TA SAN - Sentencia 680013333008-2017-00274-02 (29-05-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 16 de abril de 2024 proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 29 índice SAMAI, archivo 1, folios 24 a 68 MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 680013333008-2017-00274-02 DEMANDANTE Gloria Cecilia Franco Pinzón anduart@gmail.com

DEMANDADO

Nación, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses notificacionesjudiciales@medicinalegal.gov.co dssantander@medicinalegal.gov.co drnojuridica@medicinalegal.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA

drnojuridica@medicinalegal.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Bonificación Judicial prevista en el Decreto 382 de 2013 aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación . E mpleados del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tienen un régimen salarial y prestacional independiente.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Gloria Cecilia Franco Pinzón

Demandado: Instituto Nacional de Medicina Legal y

Ciencias Forenses Radicado: 680013333008-2017-00274-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, la señora Gloria Cecilia Franco Pinzón formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso — administrativo, en orden a que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio 0633-2016-DG suscrito por el director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que negó el pago de la bonificación judicial prevista en el Decreto 382 de 2013 para los empleados de la Fiscalía General de la Nacional.

En consecuencia, solicitó:

«SEGUNDO: Que previa inaplicación del artículo 1 del Decreto 082 de 2013, se DECLARE la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio 0633Nacional.

En consecuencia, solicitó:

«SEGUNDO: Que previa inaplicación del artículo 1 del Decreto 082 de 2013, se DECLARE la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio 06332016-DG firmado por el doctor Carlos Eduardo Valdés Moreno, director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien niega las pretensiones de mi mandante, notificado al suscrito el 30 de diciembre de 2016 por correo físico de la empresa 472.

TERCERO: Como consecuencia de la declaración de nulidad de los anteriores actos administrativos y a título de restablecimiento del derecho, se condene a la parte accionada a pagar la bonificación judicial a mi mandante en los mismos términos que ocurre con los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, у ordenar que esta sea f actor salarial de liquidación de todas las prestaciones sociales devengadas y las que se causen a futuro.

CUARTO: Se ordene a la parte Demandada pagar al aquí Demandante, los dineros correspondientes al retroactivo de esta prestación y el excedente producto de la liquidación de las demás prestaciones debidamente indexados desde la fecha en que fue reconocida legalment e a sus pares, hasta que se haga efectivo el pago.

QUINTO: Se condene al pago de costas a la parte accionada y en favor de la parte demandante» (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los siguientes:

1. La señora Gloria Cecilia Franco Pinzón se encuentra vinculada desde el 17 de agosto de 1990 al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias

Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los siguientes:

1. La señora Gloria Cecilia Franco Pinzón se encuentra vinculada desde el 17 de agosto de 1990 al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cargo de profesional universitario forense grado 1 6 de la

Dirección Regional Nororiente de Bucaramanga.

1. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pertenece a la Rama Judicial y se encuentra adscrito a la Fiscalía General de la Nación como establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía admi nistrativa de conformidad con el artículo 33 de la Ley 938 de 2004 y el artículo 1 del Decreto 016 de 2014.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Gloria Cecilia Franco Pinzón

Demandado: Instituto Nacional de Medicina Legal y

Ciencias Forenses Radicado: 680013333008-2017-00274-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el gobierno nacional suscribió el Acuerdo del 6 de noviembre de 2012 mediante el cual se reconoció el derecho a la nivelación salarial de los servidores de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación y en atención a dicho reconocimiento se expidieron los Decretos 382, 383 y 384 de 2013 mediante los cuales creó la bonificación judicial para los funcionarios de estas entidades; sin

Judicial y de la Fiscalía General de la Nación y en atención a dicho reconocimiento se expidieron los Decretos 382, 383 y 384 de 2013 mediante los cuales creó la bonificación judicial para los funcionarios de estas entidades; sin embargo, se omitió la inclusión como beneficiar ios de esta prestación a los empleados del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

1. El 9 de diciembre de 2016, presentó reclamación administrativa ante la entidad demandada tendiente a obtener el reconocimiento y pago de la bonificación judicial prevista en los Decretos 382, 383 y 384 de 2013 y la consecuente reliquidación de las prestaciones sociales causadas y las que se causen a futuro, la cual fue negad a mediante Oficio 0637-2016-DG proferido el 21 de diciembre de 2016 por el director general del Instituto Nacional de Medicina

Legal y Ciencias Forenses.

1. El Departamento Administrativo de la Función Pública mediante Oficio 2016-206-030971-2 del 7 de diciembre de 2016 determinó la improcedencia del reconocimiento y pago de la bonificación judicial a los funcionarios del Instituto

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

1. El 28 de julio de 2017, se llevó a cabo audiencia de conciliación ante la Procuraduría 102 Judicial I para asuntos administrativos de Bucaramanga la cual fue declarada fallida por ausencia de ánimo conciliatorio.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 1, 2, 4, 5,

fue declarada fallida por ausencia de ánimo conciliatorio.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 25, 29, 53, 55, 83, 93, 209 de la Constitución Política; artículos 7 y 8 de la Ley 411 de 1997; Ley 4 de 1992; artículo 33 de la Ley 938 de 2004; artículo 7 de la Ley 1496 de 2011; Ley 411 de 1997; Decreto 016 de 2014; artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo; Ley 54 de 1962; Ley 16 de 1972; Ley 319 de 1996; Acuerdo del 6 de noviembre de 2012; artículo 7 núm. 5 del Decreto 1092 de 2012; la Convención Americana de Derechos Humanos; el Protocolo de San Salvador; los convenios 95, 100, 111 y 151 de la OIT y la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica.

En desarrollo del concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso las siguientes razones:

1. El acto administrativo demandado resulta violatorio de las normas nacionales y los tratados internacionales y constituye un trato desigual para los funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la medida que se desconoce el carácter retributivo del trabajo, razón por la cual se debe inaplicar el artículo 1 del Decreto 382 de 2013.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Gloria Cecilia Franco Pinzón

medida que se desconoce el carácter retributivo del trabajo, razón por la cual se debe inaplicar el artículo 1 del Decreto 382 de 2013.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Gloria Cecilia Franco Pinzón

Demandado: Instituto Nacional de Medicina Legal y

Ciencias Forenses Radicado: 680013333008-2017-00274-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. La exclusión de los empleados del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses como beneficiarios de la bonificación judicial prevista en el Decreto 382 de 2013 desnaturaliza los fines del Estado, toda vez que no garantiza la efectividad de los derechos adquiridos, la buena fe y favorabilidad laboral que le asiste a todos los empleados.

1. El Acuerdo del 6 de noviembre de 2012 fue suscrito en cumplimiento de la Ley 4 de 1992 con la finalidad de recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios devengados por todos los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación y, en esa medida , dado que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pertenece a la estructura orgánica de esta última entidad, le es aplicable en igualdad de condiciones los criterios fijados para la nivelación salarial.

1. El Acuerdo del 6 de noviembre de 2012 no estipuló un factor objetivo de diferenciación salarial entre las entidades beneficiarias de la bonificación judicial y, en esa medida, la exclusión de su reconocimiento a favor de los empleados

1. El Acuerdo del 6 de noviembre de 2012 no estipuló un factor objetivo de diferenciación salarial entre las entidades beneficiarias de la bonificación judicial y, en esa medida, la exclusión de su reconocimiento a favor de los empleados del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses debió ser motivada en el mismo acto como lo dispone el artículo 7 de la Ley 1496 de 2011.

1. El acto administrativo demandado se encuentra viciado de legalidad por haber sido expedido con falsa motivación, comoquiera que desconoció la estructura orgánica y naturaleza del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en esa medida los empleados vinculados a la entidad les resulta aplicable la nivelación salarial prevista para los servidores de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses2

El apoderado de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones nominadas «inexistencia de acto administrativo susceptible de control jurisdiccional»; «falta de legitimación en la causa por pasiva» y las excepciones innominadas «inexistencia de la obligación de reconocer las acreencias laborales que se reclaman»; «los funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no son beneficiarios del Acuerdo 6 de noviembre de 2013»; «el demandante no determina el concepto de violación, ni las causales de ilegalidad del acto que se pretende demandar».

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

demandante no determina el concepto de violación, ni las causales de ilegalidad del acto que se pretende demandar».

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

1. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es una entidad adscrita a la Fiscalía General de la Nación que cuenta con su propia

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 29 índice SAMAI, archivo 13Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Gloria Cecilia Franco Pinzón

Demandado: Instituto Nacional de Medicina Legal y

Ciencias Forenses Radicado: 680013333008-2017-00274-02

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planta de personal, con autonomía administrativa y financiera y, por ende , su administración y dirección se encuentra atrbuida a la junta directiva y al director general y los actos de la entidad se ajustan a los protocolos estandarizados por esta. En esos términos, la estructura orgánica de la entidad obedece a una técnica de la organización administrativa de la función pública que implica control de tutela de legalidad y oportunidad en la actuación del instituto.

1. El reconocimiento de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no incluye a los funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer derechos adquiridos en virtud del principio de igualdad, dado que no existe identidad de los supuestos de hecho frente a los cuales se hace la comparación salarial .

y Ciencias Forenses y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer derechos adquiridos en virtud del principio de igualdad, dado que no existe identidad de los supuestos de hecho frente a los cuales se hace la comparación salarial . Tampoco es dable extender el reconocimiento de la bonificación judicial prevista en los Decretos 3 82, 383 y 384 de 2013 fundada en criterios de nivelación equidad para los empleados de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, negociación e implementación de la que no hizo parte el referido instituto.

1. La regulación e incremento salarial del personal vinculado al sector público es competencia directa del Departamento Administrativo de la Función Pública y, en consecuencia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no se encentra facultado legalmente para crear regímenes salariales o prestaciones que no se encuentren debidamente reglamentados por el

Gobierno Nacional.

1. De conformidad con el Decreto 1975 de 2013, a través del cual se modificó el régimen de nomenclatura, clasificación y remuneración de los empleos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se determinó específicamente la independencia sa larial de la entidad y, por tal motivo, no le resulta aplicable la extensión por igualdad del beneficio salarial creado en los Decretos 382, 383 y 384 de 2013 a favor de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial.

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga

de la Nación, la Rama Judicial y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial.

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 16 de abril de 2024, resolvió:

«PRIMERO: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas por lo expuesto en precedencia.»

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo negó las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 31 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Gloria Cecilia Franco Pinzón

Demandado: Instituto Nacional de Medicina Legal y

Ciencias Forenses Radicado: 680013333008-2017-00274-02

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1. En desarrollo de la nivelación salarial prevista en la Ley 4 de 1992, se expidió el Decreto 382 de 2013 mediante el cual se creó una bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación beneficiarios del régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993, reconocida de forma mensual y únicamente como factor salarial para la base de cotización al Sistema

General de Seguridad Social en Pensiones y Salud.

régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993, reconocida de forma mensual y únicamente como factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud.

1. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de conformidad con el artículo 33 de la Ley 938 de 2004, si bien pertenece a la Rama Judicial y se encuentra adscrito a la Fiscalía General de la Nación, es un establecimiento público del orden na cional dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y cumple una función de apoyo científico y técnico a la administración de justicia y, por ende, no le es aplicable las disposiciones que crean la bonificación judicial, dado que sus obligaciones funcionales no se equiparan a las de la función judicial.

1. El Decreto 4669 de 2006 determina el régimen salarial específico para los empleados del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y , en consecuencia, no es aplicable las disposiciones normativas previstas para los empleados de la Fiscalía General de la Nación.

1. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, si bien hace parte de la organización de la Rama Judicial como materialización del principio de colaboración armónica de las entidades del Estado, es un ente autónomo e independiente y bajo ese p resupuesto, de forma expresa debió ser reconocida la bonificación judicial como ocurrió para el caso de los empleados de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los integrantes de la Justicia Penal Militar y los servidores públicos de la D irección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial.

Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los integrantes de la Justicia Penal Militar y los servidores públicos de la D irección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial.

1. No se acreditó la falsa motivación del acto acusado habida cuenta que el Decreto 382 de 2013 no contempla como beneficiarios de la bonificación judicial a los servidores del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dado que corresponde a u n ente autónomo e independiente con funciones propias y diferenciales de la Fiscalía General de la Nación.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. La parte demandante4

El apoderado de la parte demandante en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por disposición legal pertenece a la Rama Judicial y se encuentra adscrito a la

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 33 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Gloria Cecilia Franco Pinzón

Demandado: Instituto Nacional de Medicina Legal y

Ciencias Forenses Radicado: 680013333008-2017-00274-02

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Fiscalía General de la Nación como un establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, patrimonio propi o, autonomía administrativa y cumple funciones del sistema de justicia que se complementan

Fiscalía General de la Nación como un establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, patrimonio propi o, autonomía administrativa y cumple funciones del sistema de justicia que se complementan con las funciones judiciales atribuidas a las otras entidades y, por ende, no puede ser excluido de un beneficio salarial bajo el argumento de que la entidad no hizo parte de la negociación colectiva que acordó la creación de la bonificación judicial para distintos empleados del sector público.

1. Existe una diferenciación entre las funciones asignadas a determinados empleos y el derecho a percibir un salario proporcional a las responsabilidades del cargo y, bajo ese criterio, se debe determinar en igualdad de condiciones la nivelación salarial de los funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la medida que cumplen funciones dentro de sistema de justicia y ostentan iguales deberes que los servidores de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación.

1. El Consejo de Estado en diferentes oportunidades para determinar la prosperidad de impedimentos de los jueces administrativos ha considerado que la situación reclamada por los funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es idéntica a la que cobija y beneficia a los funcionarios de la Rama Judicial. Con fundamento en lo anterior se han venido reconociendo los derechos pretendidos en instancias judiciales, como es el caso de la demanda adelantada ante el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué bajo el radicado 2018-00092-00.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 2 de abril de 20255 se admitió el recurso de apelación interpuesto y

Circuito Judicial de Ibagué bajo el radicado 2018-00092-00.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 2 de abril de 20255 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Parte demandante

No presentó alegatos.

1.6.2. Parte demandada

No presentó alegatos.

1.6.3. Ministerio público.

No rindió concepto de fondo

2. Consideraciones

5 Expediente digital, actuación 41, índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer i) si la demandante tiene derecho al reconocimiento de la bonificación judicial reg lamentada en el Decreto 382 de 2013 para los empleados de la Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, si hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo demandado y ii) si es procedente la inaplicación de las expresiones «únicamente» y «para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud» contenidas en el artículo 1 del Decreto 382 de 2013 para efectos de que se tenga en cuenta la bonificación judicial para la liquidación de todas las prestaciones sociales.

2.3. Marco normativo

2.3.1. De la naturaleza jurídica y organizacional del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

De conformidad con el artículo 27 transitorio inciso 6 de la Constitución Política, «[l]a Dirección Nacional de Medicina Legal del Ministerio de Justicia, con sus dependencias seccionales, se integrará a la Fiscalía General de la Nación como establecimiento público adscrito a la misma», disposición constitucional que fue desarrollada en el artículo 31 de la Ley 270 de 1996 en los siguientes términos:

dependencias seccionales, se integrará a la Fiscalía General de la Nación como establecimiento público adscrito a la misma», disposición constitucional que fue desarrollada en el artículo 31 de la Ley 270 de 1996 en los siguientes términos:

«[…] adscrito a la Fiscalía General de la Nacional funciona el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como una entidad de derecho público, dotada de personería jurídica, con autonomía administrativa y patrimonial y organizado con el cará cter de establecimiento público de orden nacional. El instituto está encargado de prestar auxilio y soporte técnico y científico a la administración de justicia en todo el territorio nacional en lo concerniente a medicina legal y las ciencias forenses, de organizar y dirigir el Sistema Único de Medicinal Legal y Ciencias Forenses y controlar su funcionamiento y de cumplir las demás funciones que le atribuya la ley»

La citada disposición fue objeto de estudio de exequibilidad por la Corte Constitucional a través de la sentencia C -037 de 1996, en la que se declaró suNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Gloria Cecilia Franco Pinzón

Demandado: Instituto Nacional de Medicina Legal y

Ciencias Forenses Radicado: 680013333008-2017-00274-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

constitucionalidad bajo el entendido de que esta reglamentación se aviene a las previsiones del artículo 150 núm. 7 de la Constitución Política, por medio del cual se le confiere al Congreso de la República la responsabilidad de determinar la

constitucionalidad bajo el entendido de que esta reglamentación se aviene a las previsiones del artículo 150 núm. 7 de la Constitución Política, por medio del cual se le confiere al Congreso de la República la responsabilidad de determinar la estructura de la administración nacional, en la que se incluye la c reación de las entidades descentralizadas dentro de las que se encuentran los establecimientos públicos.

En armonía con lo expuesto , la Ley 938 de 2004 6 reiteró la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses como establecimiento público perteneciente a la Rama Judicial y adscrito a la Fiscalía General de la Nación.

En lo atinente a su funcionalidad, precisó:

«[…] Artículo 34. El Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses en todo el territorio nacional, es organizado y controlado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Artículo 35. La misión fundamental del Instituto es prestar auxilio y soporte científico y técnico a la administración de justicia en todo el territorio nacional, en lo concerniente a medicina legal y las ciencias forenses.

Artículo 36. En desarrollo de su misión, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene las siguientes funciones:

1. Organizar y dirigir el Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses y controlar su funcionamiento.

2. Prestar los servicios médico -legales y de ciencias forenses que sean solicitados por los Fiscales, Jueces, Policía Judicial, Defensoría del Pueblo y demás autoridades competentes de todo el territorio nacional.

3. Desarrollar funciones asistenciales, científicas, extra -periciales y sociales en

solicitados por los Fiscales, Jueces, Policía Judicial, Defensoría del Pueblo y demás autoridades competentes de todo el territorio nacional.

3. Desarrollar funciones asistenciales, científicas, extra -periciales y sociales en el área de la medicina legal y las ciencias forenses.

4. Prestar asesoría y absolver consultas sobre medicina legal y ciencias forenses a las unidades de fiscalías, tribunales y demás autoridades competentes.

5. Definir los reglamentos técnicos que deben cumplir los distintos organismos y personas que realicen funciones periciales asociadas con medicina legal, ciencias forenses y ejercer control sobre su desarrollo y cumplimiento.

6. Servir de organismo de verificación y control de las pruebas periciales y exámenes forenses practicados por los cuerpos de policía judicial del Estado y otros organismos a solicitud de autoridad competente.

7. Servir como centro científico de referencia nacional en asuntos relacionados con medicina legal y ciencias forenses.

8. Ser organismo de acreditación y certificación de laboratorios, pruebas periciales y peritos en medicina legal y ciencias forenses, practicadas por entidades públicas y privadas.

9. Coordinar y adelantar la promoción y ejecución de investigaciones científicas, programas de postgrado, pregrado, educación continuada y eventos educativos en el área de la medicina legal y ciencias forenses.

10. Coordinar y promover, previa la existencia de convenios, las prácticas de docencia de entidades edu