resultaba imputable al Municipio de Piedecuesta, puesto que incumplió el contenido obligacional e incurrió en una falla en el servicio, al omitir la tala del árbol ubicado en la carrera 6 con calle 20, en inmediaciones de la Urbanización Paseo del Puente I de su territorio.

Aclaró que la muerte accidental de la señora Martínez Ramírez «no se trató de un evento que la administración estuviera en la imposibilidad de prever y precaver, sino que, por el contrario, obedeció a la omisión en el ejercicio de las funciones de mantenimiento vial que le correspondían», lo cual encontró demostrado con el testimonio de las señoras Inés Larrota Rey y Olfa María Medina.

En ese mismo sentido, lo tuvo por acreditado con base en los múltiples derechos de petición que la última en mención elevó, en su calidad de presidenta de la Junta deNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Acción Comunal del barrio Paseo del Puente I, ante la CDMB y al Municipio de Piedecuesta durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016 , para que se podaran y talaran los árboles del lugar donde ocurrió el siniestro.

En relación con la responsabilidad de la CDMB, adujo el juez de primera instancia que a dicha entidad le correspondía y no al AMB , en virtud de las competencias

talaran los árboles del lugar donde ocurrió el siniestro.

En relación con la responsabilidad de la CDMB, adujo el juez de primera instancia que a dicha entidad le correspondía y no al AMB , en virtud de las competencias atribuidas en la Ley 99 de 1993, otorgar el permiso para la tala del árbol , lo cual cumplió en al menos dos oportunidades, de cara a las solicitudes de la comunidad.

Finalmente, consideró que la autoridad ambie ntal concedió el permiso para la tala del árbol ubicado en la carrera 6 con calle 20 y lo comunicó oportunamente al Municipio de Piedecuesta el 27 de julio de 2021, razón por la cual decidió exonerarla de responsabilidad e insistió en que la entidad territ orial era la única responsable, ya que tampoco acreditó el cumplimiento de sus obligaciones en lo relativo al despliegue del mantenimiento adecuado de las vías públicas, tendiente a garantizar el adecuado funcionamiento, seguridad y limpieza de la vía dond e ocurrió el accidente.

1.5. Fundamentos de la apelación

1.5.1. El Municipio de Piedecuesta, inconforme con la decisión, solicitó que sea revocada y, en su lugar, se denieguen las pretensiones de la demanda en contra de esa entidad.

Como argumentos para sustentar su pedido, reiteró que el ente territorial «no se encontraba avisado» del escenario planteado en las peticiones elevadas por la Junta se Acción Comunal del barrio Paseo del Puente. En línea con lo anterior, recalcó que el municipio no podía podar o efectuar mantenimiento de los árboles de ese sector hasta que la CDMB no lo autorizara.

se Acción Comunal del barrio Paseo del Puente. En línea con lo anterior, recalcó que el municipio no podía podar o efectuar mantenimiento de los árboles de ese sector hasta que la CDMB no lo autorizara.

Aunado a lo anterior, indicó que en el año 2014 y 2016 se elevaron solicitudes de poda ante la CDMB , pero que solo hasta el 27 de julio del año 2016 , esto es, « 2 años y 57 días después de haberse efectuado la primera petición», le fue remitido el oficio de autorización; no obstante , y de forma desafortunada, adujo que cuatro días después del recibo de esa misiva, se desencadenó el lamentable hecho.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Esgrimió que, desde las dependencias pertinentes se iniciaron de inmediato las acciones enfiladas a dar cumpli miento a la tala de los árboles y que, incluso, los días 27 y 28 de julio de 2016 la comunidad se opuso a la tala de esos árboles por parte de los bomberos de Piedecuesta.

A su turno , después de insistir en que la CDMB incumplió las normas, trámites y procedimientos para la correspondiente autorización, también le endilgó responsabilidad a la autoridad ambiental por no actuar frente al riesgo que evidenció en la visita ocular del 13 de julio de 2016, cuando se percató que dos árboles de la especie Caracolí se encontraban en peligro de volcamiento ante su mal estado

en la visita ocular del 13 de julio de 2016, cuando se percató que dos árboles de la especie Caracolí se encontraban en peligro de volcamiento ante su mal estado fitosanitario.

Subrayó que, de haber actuado esa entidad de forma oportuna, no hubiera tenido lugar el accidente que segó la vida de la señora María Smith Martínez Ramírez o a lo menos se hubiera mitigado el riesgo de un evento adverso . En esa línea de intelección, juzgó que tales omisiones fueron la causa de la falla en el servicio que produjo el daño, en la medida que las demoras de la CDMB al tramitar la autorización ambiental para la tala contribuyeron a su causación.

Finalizó al señalar que el Municipio de Piedecuesta se encontraba dentro del término para talar el árbol, lo cual requería analizar en detalle las características de la especie, la dirección de la caída, la forma de hacer el corte, la formación de la cuadrilla de trabajadores y profesionales en la materia, así como la suspensión del servicio de energía en el lugar; aunque sostuvo que en dos días era prácticamente imposible adelantar tales labores. Igualmente, sugirió decretar pruebas de oficio.

1.6. Trámite de segunda instancia

El proceso fue asignado en estricto reparto, el día 5 de octubre de 2022 , al Despacho 03 de esta Corporación, quien admitió el recurso de apelación mediante auto del 10 de octubre de 2022.

Posteriormente, el 31 de mayo de 2023 , el proceso fue redistribuido a este Despacho en virtud del Acuerdo No. PCSJA23 -12060 del 25 de abril de 2023. En

auto del 10 de octubre de 2022.

Posteriormente, el 31 de mayo de 2023 , el proceso fue redistribuido a este Despacho en virtud del Acuerdo No. PCSJA23 -12060 del 25 de abril de 2023. En consecuencia, la Magistrada Ponente asumi rá el conocimiento del asunto en el estado en que se encuentra.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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De este trámite se destacan los siguientes pronunciamientos frente al recurso:

1.6.1. La parte demandante17, solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia y ratificó los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Por añadidura, señaló que el Municipio de Piedecuesta debió actuar sin que la comunidad lo requiriera y , pese a ello, no adoptó ninguna medida tendiente a advertir a los transeúntes y conductores sobre los riesgos inminentes, hasta tanto se pudieran poner en marcha las actividades para talar el árbol.

Para concluir, destacó que no existe prueba alguna que respalde los dichos del municipio sobre la oposición de la comunidad para cumplir con la tala y desestimó los argumentos erigidos para las pruebas de oficio sugeridas en el recurso de apelación.

1.6.2. El AMB18, reiteró los arg