TA SAN - Sentencia 680013333008-2019-00329-01 (20-03-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 680013333008-2019-00329-01 Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante Alipio Roa Sierra daniela.laguado@lopezquintero.co notificacioneslopezquintero@gmail.com Demandado Municipio de San Andrés notificacionjudicial@sanandres-santander.gov.co carlosruedavillamizar@hotmail.com Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Contrato realidad –– confirma.

Decide la Sala el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia del dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES

El señor Alipio Roa Sierra , por intermedio de apoderado legalmente constituido, acude a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Municipio de San Andrés, con el fin de que se acceda a las siguientes:

1. Pretensiones1

Primero: Declarar la nulidad de la AMSAN/N.515 DEL 8 DE AGOSTO DE 2019, suscrita por el (la) Doctor (a) MONICA ORDUZ MANRIQUE, secretaria de gobierno, en cuanto negaron el reconocimiento de los

Primero: Declarar la nulidad de la AMSAN/N.515 DEL 8 DE AGOSTO DE 2019, suscrita por el (la) Doctor (a) MONICA ORDUZ MANRIQUE, secretaria de gobierno, en cuanto negaron el reconocimiento de los tiempos de servicios para efectos pensionales de mi representado. (sic)

Segundo: Se declare que entre mi representado y el Municipio de SAN ANDRES, existió una relación laboral, durante el tiempo que duró contratado por el sistema OPS del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y/o contrato de Prestación de Servicios.

Tercero: Como consecuencia de tal declaración, se ordene reconocer al demandante los tiempos de servicios, para efectos de pensión de jubilación, desde el mismo momento de su vinculación con este ente territorial hasta la fecha de la suscripción del último co ntrato, por haber laborado con esta entidad territorial, bajo la continua dependencia y subordinación como docente oficial

Y a titulo de restablecimiento del derecho, Sírvase:

1 Samai primera instancia, índice 00031, archivo 01Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333008-2019-00329-01

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Primero: Que se ordene el envío de las cotizaciones para efectos pensional al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, por los periodos reconocidos en los numerales PRIMERO y SEGUNDO.

Segundo: Ordenar a la entidad territorial, que sobre los aportes pensionales, aplique los reajustes de la Ley para cada año como lo ordena la Constitución Política de Colombia y la ley.

Segundo: Ordenar a la entidad territorial, que sobre los aportes pensionales, aplique los reajustes de la Ley para cada año como lo ordena la Constitución Política de Colombia y la ley.

Tercero: Que se ordene a la entidad territorial -dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el término de 30 días contados desde la comunicación de este tal como lo dispone el artículo 192 y siguientes del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo. OP.A.C. A).

Cuarto: Que se expida el certificado de historia laboral yo tiempo de servicios, a nombre de mi mandante, relacionando los tiempos laborados que son objeto de esta reclamación.

2. Hechos.

Manifiesta que el señor Alipio Roa Sierra prestó sus servicios profesionales de manera personal, desde el 01 de febrero de 1997 hasta el 31 de julio de 2001, como tutor.

Afirma que entre las partes suscribieron los siguientes contratos de prestación de servicios en calidad de docente:

Contrato No. I: del 1º de febrero al 30 de noviembre de 1997 (10 meses)

Contrato No. 2: del 1º de febrero al 30 de noviembre de 1998 (10 meses) Contrato No. 3: del 15 de enero al 14 de diciembre de 1999 (12 meses) Contrato No. 4: del 15 de enero al 30 de enero de 2000 (15 días) Contrato No. 5: del 1º de febrero al 14 de diciembre de 2000 (11 meses) Contrato No. 6 del 1º de febrero al 31 de julio de 2001 (6 meses)

Contrato No. 5: del 1º de febrero al 14 de diciembre de 2000 (11 meses) Contrato No. 6 del 1º de febrero al 31 de julio de 2001 (6 meses)

Señala que, durante el tiempo de labores con la entidad demandada, no se le reconoció el tiempo de servicios para efectos pensionales, circunstancia que va en contravía de lo señalado en el art. 12 Constitucional que garantiza la seguridad social, pues no se le ha rec onocido el tiempo trabajado para el cálculo de su pensión. Además, esta situación vulnera el artículo 13 de la misma norma, al establecer un trato desigual frente a aquellos trabajadores que desempeñan funciones similares bajo un contrato laboral.

Afirma que no prestó servicios de manera independiente, puesto que la labor docente desempeñada implica la prestación personal del servicio, la subordinación a los reglamentos educativos, las políticas del Ministerio de Educación, la administración del servicio p úblico por parte de la entidad territorial, el cumplimiento del pensum académico y el calendario escolar.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333008-2019-00329-01

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3. Normas violadas y concepto de violación.

Se invocan como disposiciones violadas, el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

Señala que no se cumplió con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 por cuanto no existe diferencia entre los servicios prestados por el demandante y los cumplidos por los docentes de planta. En cuanto al artículo 53 Constitucional, señala que su vulneración es clara puesto que el

no existe diferencia entre los servicios prestados por el demandante y los cumplidos por los docentes de planta. En cuanto al artículo 53 Constitucional, señala que su vulneración es clara puesto que el demandante nunca prestó un servicio de manera independiente, sino que realmente laboró bajo un contrato de trabajo, lo que le da derecho a que se le contabilice el tiempo de servicios para posteriormente hacerse acreedor a la pensión de jubilación.

Resalta que el demandante cumplía horario, rendía informes, tenía que cumplir las órdenes de sus coordinadores y no podía escoger el lugar de la prestación del servicio, sino que éste obedecía al igual que los demás empelados docentes, a una programación que regulaba y vigilaba el cumplimiento riguroso de su jornada habitual.

4. Contestación de la demanda2.

Se opone a las pretensiones de la demanda, no obstante acepta la vinculación del actor con el municipio mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios en las vigencias 1997 a 2001, por lo cual, correspondía al demandante-contratista cubrir su seguridad social y en ese orden no está a cargo del ente territorial, reconocer tiempo de servicio para efectos pensionales.

Respecto a los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, indica que son una figura jurídica permitida por la legislación para determinado objeto contractual y su aplicación no genera vulneración del derecho a la igualdad frente al contrato laboral.

Señala que no es dable después de 18 años de expirar el último de los contratos, señalar que la vinculación del demandante a través prestación de servicios debe mutar a la de un contrato laboral, por cuanto su posible derecho se encuentra prescrito y la acción ha caducado.

contratos, señalar que la vinculación del demandante a través prestación de servicios debe mutar a la de un contrato laboral, por cuanto su posible derecho se encuentra prescrito y la acción ha caducado.

Manifiesta que no presenta oposición respecto de las labores como docente desempeñadas por el demandante, pues los contratos fueron suscritos de común acuerdo y en ellos se estableció, entre otros, la obligación del contratista de pagar su seguridad social, y bajo la gravedad de ju ramento así lo expresó, por lo que al tratarse de cláusulas consensuadas, no existe irregularidad alguna que invalide dichos contratos, ni que los mute o

2 Samai primera instancia, índice 00031, archivo 03Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333008-2019-00329-01

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transforme a un contrato realidad, cuando en tal situación permanecieron desde su finalización en el año 2001 hasta el 2019.

Formuló la excepción previa de caducidad de la acción y la excepción de mérito que denominó, inexistencia de nulidad del acto administrativo contenido en el oficio AMSAN/N.515 del 08 de agosto de 2019 al considerar que no hay razón o causal que lo invalide.

II. LA SENTENCIA APELADA3.

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante providencia del 16 de septiembre de 2024 accedió a las pretensiones de la demanda al encontrar configurados los elementos que componen una relación laboral, durante los periodos en los que se suscribieron los contratos de prestación de servicios entre las partes.

a las pretensiones de la demanda al encontrar configurados los elementos que componen una relación laboral, durante los periodos en los que se suscribieron los contratos de prestación de servicios entre las partes.

Como consecuencia de ello, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidad es, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, declaró la nulidad del acto administrativo demandado, así como también declaró la configuración de una relación laboral de hecho.

Disponiéndose dentro de su parte resolutiva lo siguiente:

“PRIMERO: DECLÁRASE NO PROBADA la excepción de caducidad, de acuerdo a lo señalado en las consideraciones anteriores.

SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad del acto administrativo AMSAN/No. 515/2019 del 08 de agosto de 2019 expedido por el Municipio de San Andrés S/der., de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.

TERCERO: DECLÁRASE la existencia de una relación laboral entre el señor ALIPIO ROA SIERRA y el Municipio de San Andrés Santander durante la ejecución de las ordenes de pres tación de servicios que rigieron durante los siguientes periodos de tiempo: del 1º de febrero al 30 de noviembre de 1997, del 1º de febrero al 30 de noviembre de 1998, del 15 de enero al 14 de diciembre de 1999, del 15 de enero al 30 de enero de 2000, del 1º de febrero al 14 de diciembre de 2000, del 1º de febrero al 31 de julio de 2001, de acuerdo a la motivación del fallo.

CUARTO: DECLÁRASE NO PROBADA la prescripción de los

febrero al 31 de julio de 2001, de acuerdo a la motivación del fallo.

CUARTO: DECLÁRASE NO PROBADA la prescripción de los derechos prestacionales en materia pensional, que se derivaron de la ejecución de las ordenes de prestación de servicios que rigieron durante los siguientes periodos de tiempo: del 1º de febrero al 30 de noviembre

de 1997, del 1º de febrero al 30 de noviembre de 1998, del 15 de enero al 14 de diciembre de 1999, del 15 de enero al 30 de enero de 2000, del 1º de febrero al 14 de diciembre de 2000, del 1º de febrero al 31 de julio de 2001, y el consecuente cómputo del tiempo laborado para efectos pensionales junto con el pago de las cotizaciones legales, teniendo en cuenta que el demandante fue contratado por horas laborales como se advierte en cada orden de prestación de servicios. Para ello deberá determinar mes a mes si existe diferencia entre los aportes que se debieron efectuar por concepto pensión durante todo el tiempo que duró la relación la boral, y los realizados por la contratista, y cotizar al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO la suma faltante por aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. El demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante su vínculo y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador Las diferencias resultantes se ajustarán en su valor aplicando la siguiente fórmula dispuesta por el H. Consejo de Estado: R= Rh Índice final Índice inicial El valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de

multiplicando el valor histórico (Rh), que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia) por el índice inicial (vigente en la fecha en que debería efec tuarse el pago). Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes para cada mesada prestacional.

SEXTO: SIN CONDENA EN COSTAS, conforme lo señalado en las consideraciones.”.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN4.

La entidad demandada interpuso recurso de apelación en contra de la decisión del 16 de septiembre de 2024 proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Bucaramanga, oponiéndose a lo manifestado por el juez de primera instancia, señalando que, con respecto al indicio de subordinación relacionado con el lugar de trabajo, los contratos aportados solo mencionan de manera específica la sede de prestación del servicio en uno de ellos, indicando las instalaciones de la Escuela Rural El Caracol, ubicada en la Vereda El Caracol del Municipio de San Andrés. No obstante, en los otros contratos, únicamente se hace referencia de manera vaga a la "Vereda El Caracol", sin especificar el lugar exacto de la prestación del servicio. En este sentido, el demandante no solicitó ningún testimonio ni presentó otro tipo de prueba que respaldara su alegación sobre el lugar de trabajo.

En cuanto al indicio de subordinación relacionado con el horario de trabajo, los contratos de prestación de servicio únicamente mencionan el número

presentó otro tipo de prueba que respaldara su alegación sobre el lugar de trabajo.

En cuanto al indicio de subordinación relacionado con el horario de trabajo, los contratos de prestación de servicio únicamente mencionan el número

4 Samai, primera instancia índice 00036Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333008-2019-00329-01

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total de horas que el demandante debía laborar, pero no especifican una distribución particular de las mismas.

Respecto al indicio de subordinación relacionado con la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, el demandante tampoco presentó testimonios ni documentos que demostraran su inserción en el círculo rector, organizativo o disciplinario de la entidad que demostrara que ésta hubiera ejercido una influencia decisiva sobre las condiciones en que el demandante cumplió con el objeto contractual.

Con relación al indicio de subordinación referente a las actividades o tareas que el demandante debía desarrollar y que pudieran corresponder a las asignadas a los servidores de planta, el demandante no solicitó ningún testimonio ni aportó otro tipo de material probatorio para demostrarlo.

En consecuencia, el demandante no logró demostrar la existencia de condiciones de subordinación o dependencia que indicaran que el representante del Municipio de San Andrés tuviera la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes de manera perentoria y obligatoria.

Por consiguiente, el interesado debió acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de la entidad, lo cual no hizo, teniendo en cuenta que en el presente

Por consiguiente, el interesado debió acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de la entidad, lo cual no hizo, teniendo en cuenta que en el presente proceso tan sólo adjunto la copia de los contratos, pero no aportó otras pruebas, como testimonios o documentos que ayudaran a probar lo anteriormente mencionado.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicita se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar denieguen las pretensiones de la demanda.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Por auto de fecha del 03 de diciembre de 2024 se admitió el recurso de apelación, ordenándose la notificación personal del Ministerio Público, y en la misma providencia de conformidad con lo previsto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se corrió traslado para que las partes alegaran de conclusión y para que el Ministerio Público emitiera concepto de fondo.

En esta etapa las partes demandante y demandada guardaron silencio y el Ministerio Público no presentó concepto de fondo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y hallándose estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333008-2019-00329-01

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1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es

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1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2. Problema Jurídico.

Al tenor del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, corresponde a la Sala determinar si en el presente medio de control obran medios de prueba que acrediten la concurrencia de los elementos esenciales de existencia de un contrato realidad, especialmente la subordinación, entre el señor Alipio Roa Sierra y el Municipio de San Andrés (S) en el periodo comprendido entre los años 1997 a 2001 que dé lugar al reconocimiento de dicho tiempo para efectos pensionales.

3. Marco normativo y jurisprudencial Contrato realidad – Antecedentes constitucionales del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.

El artículo 25 de la Constitución Política de 1991 establece que el trabajo es un derecho fundamental en los siguientes términos:

“ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”

De ahí que se erige como deber del Estado -en el marco del Estado Social, Democrático y Constitucional de Derechoel deber de garantizar y proteger a las personas que cumplan funciones y desarrollen actividades en las mismas condiciones que los trabajadores vinculados al sector público o

De ahí que se erige como deber del Estado -en el marco del Estado Social, Democrático y Constitucional de Derechoel deber de garantizar y proteger a las personas que cumplan funciones y desarrollen actividades en las mismas condiciones que los trabajadores vinculados al sector público o privado, para que reciban todas las garantías de carácter salarial y prestacional, independientemente de las formalid ades adoptadas -u obviadaspor las partes contratantes.

La Sección Segunda del Consejo de Estado5, ha expresado que en aras de hacer evidente la relación laboral sobre las formas que pretendan invisibilizarla, se debe acudir al artículo 53 6 de la Carta, que contempla la

5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.

Radicación número: 68001 -23-15-000-2002-00903-01(0157-08). M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 6 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991. ARTICULO 53. “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo.

La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e i nterpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social,

aplicación e i nterpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección es pecial a la mujer, a laTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333008-2019-00329-01

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primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas, con la finalidad de exigir la especial protección en igualdad de condiciones de quienes realizan la misma función, pero en calidad de servidores Público.

Al respecto, la Constitución Política en sus artículos 122 y 125 dispone lo siguiente:

“Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. (Inc. 1º) (...)”

“Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley”.

Así que, de acuerdo con lo establecido por las normas en materia de régimen laboral del sector público, existen tres clases de vinculaciones con entidades del Estado: a) De los empleados públicos (relación legal y reglamentaria); b) De los trabajadores oficiales (relación contractual laboral)

régimen laboral del sector público, existen tres clases de vinculaciones con entidades del Estado: a) De los empleados públicos (relación legal y reglamentaria); b) De los trabajadores oficiales (relación contractual laboral) y c) De los contratistas de prestación de serv icios (relación contractual estatal). Por ende, se ha asumido a través de la jurisprudencia 7 que; si en el caso de los contratos de prestación de servicios se llegan a desdibujar sus elementos esenciales, corresponderá decidir a la justicia ordinaria; cuando la relación se asimile a la de un trabajador oficial y cuando el contratista desarrolle el objeto del contrato ejerciendo las mismas funciones que corresponden a un cargo de empleado público, a la jurisdicción contencioso administrativa.

Ahora bien, atendiendo a la primacía de la realidad sobre las formalidades, resulta menester establecer cuáles son los elementos propios de una relación laboral. Al respecto el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1 990 es claro al señalar:

“Artículo 23. Elementos esenciales.

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres

elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento

maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legisla ción interna.

maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legisla ción interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.” 7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B.

Radicación número: 68001-23-31-000-2010-00799-01. M.P. César Palomino Cortés.Tribunal Administrativo de Santander

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de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen” (Negrilla fuera de texto).

De esta norma se logra concluir que el contrato de trabajo es “intuitu personae”, es decir: personalísimo; quedando obligado el trabajador a desarrollar de forma personal y directa las labores para las cuales fue

De esta norma se logra concluir que el contrato de trabajo es “intuitu personae”, es decir: personalísimo; quedando obligado el trabajador a desarrollar de forma personal y directa las labores para las cuales fue requerido, con o sin la existencia del negocio jurídico en sentido formal.

Sobre el segundo elemento -el más relevante a la hora de asumir el juicio de existencia material de una relación de trabajo -, entendido como la dependencia o subordinación que rige el vínculo, la Corte Constitucional en Sentencia C-386 de 2000 definió su alcance en los siguientes términos:

“(…) La subordinación del trabajador al empleador como elemento distintivo y definidor del contrato de trabajo ha sido entendida, según la concepción más aceptable por la doctrina y la jurisprudencia, como un poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos , en lo relativo a la manera como éste debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias, con miras al cumplimiento de los objetivos de la empresa, los cuales son generalmente económicos.

Se destaca dentro del elemento subordinación, no solamente el poder de dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador ejerce sobre éste para asegurar un comportamiento y una dis ciplina acordes con los propósitos de la organización empresarial y el respeto por la dignidad y los derechos de aquél8 (…). (Negrillas fuera del texto original)

Corolario de lo aquí referido, la subordinación y dependencia de carácter continuado necesariamente ha de tenerse como el elemento esencial y

aquél8 (…). (Negrillas fuera del texto original)

Corolario de lo aquí referido, la subordinación y dependencia de carácter continuado necesariamente ha de tenerse como el elemento esencial y configurativo de la relación laboral, según el cual el empleador, en ejercicio de su potestad de dirección, puede exigir a sus subordinados el acatamiento de órdenes e instrucciones sobre las circunstancias de modo, tiempo, lugar y cantidad de trabajo, así como la imposición de los reglamentos internos en cualquier momento, con respeto a la dignidad del trabajador y sus derechos mínimos constitucionales y laborales conforme a las disposiciones constitucionales ya referenciadas.

8 Corte Constitucional. Sentencia C – 386 del año 2000. M.P. Antonio Barrera Carbonell.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333008-2019-00329-01

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En sentencia de Unificación del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo9 se hicieron precisiones en materia de la figura jurídica del contrato realidad especialmente aplicada en el ámbito de las relaciones de trabajo del sector público, haciendo especial énfasis en el requisito de la subordinación, indicándose lo siguiente:

“De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del emple ador para exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a

de servicios, pues encierra la facultad del emple ador para exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio.

La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolidaha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:

1. El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario