TA SAN - Sentencia 680013333008-2018-00151-01 (05-06-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE LUIS ALFREDO RAMÍREZ PABÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.836.252 mjuliana2@hotmail.com

DEMANDADO MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

fuentesmarcela064@gmail.com

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

Procuradora 160 Judicial II para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co;

RADICADO Y LINK

DEL EXPEDIENTE 680013333008-2018-00151-01

TEMAS Responsabilidad del Estado por falla del servicio. Accidente de tránsito por hueco en la vía. Principio de libertad probatoria. Prohibición al juez de exigir prueba diabólica. Valor probatorio de los informes de los agentes de policía y del testigo único. No existe tarifa legal que exija acreditar mediante el informe de accidente de tránsito previsto en el artículo 144 del Código Nacional de Tránsito l a ocurrencia de un accidente de tránsito ni la existencia del hueco que lo ocasionó. En el presente caso, el demandante perdió la conciencia al momento del siniestro, fue trasladado

Nacional de Tránsito l a ocurrencia de un accidente de tránsito ni la existencia del hueco que lo ocasionó. En el presente caso, el demandante perdió la conciencia al momento del siniestro, fue trasladado de inmediato a urgencias y la motocicleta fue retirada por terceros, lo qu e impidió la elaboración del informe técnico. En tales condiciones, imponerle la carga de allegar dicho med io de prueba resulta irrazonable y desproporcionado. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente1 por la parte demandada contra la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2020 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda, y se condenó en costas.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda2

1. Pretensiones El demandante pretende que se declare administrativamente responsable al Municipio de Bucaramanga por los perjuicios materiales, morales y en la salud que le fueron ocasionados como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 13 de enero de 2017, derivado de la omisión en el mantenimiento de la vía ubicada en

la calle 45 con carrera 2, en sentido Bucaramanga – Girón. Pide, en consecuencia, que se condene al Municipio de Bucaramanga al pago de $396.000 por los perjuicios materiales derivados de los daños causados a la motocicleta de placas DUZ 56C, y que se reconozca una indemnización de 20 SMLMV por concepto de perjuicios morales y otros 20 SMLMV por daño en la salud,

motocicleta de placas DUZ 56C, y que se reconozca una indemnización de 20 SMLMV por concepto de perjuicios morales y otros 20 SMLMV por daño en la salud, conforme al criterio jurisprudencial del Consejo de Estado.

1 La sentencia de primera instancia fue notificada el 13 de mayo de 2020 en estados y el recurso fue interpuesto el 18 de mayo del mismo año, esto es, dentro de los 10 días siguientes conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 2 Expediente digital en SAMAI. Carpeta en OneDrive. Documento: Demanda0002RADICADO: 680013333008-2018-00151-01

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Finalmente, requiere que las sumas reconocidas se ajusten con base en la variación del IPC y que se reconozcan los intereses causados, de conformidad con lo previsto en el artículo 192 del CPACA.

2. Hechos El demandante afirma que el 13 de enero de 2017, aproximadamente a las 7:00

p.m., transitaba en su motocicleta de placas DUZ 56C por la calle 45 con carrera 2 del municipio de Bucaramanga. Indica que, al llegar a dicho sector, perdió el control del vehículo debido a un hundimiento en la vía, lo que ocasionó un accidente que fue registrado en el acta de minuta elaborada por el CAI de la Policía Nacional de Campo Hermoso ese mismo día.

del vehículo debido a un hundimiento en la vía, lo que ocasionó un accidente que fue registrado en el acta de minuta elaborada por el CAI de la Policía Nacional de Campo Hermoso ese mismo día. Sostiene que, como consecuencia del siniestro, sufrió politraumatismos, trauma cerrado de tórax y múltiples fracturas en los arcos costales izquierdos, conforme lo acreditó la epicrisis expedida por la clínica Serviclínicos Dromédica S.A. Señala que, debido al impacto, perdió el conocimiento, motivo por el cual la motocicleta fue trasladada al CAI mencionado por parte de los uniformados que atendieron la emergencia, ya que no fue posible ubicar a un familiar en el lugar de los hechos. Precisa que, tras el accidente, recibió treinta días de incapacidad total y debió asistir a diez sesiones de fisioterapia. Agrega que asumió personalmente los gastos de reparación de la motocicleta, los cuales ascendieron a $396.000. Por último, refiere que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, mediante dictamen del 29 de diciembre de 2017, le otorgó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral equivalente al 13,80 %.

B. Contestación3

El Municipio de Bucaramanga se opone a las pretensiones al considerar que no existe causa eficiente ni respaldo probatorio que justifique la declaratoria de responsabilidad. Reconoce algunos de los hechos narrados por el demandante, pero cuestiona que el accidente haya sido causado por el estado de la vía. Señala que no puede descartarse la existencia de otras causas, como el exceso de velocidad o un error humano, que pudieron originar la pérdida de control de la motocicleta.

el accidente haya sido causado por el estado de la vía. Señala que no puede descartarse la existencia de otras causas, como el exceso de velocidad o un error humano, que pudieron originar la pérdida de control de la motocicleta. Afirma que no todo accidente de tránsito es atribuible al Estado y que debe acreditarse un nexo causal claro entre el daño y una omisión concreta de la administración. Explica que, tratándose de actividades peligrosas, la jurisprudencia ha establecido que el régimen objetivo por riesgo excepcional solo aplica cuando el daño afecta a un tercero. En ca mbio, si el afectado es quien ejecuta directamente la actividad peligrosa, como en este caso, el régimen aplicable es el de falla del servicio. Sostiene que corresponde al demandante demostrar que el accidente fue consecuencia directa del hundimiento de la vía, y no de una conducta propia, para que se le pueda imputar responsabilidad. Finalmente, p ropone la excepción de prescripción respecto de todas las pretensiones e intereses que, de acuerdo con la ley, hayan superado el término legal para ser reclamadas judicialmente.

C. La sentencia recurrida4

Mediante sentencia del 14 de septiembre de 2020, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bucaramanga declara responsable al Municipio de Bucaramanga por los daños ocasionados al señor Luis Alfredo Ramírez Pabón con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 13 de enero de 2017, y conden a en costas a la entidad demandada, así:

3 Expediente digital en SAMAI. Carpeta en OneDrive. Documento: 04. 2018-151 (Folio 51-80) folio 16-20

entidad demandada, así:

3 Expediente digital en SAMAI. Carpeta en OneDrive. Documento: 04. 2018-151 (Folio 51-80) folio 16-20 4 Expediente digital en SAMAI. Carpeta en OneDrive. Documento: 11. Sentencia Primera Instancia 2018-00151-00RADICADO: 680013333008-2018-00151-01

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PRIMERO. DECLARAR administrativamente responsable al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, por los perjuicios ocasionados al señor LUIS ALBERTO RAMÍREZ PABÓN, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a pagar al señor LUIS ALBERTO RAMÍREZ PABÓN por concepto de perjuicios morales a la suma de 17.556.040, equivalente a VEINTE (20) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, de acuerdo con lo señalado en la parte considerativa. TERCERO. CONDENAR al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a pagar por al señor LUIS ALBERTO RAMÍREZ PABÓN por concepto de daño a la salud la suma de 17.556.040 equivalente a VEINTE (20) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, conforme lo expuesto en la parte motiva.

suma de 17.556.040 equivalente a VEINTE (20) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, conforme lo expuesto en la parte motiva. CUARTO. CONDENAR en costas a la parte demandada – MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y a favor de la parte demandante, según lo dispuesto en el Código General del Proceso. QUINTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda, relacionadas con los perjuicios materiales de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. El juzgado concluye que el daño alegado por el demandante se encuentra acreditado, con base en la historia clínica, la epicrisis, las órdenes de fisioterapia y el registro de la Policía Nacional, que dan cuenta de l accidente ocurrido el 13 de enero de 2017 en la calle 45 con carrera 2 de Bucaramanga. En este sentido, argumenta que el accidente fue consecuencia directa de un hueco sin señalización en la vía, cuya existencia fue confirmada por el patrullero Pablo Martínez y el testigo Alberto Herrera, quienes indicaron que el señor Ramírez Pabón perdió el control de la motocicleta al pasar por dicho obstáculo, sin que mediara colisión ni exceso de velocidad. Resalta que, aunque no se aportó informe técnico de tránsito, esta prueba no era «indispensable», pues el afectado fue trasladado de inmediato al centro médico tras perder el conocimiento. Valora, en cambio, la prueba testimonial y documental que acredita la omisión del municipio en el mantenimiento y señalización de la vía. Con base en dichas pruebas, encuentra probada una falla del servicio imputable al

perder el conocimiento. Valora, en cambio, la prueba testimonial y documental que acredita la omisión del municipio en el mantenimiento y señalización de la vía. Con base en dichas pruebas, encuentra probada una falla del servicio imputable al Municipio de Bucaramanga, al no garantizar condiciones seguras en la vía ni adoptar medidas preventivas, lo que generó el accidente y las lesiones sufridas por el demandante. En cuanto a los perjuicios, niega los materiales por falta de prueba idónea, al no acreditarse relación directa entre las facturas aportadas y la motocicleta siniestrada; y reconoce 20 SMLMV por perjuicio moral y otros 20 por daño a la salud, al constatar una pérdida de capacidad laboral del 13,80 % y secuelas permanentes en el hombro izquierdo.

D. La apelación El Municipio de Bucaramanga 5 solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su inconformidad, sostiene que no se probó el nexo de causalidad entre el daño sufrido por el señor Luis Alberto Ramírez Pabón y una omisión que le sea imputable.

Afirma que, si bien el actor sufrió un accidente de tránsito el 13 de enero de 2017 en la calle 45 con carrera 2 de Bucaramanga, no se demostró que este fuera causado por un hueco en la vía. Aduce que no se aportó informe técnico de tránsito que permitiera esclarecer las causas del siniestro, ni se acreditó si el demandante conducía con exceso de velocidad o si intervino un factor externo ajeno a la

que permitiera esclarecer las causas del siniestro, ni se acreditó si el demandante conducía con exceso de velocidad o si intervino un factor externo ajeno a la

5 Expediente digital en SAMAI. Carpeta en OneDrive. Documento: 15. ApelacionRADICADO: 680013333008-2018-00151-01

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administración. Resalta que tampoco se probó de forma suficiente el daño material reclamado. Cita el concepto del Ministerio Público, en el que se advirtió la ausencia de pruebas técnicas que confirmaran la hipótesis de que el hundimiento en la vía fue la causa directa del accidente. En su criterio, la simple existencia del daño no basta para atribuir responsabilidad, si no se acredita una relación de causa y efecto con una conducta imputable a la administración. Cuestiona el valor probatorio otorgado por el a quo a la declaración del patrullero que atendió el accidente, pues, a su juicio, no presenció los hechos y sus afirmaciones se sustentan en versiones de terceros. Alega que se trató de una apreciación subjetiva, carente de respaldo técnico o pericial. Adicionalmente, argumenta que el demandante ejercía una actividad peligrosa como lo es la conducción de una motocicleta, lo que exige una valoración más rigurosa de su conducta. Sostiene que, cuando la víctima desarrolla la actividad

Adicionalmente, argumenta que el demandante ejercía una actividad peligrosa como lo es la conducción de una motocicleta, lo que exige una valoración más rigurosa de su conducta. Sostiene que, cuando la víctima desarrolla la actividad riesgosa, el análisis debe hacerse bajo el régimen de falla probada del servicio, y que en este caso no se acreditó de forma plen a una omisión de su parte ni la diligencia exigida al conductor.

E. Trámite de segunda instancia Mediante auto del 14 de enero de 2021 6, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. Posteriormente, mediante auto del 17 de junio de 20227, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto. De esta etapa procesal se destacan las siguientes intervenciones: La parte demandante8 solicita que se confirme la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, se mantenga la declaratoria de responsabilidad administrativa contra el Municipio de Bucaramanga por los perjuicios derivados del accidente de tránsito ocurrido el 13 de enero de 2017.

Sostiene que el daño antijurídico se encuentra probado con la historia clínica, el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez y los testimonios rendidos en el proceso. Precisa que el accidente fue provocado por un hueco sin señalización en la vía, lo que generó pérdida de control de la motocicleta y graves lesiones físicas, incluida una pérdida de capacidad laboral del 13,80 %. Afirma que la administración incurrió en una omisión en su deber legal de mantener y señalizar adecuadamente las vías públicas, lo cual dio lugar a una situación de

físicas, incluida una pérdida de capacidad laboral del 13,80 %. Afirma que la administración incurrió en una omisión en su deber legal de mantener y señalizar adecuadamente las vías públicas, lo cual dio lugar a una situación de peligro que lo afectó directamente. Indica que el municipio estaba obligado a garantizar condiciones mínimas de seguridad vial, y que su incumplimiento configura una falla en el servicio. Refiere que el daño no le puede ser atribuible, pues como ciudadano tenía derecho a transitar sin poner en riesgo su integridad física. El Municipio de Bucaramanga 9 solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y se nieguen las pretensiones de la demanda. Reitera los argumentos expuestos en la apelación, en el sentido de que no se acreditó el nexo causal entre el accidente sufrido por el señor Luis Alfredo Ramírez Pabón y una omisión que le sea imputable. Afirma que, si bien se demostró la ocurrencia del accidente en la calle 45 con carrera 2, en sentido Bucaramanga – Girón, no se probó que este haya sido provocado por un hundimiento en la vía. Precisa que no se allegó informe técnico de tránsito que permitiera establecer de manera objetiva las causas del siniestro, lo que impide vincular directamente el estado de la vía con las lesiones alegadas.

6 Expediente digital en SAMAI. Carpeta en OneDrive. Documento: 24. (14 Ene 21) Auto admite apelacion 7 Expediente digital en SAMAI. Índice 9. Documento: 4_AUTOQUEORDENACORRERTRASLADO(.docx)

6 Expediente digital en SAMAI. Carpeta en OneDrive. Documento: 24. (14 Ene 21) Auto admite apelacion 7 Expediente digital en SAMAI. Índice 9. Documento: 4_AUTOQUEORDENACORRERTRASLADO(.docx) 8 Expediente digital en SAMAI Índice 14. Documento: 7_RECEPCIONDEMEMORIAL_ALEGATOS_LUISALFRED(.pdf) 9 Expediente digital en SAMAI Índice 15. Documento: 8_RECEPCIONDEMEMORIAL_FWD__UNDELIVERABLE__(.zip)RADICADO: 680013333008-2018-00151-01

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Sostiene que la declaración del patrullero que intervino como primer respondiente no puede considerarse prueba concluyente, ya que no presenció el momento exacto del accidente y sus afirmaciones se limitaron a reproducir versiones de terceros. A su juicio, estas apreciaciones carecen de valor probatorio suficiente para fundamentar una condena. Cita nuevamente el concepto emitido por la Procuraduría, que advirtió la ausencia de pruebas técnicas que respaldaran la hipótesis de que el hundimiento en la vía fue la causa directa del accidente, y subraya que esa deficiencia probatoria impide establecer una relación clara entre la supuesta falla del servicio y el daño reclamado. Igualmente, cuestiona la valoración efectuada por el a quo sobre el informe policial

fue la causa directa del accidente, y subraya que esa deficiencia probatoria impide establecer una relación clara entre la supuesta falla del servicio y el daño reclamado. Igualmente, cuestiona la valoración efectuada por el a quo sobre el informe policial aportado, al considerar que no cumple con los requisitos previstos en el artículo 144 del Código Nacional de Tránsito, ni describe con precisión el estado de la vía, la ubicación del vehículo ni las condiciones de seguridad. Insiste que el demandante, al momento del accidente, desarrollaba una actividad calificada como peligrosa por la jurisprudencia , por lo que considera que debía extremar sus deberes de autoprotección y conducir con el nivel de cuidado que dicha actividad impone. En su criterio, al no existir prueba que demuestre que el conductor observó las normas de tránsito ni que excluya otras causas del hecho, no se le puede imputar responsabilidad.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. El problema jurídico y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico: ¿Es procedente atribuir responsabilidad al Municipio de Bucaramanga por el accidente de tránsito sufrido por un motociclista, presuntamente causado por un hueco en la vía, cuando la prueba sobre la existencia del hueco y su nexo causal con el daño se circu nscribe a un informe policial y a un testimonio presencial, sin aportarse el informe de accidente previsto en el artículo 144

un hueco en la vía, cuando la prueba sobre la existencia del hueco y su nexo causal con el daño se circu nscribe a un informe policial y a un testimonio presencial, sin aportarse el informe de accidente previsto en el artículo 144 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, cuyo levantamiento fue imposible en el momento de los hechos?

Tesis: Sí.

Fundamento jurídico: El proceso de reparación directa se rige por el principio de libertad probatoria, salvo disposición legal en contrario. No existe norma que exija acreditar la ocurrencia de un accidente de tránsito ni la existencia del defecto vial exclusivamente mediante el informe de accidente previsto en el artículo 144 del Código Nacional de Tránsito. En este caso, el demandante perdió el conocimiento al momento del siniestro, fue trasladado de inmediato a urgencias y la motocicleta fue retirada por terceros, lo que impidió la elaboración de dicho informe técnico. En este contexto, imponerle la carga de aportarlo resulta irrazonable y desproporcionado.

La ausencia del informe técnico no implica carencia de prueba, pues se aportaron medios válidos que acreditan la existencia del hueco y su relación causal con el accidente. En un informe policial elaborado minutos después, el patrullero Pablo Martínez Caba llero señala la existencia del hueco. Asimismo, a partir de la información que le suministraron las personas presentes en el lugar, plantea que el hueco fue la causa del siniestro. Esta versión fue corroborada por un testigo presencial que manifestó haber visto la caída del demandante en dicho hueco, además de confirmar la falta de señalización y reparación de este durante un tiempo

hueco fue la causa del siniestro. Esta versión fue corroborada por un testigo presencial que manifestó haber visto la caída del demandante en dicho hueco, además de confirmar la falta de señalización y reparación de este durante un tiempo prolongado.RADICADO: 680013333008-2018-00151-01

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La declaración del patrullero, ratificada en audiencia y elaborada en ejercicio de funciones oficiales, goza de presunción de autenticidad conforme al artículo 244 del Código General del Proceso. Tanto dicho informe como el testimonio presencial son medios de prueba conducentes, según lo dispuesto en el artículo 165 del C.G.P. La posición de la parte demandada, que cuestiona la veracidad del testigo y niega el vínculo entre el defecto en la vía y el accidente, se basa en meras suposiciones. En este tipo de casos, no puede exigirse una prueba diabólica, imposible de aportar, como estrategia para evadir la responsabilidad estatal cuando los elementos de convicción disponibles demuestran claramente la falla del servicio y su nexo causal con el daño sufrido. Para sustentar la tesis planteada, la Sala: (i) analizará el marco jurisprudencial sobre la responsabilidad estatal por daños causados por la falta de mantenimiento y señalización de vías públicas; (ii) estudiará las reglas que rigen la valoración

Para sustentar la tesis planteada, la Sala: (i) analizará el marco jurisprudencial sobre la responsabilidad estatal por daños causados por la falta de mantenimiento y señalización de vías públicas; (ii) estudiará las reglas que rigen la valoración probatoria en los procesos que se adelantan ante esta Jurisdicción, en particular el principio de libertad probatoria, a partir de las cuales concluirá que el informe de tránsito regulado en el artículo 144 del Código Nacional de Tránsito no es prueba indispensable para acreditar las circunstancias del accidente, máxime cuando su exigencia impone una carga irrazonable e inalcanzable, concepto reconocido en la jurisprudencia como prueba diabólica; y, con base en ello, (iii) analizará el material probatorio obrante en el expediente, en particular el informe policial rendido el día de los hechos y la declaración del testigo presencial, para demostrar que las lesiones sufridas por el demandante fueron causadas en un accidente de tránsito que ocurrió por un hueco en una vía que no había sido señalizado, lo que configura una falla del servicio imputable al Municipio de Bucaramanga.

C. Marco jurídico

1. La responsabilidad del Estado por daños causados en accidentes de tránsito ocasionados por la falta de mantenimiento vial y la ausencia de señalización de vías en mal estado La conduc ción de vehículos automotores es una actividad peligrosa que per se coloca a los ciudadanos ante un peligro inminente de recibir una lesión 10. En este escenario de riesgo, es apenas lógico que la autoridad encargada de la administración y mantenimiento de las vías destinadas al tránsito de vehículos no

coloca a los ciudadanos ante un peligro inminente de recibir una lesión 10. En este escenario de riesgo, es apenas lógico que la autoridad encargada de la administración y mantenimiento de las vías destinadas al tránsito de vehículos no pueda brindar a los ciudadanos garantías plenas de protección frente a todos los posibles daños a los que constantemente se ven expuestos. Sin embargo, el ordenamiento jurídico asigna a las autoridades responsables de las vías un rol fundamental en la prevención de accidentes de tránsito, encargándoles funciones relacionadas con la seguridad vial y la reducción de los riesgos de accidentalidad. Entre estas funciones se encuentran la construcción de carreteras seguras con altos estándares de calidad y oportunidad, orientadas a la «visión de cero muertes en accidentes»11, el mantenimiento adecuado de las vías y la señalización precisa para informar a los usuarios sobre situaciones de peligro que puedan incrementar la exposición a los riesgos propios de esta actividad12. Son peligros previsibles que pueden evitarse o mitigarse mediante la instalación de señales de tránsito y otros dispositivos de señalización, las grietas13, los huecos 14, los hundimientos15 y, en general, cualquier obstáculo que afecte las condiciones de

10 Corte Constitucional, Sentencia T-609 de 2014 11 Art. 8º y s.s. de la Ley 1682 de 2013, Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias. ARTÍCULO 8o. Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes principios, bajo los cuales se planeará y desarrollará la infraestructura del transporte: Seguridad. La infraestructura de transporte que se construya en el país deberá atender

conceden facultades extraordinarias. ARTÍCULO 8o. Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes principios, bajo los cuales se planeará y desarrollará la infraestructura del transporte: Seguridad. La infraestructura de transporte que se construya en el país deberá atender a criterios y estándares de calidad, oportunidad, seguridad y la visión de cero muertes en accidentes, para cualquier modo de tran sporte. Esta seguridad involucra las acciones de prevención o minimización de accidentes de tránsito y las encaminadas a proveer la información de las medidas que deben adoptarse para minimizar las consecuencias de un accidente al momento de su ocurrencia. 12 GIL BOTERO, Enrique. Responsabilidad Extracontractual del Estado, 4ª edición, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2010, p. 377. C itado en: CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 24 de abril de 2017, exp. 37838. También puede analizarse la Sentencia del 29 de marzo de 2019, C.P. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS, Rad. 68001-23-31-000-2004-02686-01(42731), Actor: LIANA MARGARITA ARTETA TAPIAS Y OTROS. 13 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera. Sentencia del 10 de febrero de 2000, exp. 1202. 14 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 14 de junio de 2018, exp. 46668; del 26 de noviembre de 2018, exp. 41940; 15 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 3 de octubre de 2016, exp 38160RADICADO: 680013333008-2018-00151-01

41940; 15 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 3 de octubre de 2016, exp 38160RADICADO: 680013333008-2018-00151-01

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seguridad del tránsito vehicular susceptible de ser anticipado 16. Prevenir a los usuarios de las vías sobre los peligros que estos obstáculos generan, bien sea señalizándolos o, de ser necesario, regulando o restringiendo el tráfico vehicular, es el más elemental de los deberes de quien está a cargo del mantenimiento y conservación de las vías públicas. Como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia, el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad en las vías públicas compromete la responsabilidad de las entidades estatales encargadas de su administración y conservación, especialmente cuando existen baches o huecos que interrumpen el tránsito continuo y seguro y no están debidamente señalizados, lo que impide que el conductor advierta con suficiente antelación la situación de peligro y pueda ejecutar una maniobra evasiva oportuna. El cumplimiento de esta obligación reviste especial relevancia frente a los motociclistas, cuya exposición al riesgo es mayor y quienes, amparados en el principio de confianza legítima, tienen razones para suponer que una vía habilitada

El cumplimiento de esta obligación reviste especial relevancia frente a los motociclistas, cuya exposición al riesgo es mayor y quienes, amparados en el principio de confianza legítima, tienen razones para suponer que una vía habilitada al tráfico no presentará irregularidades de tal gravedad o, cuando menos, que estas estarán debidamente señalizadas si no han podido ser corregidas. La omisión en esa señalización vulnera el estándar mínimo de diligencia exigible a la administración17. Sobre esta causa de accidentalidad, u na investigación académica desarrollada en Bucaramanga identificó el mal estado de la vía como uno de los factores relevantes en la