TA SAN - Sentencia 680013333008-2018-00198-02 (13-03-2025)

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SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada Ponente: LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Bucaramanga, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide la apelación interpuesta por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida el veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023) por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga previa la siguiente reseña:

Radicado:

680013333008-2018-00198-02

Demandante:

NANCY MARLENY CARRILLO ALVARADO con cédula de ciudadanía No. 35.460.149 JULIA HERMINIA MARQUEZ FORERO con cédula de ciudadanía No. 28.089.631 MARIA EUGENÍA CRUZ VEGA con cédula de ciudadanía No. 63.375.651

Correo electrónico: anibalcarvajalvasquez@hotmail.com

Demandado:

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Correo electrónico: jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

Ministerio

Público:

EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER, Procuradora 158 Judicial ll para Asuntos Administrativos.

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co

Medio de control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEL

DERECHO DE CARÁCTER LABORAL

Tema:

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co

Medio de control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEL

DERECHO DE CARÁCTER LABORAL

Tema:

Bonificación judicial empleados de la Fiscalía General de la Nación Decreto 382 de 2013 / Se confirma la sentencia de primera instanciaTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Nancy Marlene Carrillo y otros. vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680013333008-2018-00198-02 2

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I. LA DEMANDA1

A. Pretensiones

La parte demandante pretende que se declare la nulidad de l acto administrativo contenido en: (i) el oficio No. 31200-0508 del 08 de noviembre de 2017 expedido por la subdirección de apoyo nororiental de la Fiscalía General de la Nación mediante el cual se niega reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y, (ii) de la Resolución No. 20244 del 01 de febrero de 2018 proferida por el Subdirector de Talento Humano, que resolvió los recursos de apelación contra el precitado oficio del 08 de noviembre de 2017 confirmándolo en todas sus partes. Como consecuencia de la declaración de nulidad de los anteriores actos administrativos, pretende se ordene a la entidad demandada reconocer la bonificación judicial del Decreto 382 de 2013 como factor salarial y prestacional, así mismo que se condene en costas y que, se ajuste la condena tomando como base el IPC.

B. Hechos2

bonificación judicial del Decreto 382 de 2013 como factor salarial y prestacional, así mismo que se condene en costas y que, se ajuste la condena tomando como base el IPC.

B. Hechos2

Como fundamento de las pretensiones, las demandantes afirman, en síntesis, que laboran en la Fiscalía General de la Nación Seccional Santander.

Dicen que, en ejercicio de la facultad conferida por el legislador en el ar t. 14 de la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional creó a favor de los servidores de la Fiscalía General de la Nación la denominada bonificación judicial a través del Decreto 0382 del 6 de marzo de 2013, en cuyo art. 1 se dispuso que la bonificación judicial sería reconocida mensualmente y restringió sus efectos salariales al prever que constituiría únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El 30 de octubre de 2017 las demandantes presentaron petición ante la Fiscalía General de la Nación , mediante la cual se solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la consecuente reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tiene derecho.

1 Archivo No. 001 Expediente PDF. 2 Págs. 4 a 5 ibidem.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Nancy Marlene Carrillo y otros. vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680013333008-2018-00198-02 3

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El 08 de noviembre de 2017 , mediante el oficio No. 31200 -0508, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativa. La anterior decisión fue recurrida y, en consecuencia, la Fiscalía General de la Nación expide la Resolución No. 20244 del 01 de febrero de 2018 a través de la cual se confirmó la decisión denegatoria.

C. Normas violadas y concepto de violación

Se invocan como como violadas Art. 14 Ley 4 de 1992, Convenio No. 095 OIT, Art. 53 de la Constitución Política.

En desarrollo del concepto de violación, expone que, l os actos administrativos demandados resultan violatorios a las normas nacionales y más aún a los tratados internacionales, razón por la cual se debe inaplicar la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el art. 1º del Decreto 382 de 2013.

Arguye que, deben darse todos los efectos jurídicos de salario a la bonificación judicial, toda vez que esta se devenga en forma periódica y como contraprestación directa del servicio, tal y como se estableció por el Consejo de Estado frente al asunto relacionado con la pr ima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, antecedente que no solo resulta pertinente y necesario, sino que deja sin argumentos cualquier negativa que en contrario intente erigirse.

asunto relacionado con la pr ima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, antecedente que no solo resulta pertinente y necesario, sino que deja sin argumentos cualquier negativa que en contrario intente erigirse. Manifiesta que, l a bonificación judicial es un incremento salarial con efectos salariales no únicamente para la cotización a seguridad social en salud y pensiones, sino para la liquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados por los demandantes y por tanto, se debe inaplicar el Decreto 382 de 2013 por ser violatorio de la Constitución Política y las Leyes.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Fiscalía General de la Nación -Págs. 93 a 120 archivo No. 01-, por intermedio de apoderado judicial, se opone a la totalidad de las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su oposición afirma que, se presenta una constitucionalidad de la restricción del carácter salarial de la bonificación judicial porque, el DecretoTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Nancy Marlene Carrillo y otros. vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680013333008-2018-00198-02 4

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382 de 2013 se expidió en desarrollo de la Ley 4 de 1992, mediante la cual se señalan las normas y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos. La ley precitada tiene como sustento los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, esto es, que le corresponde al Congreso hacer las leyes.

fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos. La ley precitada tiene como sustento los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, esto es, que le corresponde al Congreso hacer las leyes.

En ese sentido anota que, el texto constitucional habilita a las normas jurídicas con inferior jerarquía a que modulen los factores remuneradores habituales que recibe el empleado sin que prima facie se reputen como salario o incluso cuando se imputan como salario se excluyan o no del reconocimiento del pago de prestaciones sociales sobre su base.

Por otro lado, manifiesta que, debe aplicarse el mandato de sostenibilidad fiscal de que habla el art. 334 modificado por el Art. 1 del acto legislativo 3 de 2011, que debe ser atendido por todas las ramas y órganos del poder público. Dice que, de ampliarse el carácter salarial de la bonificación judicial, se rompería el equilibrio entre recursos disponibles y gastos de la nación, lo que produciría una crisis fiscal.

Pone de presente que, es el legislador y/o Gobierno Nacional, según sea el caso, el facultado para regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, siendo así, tanto la creación, como la modificación o eliminación de cualquier emolumento laboral debe estar dispuesto en normas, ya sea denominadas Leyes o Decretos, en las cuales se discrimina de forma particular para cada factor salarial o prestacional: i) el periodo de liquidación, ii) el modo de liquidación, iii) el momento en que debe realizarse su pago, y iv) la base de liquidación de cada rubro.

Agrega que, dio estricto cumplimiento a lo ordenado por el Decreto 382 de 2013, el

momento en que debe realizarse su pago, y iv) la base de liquidación de cada rubro.

Agrega que, dio estricto cumplimiento a lo ordenado por el Decreto 382 de 2013, el cual a la fecha goza de presunción de legalidad y se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico. Propone la excepción de cobro de lo no debido con fundamento en que, dio aplicación a lo que en materia salarial y prestacional debe seguirse para sus servidores, de acuerdo con el régimen vigente, y en consecuencia no le es dable entrar a reconocer lo que la ley no le concede.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Nancy Marlene Carrillo y otros. vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680013333008-2018-00198-02 5

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Solicita se aplique la prescripción de los derechos laborales, en particular para el presente caso, la norma prevé que el plazo máximo para solicitar el reconocimiento de dichos derechos es de 3 años contados desde su exigibilidad. Finalmente dice, que ha actuado de buena fe porque, ha tenido en cuenta las normas legales vigentes, los principios aceptados por la doctrina y jurisprudencia y debe ser exonerada de cualquier condena.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

Resuelve: «PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN TRIENAL, frente a las sumas adeudadas, causadas con anterioridad al 30 de octubre de 2014.

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al

octubre de 2014.

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 382 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021 y 471 de 2022 por las razones expuestas.

TERCERO: Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: - Oficio 31200-0508 del 8 de noviembre de 2017 proferido por la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la Nación. - Resolución 20244 del 1 de febrero de 2018 proferida por la Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACION – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reliquidar y pagar a favor de NANCY MARLENE CARRILLO, JULIA HERMINIA MARQUEZ FORERO y MARIA EUGENIA CRUZ VEGA, todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 30 de octubre de 2014 incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 382 de 2013 hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento.

en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 382 de 2013 hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento.

3 Archivo No. 016 SAMAIGestión Documental.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Nancy Marlene Carrillo y otros. vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680013333008-2018-00198-02 6

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Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario. La suma que resulte a favor del demandante debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia. La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: Negar las excepciones propuestas relacionadas con la constitucionalidad de la restricción de carácter salarial, aplicación del mandato normativo, legalidad de los actos administrativos, cumplimiento de un deber legal, cobro de lo no debido, buena fé, por las razones expuestas.

SEXTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO.

[…]»

Para tomar la decisión que atrás se reseña, sostiene la Juez de primera instancia que, l a bonificación judicial le ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual a la p. demandante, sin que esta haya sido considerada factor salarial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas y

que, l a bonificación judicial le ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual a la p. demandante, sin que esta haya sido considerada factor salarial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas y reconocidas, situación que es aceptada por la entidad demandada cuando afirma que, el hecho de no computar los valores en la forma en que lo depreca la parte actora, obedece al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el decreto cuando indica que este emolumento solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Explica que , resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite considerarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia norma estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y por lo tanto habitual y periódico, de manera que cumple las características de ser una remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Nancy Marlene Carrillo y otros. vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680013333008-2018-00198-02 7

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Recaba en que, la bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, pero al limitarle los efectos que ella

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Recaba en que, la bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidación de las demás prestaciones, constituye una disminución final del monto reconocido, por lo tanto se constituye en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en la Ley 4 de 1992.

Itera que, e l límite advertido en la incidencia de la liquidación de las prestaciones percibidas por los servidores de la Fiscalía General de la Nación , a pesar de tratarse la bonificación otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de su calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o causa de la labor encomendada, lo que constituye en sí mismo salario y tiene incidencia para reliquidar las demás prestaciones sociales.

Concluye afirmando que, la bonificación judicial, reviste un carácter salarial y tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual, motivo por el ostenta el carácter permanente de la remuneración y genera, por tanto, la obligación de reliquidar las prestaciones sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salario devengado.

De allí que en atención al precedente expuesto se determine que la misma es factor salarial y en este sentido la expresión «no constituye factor salarial » deberá ser

sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salario devengado.

De allí que en atención al precedente expuesto se determine que la misma es factor salarial y en este sentido la expresión «no constituye factor salarial » deberá ser inaplicada por desconocer el concepto de salario en los términos señalados.

V. EL RECURSO DE APELACIÓN4

La Fiscalía General de la Nación, por intermedio de apoderada judicial, solicita se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen la totalidad de las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de su solicitud expone que, las pretensiones carecen de fundamentos facticos y jurídicos, por cuanto los actos demandados se limitaron a

4 Archivo No. 018 SAMAIGestión Documental.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Nancy Marlene Carrillo y otros. vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680013333008-2018-00198-02 8

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señalar el cumplimiento de un deber legal que le impuso el legislador a la Fiscalía General de la Nación a través del Decreto 0382 de 2013, el cual cuenta con plena vigencia y validez jurídica, al ceñirse a la Constitución y la Ley.

Explica que, las disposiciones contenidas en el Decreto 0382 de 2013, son producto de la facultad legal que es otorgada al Gobierno Nacional desde la Constitución Política de Colombia en su art. 150, regidas a su vez por los criterios señalados por el Congreso de la República en la Ley 4 de 1992, para la fijación del Régimen

de la facultad legal que es otorgada al Gobierno Nacional desde la Constitución Política de Colombia en su art. 150, regidas a su vez por los criterios señalados por el Congreso de la República en la Ley 4 de 1992, para la fijación del Régimen Salarial y Prestacional de los servidores públicos, entre ellos, los de la Fiscalía General de la Nación, por lo que de man era formal esta disposición goza de plena validez y eficacia jurídica, la cual se encuentra amparada por el principio de legalidad, más aún bajo el entendido que a la fecha dicha disposición no ha sido objeto de derogación o declaratoria de inconstituciona lidad o ilegalidad, por lo que a la Entidad que representa no le es posible modificar de alguna forma la norma, la interpretación o la aplicación de esta norma.

Dice que, al efectuar el estudio correspondiente sobre el tema no se encontró aparte normativo alguno a nivel nacional en el que se indique que todo lo que devengue un trabajador tenga que hacer parte de la base de liquidación de todos los factores salariales y prestacionales q ue este reciba. Al contrario, puntualmente frente al alcance de la definición internacional de salario, contenida en el artículo 1 del Convenio 095 de la OIT, se observa que la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 15 de marzo de l 2017, identificada con radicación No. 48001, indicó que dicho concepto de salario debe ser adoptado únicamente para determinar el alcance de las disposiciones de ese convenio, por lo cual no es dable otorgarle un alcance mayor; cómo se puede observar que el juzgador en este caso lo realizó, puesto que determinó que la definición de salario de dicho Convenio configuraba una razón principal por la cual se debía tener como factor salarial a la bonificación judicial, sin

mayor; cómo se puede observar que el juzgador en este caso lo realizó, puesto que determinó que la definición de salario de dicho Convenio configuraba una razón principal por la cual se debía tener como factor salarial a la bonificación judicial, sin que sea consecuencia de ampliar un car ácter salarial estuviera prevista en el alcance y contenido literal del convenio.

Refiere que, las disposiciones contenidas en el Decreto 0382 de 2013 y demás que reglamentan la materia, son producto de la facultad legal otorgada al Gobierno Nacional para la fijación del Régimen Salarial y Prestacional entre otros de la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual dicha disposición goza de plenaTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Nancy Marlene Carrillo y otros. vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680013333008-2018-00198-02 9

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validez y eficacia jurídica y se encuentra amparada por el principio de legalidad, por lo que no es viable darle otro alcance o interpretación.

Así mismo pone de presente que, el Decreto 382 de 2013, tuvo su origen no en una iniciativa del Gobierno Nacional, sino como un acuerdo de voluntades, fruto de las negociaciones con las asociaciones sindicales de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, las cuales, fueron integral y ampliamente debatidas por las distintas partes, como lo demuestran las actas de las reuniones de negociación celebradas para el efecto, dando lugar finalmente a la expedición del Decreto debatido.

Recaba en que, la decisión negativa de los actos acusados se derivó en

celebradas para el efecto, dando lugar finalmente a la expedición del Decreto debatido.

Recaba en que, la decisión negativa de los actos acusados se derivó en cumplimiento de un deber legal, al aplicar estrictamente lo regulado por el Decreto 0382 de 2013 y demás normas concordantes, puesto que no podría ser otro el obrar de la entidad que realizar el pago conforme a lo estipulado en el Decreto 382 de 2013, y consecuentemente emitir respuesta a los requerimientos de la parte actora conforme a la normatividad, que como se demostró es totalmente l egal y constitucional tanto de manera formal como de su contenido.

VI. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA El proceso es allegado al Despacho Ponente de esta providencia el 04.12.2024 por el H. Consejo de Estado que declara infundado el impedimento manifestado por los

Magistrados de esta Corporación -actuación No. 0 09-, el 12.02.2024 -actuación No. 012se obedece y cumple lo resuelto por el superior y, se admite el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada . El 03.03.2025 -actuación No. 018reingresa el expediente al Despacho Ponente para fallo , cuyo proyecto se registra el 05.03.2025 , para ser aprobado por la Sala de Decisión al día siguiente. Finalmente, es aprobada en Sala No. 08. De trámite se destacan los alegatos conclusivos presentados por la p. demandante en memorial del 17.02.2025 visible en la actuación No. 017 SAMAI, en la que, se ratifica en los hechos y pretensiones de la demanda alegando que, la bonificación

en memorial del 17.02.2025 visible en la actuación No. 017 SAMAI, en la que, se ratifica en los hechos y pretensiones de la demanda alegando que, la bonificación judicial devengada junto con su sa lario es un factor que debe tenerse en cuenta para la liquidación de prestaciones sociales. Refiere que, esa conclusión tiene comoTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Nancy Marlene Carrillo y otros. vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680013333008-2018-00198-02 10

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referente lo establecido en el Convenio No. 095 de la OIT que define el concepto de salario.

Ni la p. demandada ni el Ministerio Público actuaron en esta instancia.

VII. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia para conocer en segunda instancia Se trata de providencia susceptible de apelación, correspondiendo a este Tribunal en Sala, desatarla. Arts. 153 y 243 Ley 1437/2011.

B. Cuestión procesal previa de la suscrita Ponente en este asunto Se hace necesario traer a colación que en las pretensiones del escrito de demanda las señoras Nancy Marleny Carrillo Alvarado, Julia Herminia Márquez Forero y, María Eugenia Cruz Vega únicamente solicitan la declaración de la nulidad de los actos administrativos a través del cual le s fue negada la bonificación judicial dispuesta en el Decreto 382 de 2013 como factor salarial y prestacional.

A la fecha se encuentra en trámite proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que como demandante pretendo el reconocimiento de la prima

dispuesta en el Decreto 382 de 2013 como factor salarial y prestacional.

A la fecha se encuentra en trámite proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que como demandante pretendo el reconocimiento de la prima especial del 30% como factor salarial, el cual, es conocido por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga encontrándose en etapa de resolución de excepciones previas propuestas por esta entidad en la contestación de la demanda. Al respecto es pertinente advertir, como lo ha sostenido el Consejo de Estado, que la prima especial del 30% que devengué como Juez de la República es íntegramente diferente al régimen salarial de los empleados judiciales, por lo que nada tiene que ver este beneficio salarial con la bonificación judicial dispuesta en el Decreto 382 de 2013, tema que se debate en el presente proceso judicial.

Por otra parte, si bien presenté demanda de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, dicho proceso tiene como radicado al No. 680013333014-2016-00019-00 y ya culminó con sentencia de segunda instancia el 12.04.2024, encontrándose debidamente ejecutoriado. Ello significa, que si bien pudo existir un interés, este ya no es actual, toda vez, que dicho proceso ya terminó. Tal como también lo ha precisado el Consejo de Estado al declar ar infundados los impedimentos, en los casos en losTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Nancy Marlene Carrillo y otros. vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680013333008-2018-00198-02 11

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de segunda instancia. Demandante. Nancy Marlene Carrillo y otros. vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680013333008-2018-00198-02 11

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que los procesos ya han culminado, razón por la que los devuelve para que sean conocidos por quien realizó la manifestación de impedimento. Veamos:

En reiterada jurisprudencia el H. Consejo de Estado a decidir en casos con hechos similares, ha declarado infundado los impedimentos. Así puede verse en auto del 12 de septiembre de 2024, radicación:200013333002-2022-00570-01 (2358-2024), Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente Rafael Francisco Suárez Vargas, en el que sostuvo que las razones del juez para apartarse del conocimiento de un asunto, deben ser claras, explícitas y actuales, y que debe existir correspondencia entre el hecho que las origina y el supuesto fáctico establecido por el legislador, concluyendo que : (i) respecto de la manifestación de impedimento de los magistrados la Doris Pinzón Amado, José Antonio Aponte Olivella y Carlos Mario Arango Hoyos, quienes fundaron el mismo al considerar que el carácter salarial de la bonificación judicial también se podría reclamar respecto de la prima especial de servicios y la bonificación por compensación, señaló que el interés que se plantea no guarda identidad con la bonificación objeto de debate en ese proceso; y (ii) frente a la manifestación de impedimento del magistrado Carlos Mario Arango Hoyos, quien fundo el impedimento en atención a que ya había presentado demanda con similar causa, sostuvo que no constituye un hecho actual, toda vez que dicho

a la manifestación de impedimento del magistrado Carlos Mario Arango Hoyos, quien fundo el impedimento en atención a que ya había presentado demanda con similar causa, sostuvo que no constituye un hecho actual, toda vez que dicho proceso cuenta con fallo de segunda instancia. Nótese:

«Lo anterior comoquiera que, por un lado, los magistrados Doris Pinzón Amado, José Antonio Aponte Olivella y Carlos Mario Arango Hoyos afirmaron que el carácter salarial que se debate también podría predicarse respecto de otros emolumentos que hacen parte de su remuneración, ello quiere decir que el interés que se plantea no guarda identidad con la bonificación objeto de debate en este proceso y, en ese sentido, no se vislumbra la manera en que la resolución de la controversia les podría generar provecho o perjuicio.

Por otro lado, aunque los magistrados Carlos Mario Arango Hoyos y Manuel Fernando Guerrero Bracho afirmaron haber laborado, previamente, en el cargo de juez de la república y haber formulado reclamaciones judiciales , de la exposición realizada se hace evidente que la iniciada por el primero de ellos ya fue decidida en segunda instancia y, por ende, no constituye un hecho actual; en cuanto a lo expuesto por el segundo, se trata de una afirmación genérica, en la que no se precisa el emolumento que se discute en la causa judicial que presentó, ni se logra identificar si se trata de un proceso vigente, o si este ya finalizó y, por ende, ninguna de ellas cumple con los requisitos antes descritos, que dé lugar a separarlos del conocimiento del asunto.» (Negrilla fuera del texto original)Tribunal Administrativo de S