TA SAN - Sentencia 680013333008-2025-00097-01 (14-07-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)

RADICADO: 680013333008-2025-00097-01

ACCIÓN: TUTELA.

ACCIONANTE: JONATHAN ALEXIS FLÓREZ MONCADA

Jonflorez27@gmail.com

ACCIONADOS: NACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL

notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN FGNJur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co juridicanotificacionestutela@fiscalia.govco UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNPnotificacionesjudiciales@unp.gov.co

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

notificaciones@bucaramanga.gov.co

INSTITUTO EDUCATIVA LA JUVENTUD DE

BUCARAMANGA

ielajuventudbucaramanga@gmail.com ielajuventud@bucaramanga.edu.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMPO HERMOSO

DE BUCARAMANGA

colcampohermoso@hotmail.com

SENTENCIA No: 041

DERECHOS FUNDAMENTALES VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL Y

SEGURIDAD PERSONAL.

MAGISTRADA PONENTE CAROLINA ARIAS FERREIRAAcción de Tutela

Sentencia de Segunda Instancia

Accionante: JONATHAN ALEXIS FLOREZ MONCADA

SEGURIDAD PERSONAL.

MAGISTRADA PONENTE CAROLINA ARIAS FERREIRAAcción de Tutela

Sentencia de Segunda Instancia

Accionante: JONATHAN ALEXIS FLOREZ MONCADA

Accionado: UNP Y OTROS

Radicado No. 2025-0097-01

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Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN en adelante UNP, contra la sentencia del 04 de junio de 2025,

proferida por el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

JUDICIAL DE BUCARAMANGA.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Informa que, se desempeña como docente en la Institución Educativa La Juventud Sede A ubicada en Bucaramanga, con nombramiento en propiedad desde el mes de agosto de 2015.

Señala que, el día 2 de febrero de 2025, el suscrito recibió, a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, una comunicación de carácter amenazante, presuntamente suscrita por la autodenominada estructura armada ilegal «Nueva Marquetalia». Posteriormente, desde un número telefónico desconocido, se recibieron nuevas amenazas dir ectas, en las que se manifestó lo siguiente: «ya sabe, acate la orden… no se haga el de oídos sordos y el pendejo», lo cual constituye una intimidación grave contra la integridad personal y la seguridad del suscrito. Los hechos anteriormente descritos fuer on puestos en conocimiento de la fiscalía general de la Nación mediante denuncia formal, radicada bajo el número 202500900009022.

constituye una intimidación grave contra la integridad personal y la seguridad del suscrito. Los hechos anteriormente descritos fuer on puestos en conocimiento de la fiscalía general de la Nación mediante denuncia formal, radicada bajo el número 202500900009022.

Así las cosas, refiere que, la Secretaría de Educación de Bucaramanga, mediante Resolución No. 0225 de 2025, autorizó un tras lado temporal por tres meses a la Institución Educativa Campo Hermoso, asignándole funciones en el horario de la tarde, bajo el modelo de educación flexible.

Tal medida, propendía por su protección, sin embargo, afectó de manera grave su unidad familiar, puesto que, narra que, es padre de dos menores de edad que estudian en jornada continua, con quienes no ha podido compartir de sus deberes de cuidado y crianza.Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

Accionante: JONATHAN ALEXIS FLOREZ MONCADA

Accionado: UNP Y OTROS

Radicado No. 2025-0097-01

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Refiere que, el 16 de mayo de 2025, venció su traslado provisional, por lo tanto, debida reintegrarse a la Institución Educativa La Juventud, pese a que persisten las amenazas.

Tal situación le ha generado un colapso nervioso, agravio en condición de salud física y emocional, por el riesgo inminente al retornar a un entorno hostil y amenazante.

Para sustentar lo anterior, informa que, le fue concedida una incapacidad de días y fue remitido por psiquiatría, adicionalmente, que ha sido medicado para el manejo del cuadro clínico de ansiedad aguda.

amenazante.

Para sustentar lo anterior, informa que, le fue concedida una incapacidad de días y fue remitido por psiquiatría, adicionalmente, que ha sido medicado para el manejo del cuadro clínico de ansiedad aguda.

Señala que, ha observado con preocup ación que los docentes con nombramiento en provisional están siendo beneficiados con mayores garantías de estabilidad, protección y reubicación ante situaciones de riesgo, aspecto que a su juicio constituye un trato desigual. Considera que, cumple con los requisitos para solicitar traslado extraordinario por razones de seguridad.

2. Pretensiones.

Se tutelen sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal, salud, dignidad humana y unidad familiar.

En consecuencia, se ordene a:

(i) La UNP de manera inmediata un concepto técnico de riesgo y medidas de protección vigentes.

(ii) La secretaria de Educación de Bucaramanga abstenerse de ordenar el retorno a sede original mientras pesista el riesgo y se adelanta el análisis técnico-correspondientes, en su lugar disponga un traslado extraordinario y definitivo a otra institución educativa en condiciones de seguridad.

(iii) La Fiscalía General de la Nación adelantar con celeridad la investigación penal correspondiente para identificar y sancionar a los responsables de las amenazas.Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

Accionante: JONATHAN ALEXIS FLOREZ MONCADA

Accionado: UNP Y OTROS

Radicado No. 2025-0097-01

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(iv) Se adopten medidas integrales de protección en coordinación con las entidades del sistema de atención y prevención de violaciones a los

Accionado: UNP Y OTROS

Radicado No. 2025-0097-01

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(iv) Se adopten medidas integrales de protección en coordinación con las entidades del sistema de atención y prevención de violaciones a los derechos humanos.

(v) Al Ministerio de Educación Nacional, con el fin que se pronuncie por los hechos objeto de controversia, adopte medidas de inspección y vigilancia frente a la omisió n de la Secretaría de Educación de Bucaramanga con relación a la tramitación del traslado por razones de seguridad.

(vi) El Sindicato de Educadores de Santander - SES-, con el fin de tener conocimiento de los hechos y ejerza la labor de representación sindical y brinde acompañamiento institucional, garantizando ser tratado como prioritario en razón al riesgo que representa su vida e integridad personal;

(vii) La secretaria de Educación de Bucaramanga, adelante traslado extraordinario definitivo a una institución educativa que ofrezca garantías de seguridad, en condiciones de estabilidad laboral con asignación en el área de inglés.

(viii) La Comisión Nacional del Servicio Civil y ordenarle que dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales, emita concepto sobre la afectación de los derechos de carrera adquiridos como docente nombrado en propiedad, frente a la situación de inestabilidad laboral.

(ix) A la Defensoría de Pueblo, asuma seguimiento del caso e intervenga en la defensa de sus derechos fundamentales y emita los conceptos y recomendaciones que considere pertinentes en el marco de sus competencias constitucionales y legales.

II. TRÁMITE PROCESAL

en la defensa de sus derechos fundamentales y emita los conceptos y recomendaciones que considere pertinentes en el marco de sus competencias constitucionales y legales.

II. TRÁMITE PROCESAL

A la presente acción se le dio el trámite preferencial contemplado en el Decreto 2591 de 1991, corriendo traslado de la solicitud de amparo y de sus anexos a la entidad accionada y vinculados, quienes, dentro del término otorgado, concurrieron así:

1. Secretaria de Educación de BucaramangaAcción de Tutela

Sentencia de Segunda Instancia

Accionante: JONATHAN ALEXIS FLOREZ MONCADA

Accionado: UNP Y OTROS

Radicado No. 2025-0097-01

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Informa que, el accionante es docente en el área de inglés, con nombramiento en propiedad desde el mes de agosto de 2015, adscrito a la planta de personal del Magisterio Nacional y vinculado actualmente a la Institución Educativa la Juventud, Sede A.

Refiere que, no es cierto que, mediante Resolución 0225 -2025 se haya autorizado un traslado temporal por el termino de 3 meses, por el contrario, se trata de una comisión de servicios para desempeñar el cargo de docente en otra institución.

Indica que, l a presente acción de tutela recae sobre la necesidad de protección urgente del accionante, que de acuerdo con la establecido en el artículo 2.4.5.2.2.2.4 del Decreto 1075 de 2015, el cual establece que, en casos de amenaza, el reconocimiento temporal de dicha condición permite la adopción de medidas de protección, entre ellas, la comisión de servicios , tal situación no podrá

amenaza, el reconocimiento temporal de dicha condición permite la adopción de medidas de protección, entre ellas, la comisión de servicios , tal situación no podrá ser modificada ni revocada hasta tanto no se realice una evaluación formal del nivel de riesgo por parte de las autoridades competentes.

Finalmente, señala que, los derechos que se alegan como vulnerados por el accionante, no han sido trasgredidos ni amenazados por parte de la secretaria, puesto que, si bien, el accionante se encuentra bajo la protección dispuesta por la ley para los docentes amenazados , esto, en virtud de lo dispuesto en el acto administrativo señalado en precedencia.

2. Unidad de Protección Nacional -UNPIndica que, conforme a los hechos y pretensiones del escrito de tutela, la competencia directa recae en la secretaria de Educación de Bucaramanga, al ser la única capaz de decidir sobre el traslado del docente.

Ahora, refiere que, mediante orden de trabajo OT695406 se inició una evaluación del nivel del riesgo por primera vez de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1066 de 2015. Tal evaluación se constituye como herramienta técnica idónea para determinar de forma puntual el grado de vulnerabilidad y riesgo en el que se encuentra la persona, teniendo en cuenta un análisis de diferentes factores de riesgo a fin de determinar el nivel de este, el cual puede ser ordinario, extraordinario o externo.Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

Accionante: JONATHAN ALEXIS FLOREZ MONCADA

Accionado: UNP Y OTROS

Radicado No. 2025-0097-01

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Recalca que, dado que, el estudio a realizar por el Comité de Evaluación de Riesgo

Accionado: UNP Y OTROS

Radicado No. 2025-0097-01

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Recalca que, dado que, el estudio a realizar por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas CERREM, es detallado, técnicamente especializado y cuenta con unos términos para su elaboración, validación y ponderación, se cuenta con el termino de 30 días hábiles para definir la situación de riesgo de una persona.

En consecuencia, considera que, se encuentran en termino para dar respuesta, por lo tanto, no se ha vulnerado ningún derecho fundamental.

3. NaciónMinisterio de Educación Nacional

Informa que, carece de legitimación en la causa por pasiva, puesto que, las pretensiones de la acción de tutela están dirigidas a la secretaria de Educación Departamental de Bucaramanga, entidad territorial que ostenta la competencia para la administración del personal docente en su jurisdicción conforme el Decreto Le y 1278 de 2002 y la Ley 715 de 2001.

En consecuencia, los traslados por razones de seguridad deben ser tramitados por la entidad territorial certificada en educación, en coordinación con las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Victimas, como la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía General de la Nación.

Así las cosas, considera que, la acción de tutela se torna improcedente, por cuanto el accionante debería acudir al procedimiento administrativo correspondiente para solicitar el traslado.

4. Memorial de fecha 10 de julio de 2025 , en el que, el accionante solicita lo

siguiente:

[R]uego a su despacho tener en cuenta los hechos facticos narrados, que

solicitar el traslado.

4. Memorial de fecha 10 de julio de 2025 , en el que, el accionante solicita lo

siguiente:

[R]uego a su despacho tener en cuenta los hechos facticos narrados, que evidencian el incumplimiento de la medida provisional decretada por el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga.

Solicito se ordene a la Secretaría de Educación de Bucaramanga dar cumplimiento inmediato y sin más dilaciones a lo ordenado en la providencia judicial, procediendo a la expedición y notificación formal del acto administrativo que determine mi reubicación en una institución n educativa distinta, en condiciones que permitan el goce efectivo de mis derechos fundamentales al trabajo digno, a la estabilidad en el empleo y a la carrera administrativa.»Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

Accionante: JONATHAN ALEXIS FLOREZ MONCADA

Accionado: UNP Y OTROS

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III. SENTENCIA IMPUGNADA

La a quo consideró que se vulneraron los derechos fundamentales del actor a la vida, integridad personal, salud, unidad familiar y dignidad humana por parte de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN UNP, y como medida afirmativa de protección ordenó lo siguiente:

«[…]SEGUNDO: SEGUNDO. ORDENAR a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, proceda con la notificación del acto administrativo que contiene el informe de valoración del riesgo y las medidas de protección correspondiente s, conforme a lo establecido en el artículo

contadas a partir de la notificación de esta providencia, proceda con la notificación del acto administrativo que contiene el informe de valoración del riesgo y las medidas de protección correspondiente s, conforme a lo establecido en el artículo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015. Esta notificación deberá ser efectuada tanto a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA como al accionante, con el fin de garantizar la oportuna adopción de las medidas requeridas para salvaguardar los derechos fundamentales en riesgo. […]»

Lo anterior, teniendo en cuenta que, en primera medida con relación a la vulneración de derechos por parte de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, consideró que, no se vulneraron los derechos fundamentales del actor, por cuanto, dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2.4.5.2.2.2.3 del Decreto 1075 de 2015, la comisión de servicios ordenada por la secretaria de Educación mediante Resolución 0225 de 2025 ajustándose de esta manera a la norma en mención.

Ahora, en lo que atañe a la UNP, señaló que, a pesar de que el COMITÉ DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS -CERREMdesde el 02 de mayo de 2025 cuenta con acto administrativo proyectado, lo cierto es que a la fecha de la sentencia no se encuentra notificado el accionante sobre el informe del riesgo ni las medidas correspondientes. Lo anterior, por cuanto la situación del accionante fue puesta en conocimiento de la entidad desde el mes de feb rero del 2025 y a pesar de haber trascurrido más 90 días, no se cuenta con el informe.

IV. IMPUGNACIÓN

Lo anterior, por cuanto la situación del accionante fue puesta en conocimiento de la entidad desde el mes de feb rero del 2025 y a pesar de haber trascurrido más 90 días, no se cuenta con el informe.

IV. IMPUGNACIÓN

Se solicita la revocatoria de la sentencia de primera instancia, argumentando que se debe declarar la improcedencia de la acción de tutela por inexistencia deAcción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

Accionante: JONATHAN ALEXIS FLOREZ MONCADA

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vulneración de derechos fundamentales debido a una carencia actual de objeto, ya que se ha cumplido con las normas aplicables al procedimiento administrativo del programa de prevención y protección de la UNP. Además, hace referencia a la emisión de la Resolución 5882 del 10 de junio de 2025, cuya notificación al accionante está prevista entre el 10 y 11 de junio del mismo año.

V. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Corporación es competente para conocer de la impugnación de las sentencias de tutela dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial.

2. Cuestión previa

La Magistrada Ponente, mediante auto de fecha 8 de julio de 2025, de conformidad con los argumentos planteados por la UNP en su escrito de impugnación, decretó como prueba de segunda instancia que dicha entidad remitiera copia de la Resolución No. 5882 del 10 de junio de 2025 y las respectivas constancias de

con los argumentos planteados por la UNP en su escrito de impugnación, decretó como prueba de segunda instancia que dicha entidad remitiera copia de la Resolución No. 5882 del 10 de junio de 2025 y las respectivas constancias de notificación.

Posteriormente el demandante mediante memorial de fecha 10 de julio de 2025 presentó solicitud, la cual mediante providencia de fecha 10 de julio del mismo año, se ordenó correr traslado a las partes con el fin de garantizar los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

3. Problemas jurídicos

Atendiendo los motivos de impugnación y el escrito allegado en sede de segunda instancia, la Sala resolverá el siguiente problema jurídico:

PJ.1 ¿Es procedente la tutela para proteger los derechos fundamentales del accionante en relación con la valoración del riesgo y las medidas de protección según el artículo 2?4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015 a cargo de la UNP?Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

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PJ. 2: ¿Existe una vulneración d e los derechos fundamentales a la vida y la seguridad del accionante por parte de la UNP al no expedir un acto administrativo que incluya el «informe de valoración del riesgo y medidas de protección»?

PJ. 3 : ¿La Secretaría de Educación del Municipio de Bu caramanga vulneró los derechos fundamentales del accionante al no expedir un acto administrativo que defina su situación de traslado temporal y/o definitivo, considerando que estos

PJ. 3 : ¿La Secretaría de Educación del Municipio de Bu caramanga vulneró los derechos fundamentales del accionante al no expedir un acto administrativo que defina su situación de traslado temporal y/o definitivo, considerando que estos aspectos no fueron objeto de apelación y haciendo un uso indebido de las facultades ultra y extra petita del juez constitucional?

4. Tesis.

PJ.1: Si. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial para hacer cesar la vulneración de los derechos fundamentales, o en caso de que exista otro mecanismo, aquel no sea idóneo o eficaz para garantizarlos, o porque se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable1.

La H. Corte Constitucional en Sentencia SU-961 de 1999 señaló que:

[e]n cada caso, el juez está en la obligación de determinar si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien la interpone. Si no es así, si los mecanismos ordinarios carecen de tales características, el juez puede otorgar el amparo de dos maneras distintas, dependiendo de la situación de que se trate. La primera posibilidad es que las acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para proveer un remedio integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para evitar el acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso será procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a través de la vía ordinaria [...].

La segunda posibilidad se da cuando los mecanismos judiciales ordinarios no

procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a través de la vía ordinaria [...].

La segunda posibilidad se da cuando los mecanismos judiciales ordinarios no garanticen la solución de forma eficaz y oportuna, caso en el cual el amparo procederá de forma definitiva.

De la misma manera , el Alto Tribunal ha considerado que existen algunos grupos con características particulares que pueden llegar a sufrir daños o amenazas dadas sus condiciones de debilidad o vulnerabi lidad manifiesta lo que, en consecuencia,

1 Ver Sentencia T-401 de 2017.Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

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implica adoptar un «2», ampliándose con ello el ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía de tutela.

En ese contexto, tratándose que el accionante se encuentra en una situación de amenazas vía telefónica y WhatsApp resulta la necesidad de la adopción de medidas tendientes a garantizar su seguridad.

En consecuencia, tratándose protección de los derechos fundamentales a la vida e integridad y seguridad personal, no existe otro mecanismo en la vía judicial ordinaria que resulte idóneo para proveer su garantía, razón por la cual, ante las especiales circunstancias en las que se encuentran los accionantes, la Sala dará por acreditado el requisito de subsidiariedad y procederá con el estudio de fondo de la acción de tutela.

PJ.2: SI, por cuanto si bien, en el trámite de segunda instancia la UNP acreditó

por acreditado el requisito de subsidiariedad y procederá con el estudio de fondo de la acción de tutela.

PJ.2: SI, por cuanto si bien, en el trámite de segunda instancia la UNP acreditó parcialmente el cumplimiento del fallo de tutela, ello se originó con ocasión de la orden impuesta por la a quo en la sentencia de primera instancia. De esta manera, ante esta circunstancia se estaría ante el simple cumplimiento del fallo de tutela, sin embargo, la comunicación a la secretaria de Educación del Municipio de Bucaramanga y la constancia de recibo frente al demandante no fueron allegadas, por lo tanto, no se puede acreditar un cumplimiento de la orden que se encontraba a su cargo. Puesto que, cuando el cumplimiento ocurre en el trámite de segunda instancia, como consecuencia de lo dispuesto por la a quo al emitir una orden para materializar lo pretendido por el accionante, lo que ocurre es una conducta de la accionada, que acata una orden del Juez Constitucional en procura de amparo que solicita el actor. PJ. 3 : Si. Teniendo en cuenta las pruebas allegadas en segunda instancia y al contar con la Resolución DGRP 005882 de 2025 « Por la cual se adoptan las recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM de Servidores y Exservidores Públicos, del Programa de Prevención y Protección de los derechos a la Vida, la Libertad, la Integridad y la Seguridad de personas, grupos y comunidades», es deber de la Secretaria de Educación del Municipio de Bucaramanga, definir la situación de traslado temporal o definitivo del docente a efectos de determinar las medidas de protección

2 Ver Sentencia T-066 de 2020.Acción de Tutela

Educación del Municipio de Bucaramanga, definir la situación de traslado temporal o definitivo del docente a efectos de determinar las medidas de protección

2 Ver Sentencia T-066 de 2020.Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

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necesarias para la salvaguardar de los derechos fundamentales objeto de amparo constitucional, conforme se pasa a explicar.

En consecuencia, la Sala dispondrá confirmar la sentencia de primera instancia en lo que atañe a la UNP y modificar en el sentido de adicionar un numeral para ordenar a la secretaria de Educación del Municipio de Bucaramanga un estudio conforme lo dispuesto en los artículos 2.4.5.2.2.2.4 respecto del reconocimiento temporal de amenazado y el 2.4.5.2.2.2.5 tras analizar los resultados de la evaluación del nivel del riesgo del Decreto 1075 de 20153

5. Marco jurídico y jurisprudencial

5.1. Derecho a la seguridad de las personas cuando se encuentra en riesgo la vida

Los articulo 2 y 11 de la Carta Política, establecen que las autoridades de la Republica son las instituidas para proteger la vida de todas las personas que residen en el territorio colombiano, este derecho tiene la connotación de derecho fundamental e inviolable.

La H. Corte Constitucional en la Sentencia T -719 de 2003, sobre la seguridad personal, señaló que, esta comporta tres manifestaciones: « a. valor constitucional pues se constituye como uno de los elementos del orden

fundamental e inviolable.

La H. Corte Constitucional en la Sentencia T -719 de 2003, sobre la seguridad personal, señaló que, esta comporta tres manifestaciones: « a. valor constitucional pues se constituye como uno de los elementos del orden público que garantiza “las condiciones necesarias para el ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales por parte de las personas que habitan el territorio nacional”;

b. derecho colectivo en la medida en que cobija a todos los miembros de la sociedad cuando se encuentren ante circunstancias que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y salubridad pública, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre competencia económica (Art. 88, C.P.); y,

c. derecho fundamental pues a pesar de no estar previsto en la Constitución Política como tal, se relaciona intrínsecamente con la dignidad humana y con los derechos a la vida y a la integridad personal. Así las cosas, implica que todas las personas d eben recibir una protección adecuada por parte de las autoridades ante riesgos extraordinarios, por rebasar éstos los niveles soportables de peligro implícitos en la vida en sociedad.»

3 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector EducaciónAcción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

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Ahora bien, esta misma Corporación sobre la amenaza a derechos de índole iusfundamental como la vida, estableció una serie de criterios que deben ser tenidos en cuenta por el Estado para su intervención:

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Ahora bien, esta misma Corporación sobre la amenaza a derechos de índole iusfundamental como la vida, estableció una serie de criterios que deben ser tenidos en cuenta por el Estado para su intervención:

[L]a vulneración y la amenaza de los derechos fund amentales son dos causales claramente distinguibles: la primera requiere de una verificación objetiva que corresponde efectuar a los jueces de tutela, mediante la estimación de su ocurrencia empírica y su repercusión jurídico-constitucional; la segunda, en cambio, incorpora criterios tanto subjetivos como objetivos, configurándose no tanto por la intención de la autoridad pública o el particular, cuando sea del caso, sino por el resultado que su acción o abstención pueda tener sobre el ánimo de la persona presuntamente afectada. Para que se determine entonces la hipótesis constitucional de la amenaza se requiere la confluencia de elementos subjetivos y objetivos o externos: el temor del sujeto que ve peligrar sus derechos fundamentales y la convalidación de dicha percepción mediante elementos objetivos externos, cuya significación es la que ofrecen las circunstancias temporales e históricas en que se desarrollan los hechos.»4

En esa línea, en Sentencia T -1026 de 2002 sobre la materia , el Alto Tribunal Constitucional estableció una serie de presupuestos para medir la amenaza, a saber:

“i) Realidad de la amenaza: se exige que la amenaza sea real, en el sentido que haya sido comunicada o manifestada a la víctima y pueda ser convalidada objetivamente, lo que implica que no debe tratarse de un temor individual “frente a una situación hipoté tica, pues los riesgos imaginarios no son amparables constitucionalmente”;

haya sido comunicada o manifestada a la víctima y pueda ser convalidada objetivamente, lo que implica que no debe tratarse de un temor individual “frente a una situación hipoté tica, pues los riesgos imaginarios no son amparables constitucionalmente”;

1. La individualidad de la amenaza: se requiere que la amenaza sea individualizada; para ello es necesario que se dirigida contra un sujeto o un grupo determinado o determinable de personas, en la cual se pueda establecer que el peligro que “corren es excepcional en relación con el riesgo general que debe soportar la población o el grupo o sector al cual pertenecen”.

1. La situación específica del amenazado: en este criterio se deben tener en cuenta “aspectos subjetivos que rodean al peticionario, tales como el lugar de residencia, la pertenencia a un partido político, la actividad sindical, la situación económica, la actividad profesional, la labor desempeñada como empleado de cierta entidad estatal o empresa privada, los vínculos familiares, ciertas actuaciones realizadas o haberse visto involucrado en acciones adelantadas por grupos armados que actúan por fuera de la ley”.

Por ello, la autoridad competente deberá determinar, si debido a las circunstancias específicas del solicitante, éste se encuentra expuesto a una situación de mayor vulnerabilidad y, por lo tanto, “sus derechos fundamentales corren un riesgo superior de ser violados en relación con el resto de la población”.

1. El escenario en que se presentan las amenazas: de manera paralela a los criterios anteriores, es necesario analizar las circunstancias “históricas, sociales,

4 Ver Sentencia T-439 de 1992.Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

criterios anteriores, es necesario analizar las circunstancias “históricas, sociales,

4 Ver Sentencia T-439 de 1992.Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

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económicas y políticas del lugar donde se asegura que han ocurrido las amenazas