TA SAN - Sentencia 680013333009-2016-00283-01 (03-04-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE

CONTROL

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE

CARÁCTER LABORAL DEMANDANTE OSCAR IVÁN ÁLVAREZ RUEDA , identificad o con

cédula de ciudadanía No. 1.098.704.374 mariamercedes39@gmail.com

DEMANDADO

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFE NSA – EJÉRCITO

NACIONAL

notificaciones.bucaramanga@mindefensa.gov.co yadira.vasquez@mindefensa.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co

RADICADO Y

LINK DEL EXPEDIENTE 680013333009-2016-00283-01

TEMA NULIDAD DE ACTAS MÉDICO -LABORALES EN LA FUERZA PÚBLICA. Se confirma la sentencia de primera instancia. Las autoridades médico -laborales omitieron la calificación integral de la disminución de la capacidad psicofísica del demandante. El dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez constituye un me dio probatorio válido. La orden de adelantar el estudio de reconocimiento prestacional y/o de indemnización a que hubiere lugar no impone una carga prestacional / No es posible ordenar directamente el

la Junta Regional de Calificación de Invalidez constituye un me dio probatorio válido. La orden de adelantar el estudio de reconocimiento prestacional y/o de indemnización a que hubiere lugar no impone una carga prestacional / No es posible ordenar directamente el reconocimiento de una pensión, dado que este asunto no ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la administración.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandada contra la sentencia proferida el 20 de enero de 2022 por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que concedió parcialmente las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda1

1. Pretensiones

El demandante pretende que se declare la nulidad del Acta de la Junta MédicoLaboral No. 75448, emitida el 11 de febrero de 2015 por la Dirección de Sanidad del Ejército, mediante la cual se determinó una incapacidad permanente parcial sin establecer el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

Asimismo, solicita la nulidad del Acta No. M15 -114 - TML16-2-102 MDNSG-TML41.1, expedida por el Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía el 1° de junio de 2016, que ratificó en su totalidad la decisión de la Junta Médico-Laboral sin calificar la pérdida de capacidad laboral, definir el índice lesional ni determinar la relación de la enfermedad con el servicio militar obligatorio.

de junio de 2016, que ratificó en su totalidad la decisión de la Junta Médico-Laboral sin calificar la pérdida de capacidad laboral, definir el índice lesional ni determinar la relación de la enfermedad con el servicio militar obligatorio.

1 Expediente digital en SAMAI. Índice 00013. Carpeta en OneDrive. Documento: 1. FLS 1-69 (22-SEP-2016) DEMANDA Y ANEXOSRADICADO: 680013333009-2016-00283-01

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A título de restablecimiento del derecho, solicita:

(i) Se ordene al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía calificar su incapacidad psicofísica, determinar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, establecer si la enfermedad es consecuencia del servicio militar obligatorio y precisar la fecha de estructuración de la patología diagnosticada.

(ii) Se reconozca y pague la pensión de invalidez, con efectos retroactivos al 12 de junio de 2010, conforme al porcentaje de pérdida de capacidad laboral que se determine, con base en el salario de un cabo tercero del Ejército Nacional. Además, en caso de requerir asistencia para la realización de actividades esenciales, se incremente la mesada pensional en un veinticinco

que se determine, con base en el salario de un cabo tercero del Ejército Nacional. Además, en caso de requerir asistencia para la realización de actividades esenciales, se incremente la mesada pensional en un veinticinco por ciento (25%), de acuerdo con lo establecido en la Ley 4433 de 2004.

(iii) Se ordene el pago de las mesadas adicionales de navidad y de mitad de año, conforme al artículo 41 del Decreto 4433 de 2004, o en su defecto, la mesada 14 prevista en el artículo 48 transitorio 6 de la Constitución, con efectos retroactivos al 12 de junio de 2010. También, se ordene el pago del retroactivo pensional desde el 12 de junio de 2010 hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de la pensión de invalidez, debidamente indexado.

(iv) Se afilie al Sistema General de Seguridad Social en Salud, conforme a la Ley 100 de 1993, y se inicie un tratamiento médico adecuado para evitar el deterioro de su condición de salud.

(v) Se reconozca y pague una indemnización por pérdida de capacidad laboral, conforme al Decreto 094 de 1989, calculada con base en el porcentaje de disminución de la capacidad laboral y el índice lesional correspondiente.

(vi) De manera subsidiaria, en caso de no ser procedente la aplicación del régimen especial, se reconozcan las prestaciones reclamadas conforme al régimen general de la Ley 100 de 1993.

(vii) Se ordene el pago de intereses moratorios, a título de sanción, por la falta de reconocimiento oportuno de la pensión de invalidez, desde el 12 de julio de 2010 hasta su efectivo pago. También, pide que se disponga el cumplimiento

(vii) Se ordene el pago de intereses moratorios, a título de sanción, por la falta de reconocimiento oportuno de la pensión de invalidez, desde el 12 de julio de 2010 hasta su efectivo pago. También, pide que se disponga el cumplimiento de la sentencia de conformidad con el artículo 192 del CPACA y se condene en costas procesales a la parte demandada.

2. Hechos El demandante afirma que ingresó al servicio militar obligatorio como soldado campesino el 8 de junio de 2009, tras cumplir con los requisitos de aptitud psicofísica exigidos para la prestación del servicio militar obligatorio . Señala que su retiro se produjo por determinación de la Fuerza mediante la Orden Administrativa de Personal No. 1379 del 2 de junio de 2010, con novedad fiscal el 12 de junio del mismo año.

Indica que prestó servicio en dicho batallón durante aproximadamente ocho meses y luego recibió orden de retirarse a su domicilio hasta completar el año reglamentario, sin explicación clara sobre esta determinación. Expone que, luego de su paso por el Ejército, presentó cambios en su comportamiento y mostró desinterés por el trabajo y la vida cotidiana, lo que su familia interpretó como falta de voluntad para asumir responsabilidades y no como un problema de salud.RADICADO: 680013333009-2016-00283-01

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Menciona que su estado de salud se deterioró progresivamente hasta que, en enero de 2013, su madre lo llevó a consulta médica, donde fue remitido a psicología y, posteriormente, a psiquiatría en el Hospital San Camilo . Dice que el diagnóstico emitido concluyó que padecía esquizofrenia indiferenciada, atribuida a «secuelas por exposición a guerra». Añade que, tras conocer el diagnóstico, su madre presentó un derecho de petición para solicitar acceso a la historia clínica y al expediente que soportó su retiro, con el propósito de establecer si existía un evento vinculado a su estado de salud, así como conocer la atención médica que recibió antes de su salida de la institución. Detalla que el Batallón respondió que no reposaba historia clínica en sus archivos y remitió la petición al Hospital Militar Regional de Bucaramanga, el cual solo entregó un registro de consulta odontológica sin información sobre su salud mental ni la causa de su retiro, al alegarse una reserva legal. Expone que, ante la falta de información sobre su estado de salud y la relación de su enfermedad con el servicio militar, su madre interpuso una acción de tutela el 11 de junio de 2013, la cual próspero y ordenó la convocatoria de una Junta MédicoLaboral para valorar su estado de salud y determinar si su enfermedad guardaba relación con el servicio militar. Refiere que la Junta Médico-Laboral se reunió el 11 de febrero de 2015 y notificó su

Laboral para valorar su estado de salud y determinar si su enfermedad guardaba relación con el servicio militar. Refiere que la Junta Médico-Laboral se reunió el 11 de febrero de 2015 y notificó su dictamen el 2 de marzo siguiente. Añade que dicha instancia determinó que presentaba una incapacidad permanente parcial sin pérdida de capacidad laboral, y clasificó su enfermedad como de origen común, sin establecer su relación con el servicio militar. Afirma que, al no estar conforme con el dictamen, presentó recurso de apelación ante la Secretaría General del Ministerio de Defensa en el que solicitó la revisión por parte del Tribunal Médico -Laboral de Revisión Milita r, que ratificó el dictamen de la Junta Médico -Laboral, sin establecer la incapacidad psicofísica, el índice lesional ni la calificación de la pérdida de capacidad laboral.

3. Normas Violadas y Concepto de Violación Se citan como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 47, 48, 53, 83 y 87 de la Constitución Política; la Ley 100 de 1993; el Decreto 094 de 1989; el Decreto 1796 de 2000, y el Decreto-Ley 4433 de 2004.

El demandante afirma que la parte demandada desconoció el mandato constitucional y las normas que regulan la seguridad social al abstenerse de calificar la pérdida de capacidad laboral, omisión que asegura, le impidió acceder a sus derechos prestacionales. Refiere que tanto la Junta Médico Laboral como el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar vulneraron sus derechos al emitir un dictamen incompleto que no definió su incapacidad psicofísica, el índice lesional ni

derechos prestacionales. Refiere que tanto la Junta Médico Laboral como el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar vulneraron sus derechos al emitir un dictamen incompleto que no definió su incapacidad psicofísica, el índice lesional ni la relación entre su enfermedad y el se rvicio militar, lo que desconoció lo previsto en el Decreto 1796 de 2000. Indica que la falta de calificación impidió el reconocimiento de la pensión de invalidez, el pago de mesadas adicionales y demás prestaciones económicas derivadas de la contingencia padecida durante su servicio militar obligatorio. Advierte que esta omisión no solo transgrede su derecho a la seguridad social, sino que también vulnera el principio de favorabilidad, pues el régimen especial aplicableRADICADO: 680013333009-2016-00283-01

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a los miembros de la Fuerza Pública contempla garantías específicas para protegerlos ante la pérdida de capacidad laboral. Manifiesta que también se desconoció el debido proceso al omitir la valoración médica exigida para su retiro del servicio, enviándolo a su domicilio sin el examen de egreso requerido para establecer su condición de salud. Precisa que esta actuación arbitraria lo dejó en estado de indefensión y sin posibilidad de acceder a tratamientos médicos oportunos que mitigaran el deterioro de su salud mental.

de egreso requerido para establecer su condición de salud. Precisa que esta actuación arbitraria lo dejó en estado de indefensión y sin posibilidad de acceder a tratamientos médicos oportunos que mitigaran el deterioro de su salud mental. Sostiene que la administración quebrantó el derecho a la igualdad, al someterlo a un régimen militar sin garantizarle la protección prestacional prevista para los soldados que sufren afectaciones durante el servicio. Resalta que, de haber existido una eval uación adecuada, se habría determinado su estado de salud y, en consecuencia, su derecho a una pensión de invalidez. Argumenta que la omisión en la calificación de su estado de salud constituye una falsa motivación del acto administrativo, pues la entidad se negó a reconocer su derecho bajo el pretexto de que su enfermedad era común, sin realizar un análisis técnico que determinara su origen. Finalmente, menciona que esta decisión desconoció los criterios establecidos en la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre la protección de los soldados conscriptos que desarrollan enfermedades durante su servicio, lo que configura un daño antijurídico imputable al Estado.

B. Contestación La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional 2 se opone a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme al ordenamiento jurídico y a las disposiciones que regulan la calificación y determinación de la pérdida de capacidad laboral de los miembros de la Fuerza Pública.

Sostiene que el retiro del demandante obedeció a la recomendación del área de sanidad militar, tras una evaluación médica que determinó que su condición de salud no guardaba relación con el servicio. Indica que, al momento de su

Sostiene que el retiro del demandante obedeció a la recomendación del área de sanidad militar, tras una evaluación médica que determinó que su condición de salud no guardaba relación con el servicio. Indica que, al momento de su incorporación, no presentaba restricciones médicas que impidieran su vinculación, pero que posteriormente se identificaron conductas que motivaron su valoración, concluyendo que su patología era una enfermedad común. Afirma que la Junta Médico -Laboral y el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía analizaron el caso y establecieron que la enfermedad del demandante no tenía nexo con la actividad militar, por lo que no generaba derecho a prestaciones derivadas del servicio. Precisa que dichas instancias se limitaron a evaluar su estado de salud, sin reconocerle derechos prestacionales o indemnizatorios. Sostiene que no se vulneraron sus derechos fundamentales, pues las actuaciones administrativas se ajustaron a la normativa vigente. Explica que el retiro no fue arbitrario, sino resultado de la evaluación médica y disciplinaria. Refiere que la solicitud de pensión de invalidez carece de fundamento, ya que la Junta MédicoLaboral y el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía no determinaron un porcentaje de pérdida de capacidad laboral atribuible al servicio.

2 Expediente digital en SAMAI. Índice 00013 . Carpeta en OneDrive . Documento: 10. FLS 91 -104 (5 -DIC-2017) CONTESTACION Y TRASLADO EXCEPCIONESRADICADO: 680013333009-2016-00283-01

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Finalmente, descarta la existencia de un daño antijurídico, al considerar que la desvinculación se sustentó en dictámenes médicos que excluyeron la relación entre su patología y la actividad militar, sin configurarse responsabilidad por parte de la entidad.

C. La sentencia recurrida3

El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, mediante sentencia del 20 de enero de 2022, resolvió lo siguiente :

PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD de los actos administrativos demandados: Acta de Junta Médica Laboral N°. 75448 del 11 de febrero de 2015 y Acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía N° M15-114 – TML16-2-102 MDNSG – TML41.1 del 1° de junio de 2016, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia .

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior declaración y a título de restablecimiento, se ORDENA a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA que conforme a la Calificación emitida por la Junta Re gional de Calificación

restablecimiento, se ORDENA a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA que conforme a la Calificación emitida por la Junta Re gional de Calificación de Invalidez 1098704374 mediante dictamen del 29 de septiembre de 2021 :

Se trata de ESQUIZOFRENIA Y RETRASO MENTAL NO IMPUTABLES AL

SERVICIO MILITAR: SON ENFERMEDADES DE ORIGEN COMUN”.

Determinando una pérdida de capacidad laboral del 100%. Experticia que se complementa con el dictamen rendido por el Instituto de Medicina Lega l y Ciencias Forenses que establece que la esquizofrenia, se inició estando prestando el servicio militar. Adelante el estudio y reconocimiento prestacional y/o de indemnización del señor OSCAR IVAN ALVAREZ RUEDA a que hubiere lugar .

TERCERO: CONDENAR en Costas a la PARTE DEMANDADA, NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSAEJÉRCITO NACIONAL, por ser la parte vencida, a favor de la PARTE DEMANDANTE, OSCAR IVAN ALVAREZ RUEDA, conforme lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: Niéguense las demás pretensiones . (sic) Para adoptar su decisión, el a quo determinó que las actas demandadas adolecían de nulidad , ya que no fundamentaron de manera adecuada la evaluación de la condición médica del demandante.

Señaló que la Junta Médica Laboral Militar y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar omitieron analizar integralmente la historia clínica del actor, así como los exámenes de egreso y retiro reglamentarios, lo que impidió una valoración objetiva

Militar omitieron analizar integralmente la historia clínica del actor, así como los exámenes de egreso y retiro reglamentarios, lo que impidió una valoración objetiva de s u estado de salud. Además, advirtió que no clasificaron correctamente la esquizofrenia indiferenciada diagnosticada al demandante ni determinaron el índice lesional o la incapacidad laboral derivada de su condición médica. En ese sentido, resaltó que el di ctamen, al indicar la existencia de «retraso mental moderado» sin calificar la pérdida de capacidad laboral, resultaba contradictorio y carente de sustento probatorio. Precisó que la Junta Regional de Calificación de Invalidez estableció una pérdida de capacidad laboral del 100 % y, aunque calificó la enfermedad como de origen común, su dictamen se complementó con el informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual concluyó que la esquizofrenia se manifestó durante la prestación del servicio militar. Con base en lo anterior, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, pero negó las pretensiones de restablecimiento del derecho, al

3 Expediente digital en SAMAI. Índice 00013. Carpeta en OneDrive. Documento: 108Fl378SentenciaPrimeraInstancia20220120RADICADO: 680013333009-2016-00283-01

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considerar que el actor no acreditó la realización de trámites administrativos ante la Dirección de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa para el reconocimiento de una prestación económica. En su lugar, ordenó a dicha entidad adelantar el estudio correspondiente para determinar si procedía el reconocimiento prestacional o indemnizatorio a favor del demandante.

D. La apelación4

La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional sostiene que el a quo incurrió en errores al fundamentar su decisión, puesto que otorgó prevalencia a la Junta Regional de Calificación de Invalidez sin considerar que sus dictámenes no son vinculantes para la Fuerza Pública. Explica que las autoridades competentes en la materia son la Junta Médico Laboral y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, organismos que, en el caso concreto, determinaron que el demandante no presentaba una disminución de la capacidad laboral. Afirma que el demandante fue desacuartelado en 2010 por presentar alteraciones de conducta asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, las cuales se evidenciaron en la valoración médica realizada durante su permanencia en la institución. Indica que di cha condición, sumada a factores de predisposición genética, desencadenó su estado de salud actual, por lo que no es posible establecer un nexo causal entre su patología y la prestación del servicio militar. Alega que la Junta Médico Laboral y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, con base en los antecedentes clínicos y el examen físico practicado,

establecer un nexo causal entre su patología y la prestación del servicio militar. Alega que la Junta Médico Laboral y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, con base en los antecedentes clínicos y el examen físico practicado, concluyeron que el demandante padecía retraso mental de origen común, sin relación con su actividad en el Ejército Nacional. Resalta que dichas valoraciones fueron realizadas con rigor técnico y conforme a los procedimientos establecidos en la normativa aplicable. Señala que la pensión de invalidez establecida en el Decreto 4433 de 2004 solo es procedente cuando la disminución de la capacidad laboral ocurre en servicio activo y es determinada por las autoridades médico-laborales de la Fuerza Pública, lo que no se configuró en el caso concreto. Advierte que el a quo desconoció este requisito y basó su decisión en una valoración posterior realizada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, la cual no tiene competencia para modificar los dictámenes de la autoridad especializada en la materia. Concluye que la sentencia apelada vulnera el principio de presunción de legalidad de los actos administrativos y desconoce la s normas que rige n el régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública. En consecuencia, solicita que se revoque la decisión de primera instancia y se nieguen las pretensiones de la demanda.

E. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 16 de junio de 2022 5, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia . De esta etapa procesal, se destacan las siguientes intervenciones:

Mediante auto del 16 de junio de 2022 5, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia . De esta etapa procesal, se destacan las siguientes intervenciones:

1. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional 6 reitera íntegramente lo expuesto en su escrito de apelación.

4 Expediente digital en SAMAI. Índice 00013. Carpeta en OneDrive. Documento: 111Fl381MemorialApelacionMinDefensa20220201 5 Expediente digital en SAMAI. Índice 00004. Documento: 2_AUTOADMITERECURSODEAPELACION(.docx) 6 Expediente digital en SAMAI. Índice 00009. Documento: 4_RECEPCIONDEMEMORIAL_AEGATOSOSCARIVAN(.pdf)RADICADO: 680013333009-2016-00283-01

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2. El demandante 7 argumenta que se demostró en el proceso que adquirió una enfermedad mental durante la prestación del servicio militar, que afectó su vida laboral y personal. Sostiene que el informe forense del Instituto de Medicina Legal corroboró que ingresó en buen estado de salud y que su enfermedad se manifestó mientras cumplía con su deber.

laboral y personal. Sostiene que el informe forense del Instituto de Medicina Legal corroboró que ingresó en buen estado de salud y que su enfermedad se manifestó mientras cumplía con su deber. Afirma que el Ejército incumplió su obligación de realizar los exámenes psicofísicos exigidos para el ingreso y egreso de los soldados, lo que impidió detectar oportunamente su afectación. Resalta que el primer diagnóstico fue emitido por una psicóloga militar, quien evidenció un deterioro significativo en todas sus áreas de funcionalidad y concluyó que no era apto para continuar en la unidad. Señala que, no obstante, la institución, en lugar de garantizarle un tratamiento adecuado, lo retiró del servicio y lo dejó en estado de abandono. Manifiesta que los testimonios de sus antiguos empleadores y compañeros de unidad confirman que antes de su incorporación era una persona sana, con habilidades laborales y cognitivas normales, y que su estado de salud comenzó a deteriorarse durante su permanencia en la institución. Expone que, en ese contexto, la decisión de retirarlo sin garantizarle atención médica y sin reconocerle derechos prestacionales constituyó una vulneración a sus derechos fundamentales. Finalmente, solicita que se mantenga la decisión de declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y que se reconozcan las prestaciones económicas a su favor, incluyendo la pensión de invalidez, con base en el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que estableció una pérdida de capacidad laboral del 100%.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los

laboral del 100%.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. Los problemas jurídicos y su resolución

Con base en la reseña que antecede, la Sala pla ntea y resuelve los siguientes problemas jurídicos: Pj1. ¿Es procedente declarar la nulidad de las actas emitidas por las autoridades médico-laborales militares y de policía cuando estas omiten una valoración integral de la condición del evaluado, en especial sobre la disminución de capacidad laboral?

Tesis: Sí Fundamento jurídico: Las autoridades médico-laborales tienen el deber de realizar una calificación completa de la pérdida de capacidad laboral del evaluado, determinando no solo la etiología de la enfermedad, sino su impacto real en la aptitud psicofísica y en el acceso a prestaciones económicas. En este caso, el Acta de la Junta Médica Laboral N o. 75448 del 11 de febrero de 2015 y el Acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía del 1 de junio de 2016 se limitaron a clasificar las patol ogías del demandante como enfermedades de origen común, sin establecer el índice lesional ni la afectación sobre su capacidad para desempeñar una actividad laboral.

7 Expediente digital en SAMAI. Índice 00010. Documento: 6_RECEPCIONDEMEMORIAL_ALEGATOSSEGINTOSC(.docx)RADICADO: 680013333009-2016-00283-01

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La ausencia de esta valoración impidió determinar si el demandante reunía los requisitos para acceder a una prestación, lo que vulneró su derecho a una evaluación médica integral. Además, el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que fijó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 100%, evidenció deficiencias en la valoración practicada por las autoridades médicolaborales. La jurisprudencia ha reconocido que estos dictámenes pueden ser valorados como prueba cuando revelan inconsistencias en la actuación de las juntas médico-laborales. Pj2. ¿Ordenar la evaluación del demandante para determinar si cumple con los requisitos para acceder a una pensión de invalidez o a una indemnización impone una carga prestacional a la entidad sin sustento jurídico?

Tesis: No Fundamento jurídico: La normativa aplicable exige que toda prestación derivada de la pérdida de capacidad laboral se conceda con base en una calificación técnica que determine el grado de afectación del evaluado. En este caso, la sentencia de primera instancia no impuso el reconocimiento d e una pensión de invalidez ni de una indemnización, sino que ordenó realizar la evaluación correspondiente para establecer si el demandante cumple con los requisitos legales para acceder a alguna de estas prestaciones.

primera instancia no impuso el reconocimiento d e una pensión de invalidez ni de una indemnización, sino que ordenó realizar la evaluación correspondiente para establecer si el demandante cumple con los requ