TA SAN - Sentencia 680013333008-2020-00065-02 (03-04-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 7 de octubre de 2024, proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, la señora Lidia Patricia Velasco Duarte formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso — administrativo, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución DESAJ BUR 19-7031 del 22 de agosto de 2019 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y ii) acto ficto o

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 10 índice SAMAI, archivo 3 MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 680013333008-2020-00065-02 DEMANDANTES Lidia Patricia Velasco Duarte notificaciones@legalgroup.com.co

DEMANDADO

MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 680013333008-2020-00065-02 DEMANDANTES Lidia Patricia Velasco Duarte notificaciones@legalgroup.com.co

DEMANDADO

Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co dsajbga@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Bonificación Judicial Decreto 384 de 2013Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Lidia Patricia Velasco Duarte

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013331008-2020-00065-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

presunto que configuró el silencio de la entidad demandada frente a la interposición del recurso de apelación.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERA: INAPLICAR por inconstitucional la expresión "constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud" contenida en el artículo 1 del Decreto 384 de 2013, modificado por los decretos que lo reformen.

SEGUNDA: Declarar la nulidad de la Resolución N° DESAJBUR19 -7031 de agosto 22 de 2019 "Por medio del cual se resuelve un Derecho de Petición"

reformen.

SEGUNDA: Declarar la nulidad de la Resolución N° DESAJBUR19 -7031 de agosto 22 de 2019 "Por medio del cual se resuelve un Derecho de Petición" suscrita por el Dr. JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO, en su calidad de Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, en virtud de la cual el Consejo Superior de la Judicatura denegó la reliquidación de las prestaciones sociales de mi poderdante incluyendo como factor salarial la "bonificación judicial".

TERCERA: Declarar la nulidad del acto ficto o presunto en virtud del cual se deniega el recurso de apelación interpuesto por mi poderdante contra la Resolución N° DESAJBUR197031 de agosto 22 de 2019 "Por medio del cual se resuelve un Derecho de Petición" suscrita por el Dr. JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO, en su calidad de Director Ejecutivo Seccional de

Administración Judicial de Bucaramanga.

CUARTA: A título de restablecimiento del derecho se ordene al demandado tener en cuenta la bonificación judicial como factor salarial y prestacional.

QUINTA: A título de restablecimiento del derecho se ordene RELIQUIDAR las prestaciones sociales de mi pod erdante teniendo en cuenta la "bonificación judicial" que devengó en virtud del Decreto 384 de 2013, y demás decretos que lo desarrollan y modifican, y ello desde que se vinculó a la entidad y en adelante.

SEXTA: A título de restablecimiento del derecho se ordene el pago de las diferencias económicas que se generen con ocasión de la reliquidación deprecada.

adelante.

SEXTA: A título de restablecimiento del derecho se ordene el pago de las diferencias económicas que se generen con ocasión de la reliquidación deprecada.

SÉPTIMA: A título de restablecimiento del derecho se ordene la liquidación y pago de intereses sobre el valor de los ajustes o reliquidaciones efect uadas, desde la fecha en que debieron pagarse los conceptos señalados hasta el día en que efectivamente sean cubiertos. OCTAVO: A titulo de restablecimiento del derecho se ordene la actualización e indexación de los valores ajustados o re liquidados, con l a aplicación del IPC desde la fecha en que se debieron pagar los conceptos señalados hasta el día en que efectivamente sean cancelados. NOVENO: Se condene en costas y agencias en derecho al demandado […]» (sic en todo el texto).

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los siguientes:

1. La señora Lidia Patricia Velasco Duarte se encuentra vinculada a la Rama Judicial desde el 13 de julio de 2017 y desempeña el cargo auxiliar grado 02 en la Oficina de Servi cios de los Juzgados Administrativos deNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Lidia Patricia Velasco Duarte

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013331008-2020-00065-02

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Radicado: 680013331008-2020-00065-02

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Bucaramanga, razón por la es beneficiaria de la bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013.

1. La entidad demandada no ha incluido la bonificación judicial como factor salarial al momento de liquidar las prestaciones sociales.

1. En virtud de lo anterior, presentó derecho de petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Santander, mediante la cual solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor sala rial y la consecuente reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tienen derecho.

1. El 22 de agosto de 2019 , mediante Resolución DESAJ BUR 19-7031, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativa, la cual fue notificada el 9 de octubre de 2019.

1. El 15 de octubre de 2019 , se interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual no ha sido resuelto , motivo por el cual la entidad ha incurrido en silencio administrativo negativo, circunstancia que genera un acto ficto o presunto a través del cual se confirmó la decisión denegatoria.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 2, 13, 25 y 53 de la Constitución Política ; 2 de la Ley 4 de 1992 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo.

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 2, 13, 25 y 53 de la Constitución Política ; 2 de la Ley 4 de 1992 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo.

En desarrollo del concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso las siguientes razones:

1. Los actos administrativos demandados resultan violatorios a las normas nacionales y más aún a los tratados internacionales, razón por la cual se debe inaplicar la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1 del Decreto 384 de

2013.

1. Deben darse todos los efectos jurídicos de salario a la bonificación judicial, toda vez que esta se devenga en forma periódica y como contraprestación directa del servicio, tal y como se estableció por el Consejo de Estado frente al asunto relacionado con la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, antecedente que no solo resulta pertinente y necesario, sino que deja sin argumentos cualquier neg ativa que en contrario intente erigirse.

1.2. Contestación de la demandaNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Lidia Patricia Velasco Duarte

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013331008-2020-00065-02

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Radicado: 680013331008-2020-00065-02

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1.2.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2

El apoderado de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos excepciones innominadas «legalidad de los actos administrativos demandados»; «prescripción trienal de los derechos reclamados» ; «no violación de la ley» «respeto a la garan tía constitucional del debido proceso» y «respeto del principio de legalidad y de la función pública». A su turno, manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda.

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

1. En el presente caso, la entidad ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, puesto que estos estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 4 de 1992.

1. Si bien es cierto la entidad opera como ej ecutora de los recursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para efectos del pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de esta circunscripción territorial, también lo es, que para cumplir dicha función, la

hacen parte del Presupuesto General de la Nación para efectos del pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de esta circunscripción territorial, también lo es, que para cumplir dicha función, la Dirección Ejecutiva se encuentra atada a los Decretos salariales que anualmente expide el Gobierno Nacional.

1. La Seccional de la Rama Judicial se ha limitado a dar cumplimiento a la norma que crea la Bonificación Judicial, en razón a que no tiene facultad para interpretar las leyes e inaplicarlas, puesto que son los jueces en sus respectivos fueros, quienes a través de sentencias ostentan esta competencia.

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 7 de octubre de 2024, resolvió:

«PRIMERO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 383 de 2013 y 384 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024 por las razones expuestas.

2Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 10 índice SAMAI, archivo 10 3Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 10 índice SAMAI, archivo 32

2Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 10 índice SAMAI, archivo 10 3Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 10 índice SAMAI, archivo 32 .Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Lidia Patricia Velasco Duarte

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013331008-2020-00065-02

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SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos: - Resolución DESAJ BUR 19 -7031 del 22 de agosto de 2019 proferida po r la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. -Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la interposición del recurso de apelación el 15 de octubre de 2019.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de LIDIA PATRICIA VELASCO DUARTE todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 13 de julio de 2017 incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 383 y 384 de 2013, hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho e molumento.

de julio de 2017 incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 383 y 384 de 2013, hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho e molumento. Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario. La suma que resulte a favor de los demandantes debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia. La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

CUARTO: DENEGAR las excepciones relacionadas con el cobro de lo no debido, legalidad del fundamento normativo, excepción de constitucionalidad y prescripción de derechos laborales, por las razones expuestas.

QUINTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO […]»

(Sic en todo el texto)

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo concedió las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:

1. Conforme a las pruebas allegadas, la señora Velasco Duarte labora en la Rama Judicial, y pertenece al régimen acogido toda vez que devenga mensualmente la Bonificación Judicial.

1. La bonificación judicial les ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual, sin que esta haya sido considerada factor salarial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas y reconocidas, situación que es aceptada por la entidad demandada al señalar en la respectiva contestación que el hecho de no computar los valores en la

momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas y reconocidas, situación que es aceptada por la entidad demandada al señalar en la respectiva contestación que el hecho de no computar los valores en la forma en que lo depreca la parte actora, obedece al estricto cumplimiento de lo dispuesto en la norma que regula la bonificación judicial cuando indica que este emolumento solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pen siones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

1. De conformidad con los fundamentos normativos y jurisprudenciales expuestos en esta providencia, resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite considerarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia nor ma citada estableció que tal bonificación constituye un pagoNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Lidia Patricia Velasco Duarte

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013331008-2020-00065-02

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mensual y por lo tanto habitual y periódico, de manera que cumple las características de ser una remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.

1. La bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los

características de ser una remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.

1. La bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Rama Judicial, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidación de las demás prestaciones, ello constituye una disminución final del monto reconocido, por lo tanto e torna en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en el liter al a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992.

1. El límite advertido en la incidencia de la liquidación de las prestaciones percibidas por los servidores de la Rama Judicial, a pesar de tratarse la bonificación otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de la calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o causa de la labor encomendada, lo que constituye en sí mismo salario y tiene incidencia para reliquidar las demás prestaciones sociales.

1. La bonificación judicial reviste un carácter salarial y tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual, motivo por el cual ostenta el carácter permanente de la remuneración y genera por tanto la obligación de reliquidar las prestaciones sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salario devengado. De allí que en atención al precedente expuesto se determine que la misma es factor salarial y , en este sentido , la expresión

las prestaciones sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salario devengado. De allí que en atención al precedente expuesto se determine que la misma es factor salarial y , en este sentido , la expresión «únicamente» contemplada en los artículos 1 de los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015 deberá ser inaplicada, deberá ser inaplicada, porque implica una violación de principios, contenidos y valores establecidos en el art ículo 1 del Convenio 095 de la OIT, el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 4 de 1992 , al desconocer el concepto de salario en los términos señalados.

1. Con la expedición del Decreto 383 de 2013, el Ejecutivo desconoció los postulados internacionales y constitucionales respecto a la aplicación de los principios de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos consagrados en las normas laborales, así como los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, puesto que, despojó de efectos salariales a la bonificación judicial creada para servidores públicos de la Rama Judicial, vinculados a partir de la expedición o acogidos al Decreto 057 de 1993.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 10 índice SAMAI,Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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Administración Judicial Radicado: 680013331008-2020-00065-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

La apoderada de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno Nacional, específicamente con la expedición de los Decretos 383 y 384 de 2013 proferidos con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

1. El a quo le impuso una carga excesiva a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que no est aba en el deber soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad comoquiera que es con base en sus dictados que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.

1. Aunado a lo anterior, dado que la responsabilidad no le asiste a la Rama Judicial y sí al Gobierno Nacional, la prosperidad de las pretensiones involucra necesariamente la inaplicación de l Decreto 384 de 2013 y, en consecuencia, para el pago de emolumentos que no se encuentran contemplados en los cálculos efectuados por la Rama Judicial se deberá acudir por mandato de Ley

necesariamente la inaplicación de l Decreto 384 de 2013 y, en consecuencia, para el pago de emolumentos que no se encuentran contemplados en los cálculos efectuados por la Rama Judicial se deberá acudir por mandato de Ley al ejecutivo, es decir, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que proceda a la asignación de recursos adicionales a la entidad que no están amparados en las finanzas públicas, lo cual implica la alteración del Presupuesto General de la Nación.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 13 de diciembre de 202 45 se admiti ó el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado, quienes no rindieron concepto ni allegaron pronunciamiento alguno.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su

5 Expediente digital, actuación 19, índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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Sentencia de segunda instancia

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Administración Judicial Radicado: 680013331008-2020-00065-02

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jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer i) si la demandante tiene derecho a que se le reconozca la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales, y, en consecuencia, si hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados; ii) si es procedente la inaplic ación por inconstitucionalidad de la expresión «y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud », contenida en el artículo 1 de l Decreto 384 de 2013, por medio de la cual se creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial.

2.3. Marco normativo

2.3.1. De la bonificación judicial

El régimen salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al Gobierno Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política; dicho mandato constitucional, fue materializado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992 6, según los

Gobierno Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política; dicho mandato constitucional, fue materializado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992 6, según los parámetros previstos en el artículo 2 ídem.

A su turno, con base en dichas normas generales, objetivos y criterios, el presidente de la República de Colombia, mediante el Decreto 383 de 2013, creó la denominada bonificación judicial para los servidores de la Rama Judicial y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, respectivamente, que se rigieran por lo establecido en el Decreto 53 de 1993, a partir del 1 de enero de 2013, con base en la escala de valores consagrada en el artículo 1 para cada cargo.

Los artículos 1 y 2 del Decreto 384 de 2013 establecen lo siguiente:

«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a parti r del 1° de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca vinculado al servicio y corresponde para cada año, al valor que se fija en la siguiente tabla, así: […]

6 a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus

así: […]

6 a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales (subrayado no original)Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Lidia Patricia Velasco Duarte

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013331008-2020-00065-02

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PARÁGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación de l índice de Precios al consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno Nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que presente.

Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valo r que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

equivalente al valo r que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

ARTÍCULO 2. Ninguna autoridad podrá establecer o modifi car el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10º de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos».

En los artículos citados se precisa que la bonificación judicial será reconocida a partir del 1 de enero de 2013, se cancelará mensualmente en tanto el servidor permanezca en el servicio. Igualmente, advierte que esta solo será tenida en cuenta para la cotización en el Sistema General de Pensiones y para el Sistema de Seguridad Social en salud, excluyéndose como factor para liquidar prestaciones sociales.

2.3.2. Excepción de inconstitucionalidad

La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción, deviene del imperio y fuerza vinculante de la Constitución Política, cuya vigencia y aplicación real en el ordenamiento están consagradas en su artículo 4. Esta institución jurídica consiste en la inaplicación de un a norma en un caso concreto, ante la evidencia del desconocimiento de una norma de raigambre constitucional en un contexto en particular y, por ello, sus efectos se circunscriben únicamente al preciso asunto que se somete a conocimiento del funcionario competente.

La Corte Constitucional7 ha señalado que corresponde al juez oficiosamente,

efectos se circunscriben únicamente al preciso asunto que se somete a conocimiento del funcionario competente.

La Corte Constitucional7 ha señalado que corresponde al juez oficios