TA SAN - Sentencia 680013333008-2018-00070-02 (13-03-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, trece (13) de marzo del dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

RADICADO: 680013333008-2018-00070-02

ENLACE DEL

EXPEDIENTE:

https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list _procesos.aspx?guid=680013333008201800070 026800123

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: CARLOS ARTURO GELVES CLAROS

Saabogados@hotmail.com

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO JHON CARLOS GARCÍA PEREA

jcgarcia@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia

TEMA: Bonificación judicial

SENTENCIA No. 027

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia d e fecha veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de

Sala a resolver el recurso interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia d e fecha veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga.

La Sala es competente para resolver el recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA.

I. ANTECEDENTES.Nulidad y Restablecimiento del derecho

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Arturo Gelves Claros

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333008-2018-00070-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

A. Posición de la parte demandante1

Solicita declarar la nulidad de la Resolución DESAJBUR 17-4104 del 30 de junio de 2017, expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, y del acto ficto o presunto por la no contestación del recurso de apelación presentado el 13 de julio de 2017 , mediante el cual se negó el reconocimiento, reliquidación y pago de los valores por concepto de prestaciones sociales del demandante.

En consecuencia, solicitó:

«1. Con fundamento en lo contemplado en el Artículo 148 de la Ley 1437 de 2011 —CPACAse inaplique la expresión y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, "contenida en el inciso 1° del

2011 —CPACAse inaplique la expresión y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, "contenida en el inciso 1° del artículo 1° del Decreto 0383 de 2013, en el 1° del Decreto 1269 de 2015, en el Artículo 1° del Decreto 246 de 2016, en el Artículo 1° del Decreto 1014 de 2017 y demás normativas que así lo dispongan, por tratarse de disposiciones ilegales e inconstitucionales contrarias a la esencia de la Ley 42 de 1992 — Artículo 2 y parágrafo del Artículo 14 -, a la jurisprudencia y a los principios rectores consagrados en los artículos 13, 27 y 53 de la Constitución Política de 1991.

2. Se declare que en el caso de marras ha operado el silencio administrativo negativo respecto del recurso de apelación interpuesto el 13 de Julio de 2017 contra la Resolución No. DESAJBUR17 -4104 de junio 30 de 2017 en los términos del Artículo 86 del CPACA.

3. Se declaren NULOS tanto el acto ficto o presunto resultante de la no atención al recurso de apelación el cual conlleva tácitamente la negativa de la prosperidad del mentado recurso, como de la Resolución No.

DESAJBUR17-4104 de junio 30 de 2017 por medio de la cual se resuelve un Derecho de Petición" proferida por la señora Directora Ejecutiva Seccional de Administración judicial de Bucaramanga (E).

4. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del

Derecho de Petición" proferida por la señora Directora Ejecutiva Seccional de Administración judicial de Bucaramanga (E).

4. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la NACIÓN — RAMA JUDICIAL DEL PODER

PÚBLICO — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - SALA ADMINISTRATIVA— DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL realizar todas las actuaciones de tipo presupuestal, administrativo y financiero, dentro del marco de sus competencias, con el fin que la Bonificación Judicial creada a través del Decreto 0383 de 2013 -extendida y modificada por el Decreto 1269 de 2015 - que mi mandante viene devengando desde el mes de enero de 2013 le sea tenida en cuenta como factor salarial y prestacional , con incidencia en las primas de servicios, productividad vacaciones, navidad, bonificación por servicios prestados, cesantías e intereses a las cesantías y demás emolumentos que por mandato de la Constitución y la Ley correspondan durante todo el tiempo en que se ha desempeñado en calidad de funcionario y empleado público al servicio de la Rama Judicial, y a futuro hasta que deje de serlo.

1 Expediente digital One Drive: 01 Demanda 2018-00070-01.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Arturo Gelves Claros

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333008-2018-00070-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

5. En ese sentido, se ordene a la demandada proferir acto administrativo

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

5. En ese sentido, se ordene a la demandada proferir acto administrativo definitivo de carácter particular y concre to en el que se disponga la reliquidación de todas las prestaciones sociales legales a que mi mandante ha tenido derecho en su condición de funcionaria y empleado público al servicio de la Rama Judicial, tales como: primas de servicios, productividad vacaciones, navidad, bonificación por servicios prestados, bonificación por actividad judicial, cesantías e intereses a las cesantías, y demás emolumentos devengados, a partir del 1° de enero de 2013 hasta la fecha en que se efectúe el pago y a futuro, incluyendo en la base de reliquidación la Bonificación Judicial regulada por el Decreto 0383 de 2013 - modificado por el Decreto 1269 de 2015como factor salarial y prestacional. Lo anterior como quiera que dicho emolumento prestacional viene siendo excluido por imposición del Gobierno nacional lo cual resulta ampliamente inconstitucional e ilegal según puede extraerse de la normatividad y la línea jurisprudencial que sustenta la presente petición.

6. Se ordene el pago de las diferencias económicas que se genere n con ocasión de la reliquidación deprecada.

7. Se disponga la liquidación y pago de intereses sobre el valor de los ajustes o reliquidaciones efectuadas, desde la fecha en que debieron pagarse los conceptos señalados hasta el día en que efectivamente se an cubiertos, en la forma y términos contemplados en el Artículo 195 del CPACA -Ley 1437 de 2011.

conceptos señalados hasta el día en que efectivamente se an cubiertos, en la forma y términos contemplados en el Artículo 195 del CPACA -Ley 1437 de 2011.

8. Se ordene la actualización e indexación de los valores ajustados y/ o reliquidados así como las diferencias que se generen, conforme al índice de Precios al Consumidor IPC, año por año desde cuando debió surtirse el pago efectivo de la obligación y hasta el pago efectivo de las mismas según lo previsto por el Artículo 187 del CPACA -Ley 1437 de 2011-. (…) »

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

El demandante es servidor de la Rama Judicial vinculado en el cargo de Juez Tercero de Pequeñas Causas Laborales de Bucaramanga y devenga mensualmente la bonificación judicial creada con el Decreto No. 0383 de 2013.

El 29 de junio de 2017, radicó petición ante la entidad demandada , mediante la cual solicitó la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales con base en la bonificación judicial como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el 1 de enero de 2013 y las que a futuro se generen.

En respuesta, la demandada emitió la resolución número DESAJBUR 17-4104 del 30 de junio de 2017, en la que se negaron las pretensiones.

Inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación el 13 de julio de 2017 . Sin embargo, la parte demandada guardó silencio.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Arturo Gelves Claros

Demandado: Nación – Rama Judicial

Sin embargo, la parte demandada guardó silencio.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Arturo Gelves Claros

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Radicado No. 680013333008-2018-00070-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Como fundamento de derecho invocó los artículos 53 y 93 de la Constitución Política, el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, los artículos 1 y 5 de la Ley 270 de 1996, el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, los convenios números 95 y 100 de la OIT, el Decreto 0383 de 2013 y demás normas concordantes.

B. Posición de la parte demandada

La Nación – Rama Judicial2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones en los siguientes términos:

Indicó que la parte demandante incurrió en un error al no integrar como parte pasiva al Gobierno nacional, el cual se encuentra conformado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos, de conformidad con el inciso 2 del artículo 115 de la Constitución Política.

Adujo que los actos administrativos acusados tienen sustento en las disposiciones legales contenidas en el Decreto 0383 de 2013, la Ley 4 de 1992 y en que el único con competencia para establecer el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la Rama Judicial es el Gobierno nacional.

Señaló que, por expreso mandato legal, la Bonificación Judicial const ituye factor

con competencia para establecer el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la Rama Judicial es el Gobierno nacional.

Señaló que, por expreso mandato legal, la Bonificación Judicial const ituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que hace parte de la libertad de configuración del legislador establecer qué parte de la remuneración de los empleados públicos constituye o no factor salarial y para qué fines.

Así mismo, refirió que los decretos por medio de los cuales el Gobierno nacional reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consecuencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilidad de la norma salarial no puede ser asumida por la Rama Judicial.

2https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800133/6800133330082018 0007001/DAFBC508F5A91D2B4BC9448A5E6BF9D702860726DD689FE1C26D71CB3A82695B/2Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Arturo Gelves Claros

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333008-2018-00070-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Adicionalmente, propuso la excepción de pr escripción trienal de los derechos reclamados.

C. Sentencia de primera instancia3

Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Adicionalmente, propuso la excepción de pr escripción trienal de los derechos reclamados.

C. Sentencia de primera instancia3

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga , mediante sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR la prescripción de derechos laborales para las sumas causadas con anterioridad al 29 de junio de 2014, por las razones expuestas.

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 383 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024 por las razones expuestas.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos:

• Resolución DESAJ BUR 17-4104 del 30 de junio de 2017 proferida por la

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

• Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la interposición del recurso de apelación el 13 de julio de 2017.

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

• Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la interposición del recurso de apelación el 13 de julio de 2017.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN –

RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de CARLOS ARTURO GELVES CLAROS todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 29 de junio de 2014, incluyendo en la base de liquidación como factor salarial la bonificación judicial creada mediante Decreto 0383 de 2013, hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento. Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de S eguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario. La suma que resulte a favor de los demandantes debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia. La actualización ordenada se hará aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: DENEGAR la excepción relacionada con el cobro de lo no debido por las razones expuestas.

SEXTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO».

3https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800133/6800133330082018

por las razones expuestas.

SEXTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO».

3https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800133/6800133330082018 0007001/1BFFA110FE9FC676444B3A5B976B814CF05D150360A35BE78E1BB79127ABDFDC/2Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Arturo Gelves Claros

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333008-2018-00070-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Indicó que el Decreto 0383 de 2013 vulneró los principios constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en la legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, en la medida en q ue desconoció los efectos salariales de la bonificación judicial.

Consideró que la bonificación judicial fue otorgada de manera continua y mensual, lo que la convierte en una remuneración fija y directa, cumpliendo características de un salario. Por lo que debe ser incluida en el cálculo de las demás prestaciones sociales.

Manifestó que inaplicará la parte del primer inciso del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 que limita el reconocimiento de la bonificación judicial solo para efectos de cotización al sistema de salud y pensiones, en el entendido que sus disposiciones contravienen la Constitución y la ley, al no reconocer la bonificación como factor

2013 que limita el reconocimiento de la bonificación judicial solo para efectos de cotización al sistema de salud y pensiones, en el entendido que sus disposiciones contravienen la Constitución y la ley, al no reconocer la bonificación como factor salarial para calcular todas las prestaciones sociales y salariales.

Respecto de la prescripción triena l, señaló que el demandante presentó la reclamación administrativa el 29 de junio de 2017 ; por tanto, las sumas causadas con anterioridad al 29 de junio de 2014 se encuentran prescritas.

D. Recurso de apelación

La Nación-Rama Judicial 4 solicitó revocar la decisión de primera instancia con sustento en los siguientes argumentos:

1. La parte demandante no impugnó oportunamente los Decretos 0383 y 384 de 2013 cuando fueron expedidos, y por lo tanto no puede ahora pretender su inaplicabilidad. El plazo para demandar la nulidad de estos decretos ya caducó según el artículo 138 del CPACA, por lo que la demanda debería ser desestimada.

4https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800133/6800133330082018000 7001/0DA631913F735E77331BB9EA1C2EE8FB629F77CCD8BC3829CD5AC9CDE0A8F32F/2Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Radicado No. 680013333008-2018-00070-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander ii) La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno nacional, específicamente en la expedición del Decreto 0383 de 2013 con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

1. El juez de primera instancia desconoció lo anterior y le impuso una carga excesiva a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que no está en el deber de soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad, comoquiera que es con base en esta que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.

1. La responsabilidad recae en el Gobierno nacional y no en la Rama Judicial, por lo que el pago de emolumentos no contemplados en las proyecciones presupuestales de la Rama Judicial debe gestionarse, por mandato legal, ante el Ejecutivo, específicamente ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Públ ico. Dicho organismo es el que debe asignar recursos adicionales a la entidad, los cuales no están previstos en las finanzas públicas.

1. La acción de inaplicabilidad de los decretos salariales por inconstitucionalidad no es válida en este caso, ya que los decretos siguen vigentes hasta que sean declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. Además, la demanda mezcla solicitudes de inaplicabilidad

inconstitucionalidad no es válida en este caso, ya que los decretos siguen vigentes hasta que sean declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. Además, la demanda mezcla solicitudes de inaplicabilidad con peticiones de nulidad, lo que genera confusión.

1. La bonificación judicial reclamada no constituye un derecho adquirido, sino que fue el resultado de una negociación que no afecta derechos prestacionales adicionales. Por lo tanto, el demandante no tiene derecho a una compensación mayor a la que ya fue reconocida.

1. Los actos administrativos impugnados fueron proferidos en cumplimiento de los decretos salariales vigentes y, por tanto, no corresponden a actos definitivos que puedan ser revisados judicialmente.

1. La prescripción de los derechos laborales reclamados debe ajustarse para incluir únicamente los periodos anteriores al 4 de diciembre deNulidad y Restablecimiento del derecho

Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander 2015, debido a que el vínculo laboral del demandante con la entidad finalizó el 31 de octubre de 2015 y se reanudó el 4 de diciembre de 2015, con una interrupción de más de 15 días hábiles. Por lo tanto, la prescripción debe contarse a partir del 4 de diciembre de 2015 , fecha desde la cual se deben reconocer los derechos reclamados.

E. Pronunciamiento en segunda instancia5

prescripción debe contarse a partir del 4 de diciembre de 2015 , fecha desde la cual se deben reconocer los derechos reclamados.

E. Pronunciamiento en segunda instancia5

La parte actora reiteró que se ha demostrado que el demandante es beneficiario de la bonificación judicial establecida por el Decreto 0383 de 2013, y solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia con base en los siguientes argumentos:

1. El objetivo del Decreto 0383 de 2013 era materializar la nivelación salarial para servidores judiciales, pero el ejecutivo limitó su connotación a la base de cotización para pensiones y salud.

2. Todo lo que recibe un servidor público como retribución habitu al y periódica constituye salario, independientemente de su denominación.

3. El factor salarial prevalece sobre formalidades, relacionándose con la realidad de las relaciones laborales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

F. Problemas jurídicos

Con el fin de establecer si procede confirmar o, por el contrario, revocar la sentencia de primera instancia, se deben resolver los siguientes interrogantes que surgen del argumento de impugnación de la parte demandada: P.j.1: ¿Hay lugar a revocar la sent encia de primera instancia por qué; i) La oportunidad para cuestionar la legalidad de los Decretos 0383 y 0384 de 2013, caducó, al no haberse impugnado oportunamente cuando fueron expedidos ; ii) La Rama Judicial, específicamente la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional establecido

5https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800123/6800133330082018

Rama Judicial, específicamente la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional establecido

5https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800123/6800133330082018 0007002/63A5239A3FF28298B3A7A72B07A8165DEA92668099BFB91F39D086B67ADD231A/2Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Arturo Gelves Claros

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander por el Gobierno nacional en los Decretos 0383 y 0384 de 2013; iii) La inaplicación por inconstitucionalidad de estos decretos no es procedente en el caso particular, por estar vigentes y no haber sido declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional?

P.j.2: ¿Hay lugar a modificar la sentencia de primera instancia en lo relativo a la prescripción trienal de los derechos laborales reclamados, basándose en la interrupción del vínculo laboral del demandante y su posterior reintegro al cargo?

G. Tesis de la Sala

P.j.1: No, el acto acusado al negar prestaciones periódicas puede ser demandado en cualquier tiempo, conforme lo señala el Art. 164, numeral 1, literal c) de la Ley 1437 de 2011 . Adicionalmente, no se pueden entender como demandados los decretos que crean la boni ficación judicial, habida cuenta que lo único que se

en cualquier tiempo, conforme lo señala el Art. 164, numeral 1, literal c) de la Ley 1437 de 2011 . Adicionalmente, no se pueden entender como demandados los decretos que crean la boni ficación judicial, habida cuenta que lo único que se pretende frente a aquellos es la inaplicación de la expresión «únicamente» y no la declaratoria de ilegalidad . Igualmente, la jurisprudencia ha establecido que la bonificación judicial cumple con los requisitos de salario al ser un pago habitual en retribución al trabajo, por lo que su exclusión como factor salarial desconoce el mandato de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992.

Así mismo, si bien la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no ti ene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno nacional, sí tiene la facultad de interpretar y aplicar las normas en materia salarial dentro de los límites establecidos. La inaplicación del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 no implica una modificación del régimen salarial, sino la correcta aplicación del principio « in dubio pro operario » en favor de los servidores judiciales, garantizando sus derechos constitucionales. La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha reconocido que el concepto de salario no depende de la denomina ción que le dé el empleador, sino de su naturaleza y periodicidad, lo que confirma que la bonificación judicial debe ser considerada factor salarial. P.j.2. No. En el caso concreto, la Bonificación Judicial se hizo exigible el 1º de enero de 2013, según lo establecido en el artículo 5º del Decreto 0383 de 2013. El demandante presentó la solicitud de reconocimiento y pago de esta bonificación el

de 2013, según lo establecido en el artículo 5º del Decreto 0383 de 2013. El demandante presentó la solicitud de reconocimiento y pago de esta bonificación el 29 de junio de 2017 , lo que interrumpió la prescripción. En ese momento, elNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Arturo Gelves Claros

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Radicado No. 680013333008-2018-00070-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander demandante estaba vinculado en propiedad a la entidad demandada como Juez Municipal. La separación del cargo el 31 de octubre de 2015 y su posterior reingreso el 4 de diciembre de 2015 no afectaron el cálculo de la prescripción, ya que este se basa en la fecha de presentación de la reclamación administrativa, permitiendo reconocer derechos hasta tres años atrás.

H. Metodología de la decisión.

Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará los siguientes temas: i) La bonificación judicial creada mediante el Decreto 0383 de 2013; ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación; iii) Naturaleza salarial de la bonificación judicial; iv) Naturaleza jurídica de los decretos que reglamentan las leyes marco; v) La excepción de inconstitucionalidad; y vi) Prescripción trienal.

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico.

1. Bonificación judicial creada mediante el Decreto 0383 de 2013

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico.

1. Bonificación judicial creada mediante el Decreto 0383 de 2013

La Ley 4 de 1992 establece el marco normativo para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyendo los de la Rama Judicial, en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política de 1991.

Por su parte, el Gobierno nacional, en desarrollo de las p receptivas y orden de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 0383 de 6 de marzo de 2013, el cual creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar.

De acuerdo con el mencionado decreto, dicho emolumento se reconoce mensual y únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud, y se le excluyó como factor para liquidar otros emolumentos.

Los artículos 1 y 2 son del siguiente tenor literal:

«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecidoNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Arturo Gelves Claros

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333008-2018-00070-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Radicado No. 680013333008-2018-00070-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistem a General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año en las siguientes tablas, así: […]

PARÁGRAFO. La bonificación judicial cre