TA SAN - Sentencia 680013333008-2022-00162-02 (02-05-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte contra la sentencia del 28 de junio de 2024 , proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, la Administradora Colombiana de

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 7, índice SAMAI, archivo 2, link one drive, archivos 1 y 7. MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 680013333008-2022-00162-02

DEMANDANTE

Administradora Colombiana de Pensiones,

COLPENSIONES

notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co paniaguacohenabogadossas@gmail.com DEMANDADO Rodolfo Elberto Cornejo González nevamu12@hotmail.com

MINISTERIO

PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos

paniaguacohenabogadossas@gmail.com DEMANDADO Rodolfo Elberto Cornejo González nevamu12@hotmail.com

MINISTERIO

PÚBLICO Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Acción de lesividad nulidad del acto administrativo que efectúo el reconocimiento de pensión de vejez. Beneficiarios régimen de transición . Aplicación del Decreto 758 de 1990. IBL conforme a las reglas señaladas en la sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: COLPENSIONES Demandado: Rodolfo Elberto Cornejo González Radicado: 680013333008-2022-00162-02

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Pensiones2 formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la nulidad parcial de i) la Resolución GNR 219766 del 16 de junio de 2014 y ii) la Resolución GNR 398657 del 12 de noviembre de 2014 a través de las cuales reconoció y reajustó una pensión de vejez a favor del señor Rodolfo Elberto Cornejo González.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERO. Que se declare la Nulidad parcial de la Resolución No. GNR 219766 del 16 de junio de 2014, por la cual Colpensiones reconoció pensión de vejez a

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERO. Que se declare la Nulidad parcial de la Resolución No. GNR 219766 del 16 de junio de 2014, por la cual Colpensiones reconoció pensión de vejez a RODOLFO ELBERTO CORNEJO GONZALEZ, identificado con CC No. 13,828,033, en cuantía de $1,360,777 a partir del 04 de diciembre de 2013, de conformidad con el Decreto 758 de 1990, toda vez que se le reconocieron valores superiores a lo debido.

SEGUNDO. Que se declare la Nulidad parcial de la Resolución No. GNR No. 398657 del 12 de noviembre de 2014, por la cual Colpensiones reliquida el monto de la mesada pensional en un valor de $1,361,518 a partir del 04 de diciembre de 2013, de conformidad con el Decreto 758 de 1990, toda vez que se le reconocieron valores superiores a lo debido.

TERCERO. A título de restablecimiento del derecho, se ORDENE al señor RODOLFO ELBERTO CORNEJO GONZALEZ, el REINTEGRO de lo pagado por concepto de reconocimiento de una pensión de vejez, a partir de la fecha de inclusión en nómina de pensionados, hasta que cese el pago o se declare la suspensión provisional y las que se sigan causando, a favor de La Administradora Colombiana De Pensiones – Colpensiones.

CUARTO. Que sean INDEXADAS las sumas de dineros reconocidas a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, y al pago de intereses a los que hubiere lugar, como consecuencia de los pagos realizados en exceso, a la demandada.

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, y al pago de intereses a los que hubiere lugar, como consecuencia de los pagos realizados en exceso, a la demandada.

QUINTO. Se condene en costas a la parte demandada» (sic en todo el texto)

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los siguientes:

1. El 16 de junio de 2014, a través de Resolución GNR 219766, COLPENSIONES reconoció una pensión de vejez a favor del señor Rodolfo Elberto Cornejo González por la suma de $1.360.777 a partir del 4 de diciembre de 2013, de conformidad con el Decreto 758 de 1990.

1. El 12 de noviembre de 2014 , mediante Resolución GNR 398657

COLPENSIONES resolvió el recurso de reposición presentado por el señor Cornejo González y ordenó reajustar el monto de la mesada pensional en un valor de $1.361.518 a partir del 4 de diciembre de 2013.

2 En adelante COLPENSIONES.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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1. El 11 de mayo de 2015, a través de Resolución VPB 41923 COLPENSIONES

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1. El 11 de mayo de 2015, a través de Resolución VPB 41923 COLPENSIONES resolvió el recurso de apelación y resolvió confirmar en su totalidad la Resolución GNR 21976 del 16 de junio de 2014.

1. El 15 de julio de 2021, el señor Cornejo González solicitó la reliquidación de la pensión de vejez reconocida a su favor.

1. En consecuencia, COLPENSIONES realizó un estudio del expediente del afiliado, en el que advirtió que se encontraba acreditado a) que el señor Cornejo González nació el 4 de diciembre de 1953 y, por tanto, para la fecha contaba con 68 años de edad y b) el total de 11,294 días laborados que corresponden a 1,613 semanas.

1. Al efectuar las operaciones aritméticas se evidenci ó una disminución en la mesada pensional respecto de la reconocida mediante las Resoluciones GNR 219766 del 16 de junio de 2014 y GNR. 398657 del 12 de noviembre de 2014, motivo por el cual se concluyó que el valor para el año 2022 era de $1.929.515 y no la que se registra en nómina de $1.943.539.00, disminución que obedece al cambio en el IBL tenido en cuenta inicialmente.

1. El reconocimiento pensional reconocido es contrario a derecho, en razón a que la liquidación se realizó de manera errada en atención al cambio en el IBL, razón por la que si bien el señor Cornejo González actualmente devenga una

1. El reconocimiento pensional reconocido es contrario a derecho, en razón a que la liquidación se realizó de manera errada en atención al cambio en el IBL, razón por la que si bien el señor Cornejo González actualmente devenga una mesada en cuantía de $1,943,539.00 , debería devengar una mesada de $1,929,515, lo que ocasiona un perjuicio a la administración de los recursos del régimen de primera media con prestación definida administrados por

COLPENSIONES.

1. El 17 de febrero de 2022, mediante auto de pruebas APSUB 421, COLPENSIONES solicitó al señor Elberto Cornejo el consentimiento para revocar parcialmente las Resoluciones GNR 219766 del 16 de junio de 2014 y GNR 398657 del 12 de noviembre de 2014 sin que hubiese existido pronunciamiento por parte del demandado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados , el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia; 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005.

En desarrollo del concepto de violación, la parte demandante expuso que el acto administrativo adolece de nulidad, conforme a las siguientes razones:

1. El acto demandado no se ajusta a los preceptos legales que regulan la materia, toda vez que vulnera de forma directa las normas en que debería fundarse.

1. El reconocimiento pensional realizado a l señor Cornejo González no se ajustó a derecho, en razón a que al no cumplir los requisitos exigidos en el Decreto

fundarse.

1. El reconocimiento pensional realizado a l señor Cornejo González no se ajustó a derecho, en razón a que al no cumplir los requisitos exigidos en el Decreto 758 de 1990 , se liquidó y cancel ó una mesada pensional superior a la que enNulidad y restablecimiento del derecho

Sentencia de Segunda Instancia

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derecho corresponde, lo que genera un d etrimento patrimonial de los recursos públicos.

1. La liquidación efectuada en los actos administrativos demandados resultó errada en atención al cambio en el IBL tenido en cuenta, motivo por el cual pese a que el señor Cornejo González percibe una mesada de $1,943,539.00, realmente debería devengar $1,929,515, circunstancia que evidencia el perjuicio patrimonial causado a la administración.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. El señor Rodolfo Elberto Cornejo González no contestó la demanda.

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 28 de junio de 2024, resolvió:

«PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. NO CONDENAR en costas a la parte demandante, toda vez que no se

«PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. NO CONDENAR en costas a la parte demandante, toda vez que no se acreditaron causadas a favor de la parte demandada, de conformidad con lo previsto en el artículo 365 numeral 8 del Código General del Proceso».

En lo correspondiente al fondo del asunto, la decisión se sustentó en los siguientes argumentos:

1. Se encuentra probado que el reconocimiento de la pensión de vejez efectuado en los actos administrados enjuiciados no transgrede ninguna de las reglas propias del principio de sostenibilidad financiera en materia pensional previsto en el artículo 48 de la Constitución.

1. Al señor Cornejo González no se le reconoció su pensión a partir de un régimen especial o exceptuado, toda vez que el Decreto 758 de 1990 no ostenta esas características; además, l a cuantía de la mesada no se calculó sobre factores diferentes a los empleados para estimar el valor de sus cot izaciones ni sobre aportes que no haya efectuado.

1. Se constató que el señor Rodolfo Elberto Cornejo González sí cumple con los requisitos para acceder a la pensión de vejez conforme el Decreto 758 de 1990 dado que reunía la edad y el número de semanas mínimos establecidos en el artículo 12 de dicha norma y, por tanto, es beneficiario del régimen de transición. Además, es pertinente señalar que no se trata de una mesada que supere los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1. La parte demand ante no puede acudir a la sostenibilidad financiera del

transición. Además, es pertinente señalar que no se trata de una mesada que supere los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1. La parte demand ante no puede acudir a la sostenibilidad financiera del sistema pensional para negar el reconocimiento de una pensión para quien

3 Expediente digital, Gestión en otras corporaciones, actuación 32 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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reúne todos los requisitos legales para obtenerla.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Parte demandante4

El apoderado de la parte demandante en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. En el nuevo estudio realizado se e videnció que las semanas efectivamente cotizadas por el señor Cornejo González eran 1.613, circunstancia que incide notoriamente en el monto de la mesada pensional, en razón a que el valor inicialmente reconocido fue de $1.361.518 , actualizado a 2022 alcanza a la suma de $1.943.539, mientras que con la variación mencionada del IBL, para el año 2022 la mesada debería corresponder a $1.929.515.

1. El cálculo para determinar el ingreso base de liquidación se efectuó con

la suma de $1.943.539, mientras que con la variación mencionada del IBL, para el año 2022 la mesada debería corresponder a $1.929.515.

1. El cálculo para determinar el ingreso base de liquidación se efectuó con el promedio de los últimos 10 años , por ser más favorable, para lo cual exclusivamente se tienen en cuenta las semanas cotizadas con exclusividad al

ISS.

1. Si bien, es cierto que la buena fe se presume en las actuaciones de los particulares ante la administración pública , dicho postulado no es absoluto, puesto que para exonerarse del deber de reparar daños y /o devolver dineros recibidos sin justa causa, el receptor debe demostrar que la buena fe alegada corresponde a una buena fe calificada, es decir, exenta de culpa, situación que no fue demostrada por el demandado dentro del presente proceso.

1.5. Trámite de segunda instancia.

Por auto del 19 de noviembre de 202 45 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Parte demandante

No se presentaron.

1.6.2. Parte demandada

No se presentaron.

1.6.3. Concepto del agente del Ministerio Público:

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 34 índice SAMAI. 5 Expediente digital, actuación 7 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: COLPENSIONES Demandado: Rodolfo Elberto Cornejo González Radicado: 680013333008-2022-00162-02

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: COLPENSIONES Demandado: Rodolfo Elberto Cornejo González Radicado: 680013333008-2022-00162-02

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No se presentaron.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida , y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia

2.1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los juzgados administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Asunto previo

Con ocasión de la expedición de la Ley 2080 de 2021 el legislador adoptó un nuevo esquema en materia de resolución de las excepciones genuinamente previas y las de naturaleza perentoria. En lo atinente a la caducidad , como excepción perentoria, existen dos momentos en los cuales se prevé su estudio y resolución:

«i) en cualquier estado del proceso, a través de sentencia anticipada, siempre que el juzgador la encuentre probada (artículos 175, inciso 4, parágrafo 2, y 182A, numeral 3 del CPACA6

y resolución:

«i) en cualquier estado del proceso, a través de sentencia anticipada, siempre que el juzgador la encuentre probada (artículos 175, inciso 4, parágrafo 2, y 182A, numeral 3 del CPACA6 y ii) en la sentencia de fondo (artículo 187 del CPACA),7 oportunidad esta última en la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada»8

6 «ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 El nuevo texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada: […]

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cos a juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. […].» 7 10 «ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. […] En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la s excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. […]». 8 Sobre este particular puede ve rse auto de sala unitaria de 16 de septiembre de 2021. Rad. 05001-23-33-0002019-02462-01 (2648 -2021). MP William Hernández Gómez, en el cual se precisó que: « Al respecto, se tiene que el inciso 4.º del parágrafo 2.º del artículo 175 del CPACA

(modificado por el artículo 38 de la Ley 2080) consagró que las excepciones de cosa juzgada,

precisó que: « Al respecto, se tiene que el inciso 4.º del parágrafo 2.º del artículo 175 del CPACA (modificado por el artículo 38 de la Ley 2080) consagró que las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los térm inos previstos en el numeral tercero del artículo 182A, y este determinó que podrá dictarse esta providencia, en cualquier estado del proceso, cuando el juzgador advierta demostrada una de las perentorias citadas. A su vez, el artículo 187 ibidem señaló que en la sentencia se pronunciará sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. En ese orden de ideas, la resolución de defensa materializada en las excepciones perentorias nominadas, no pueden decidirse mediante auto antes de la audiencia inicial, ni en la citada diligencia judicial, sino que solo se declararán fundadas por medio de sentencia anticipada, acorde con los lineamientos precisados en el numeral tercero del artículo 182A del CPACA o, de lo contrario, esto es, cuando todavía no se encuentren probadas o demostradas, el juzgador tendrá la opciónNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Esta aclaración resulta importante si se tiene en cuenta que a través de l a Ley

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Esta aclaración resulta importante si se tiene en cuenta que a través de l a Ley 2381 de 2024 se introdujo una significativa modificación, mediante la cual se establece u n término de caducidad respecto de las demandas que la administración formula contra sus propios actos de reconocimiento pensional.

Bajo estos supuestos, y teni endo en cuenta que en este asunto no hay lugar a emitir una sentencia anticipada para declarar probada la caducidad, toda vez que dicho término no resulta aplicable al caso concreto, como se explicará más adelante, le corresponde a la Sala en este momento procesal pronunciarse frente a este tópico. Lo anterior, dado que al encontrase el proceso al despacho para dictar sentencia es procedente, en los términos de los artículos 187 y 207 del CPACA, resolver cualquier excepción propuesta y de las que el juez eventualmente encuentre probadas, entre ellas, la caducidad del medio de control y, adicionalmente, ejercer el control de legalidad y saneamiento del proceso. Precisado lo anterior, y como se anunció en líneas anteriores, el artículo 86 d e la Ley 2381 de 2024 en su primera parte estableció un término de caducidad de 5 año «para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas», contado a partir del reconocimiento de la referida prestación

Así se observa en el texto del citado artículo 86 ibidem:

«[…] TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES

la referida prestación

Así se observa en el texto del citado artículo 86 ibidem:

«[…] TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acc iones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley. Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley».

En ese orden de i deas, se tiene que en el caso concreto COLPENSIONES solicita la nulidad de las Resoluciones GNR 219766 del 16 de junio de 2014 y GNR 398657 del 12 de noviembre de 2014 a través de las cuales reconoció y reajustó una pensión de vejez a favor del señor Rodolfo Elberto Cornejo González, esto es, de actos administrativos proferidos 8 años antes de la fecha de la presentación de la demanda, motivo por el cual resulta necesar io establecer si hay lugar a la aplicación del nuevo término de caducidad.

de actos administrativos proferidos 8 años antes de la fecha de la presentación de la demanda, motivo por el cual resulta necesar io establecer si hay lugar a la aplicación del nuevo término de caducidad.

Ahora bien, en cuanto a la aplicación del segundo inciso del mencionado artículo que ordena el estudio del nuevo término de caducidad incluso respecto de los procesos en curso, la Sección Segunda del Consejo de Estado no ha adoptado

de dirimirlas en la sentencia ordinaria que defina de fondo las pretensiones de la demanda, conforme al artículo 187 del CPACA»Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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una postura uniforme. Mientras la Subsección A9 ha aplicado la norma conforme a lo dispuesto por el legislador y, por ende, ha declarado la caducidad de la acción en los casos en que se ha superado el nuevo plazo de cinco años, la Subsección B 10 ha optado por inaplicarla, al considerar inconstitucional la expresión «y que estén en curso». Según esta última, la aplicación retroactiva de la disposición modifica intempestivamente las reglas procesales que rigen el litigio, lo que vulnera los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

En ese orden de ideas, si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 señala que el referido término de caducidad aplicará incluso para las «acciones

litigio, lo que vulnera los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

En ese orden de ideas, si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 señala que el referido término de caducidad aplicará incluso para las «acciones administrativas y/o contencioso administrativas» en curso, lo cierto es que la regulación legal de la caducidad como instituto procesal, mediante el cual se limita el derecho de acción, guarda una íntima rel ación con las formas propias de los juicios, esto es, con la sustanciación y ritualidades previstas para regular el derecho de acceso a la administración de justicia.

En tal sentido, pese a que por regla general las normas procesales se consideran de orden público y de inmediata aplicación, lo cierto es que la Ley 153 de 1887 en su artículo 40 11 reconoció la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y seguridad jurídica y, por tanto, determinó una serie de excepciones que hacen posible, aun frente a cambios normativos sobrevinientes, aplicar las reglas que gobiernan la sustanciación y ritualidades en los asuntos judiciales vigentes al momento en que son interpuestos los recursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a c ontabilizarse términos como el establecido para la caducidad de los medios de control.

Esos mismos principios, de confianza legítima y seguridad jurídica, que inspiraron la adopción de este tipo de reglas en materia de tránsito legislativo en el siglo XIX, siguen presentes en el texto constitucional de 1991, según puede verse en los artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 83. 12 Así las cosas, el carácter

el siglo XIX, siguen presentes en el texto constitucional de 1991, según puede verse en los artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 83. 12 Así las cosas, el carácter preconstitucional de la Ley 153 de 1887 en nada contradice el espíritu de la Constitución de 1991 ; por el contrario, las reglas previstas en esta ley siguen siendo una importante herramienta que contribuye a la interpretación y aplicación de las distintas disposiciones que integran el ordenamiento jurídico vigente.

9 Consejero ponen te: Luis Eduardo Mesa Nieves, sentencia del 23 de octubre de 2024, radicación: 27001 23 33 000 2019 00070 01 (2216–2024). 10 Consejera ponente: Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del 8 de noviembre de 2024, radicación: 25000-23-42-000-2018-00903-01 (6098-2022). 11 «Artículo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. La competencia para tramitar el proceso

se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.» 12 «La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado que este principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta». Corte Constitucional, sentencia T502 de 2002.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: COLPENSIONES Demandado: Rodolfo Elberto Cornejo González Radicado: 680013333008-2022-00162-02

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En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al caso concreto resulta aplicable la regulación en materia de caducidad prevista en el texto original del literal c), del artículo 164 del CPACA, dado que, al momento de su formulación, 30 de junio de 2022, era la disposición que en materia de oportunidad para presentar la demanda se encontraba vigente y en la cual, vale la pena precisar, no se tenía previsto término de caducidad alguno, motivo por el cual se adopta la postura planteada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

encontraba vigente y en la cual, vale la pena precisar, no se tenía previsto término de caducidad alguno, motivo por el cual se adopta la postura planteada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

En estos términos, la expresión, «[…] y que est én en curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 se considera incompatible con los artículos 29 y 229 de la Constitución Política y los principios constitucionales de confianza legítima y s eguridad jurídica, motivo por el cual, la Sala con fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política dispondrá su inaplicación por inconstitucionalidad. En consecuencia, para el caso concreto, no resulta aplicable el término de caducidad establecido en el artículo 86 ibidem, por lo que se procederá con el estudio del recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 28 de junio de 2024 por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

2.3. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el recurso de apelación le corresponde a la Sala establecer si hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones GNR 219766 del 16 de junio de 2014 y GNR 398657 del 12 de noviembre de 2014 proferidas por COLPENSIONES a través de las cuales se reconoció y reajustó una pensión de vejez a favor del señor Rodolfo Elberto Cornejo González de conformidad con el Decreto 758 de 1990 y el régimen de transición pensional o,