TA SAN - Sentencia 680013333008-2017-00333-01 (27-02-2025)

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SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Dr. IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, febrero veintisiete (27) de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 680013333008-2017-00333-01

DEMANDANTE: GLORIA ESPERANZA ESTUPIÑAN MANRIQUE

olgaflorezmoreno@yahoo.es

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –

EJÉRCITO NACIONAL

notificaciones@bucaramanga.gov.co nprodriguez@bucaramanga.gov.co asesoriasjudicialescucuta@hotmail.com notificaciones.bucaramanga@mindefensa.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO:

JESÚS RODRÍGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co

MECANISMO: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

LINK SAMAI: 68001333300820170033301

Se decide el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, el 17 de septiembre de 2021, previo los siguientes:

ANTECEDENTES

La Demanda.

Pretensiones.

En síntesis, la parte actora pretende se declare el silencio administrativo negativo y la nulidad del acto ficto o presunto al no resolver la petición elevada ante el Director del Hospital Militar de Bucaramanga, recibida por la entidad el día 28 de febrero de

En síntesis, la parte actora pretende se declare el silencio administrativo negativo y la nulidad del acto ficto o presunto al no resolver la petición elevada ante el Director del Hospital Militar de Bucaramanga, recibida por la entidad el día 28 de febrero de 2017, por medio de la cual se solicita el reconocimiento de la relación laboral y el pago de prestaciones sociales, factores salariales, pago proporcional de seguridad social y retención en la fuente.

Como consecuencia de lo anterior, solicita se de clare la existencia de la relación laboral, sin solución de continuidad, con el consecuente pago de la diferencia resultante entre los honorarios recibidos y el salario correspondiente a un AUXILIAR DE ENFERMERÍA de planta, así como el pago de las prestaci ones sociales a que haya lugar, y que el tiempo laborado sea computado para efectos pensionales.

Fundamento Fáctico.Sentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333008-2017-00333-01

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La parte demandante en el escrito de la demanda afirma que prestó de manera personal sus servicios como auxiliar de enfermería durante los años 2009 (a partir del 01 de septiembre), 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 (hasta el día 31 de mayo), mediante contrato de prestación de servicios profesionales suscritos con la DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – HOSPITAL MILITAR REGIONAL BUCARAMANGA, desempeñando labores propias de la actividad hospitalaria, cumpliendo el horario asignado por la entidad, permanencia en las instalaciones y disponibilidad, con remuneración mensual, y bajo continua subordinación y dependencia, de acuerdo a las funciones

labores propias de la actividad hospitalaria, cumpliendo el horario asignado por la entidad, permanencia en las instalaciones y disponibilidad, con remuneración mensual, y bajo continua subordinación y dependencia, de acuerdo a las funciones y directrices que diariamente le eran entregadas.

Indica que, en la planta de personal de dicha institución, existían auxiliares de enfermería con vinculación legal y reglamentaria que contaban con todas las prestaciones laborales, cumpliendo las mismas funciones que la actora cumplía. Finalmente, refiere que el Director del Hospital Militar Regional de Bucaramanga, no dio respuesta al derecho de petición elevado por la demandante el 28 de febrero de 2017, que tenía como fin se declarara el reconocimiento de la relación laboral.

Normas violadas y Concepto de violación.

• Artículos 6, 13, 25, y 53 de la Constitución Nacional. - Ley 80 de 1993, artículo 32. - Decretos 1042 y 1045 de 1978.

Señala la parte actora que el artículo 53 de la Carta Política establece el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; así mismo que se desconoce el art. 13 ib., considerando la desventaja que tiene quienes como contratistas ejercen las mismas funciones que el personal de planta, quienes sí reciben las garantías que la ley les otorga en cuanto a prestaciones sociales, seguridad social, etc.

Argumenta que las actividades realizadas, eran las mismas que corresponden a un funcionario de planta vinculado de manera legal y reglamentaria, sin que se advierta diferencia, razón por la cual es factible desvirtuar un contrato de prestación de servicios cuando se demuestra la subordinación o depe ndencia respecto del

funcionario de planta vinculado de manera legal y reglamentaria, sin que se advierta diferencia, razón por la cual es factible desvirtuar un contrato de prestación de servicios cuando se demuestra la subordinación o depe ndencia respecto del empleador/contratante. Refiere que, si bien hay un revestimiento formal de la contratación bajo la apariencia de un contrato de prestación de servicios regulado en la Ley 80 de 1993, lo cierto es que debe imperar la realidad de un contrato laboral.

Contestación a la Demanda.

La parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, señalando que el contrato de prestación de servicios profesionales se suscribe en el evento en que las actividades de la entidad pública no puedan ser cumplidas por el personal de planta en dicha entidad o en eventos en que se requiera de personal con conocimientos especializados no existentes allí. Que, en el caso particular, no puede afirmarse que existió un contrato de trabajo con el argumento de la celebración de varios contratos de prestación de servicios y que además en la planta de personal existen más cargos de auxiliar de enfermería, pues ello no imposibilita la contratación bajo la modalidad de la Ley 80 de 1993 y 734 de 2002, normas que prevén la posibilidad para la entidad de acudir a esa modalidad de contratación por necesidad del servicio.Sentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333008-2017-00333-01

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Afirma que, el hecho de que el Hospital Regional tuviera injerencia en la labor desarrollada por la demandante no implica subordinación sino coordinación, pues debe la entidad regular el cumplimiento del contrato. Advierte que, en el presente asunto no habiéndose dep recado resarcimiento o indemnización, mal puede

desarrollada por la demandante no implica subordinación sino coordinación, pues debe la entidad regular el cumplimiento del contrato. Advierte que, en el presente asunto no habiéndose dep recado resarcimiento o indemnización, mal puede decretarse esta por el Despacho, y mucho menos partir de la base para llegar a tal consecuencia, de que los contratos celebrados constituyeron un acto que encubrió una relación laboral, pues este argumento es más armonioso con una pretensión en el ejercicio de la acción contractual. Finalmente, propone como excepción de mérito la prescripción extintiva de las acciones laborales que se persiguen.

Sentencia de Primera Instancia.

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, en sentencia de 17 de septiembre de 2021, resolvió acceder a las pretensiones de la demanda, de la siguiente manera:

“PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad del acto ficto o presunto producto del silencio administrativo de la entidad demandada ante la petición de fecha 28 de febrero de 2017, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.

SEGUNDO: DECLÁRASE probada la p rescripción de los derechos laborales que se derivaron de la ejecución de los Contratos 293 de 2009, 009 de 2010 y su adicional 001, 187 de 2010, 062 de 2011, 226 de 2011 y 060 de 2012, por lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: A título de restablecimi ento del derecho, la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL deberá RECONOCER Y PAGAR a favor de la señora GLORIA ESPERANZA ESTUPIÑAN MANRIQUE, lo siguiente:

DEFENSA – EJERCITO NACIONAL deberá RECONOCER Y PAGAR a favor de la señora GLORIA ESPERANZA ESTUPIÑAN MANRIQUE, lo siguiente:

1. El valor equivalente al porcentaje de cotización correspondiente a Pensión y Salud18 que la demandante demuestre haber realizado y que la entidad demandada legalmente debía trasladar en su condición de empleador a los fondos correspondientes durante los siguientes periodos de prestación del servicio: del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2009 - contrato 293 de 2009, del 06 de enero al 31 de diciembre de 2010 –contrato 009, Modificación 001 adicional y contrato 187 de 2010-, del 07 de febrero al 30 de junio de 2011 –contrato 062 de 2011-, del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2011 -contrato 226 de 2011 -, del 16 de enero al 16 de diciembre de 2012 – contrato 060 de 2012-, del 15 de enero al 31 de diciembre de 2013 -contrato 047 de 2013-, del 16 de enero al 15 de julio de 2014 –contrato 088 de 2014- , del 16 de julio al 16 de diciembre de 2014 –contrato 230 de 2014y del 13 de enero al 31 de mayo de 2015 –contrato 054 de 2015 -, y el consecuente cómputo del tiempo laborado para efectos pensionales junt o con el pago de las cotizaciones legales.

Para ello deberá determinar mes a mes si existe diferencia entre los aportes que se debieron efectuar por concepto de salud y pensión durante todo el tiempo que duró la relación laboral, y los realizados por la contratista, y cotizar ·al respectivo fondo

Para ello deberá determinar mes a mes si existe diferencia entre los aportes que se debieron efectuar por concepto de salud y pensión durante todo el tiempo que duró la relación laboral, y los realizados por la contratista, y cotizar ·al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. La demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante su vínculo y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.

2. El valor de las prestaciones sociales correspondientes al periodo c omprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2013 -contrato 047 de 2013-, del 16 de enero al 15 de julio de 2014 –contrato 088 de 2014del 16 de julio al 16 de diciembre de 2014Sentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333008-2017-00333-01

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–contrato 230 de 2014y del 13 de enero al 31 de mayo de 2015 –contrato 054 de 2015-; teniendo en cuenta para tales efectos:

a) Los honorarios pactados en los contratos. b) Todas las prestaciones sociales a las que tenía derecho un auxiliar de enfermería de planta de la entidad, que hubiese desempeñado iguales o similares funciones a las de la accionante, durante el periodo que se reconoce la existencia de la relación laboral.

La suma a reconocer deberá ser actualizada ateniendo la fórmula señalada en la parte motiva, mes por mes para cada mesada prestacional.

la existencia de la relación laboral.

La suma a reconocer deberá ser actualizada ateniendo la fórmula señalada en la parte motiva, mes por mes para cada mesada prestacional.

CUARTO: CONDENASE en costas a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, de conformidad con el artículo 188 del C.P.A.C.A.

QUINTO: DENIEGUENSE las demás pretensiones de la demanda, conforme a las motivaciones expuestas.

SEXTO: La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL dará cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los artículos 192, 194 y 195 del C.P.A.C.A. Para efectos de la actualización económica o indexación de las sumas reconocidas, se aplicará la fórmula con signada en las consideraciones expuestas.

SÉPTIMO: EJECUTORIADA ésta providencia, ARCHIVENSE las diligencias previas las anotaciones de rigor.”

El A-quo, luego de realizar un recuento normativo y jurisprudencial respecto de los elementos que deben existir para la configuración del contrato realidad sobre el contrato de prestación de servicios, y analizadas las pruebas obrantes en el plenario, encontró que en el sub examine concurren los tres elementos constitutivos de la relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio , la remuneración y la subordinación, elementos que, desdibujan los contratos de prestación de servicios celebrados entre las partes, deb iendo tener en cuenta que los servicios prestados por la demandante como auxiliar de enfermería se extendieron aproximadamente por 6 años, que sus funciones no podían ejercerse de manera autónoma e

celebrados entre las partes, deb iendo tener en cuenta que los servicios prestados por la demandante como auxiliar de enfermería se extendieron aproximadamente por 6 años, que sus funciones no podían ejercerse de manera autónoma e independiente por el contratista, sino que debían cumplirs e con sujeción a los términos indicados por la administración, y bajo los parámetros, programas y proyectos establecidos para el desarrollo del sector salud, atendiendo las actividades que le eran asignadas por el enfermero jefe, líder del proceso de enfermería, cumpliendo además , con horarios establecidos por la entidad y utilizando bienes y elementos suministrados por el Hospital Militar.

Agregó, que las actividades desempeñadas contradicen el carácter propio de los contratos de prestación de servicios. Además, los testimonios practicados y el manual de funciones y competencias laborales allegado, acreditan la existencia de cargos de auxiliares de enfermería dentro de la planta de personal de la entidad, los cuales realizan las mismas actividades contratadas.

En virtud de ello, afirmó que el reconocimiento de la relación laboral no implica conferir la condición de empleado público, pero sí el pago de los mismos emolumentos que perciben los servidores públicos de la entidad que desempeñaban el mismo cargo, tomando como base de liquidación el salario establecido para éstos, y de las cotizaciones de seguridad social como salud, pensión y riesg os profesionales. Además, indicó que el tiempo que la demandante estuvo vinculada aSentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333008-2017-00333-01

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la entidad a través de contratos de prestación de servicios, sea computable para efectos pensionales.

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la entidad a través de contratos de prestación de servicios, sea computable para efectos pensionales.

Respecto a la prescripción, consideró que la vinculación de la demand ante se dio de manera interrumpida haciendo que la relación laboral únicamente pueda reconocerse por los periodos efectivamente contratados o debidamente ejecutados, los derechos prestacionales derivados del contrato realidad pueden prescribir, por no reclamarse en la oportunidad que la Ley otorga para ese efecto, tal como se indicó en la sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016, la cual estipuló como regla respecto a la prescripción extintiva de los derechos salariales y prestacionales derivados del contrato realidad que, en aquellos casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.

Conforme a lo anterior, indica el A quo que, respecto de los contratos suscritos con anterioridad al 15 de enero de 2013, acaece el fenómeno de prescripción, por haberse interrumpido la continuidad de ellos por más de 15 días hábiles. Sin embargo, no predica la prescripción respecto de los derechos prestacionales -salud y pensión-. Adicional a ello, señala que la imprescriptibilidad no opera frente a la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes hechos por la accionante como contratista, pues es to sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación con las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en

accionante como contratista, pues es to sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación con las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que podrían tener incidencia al mom ento de liquidarse el monto pensional, por lo tanto, la Administración deberá determinar mes a mes si existe diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por la contratista, y cotizar ·al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

Recurso de apelación.

Las partes, interpusieron oportunamente recurso de apelación contra el fallo de primera instancia proferido el 17 de septiembre de 2021, así:

La demandante GLORIA ESPERANZA ESTUPIÑAN MANRIQUE , mediante su apoderada, presentó recurso de apelación, fundamentándolo en los siguientes términos:

1. Respecto al tiempo de inicio de la relación laboral de la demandante y su permanencia en el Hospital Militar Regional de Bucaramanga, debe revocarse la prescripción. Indica que se presenta un error de interpretación respecto de la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 del Consejo de Estado, en tanto se declaró en primera instancia que operó la prescripción trienal, siendo que en la jurisprudencia se refie re a la prescripción de la acción al término de tres años contados una vez haya finiquitado la relación que se pactó como contractual.

Así mismo, menciona jurisprudencia que soporta su tesis respecto a la prescripción declarada en primera instancia, y so licita se declare la existencia de la relación

contados una vez haya finiquitado la relación que se pactó como contractual.

Así mismo, menciona jurisprudencia que soporta su tesis respecto a la prescripción declarada en primera instancia, y so licita se declare la existencia de la relación laboral sin solución de continuidad, entre el período comprendido desde el 01 de septiembre de 2009 hasta el 31 de mayo de 2015. . La demandada NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, mediante su apoderado, presentó recurso de apelación, solicitando la revocación deSentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333008-2017-00333-01

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la sentencia de primera instancia, argumentando que no existió relación laboral alguna, si se tiene en cuenta que la demandante contaba con completa autonomía e independencia para desarrollar las actividades para las cuales fue contratad a, siendo estas, estrictamente en virtud de lo establecido en el contrato, por lo mismo, no cumplía horario, sino que se coordinaba la ejecución del objeto contractual según las necesidades del lugar en el que se ejecutaban las actividades.

Agrega que, los honorarios cancelados son consecuencia del valor pactado como contraprestación de sus servicios. Así mismo, indica que no obra prueba alguna sobre la subordinación alegada. Por tanto, considera que la entidad ha actuado con ceñimiento a la ley.

Trámite en segunda instancia.

Una vez concedido el recurso de apelación, mediante providencia del dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022), se admitió el recurso de apelación interpuesto por las partes. De dicho trámite se destaca lo que sigue:

La parte actora, solicitó la revocatoria de la declaratoria de prescripción contenido

de febrero de dos mil veintidós (2022), se admitió el recurso de apelación interpuesto por las partes. De dicho trámite se destaca lo que sigue:

La parte actora, solicitó la revocatoria de la declaratoria de prescripción contenido en el fallo de primera instancia, reiterando los argumentos expuestos en la sustentación del recurso de apelación.

La demandada NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, solicita la revocatoria de la sentencia de primera instancia, reiterando los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

El Ministerio Público, no rindió concepto de fondo.

CONSIDERACIONES

Acerca de la competencia.

Recae en esta Corporación, en orden a lo dispuesto por el Art. 153 del C.P.A.C.A.

Problema Jurídico.

La Sala procederá a determinar si se estructuró una verdadera relación laboral entre la parte demandante y la DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – HOSPITAL MILITAR REGIONAL BUCARAMANGA con ocasión a las labores realizadas bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios.

En caso afirmativo y atendiendo a que el recurso versa contra la totalidad de la decisión en la que se declara la existencia de un contrato realidad, se procederá a verificar que las órdenes dadas para el restablecimiento del derecho estén acordes a las que deben reconocerse en virtud de dicha declaración , y, sobre cuáles contratos de prestación de servicios opera la prescripción.

Solución al Problema Jurídico Planteado.

Respecto a la contratación a través de la modalidad de prestación de servicios, la

contratos de prestación de servicios opera la prescripción.

Solución al Problema Jurídico Planteado.

Respecto a la contratación a través de la modalidad de prestación de servicios, la Ley de contratación estatal o Ley 80 de 1993, autoriza su celebración para aquellos eventos en que la función de la entidad contratante no puede cumplirse con personal vinculado a su planta de personal -porque el número de empleos con dichasSentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333008-2017-00333-01

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funciones no es suficiente o porque esa actividad no está asignada a empleo algunoo cuando se requiere de conocimientos especializados para desarrollarla.

En todo caso, estos contratos están caracterizados, entre otros aspectos, porque su vigencia es temporal, es decir, su duración debe ser por un tiempo limitado . Según el numeral 3º del artículo 32 de la precitada Ley 80 de 1993, en ningún caso estos contra tos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se insiste, deberán celebrarse por el término estrictamente indispensable.

Así mismo, la normatividad que regula la Función Pública, ordena que el desarrollo de la función administrativa del Estado en forma permanente, ha de hacerse sólo a través del ejercicio de funciones adscritas al respectivo empleo al que, por mandato Constitucional, de manera general se accede por oposición o concurso previo y con el cumplimiento de los requisitos de nombramient o y posesión, con sujeción a un régimen legal y reglamentario, que no contractual.

El desempeño de un “empleo”, con el lleno de los requisitos para ello, de suyo genera una relación laboral entre quien lo desempeña y la entidad a cuya planta

régimen legal y reglamentario, que no contractual.

El desempeño de un “empleo”, con el lleno de los requisitos para ello, de suyo genera una relación laboral entre quien lo desempeña y la entidad a cuya planta está asignado y deberá ser, en todo caso, realizado en forma personal, bajo una continua subordinación y con una contraprestación económica previamente presupuestada.

Dicho lo anterior, si logran desvirtuarse tanto la autonomía e independencia en la prestación del servicio, como la temporalidad propia de un contrato de prestación de servicios, y probarse los elementos de la relación laboral -la prestación personal del servicio de manera permanente, la remuneración, la subordinación y dependencia en el desarrollo de la actividad -, necesariamente deberá declararse que se utilizó equívocamente la figura contractual para encubrir la naturaleza real de la labor desempeñada, configurándose así, el contrato realidad en aplicación de los principios consagrados en el artículo 13 y 53 de la Carta Política.

De la misma forma, en armonía con el Art. 53 superior que consagra la primacía de la realidad sobre la forma, la Corte Constitucional 1 ha sido enfática en afirmar que de configurarse los elementos propios de una relación laboral entre el Estado y el particular, entre ellos el de subordinación que no de coordinación, pese a la suscripción de un contrato de prestación de servicios, primará la realidad sobre la forma, procediendo a declararse la existencia de esta relación con todos los efectos que ello implica; es decir, el reconocimiento de las prestaciones sociales que fueron desconocidas por el empleador y que por decisión judicial le serán pagaderas al servidor a título de indemnización, teniendo como base pa ra liquidar la indemnización el respectivo contrato de prestación de servicios.

desconocidas por el empleador y que por decisión judicial le serán pagaderas al servidor a título de indemnización, teniendo como base pa ra liquidar la indemnización el respectivo contrato de prestación de servicios.

Sumado a lo anterior, la jurisprudencia ha establecido que para que pueda accederse al pago de prestaciones sociales en los contratos de prestación de servicios debe darse la acreditación de los tres elementos de la relación laboral, a saber, i) la prestación de servicio es personal; ii) subordinada de manera continuada; y iii) remunerada, con especial atención en la subordinación o dependencia, a la vez que se señaló, que en s ituaciones específicas de mera coordinación no se configura subordinación, evento en el cual no se encubriría una relación laboral2.

1 Sentencia C-154 de 2007, entre otras. 2 Consultar entre otras, la sentencia de fecha 26 de julio de 2018, proferida por la Sección Segunda, SubsecciónSentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333008-2017-00333-01

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Ciertamente, ha señalado la Máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo que dentro de las características principales del contrato de prestación de servicios esta la prohibición del elemento de subordinación continuada del contratista, en tanto que, quien se vincula bajo esta calidad –contratista-, debe tener la autonomía para actuar con independencia atado solo a los términos del contrato y de la ley contractual 3, “ los cuales no pueden versar sobre el ejercicio de funciones permanentes”4, entendiéndose que corresponde a una vinculación de carácter excepcional, lo que de suyo implica que no puede ser utilizada para el desempeño de funciones públicas de carácter permanente o de aquellas que se

funciones permanentes”4, entendiéndose que corresponde a una vinculación de carácter excepcional, lo que de suyo implica que no puede ser utilizada para el desempeño de funciones públicas de carácter permanente o de aquellas que se encuentren previstas en la ley o el reglamento para un empleo público.

Bajo estos parámetros, la jurisprudencia sostiene que la figura del contrato realidad “se aplica cuando se constata la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de ó rdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación continuada propia de las relaciones laborales.5

Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021

Primera regla. El “término estrictamente indispensable”, al que alude el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función del obj eto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima “imprescindible” para su ejecución.

En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación práctica “en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de servicios”.6

estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de servicios”.6

En ese sentido, el Consejo de Estado unificó el sentido y alcance del “término estrictamente indispensable” como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del contrato de p restación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para garantizar su cumplimiento.

Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está relacionado directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la formulación de los documentos que conforman la etapa precontractual, en cada proceso de selección pública, es manifestación de una correcta y trasparente

3 Ver Sentencia de Unificación de Jurisprudencia del 25 de agosto de 2016. Consejo de Estado, Sección Segunda. Consejero Ponente Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001233300020130026001(0088-15) CESUJ2-005-16. Lucinda María Cordero Causil contra el Municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba) 4 Ver sentencia C-614 de 2009. 5 Ver Sentencia de Unificación de Jurisprudencia CE -SUJ2-005-16. Y, CONSEJO DE ESTADO, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de fecha 26 de julio de 2018, C.P. Dr. William Hernández Gómez, Exp. 4534-14.

Segunda, Subsección “A”, sentencia de fecha 26 de julio de 2018, C.P. Dr. William Hernández Gómez, Exp. 4534-14. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013; radicado 11001-326-000-201100039-00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.Sentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333008-2017-00333-01

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planeación. En este sentido, la exigencia de introducir un “término estrictamente indispensable” para la ejecución del objeto convenido en la etapa precontractual no es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio d