TA SAN - Sentencia 680013333008-2019-00113-02 (17-07-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE: Dr. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE

CONTROL

REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE FABIAN ENRIQUE VILLABONA PARRA

javierparrajimenez16@gmail.com

DEMANDADO NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL

notificaciones.bucaramanga@mindefensa.gov.co disan.juridica@buzonejercito.mil.co notificacionesDGSM@sanidad.mil.co lauraaceros0101@gmail.com ludin.gonzalez@mindefensa.gov.co ludin.gonzalez@gmail.com ceoju@buzonejercito.mil.co

TRAMITE APELACIÓN POR RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS

MATERIALES E INMATERIALES – CONSCRIPTO –

ENFERMEDAD GENERAL – CONFIRMA PARCIALMENTE PRIMERA INSTANCIA RADICADO 680013333008 - 2019 - 00113 - 02

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co

Se decide el rec urso de APELACIÓN interpuesto c ontra la s entencia del 29 de noviembre de 2024 proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES1

Se decide el rec urso de APELACIÓN interpuesto c ontra la s entencia del 29 de noviembre de 2024 proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES1

1. PRETENSIONES.

Se indican textualmente las siguientes:

“(…) PRIMERA: Se declare administrativa y solidariamente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, por los hechos sucedidos el 31 de julio de 2018, fecha en la cual se lleva a cabo la correspondiente Junta Médica Laboral en relación con el joven FABIAN ENRIQUE VILLABONA PARRA, y en la que éste se entera de las secuelas adquiridas, las cuales le dejan como lesión o afección INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL y como consecuencia de los daños de naturaleza antijurídica que le fueron ocasionados por la acción u omisión de las entidades demandadas, le produjo una disminución de la capacidad laboral del 9.5%..

SEGUNDA: Condenar a la NACIÓN (MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL) a pagar al demandante FABIAN ENRIQUE VILLABONA PARRA, a título de perjuicios morales, el equivalente en pesos

1 Expediente SAMAI – índice No. 003 – archivo No. 01 de OneDriveMedio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333008 - 2019 - 00113 - 02 Sentencia 2da instancia

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de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha en que se haga efectiva la condena impuesta mediante sentencia, o lo máximo

Sentencia 2da instancia

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de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha en que se haga efectiva la condena impuesta mediante sentencia, o lo máximo aceptado por la Jurisprudencia, en su condición de víctima directa.

TERCERA: Condena a la NACIÓN (MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL), a pagar a favor de FABIAN ENRIQUE VILLABONA PARRA, los perjuicios materiales (Lucro cesante – Consolidado y Futuro), causados como consecuencia de la prestación del Servicio Obligatorio Militar en el Ejército Nacional, teniendo en cuenta las siguientes bases de

liquidación:

• Un salario mínimo legal mensual vigente, que devengaba el joven FABIAN ENRIQUE VILLABONA PARRA, antes de ingresar al Ejercito Nacional, y con el cual ayudaba con los gastos del hogar, vigente en el mes de Julio de 2015, es decir la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($644.50.00) mensuales, más un treinta por ciento (30%) de prestaciones s ociales. Según las pautas seguidas por el Consejo de Estado, la suma con la cual se liquiden los perjuicios materiales no puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente para la fecha en la cual se dicte la sentencia definitiva, o cuando se apruebe el auto que liquide dichos perjuicios.

• La vida probable de la víctima o fallecido, según la tabla de supervivencia aprobada para los colombianos en la Superintendencia Financiera

(Resolución 1112 de junio 29 de 2007).

• La vida probable de la víctima o fallecido, según la tabla de supervivencia aprobada para los colombianos en la Superintendencia Financiera

(Resolución 1112 de junio 29 de 2007).

• Un grado de incapacidad laboral establecido en el acta de Junta Médico Laboral número 103043 que se llevó a cabo el día 31 de Julio de 2018, hecha en la Dirección Nacional del Ejército Nacional de la ciudad de

Bucaramanga – Santander.

• Actualizada dicha cantidad según la variación porcentual del índice de precios al consumidor existente entre el mes de Julio de 2018 y el que existía cuando se produzca el fallo definitivo.

• La fórmula de matemáticas financieras aceptada por el Honorable Consejo de Estado, teniendo en cuenta la indemnización debida o consolidada y la futura. Para liquidar estos perjuicios materiales, en su modalidad de lucro cesante debido o futuro, se debe ap licar la siguiente formula: (…) para un total, por perjuicios materiales a título de lucro cesante debido o consolidado y futuro de, VEINTICINCO MILLONES DE

PESOS M/CTE ($25.000.000.00).

CUARTA: Condenar a la NACIÓN (Ministerio de Defensa – Ejército Nacional), a pagar a favor de FABIAN ENRIQUE VILLABONA PARRA, el equivalente en pesos de cien (100) SMLMV, a la fecha de ejecutoría de la sentencia, o lo máximo aceptado por la jurisprudencia, con motivo del daño a la salud (anteriormente llamado daño fisiológico – vida en relación) que está sufriendo al haber padecido LEISHMANIASIS CUTÁNEA – CICATRICES

sentencia, o lo máximo aceptado por la jurisprudencia, con motivo del daño a la salud (anteriormente llamado daño fisiológico – vida en relación) que está sufriendo al haber padecido LEISHMANIASIS CUTÁNEA – CICATRICES DESCRITAS, lo cual le impide el desarrollo de las actividades cotidianas.Medio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333008 - 2019 - 00113 - 02 Sentencia 2da instancia

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QUINTA: Ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 195 y demás normas aplicables en la Ley 1437 de 2011…”

2. HECHOS.

Refiere la parte demandante que el joven FABIAN ENRIQUE VILLABONA PARRA ingresó como orgánico del Batallón de Infantería No. 14 CT ANTONIO RICAURTE – Bucaramanga – Santander, con el fin de prestar el servicio militar obligatorio, como soldado regular, es decir como soldado conscripto.

Manifiesta que cuando el joven empezó su servicio militar obligatorio gozaba de buena salud y no tenía ninguna incapacidad física. También que trabajaba desempeñando oficios varios y devengaba un salario mínimo legal mensual vigente, dinero que asegura su sustento y con el cual ayudaba en su hogar.

Narra que estando en la prestación del servicio militar obligatorio, el joven FABIAN ENRIQUE VILLABONA PARRA fue picado por un mosquito en su cuerpo, motivo por el que adquirió la enfermedad denominada LEISHMANIASIS CUTÁNEA, que dejó secuelas en su cuerpo . Consecuencia de las lesiones sufridas por el soldado VILLABONA PARRA fue diagnosticado con una incapacidad permanente parcial, lo

por el que adquirió la enfermedad denominada LEISHMANIASIS CUTÁNEA, que dejó secuelas en su cuerpo . Consecuencia de las lesiones sufridas por el soldado VILLABONA PARRA fue diagnosticado con una incapacidad permanente parcial, lo cual le genera traumas para desarrollar sus actividades cotidianas de manera habitual.

Manifiesta que, conforme a los hechos narrados, se llevó a cabo en Bucaramanga, Junta Médica Laboral número 103043 de fecha 31 de julio de 2018 en la cual se establecieron las correspondientes secuelas, producto de la LEISHMANIASIS ADQUIRIDA, oportunidad en la que se dictaminó una disminución de su capacidad laboral del 9.5%.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL2

Mediante apo derada, manifiesta su desacuerdo con los fundamentos fácticos enlistados en la demanda, señalando que de la historia clínica transcrita se puede establecer que los médicos de la especialidad de nefrología cumplieron a cabalidad con su deber de hacerle saber al demandante su diagnóstico y tratamiento desde el 30 de julio de 2008 que fue ingresado por primera vez. También porque dentro del plenario no se acredito que el servicio médico le hubiese generado al demandante una secuela o circunstancia propia del acto médico.

Refiere que, tal y como se puede observar del acta de junta médica laboral militar No. 103043 del 31 de julio de 2018 practicada al soldado FABIAN ENRIQUE VILLABONA PARRA, que el entonces conscripto fue declarado apto para la

No. 103043 del 31 de julio de 2018 practicada al soldado FABIAN ENRIQUE VILLABONA PARRA, que el entonces conscripto fue declarado apto para la actividad militar, determinánd ose en dicha ocasión la pérdida de su capacidad laboral en porcentaje del 9.5%, sin que obre prueba alguna que demuestre que dichas lesiones le impidan realizar cualquier otro trabajo.

2 Expediente SAMAI – índice No. 003 – archivo No. 02 de OneDrive – fol. 69Medio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333008 - 2019 - 00113 - 02 Sentencia 2da instancia

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Se advierte que no puede otorgarse valor probatorio al acta de la junta médica laboral militar incorporada al expediente para efectos de establecer la incapacidad e indemnización reclamada, ya que dicho documento fue elaborado exclusivamente con fines pres tacionales. Además, en caso de haberse determinado alguna incapacidad permanente en el entonces soldado, esta solo sería aplicable a la actividad militar. Por tanto, no resulta procedente tomar el porcentaje allí consignado como fundamento para acreditar l a causación de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, que se reclaman en esta oportunidad.

Propuso como excepción la que denominó como “caducidad”, precisando que en el caso en particular el joven FABIAN ENRIQUE VILLABONA PARRA fue diagnosticado con la afección física de “LEISMANIASIS” desde el 9 de octubre de 2014, fecha en la que se le realizó el respectivo tratamiento y desde la cual recibió la atención para su patología, motivo por el que considera, desde dicha fecha se

diagnosticado con la afección física de “LEISMANIASIS” desde el 9 de octubre de 2014, fecha en la que se le realizó el respectivo tratamiento y desde la cual recibió la atención para su patología, motivo por el que considera, desde dicha fecha se debe contabilizar el término para la interposición del presente medio de control, advirtiendo que el Consejo de Estado ha sido reiterativo al señalar que, para determinar la fecha de caducidad en caso de lesiones, la misma debe contabilizarse desde la fecha de la lesión o del diagnóstico, no así desde la determinación de la pérdida de capacidad laboral.

III. SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia de fecha 29 de noviembre de 2024 , el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, por lo perjuicios ocasionados al señor FABIÁN ENRIQUE VILLABONA PARRA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, a pagar por concepto de perjuicios morales a favor del señor FABIÁN ENRIQUE VILLABONA PARRA, la suma de TRECE MILLONES DE PESOS MCTE ($13.000.000) equivalente a DIEZ (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones que preceden.

TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO

($13.000.000) equivalente a DIEZ (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones que preceden.

TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL a pagar por concepto de daño a la salud a favor del señor FABIÁN ENRIQUE VILLABONA PARRA, la suma de TRECE MILLONES DE PESOS MCTE ($13.000.000) equivalente a DIEZ (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones que preceden.

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL a pagar por concepto perjuicios materiales a FABIÁN ENRIQUE VILLABONA PARRA, la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($34.912.188.94) de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

QUINTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda, atendiendo a las consideraciones expuestas.Medio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333008 - 2019 - 00113 - 02 Sentencia 2da instancia

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SECTO. SIN CONDENA en costas, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

Como fundamentos de su decisión, el A quo expuso lo siguiente:

Encontró acreditado el daño antijuridico padecido por el señor Fabián Enrique

este proveído.

Como fundamentos de su decisión, el A quo expuso lo siguiente:

Encontró acreditado el daño antijuridico padecido por el señor Fabián Enrique Villabona Parra, que no es otro que su pérdida de la capacidad laboral en un 9.5%, según la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, acaecido mientras prestaba su servicio militar.

En cuanto a la relación de causalidad indicó que, desde el punto de vista teórico resulta fácil diferenciar el tratamiento del nexo de causalidad dentro de los títulos objetivo y subjetivo, pues los primeros admiten la responsabilidad administrativa inmediatamente (el daño se relaciona con la actividad de l demandado con independencia de que se acredite si hubo o no culpa); mientras que el segundo, sólo acoge la responsabilidad cuando está relacionada con la culpa, con la irregularidad o la anormalidad en la actuación de la administración.

Conforme a lo anterior y frente al caso en concreto advirtió que, aunque no se acredito dentro del líbelo que el batallón donde el aquí demandante prestó el servicio militar obligatorio no le brindó las instrucciones necesarias sobre la enfermedad, tampoco si suministró o no los elementos necesarios para protegerse de esta, tales como toldillos, mosquiteros, repelentes, etc.,, lo que se enmarcaría como una falla en el servicio, lo cierto es que, dentro del proceso si se demostró que la afección fue adquirid a por el ahora demandante mientras prestable el servicio militar obligatorio, lo cual imponía una carga al aquí demandado, así como la responsabilidad de garantizar la integridad psicofísica del conscripto, en la medida

fue adquirid a por el ahora demandante mientras prestable el servicio militar obligatorio, lo cual imponía una carga al aquí demandado, así como la responsabilidad de garantizar la integridad psicofísica del conscripto, en la medida en que se trata de una persona que se encuentra sometida a su custodia y cuidado, lo cual, en términos de imputabilidad, significa que debe responder por los daños que le sean irrogados en relación con la ejecución de la carga pública, pues los conscriptos, únicamente tienen el deber de sopo rtar aquellas limitaciones o inconvenientes inherentes a la prestación del servicio militar obligatorio, como la restricción a los derechos fundamentales de locomoción, libertad, etc., pero si durante la ejecución de su deber constitucional les sobrevienen lesiones a bienes que tienen protección jurídica como la vida, integridad personal y la salud, ellas pueden ser causa de imputación de daño antijurídico al Estado, por cuanto en dicho caso, el soldado conscripto no comparte ni asume ese tipo de riesgos con el Estado.

En ese orden de ideas, precisó que desde el reclutamiento del joven Fabián Enrique, este quedó bajo la custodia y protección del Ejército Nacional y, en consecuencia, adquirió la carga de una vez terminado el servicio devolverlo a la sociedad en las mismas condiciones físicas y síquicas a aquellas que presentaba en el momento de la incorporación al servicio, lo que claramente no sucedió, tal y como se concluyó al analizarse el daño.

Conforme a lo anterior, ordenó a la entidad demandada a reconocer, a favor del aquí demandante, los siguientes perjuicios: i) daño moral en la suma equivalente a

analizarse el daño.

Conforme a lo anterior, ordenó a la entidad demandada a reconocer, a favor del aquí demandante, los siguientes perjuicios: i) daño moral en la suma equivalente a $13.000.000, ii) daño a la salud en la suma equivalente a ·13.000.000 y iii) por la suma de lucro cesante consolidad y futuro la suma equivalente a $34.912.188,94.Medio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333008 - 2019 - 00113 - 02 Sentencia 2da instancia

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IV. LA APELACIÓN3

La parte demandada. -

Reprocha el reconocimiento de perjuicios materiales y de daño a la salud que ordenó y liquidó primera instancia, aspecto respecto del cual efectuó las siguientes precisiones, las cuales se citan textualmente a continuación:

“(…) 1. Tal como lo advirtió el mismo fallo no está demostrada su imposibilidad para realizar trabajos diferentes a los propios de la actividad militar.

La secuela que dejó la afección leishmaniasis que dejó como secuela “cicatriz de un centímetro de muñeca derecha otra en la región cervical posterior y otra en el tobillo derecho”, que no le impide desarrollar ninguna actividad en su vida laboral, pues est e tipo de cicatrices no le limitaría que pueda ser empleado.

2. La afección leishmaniasis que dejó como secuela “cicatriz de un centímetro en dorso de muñera derecha otra en la región cervical posterior y otra en el tobillo derecho” no le produce ninguna limitación funcional para desempeñar alguna actividad productiva y trabajos físicos, las secuelas son superficiales.

en dorso de muñera derecha otra en la región cervical posterior y otra en el tobillo derecho” no le produce ninguna limitación funcional para desempeñar alguna actividad productiva y trabajos físicos, las secuelas son superficiales.

3. Se indemniza el perjuicio por lucro cesante cuando la lesión de la víctima le afecta la capacidad productiva, se limita un desempeño normal; y este perjuicio debe estar demostrado.

4. Otro aspecto es que procedía de la indemnización realizada por el Juzgado de instancia descontar de la liquidación el reconocimiento que la entidad realizó por pérdida de la capacidad laboral.

5. No ha lugar al reconocimiento de los perjuicios a la salud. La providencia recurrida, reconoce PERJUICIOS A LA SALUD, sin hacer ningún análisis de la lesión, sino limitándose exclusivamente a aplicar de manera objetiva la sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014., desconociendo con ello que en relación con los perjuicios a la salud hay una sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, providencia en la que se impone al juez realizar una valoración de la lesión de acuerdo a unas variables q ue deben estar demostradas en el proceso .”

Finalmente, solicitó no condenar en costas de segunda instancia.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por medio de auto del 7 de mayo de 2025 se admiti ó el recurso de apelación interpuestos contra de la sentencia de primera instancia en los términos de los artículos 67 y siguiente de la Ley 2080 de 2021.

3 Expediente SAMAI – índice No. 006Medio de control. Reparación directa.

interpuestos contra de la sentencia de primera instancia en los términos de los artículos 67 y siguiente de la Ley 2080 de 2021.

3 Expediente SAMAI – índice No. 006Medio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333008 - 2019 - 00113 - 02 Sentencia 2da instancia

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VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

La parte demandante y el Ministerio Público no concurrieron en esta etapa.

VII. CONSIDERACIONES

COMPETENCIA. Conforme al artículo 153 del CPACA el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los juzgados administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la p resente controversia.

PROBLEMA JURÍDICO. De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el recurso de apelación, le corresponde a la Sala establecer, si la condena impuesta por el a quo se encuentra ajustada a los parámetros establecidos en las sentencias de unificación emitidas por el Consejo de Estado respecto del reconocimiento de perjuicios, especialmente en lo relativo al daño a la salud y el lucro cesante consolidado y futuro.

VIII. MARCO JURIDICO Y JURISPRUDENCIAL

De la responsabilidad del Estado por daños ocasionados a quienes prestan servicio militar obligatorio

El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia consagra una cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos ocasionados

De la responsabilidad del Estado por daños ocasionados a quienes prestan servicio militar obligatorio

El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia consagra una cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos ocasionados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Los elementos que configuran esa responsabilidad son: i) un daño antijurídico; ii) la imputabilidad de este al Estado y; iii) el nexo de causalidad entre los precitados. Los mentados requisitos que se estudian a continuación.

Tratándose de eventos donde se le atribuye al Estado un daño antijurídico causado a una persona que presta servicio militar obligatorio, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido que la imputación de este puede ser de naturaleza objetiva –por medio de títulos como el daño especial o el riesgo excepcional– y por falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas allegadas al proceso, se encuentre acreditada aquella.8

Para llegar a dicha conclusión, esa Corporación ha diferenciado la clase de vínculo que se crea para el Estado frente a quienes prestan servicio militar obligatorio y respecto de los soldados y policías voluntarios o profesionales.

En el primer caso, el vínculo surge debido al cumplimiento del deber constitucional de defensa de la independencia, la soberanía nacional y las instituciones públicas, en el cual no nace relación de carácter laboral alguna, en tanto que en el segundo (los profesionales), aquél surge en virtud de una relación legal y reglamentaria consolidada a través del correspondiente acto administrativo de nombramiento y la consiguiente posesión del servidor.Medio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333008 - 2019 - 00113 - 02

consolidada a través del correspondiente acto administrativo de nombramiento y la consiguiente posesión del servidor.Medio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333008 - 2019 - 00113 - 02 Sentencia 2da instancia

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Con respecto a las personas que ingresan de forma voluntaria a la fuerza pública y la afectación de sus derechos a la vida y a la integridad personal que pueden sufrir durante el cumplimiento de las operaciones o misiones encomendadas constitucional, legal o reglamentariamente, tales como el acaecimiento de su deceso o la ocurrencia de lesiones, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha establecido:9

«La afectación de los derechos a la vida y a la integridad personal de los miembros de la Fuerza Pública constituye un riesgo propio de la actividad que dichos servidores públicos ordinariamente despliegan, riesgo que se concreta, por vía de ejemplo, en lo s eventos en los cuales tiene lugar el deceso o la ocurrencia de lesiones como consecuencia de combates, emboscadas, ataques de grupos subversivos, desarrollo de operaciones de inteligencia, entre otras actuaciones realizadas en cumplimiento de operaciones o de misiones orientadas a la consecución de los fines que constitucional y legalmente concierne perseguir a la Fuerza Pública; de allí que cuando el riesgo se concreta, al Estado en principio no resulta jurídicamente viable atribuirle responsabilidad ext racontractual alguna en sede judicial, salvo en aquellos casos en los cuales se demuestre que la lesión o la muerte devienen como consecuencia del acaecimiento de una falla en el servicio o de la materialización de un riesgo excepcional al cual se haya

sede judicial, salvo en aquellos casos en los cuales se demuestre que la lesión o la muerte devienen como consecuencia del acaecimiento de una falla en el servicio o de la materialización de un riesgo excepcional al cual se haya visto sometido el militar profesional afectado, riesgo de mayor entidad que aquel al cual se hayan visto expuestos sus demás compañeros en el desarrollo de la misión encomendada10».

Ahora bien, a diferencia del soldado o policía profesional, que se enlista en forma voluntaria a las filas de la fuerza pública con el fin de prestar un servicio a cambio de una contraprestación y que goza de una protección integral de carácter salarial y prestacional, el soldado o auxiliar de policía bachiller, el soldado regular, el soldado campesino o quien ingresa a las filas de la fuerza pública 11 a prestar su servicio militar obligatorio, sostiene una vinculación a la institución producto de la imposición de una carga o gravamen especial, que tiene como fin el bien colectivo y nace como un deber constitucional.

En el marco de esa situación, el conscripto no goza de protección laboral predeterminada frente a los riesgos a los cuales se le somete en cumplimiento de su cometido, por cuanto la ley tan sólo le reconoce algunas prestaciones, las cuales de ningún modo p ueden catalogarse como laborales y tampoco asimilarse al régimen a for fait previsto por la normatividad para los miembros profesionales de la fuerza pública.

Sobre el punto, en providencia del 14 de marzo de 2019, la Sección Tercera del Consejo de Estado reiteró:12

«[a]tendiendo a las condiciones concretas en las que se produjo el hecho, la Sala

Sobre el punto, en providencia del 14 de marzo de 2019, la Sección Tercera del Consejo de Estado reiteró:12

«[a]tendiendo a las condiciones concretas en las que se produjo el hecho, la Sala ha aplicado en la solución de los casos, los distintos regímenes de responsabilidad. Así, ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas; el de falla probada cuando la irregularidad administrativaMedio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333008 - 2019 - 00113 - 02 Sentencia 2da instancia

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produjo el daño y, el de riesgo cuando éste proviene o de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos; pero, en todo caso, ha considerado que el daño no será imputable al Estado cuando se h aya producido por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, por rompimiento del nexo causal. En providencia de 2 de marzo de 2000, dijo la Sala:

(…) demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el servicio militar, durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él, puede concluirse que aquél es imputable al Estado. En efecto, dado el carácter especial de esta situación, por las circunstancias antes anotadas, es claro que corresponde al Estado la protección de los obligados a prestar el servicio militar y la asunción de todos los riesgos que se creen como consecuencia de la realización de las diferentes

esta situación, por las circunstancias antes anotadas, es claro que corresponde al Estado la protección de los obligados a prestar el servicio militar y la asunción de todos los riesgos que se creen como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que a ellos se asignen. No será imputable al Estado el daño causado cuando éste haya ocurrido por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, eventos cuya demostración corresponderá a la parte demandada».13

En consecuencia, frente a los perjuicios ocasionados a soldados o auxiliares del Ejército o la Policía Nacional, en la medida en que su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado, al someterlos a la prestación de un servicio y al disponer de su libertad individual, surge una relación de especial sujeción que los hace sujetos responsables de los posibles daños que puedan padecer aquéllos en su desarrollo, razón por la cual es claro que el Estado debe responder, bien porque frente a ellos el daño provenga de: i) el rompimiento de las cargas públicas que no tengan la obligación jurídica de soportar; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al cual normalmente estarían sometidos y que puede tener origen en el riesgo de la actividad o en el riesgo de la cosa; o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial.14

En ese sentido, se ha afirmado que, en relación con las personas que prestan servicio militar obligatorio, el principio iura novit curia reviste de una especial relevancia, toda vez que el juzgador debe verificar si el daño antijurídico resulta imputable o atribuible al Estado con fundamento en los títulos de imputación antes mencionados.

relevancia, toda vez que el juzgador debe verificar si el daño antijurídico resulta imputable o atribuible al Estado con fundamento en los títulos de imputación antes mencionados.

Además, no debe perderse de vista que, mientras la administración pública imponga el deber de prestar el servicio militar, debe garantizar la integridad psicofísica del conscripto en tanto se trata de una persona que se encuentra sometida a su custodia y cuidado, lo cual, en términos de imputabilidad, significa que debe responder por los daños que le sean irrogados en relación con la ejecución de la carga pública.

Respecto de la responsabilidad derivada de las obligaciones de especial sujeción que asume el Estado frente a los soldados que prestan servicio militar obligatorio, cr