TA SAN - Sentencia 680013333009-2017-00277-01 (02-10-2025)

SIGCMA-SGC

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander Magistrada ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez Bucaramanga, dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Sentencia de segunda instancia Radicado: 680013333009-2017-00277-01

Enlace del expediente: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas /Casos/list_procesos.aspx?guid=680013333

009201700277016800123

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Parte demandante: Carlos Andrés Álvarez Ariza

vtasesores@hotmail.com Parte demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional desan.asjud@policia.gov.co desan.notificacion@policia.qov.co Ministerio Público Xirys María Mora Alvarado xmora@procuraduria.gov.co; Tema: Legalidad del procedimiento administrativo sancionatorio que culminó en el decomiso definitivo de un arma de fuego. Se confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. No se probó que los actos administrativos estuvieran viciados de nulidad por falta de competencia temporal y violación del debido proceso. Una vez verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación y la competencia1, l a Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 13 de agosto de 2017 por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga, que negó las pretensiones.

1. Antecedentes 1.1. Posición de la parte demandante2

demandante contra la sentencia proferida el 13 de agosto de 2017 por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga, que negó las pretensiones.

1. Antecedentes 1.1. Posición de la parte demandante2

La parte demandante pide: (i) la nulidad de las resoluciones 0401 del 10 de junio de 2016 y 151 del 16 de febrero de 2017, por las cuales se dispuso el decomiso definitivo de su arma de fuego; (ii) la devolución del arma incautada; (iii) el reconocimiento y pago de 3 SMLMV por concepto de daño emergente derivado de los honorarios cancelados a su abogado; (iv) la indemnización de perjuicios morales equivalentes a 20 SMLMV; y (v) el pago de gastos judiciales y agencias en derecho.

Señala que es titular de un permiso para portar un arma de fuego y que mediante Resolución No. 041 del 24 de diciembre de 2015, la Jefatura de Estado Mayor de la Quinta Brigada restringió el porte de armas en su jurisdicción desde el 24 de

1 Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial. 2 Expediente físico, folios 1 a 6Radicado: 680013333009-2017-00277-01

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diciembre de 2015 hasta el 31 de enero de 2016. Agrega que dicha restricción no

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diciembre de 2015 hasta el 31 de enero de 2016. Agrega que dicha restricción no fue publicada en medios masivos de información, por lo que no tuvo conocimiento de la misma.

Sostiene que El 10 de enero de 2016, la Policía Nacional le incautó el arma de fuego frente al establecimiento comercial Roxie, mientras buscaba a su hermano desaparecido por no contar con un permiso especial para pórtala durante la restricción vigente. Indica que formuló reiteradas solicitudes para obtener la devolución de su arma, pero todas fueron desatendidas.

Manifiesta que finalmente, el Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga profirió la Resolución 0401 del 10 de junio de 2016 en la cual ordenaba el decomiso definitivo del arma , decisión que fue confirmada en instancias administrativas posteriores.

La parte demandante invoca como normas violadas el artículo 23 de la Constitución Política, los artículos 4, 13, 21, 25 y 29 de la misma, los artículos 47 a 52 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 90 del Decreto 2535 de 1993 modificado por la Ley 1119 de 2006, y el artículo 137 del CPACA. Considera que dichas normas se vulneran porque el procedimiento administrativo sancionatorio fue adelantado sin apertura formal, sin notificación personal, ni oportunidad para ejercer el derecho de defensa, presentar pruebas o controvertir las existentes. Señala que el acto administrativo fue emitido fuera del término legal de 15 días, lo que implicó la pérdida de competencia temporal.

presentar pruebas o controvertir las existentes. Señala que el acto administrativo fue emitido fuera del término legal de 15 días, lo que implicó la pérdida de competencia temporal.

1.2. Posición de la parte demandada3 La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opone a las pretensiones. Argumenta que la incautación y posterior decomiso del arma de fuego se realizó conforme a la normatividad vigente, en aplicación del Decreto 2535 de 1993 y la Resolución 041 del 24 de diciembre de 2015, que restringía el porte de armas en la jurisdicción de la Quinta Brigada. Sostiene que el procedimiento fue ejecutado por la autoridad competente, en cumplimiento de los protocolos legales, y que el demandante fue notificado mediante acta firmada el mismo día de la incautación. Señala que se le permitió eje rcer su defensa, presentar descargos, aportar pruebas y formular recursos, lo que demuestra que se respetaron las garantías del debido proceso. Sostiene que el decomiso se fundamentó en el potencial ofensivo de las armas de fuego y en la necesidad de preservar la seguridad ciudadana, conforme al control legítimo que ejerce el Estado sobre su uso. Rechaza la alegación de vulneración al debido proceso, debido a que el actor tuvo acceso al expediente, fue asistido por abogado, y se le notificaron las decisiones administrativas. Invoca las sentencias C296 de 1995, T -230 de 2013 y T -803 de 2012 para respaldar la legalidad del procedimiento y la validez de los documentos públicos que sustentan la actuación administrativa.

296 de 1995, T -230 de 2013 y T -803 de 2012 para respaldar la legalidad del procedimiento y la validez de los documentos públicos que sustentan la actuación administrativa.

3 Expediente físico, folios 52 a 69Radicado: 680013333009-2017-00277-01

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1.3. La sentencia recurrida4 El Juzgado Noveno Administrativo del Circu ito de Bucaramanga, mediante sentencia del 13 de agosto de 201 7, niega las pretensiones al considerar que los actos administrativos fueron expedidos por la autoridad competente, conforme a la ley, y con respeto de los derechos del debido proceso y contradicción, dado que la restricción al porte tuvo difusión suficiente en medios de amplia circulación , entre ellos Vanguardia y El Tiempo.

Sostiene que la Ley 1437 de 2011 no aplica en procedimientos militares o de policía que exigen decisiones inmediatas para preservar el orden público, pues en estos rige el Decreto 2535 de 1993 sobre incautación de armas, cuya validez fue reconocida por la Corte Constitucional en la Sentencia C -296 de 1995, al incluir garantías de defensa a través de los recursos de reposición y apelación.

Considera acreditado que el demandante fue notificado, ejerció defensa mediante apoderado, presentó descargos, interpuso recursos y obtuvo respuesta. Asimismo, precisa que, aunque el demandante alegó no haber recibido el acta de incautación,

Considera acreditado que el demandante fue notificado, ejerció defensa mediante apoderado, presentó descargos, interpuso recursos y obtuvo respuesta. Asimismo, precisa que, aunque el demandante alegó no haber recibido el acta de incautación, quedó demostrado que conocía el procedimiento al firmar e imponer su huella en la boleta respectiva.

Estima que la alegada pérdida de competencia por exceder el plazo de 15 días no genera nulidad, al estar justificada en la congestión administrativa por el alto número de incautaciones en 2015 y 2016, lo que llevó a que la entidad diera aplicación a la Ley 962 de 2005 por la cual se dictan disposiciones sobre la racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado.

Advierte que l a parte actora incurre en incongruencias al relatar los hechos, pues mientras que en la demanda afirmó que la incautación ocurrió frente al establecimiento Roxie cuando buscaba a su hermano, en escrito posterior reconoció que el arma le fue decomisada dentro del lugar.

Finalmente, condenó en costas a la parte demandante.

1.4. La apelación5 La parte demandante alega que la sentencia de primera instancia incurre en un error de interpretación normativa al excluir la aplicación de la Ley 1437 de 2011 en el análisis de legalidad d el procedimiento sancionatorio que se adelantó en su contra. Según el demandante, dicha ley regula la actuación administrativa en lo no previsto por las normas especiales como el Decreto 2535 de 1993. En particular, considera que, al haber transcurrido el término legal para resolver sobre el decomiso

contra. Según el demandante, dicha ley regula la actuación administrativa en lo no previsto por las normas especiales como el Decreto 2535 de 1993. En particular, considera que, al haber transcurrido el término legal para resolver sobre el decomiso del arma, la entidad perdió competencia para imponerle tal sanción. Rechaza la justificación de congestión administrativa como excusa para no cumplir el plazo de 15 días que establece la norma aplicable para definir el proceso sancionatorio, pues no se probó la existencia de medidas de descongestión ni se le notificó la extensión del término.

4 Expediente físico, folios 130 a 137 5 Expediente físico, folios 140 a 144Radicado: 680013333009-2017-00277-01

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Cuestiona que el juzgado haya citado jurisprudencia desactualizada para justificar la validez del procedimiento seguido, cuando dicho precedente no contempla las garantías procesales vigentes. Afirma que no se probó la publicación y difusión de la Resolución 041 de 2015 que restringía el uso de armas de fuego , lo que le impidió su conocimiento y cumplimiento. Resalta que el arma fue incautada solo con fundamento en dicha resolución, sin existir causa legal. En este sentido, precisa que el Decreto 2535/1993 no contiene el supuesto de hecho por el que se decomisó su arma , sino otr as causales como el uso indebido y el estado de embriaguez, que no se presentaron en su caso.

no contiene el supuesto de hecho por el que se decomisó su arma , sino otr as causales como el uso indebido y el estado de embriaguez, que no se presentaron en su caso. También critica que la Resolución 041 de 2015 haya sido suscrita por un funcionario sin competencia legal, lo que vicia el procedimiento de incautación. Finalmente, insiste en que la omisión de etapas esenciales del procedimiento sancionatorio, como la apertura formal, la práctica de pruebas y la presentación de alegatos, vulneró su debido proceso.

2. Consideraciones 2.1. El problema jurídico y su tesis ¿El decomiso definitivo del arma de fuego del demandante, ordenado por la Policía Nacional, se realizó con violación de las garantías mínimas del debido proceso y con falta de competencia temporal porque, cuando se expidió el acto, ya había transcurrido el término de 15 días para resolver el trámite administrativo?

Tesis: No.

Fundamento: La actuación administrativa se desarrolló conforme al régimen especial previsto en el Decreto 2535 de 1993, que regula la incautación y decomiso de armas. El demandante fue notificado, presentó recursos, accedió al expediente y contó con asistencia de abogado. La restricción del porte de armas fue emitida por autoridad competente y difundida ampliamente al público. No se omitieron las etapas previstas en la normativa especial, de manera que no se vulneró su derecho al debido proceso. Tampoco se configuró la nulidad por haberse proferido el acto por fuera de los términos para decidir sobre el decomiso del arma. 2.2. Marco jurídico 2.2.1. El derecho al debido proceso

al debido proceso. Tampoco se configuró la nulidad por haberse proferido el acto por fuera de los términos para decidir sobre el decomiso del arma. 2.2. Marco jurídico 2.2.1. El derecho al debido proceso

El derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es de aplicación inmediata6 y debe garantizarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, como límite al ejercicio del poder público y mecanismo de protección de la autonomía y libertad del ciudadano7. Una de las garantías que se derivan del debido proceso, es la que impone a las autoridades administrativas el deber de adelantar sus procedimientos con el pleno

6 Sentencia T-572 de 1992 7 Sentencia T-445 de 2015Radicado: 680013333009-2017-00277-01

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respeto de las formas propias previstas en la ley8 y sin dilaciones injustificadas (art. 29 C.P.). El debido proceso es una camisa de fuerza para la autoridad que ejerce la función administrativa, puesto que, desde el inicio hasta el final del proceso administrativo está obligada a atender de manera estricta los parámetros y procedimientos determinados en el marco jurídico vigente 9, so pena de que su actuación sea considerada arbitraria y violatoria de derechos fundamentales10. 2.2.2. Régimen especial de tenencia, porte y control estatal de armas El Decreto-Ley 2535 de 199311 es la norma especial que regula la tenencia, porte y

considerada arbitraria y violatoria de derechos fundamentales10. 2.2.2. Régimen especial de tenencia, porte y control estatal de armas El Decreto-Ley 2535 de 199311 es la norma especial que regula la tenencia, porte y control estatal de armas, municiones y explosivos en Colombia. Este decreto fija las condiciones y requisitos para la posesión y porte, así como las medidas administrativas y sanciones que puede imponer la autoridad competente , entre ellas, la incautación, el decomiso y la imposición de multas12. El régimen especial previsto en este decreto prevalece sobre el trámite general de la Ley 1437 de 2011 y se aplica con preferencia en los procedimientos de policía , en concordancia con los artículos 2 y 47 de dicha ley, pues el primero excluye de su ámbito las actuaciones estrictamente operativas de la Policía y las Fuerzas Militares13, mientras que el segundo establece que, cuando exista una regulación especial, esta debe aplicarse de manera preferente14. En materia de incautación, el artículo 84 faculta a la autoridad para aplicar la medida en casos de porte o tenencia irregular de armas, municiones o explosivos, dentro de un procedimiento que asegura registro, control y responsabilidad sobre los elementos incautados15. Las causales están detalladas en el artículo 85, que incluye, entre otras, portar armas de fuego sin permiso, bajo el consumo de licor, cuando haya perdido vigencia el permiso o licencia y si la autoridad competente considere que se puede hacer uso indebido de esta, entre otras16. El artículo 90, modificado por la Ley 1119 de 2006, establece que la autoridad militar o policial debe decidir mediante acto administrativo el destino del arma incautadaque se puede hacer uso indebido de esta, entre otras16. El artículo 90, modificado por la Ley 1119 de 2006, establece que la autoridad militar o policial debe decidir mediante acto administrativo el destino del arma incautadadevolución, multa o decomisodentro de un plazo de 15 días, prorrogable por igual término en caso de pruebas. La norma dispone: ARTÍCULO 90.- Acto administrativo. La Autoridad Militar o Policial competente, mediante acto administrativo, dispondrá la devolución de armas, municiones, explosivos y sus accesorios o la imposición de multa o decomiso del arma, munición, explosivo, o accesorio, dentro de los quince días siguientes a la fecha de recibo del informe del funcionario que efectuó su incautación o dio aviso de la

8 Sentencias C980 de 2010 y T – 543 de 2017. 9 Sentencia T-051 de 2016 10 Sentencia T-1093-05 11 Decreto 2535 de 1993 “por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos” 12 ARTÍCULO 1.- Ámbito. El presente Decreto tiene por objeto fijar normas y requisitos para la tenencia y el porte de armas, municiones, explosivos y sus accesorios; clasificar las armas; establecer el régimen para la expedición, revalidación y suspensión de permisos, autoridades competentes; (…) 13 ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. (…) Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que por su naturaleza requieran decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden público en los

13 ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. (…) Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que por su naturaleza requieran decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación de personas y cosas. (…) 14 ARTÍCULO 47. Procedimiento administrativo sancionatorio . Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. (…) 15 ARTÍCULO 84.- Incautación de armas, municiones y explosivos. La Incautación procede en todos los casos en que se posea o porte un arma, munición o explosivo y sus accesorios sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en este Decreto. La autoridad que incaute está en obligación de entregar a su poseedor un recibo en que conste: Lugar y fecha, características y cantidad de elementos incautados (clase, marca, calibre, número y estado), nombres y apellidos, número del documento de identidad y dirección de la persona a quien se le inc autó, cantidad de cartuchos, vainillas u otros elementos incautados, número y fecha de vencimiento del permiso, Unidad que hizo la incautación, motivo de ésta, firma y postfirma de la autoridad que lo realizó. La autoridad que efectúa la incautación deberá remitir el arma, munición o explosivo y sus accesorios y el permiso o licencia al funcionario competente, con el informe correspondiente en forma inmediata. (…) 16 ARTÍCULO 85.- Causales de incautación. Son causales de la incautación los siguientes:

competente, con el informe correspondiente en forma inmediata. (…) 16 ARTÍCULO 85.- Causales de incautación. Son causales de la incautación los siguientes: a. Consumir licor o sustancias psicotrópicas portando armas, municiones y explosivos en lugares públicos; (…)Radicado: 680013333009-2017-00277-01

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irregularidad. Este término se ampliará otros quince (15) días cuando haya lugar a prácticas de prueba.

En criterio de esta Sala, el incumplimiento de los anteriores términos no acarrea la falta de competencia de la autoridad para adoptar la decisión en una fecha posterior. La falta de competencia ratio temporis solo se configura cuando el legislador prevé tal consecuencia ante el vencimiento de un término legal.

La competencia ratio temporis está referida al tiempo durante el cual la autoridad puede ejercer legalmente sus funciones 17. Este factor de competencia se explica porque la actuación administrativa se desarrolla necesariamente en una dimensión temporal preestablecida por el ordenamiento jurídico mediante la consagración de términos y plazos, los cuales deben atenderse al mome nto de expedir el acto administrativo18. Lo anterior no quiere decir que siempre que se incumpla un plazo u oportunidad para el ejercicio de determinada competencia se genere el vicio en comento.

Sólo se pierde competencia cuando la norma que la otorga así lo dispon e expresamente o cuando ese efecto surja de la naturaleza del plazo establecido para

u oportunidad para el ejercicio de determinada competencia se genere el vicio en comento.

Sólo se pierde competencia cuando la norma que la otorga así lo dispon e expresamente o cuando ese efecto surja de la naturaleza del plazo establecido para su ejercicio. Así, entonces, la implicancia anulatoria por el vencimiento del término o plazo dependerá de la regulación que la norma aplicable en cada caso haga de tales determinaciones temporales, de manera que «únicamente cuando ésta exija imperativa y forzosamente la realización de la acción administrativa en el tiempo previsto podrá extraerse la con secuencia anulatoria »19. En los demás casos, se estará ante una irregularidad no invalidante, cuestionable desde el punto de vista de los deberes del funcionario competente20.

También se incurre en falta de competencia ratio temporis cuando el servidor público expide el acto administrativo antes de posesionarse en el cargo para el cual fue nombrado o elegido, o cuando se encuentra en una situación administrativa que implica la suspensión de sus funciones, como son la licencia o el perí odo de vacaciones21. Las corporaciones públicas pueden incurrir en este vicio del acto administrativo cuando lo expiden por fuera del tiempo de sesiones ordinarias o extraordinarias22.

El Decreto-Ley 2535 de 1993 no prevé la pérdida de competencia ratione temporis ante el incumplimiento de los términos previstos en su artículo 90 para decidir sobre la devolución de las armas incautadas, ni e stablece el s ilencio administrativo positivo cuando la autoridad no resuelve oportunamente la solicitud de devolución formulada por el propietario.

El apelante fundamenta la pérdida de competencia de la autoridad administrativa en

positivo cuando la autoridad no resuelve oportunamente la solicitud de devolución formulada por el propietario.

El apelante fundamenta la pérdida de competencia de la autoridad administrativa en los artículos 47 a 52 d e la Ley 1437 que regula n el proceso administrativo sancionatorio y establecen la figura de la pérdida de competencia temporal de la facultad sancionatoria transcurridos 3 años desde la ocurrencia de los hechos, tesis que no comparte el Tribunal. Como se dijo al inicio, los artículos 2 y 47 de esta ley expresamente señalan que las normas generales consagradas en dicho estatuto sólo regulan los procedimientos administrativos que no están regulados en leyes

17 Rodríguez R., Libardo, Derecho Administrativo general y colombiano, Vigésima primera edición, Tomo II, Temis, Bogotá, 2021, Pág. 45 18 PAREJO ALFONSO, Luciano, Lecciones de derecho administrativo, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2011, Tirant lo blanch, Pág. 339 19 PAREJO ALFONSO, Luciano, Lecciones de derecho administrativo, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2011, Tirant lo blanch, Pág. 434. 20 Rodríguez R., Libardo, Derecho Administrativo general y colombiano, Vigésima primera edición, Tomo II, Editorial Temis, Bogotá, 2021, Pág.

45. Se cita en la obra C.E. Sen. 10 mardo 1994,S 3ª, Exp. 6436, C.E. sent, 14 diciembre 1999, S 5ª, Exp. 2335 y Corte Const., S ent. C-508 de

2002. En el mismo sentido, Alfonso Parejo ha sostenido “igualmente, por lo que respecta al término de los actos administrativos, esto es, el momento en que han de ser dictados, la LRJPAC establece que el incumplimiento del plazo para hacerlo únicamente acarrear su i nvalidez cuando lo imponga la naturaleza del término o plazo para hacerlo” 21 Rodríguez R., Libardo, Derecho Administrativo general y colombiano, Vigésima primera edición, Tomo II,Temis, Bogotá, 2021, Pág. 46

22 Rodríguez R., Ob. Cit. Pág. 46Radicado: 680013333009-2017-00277-01

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especiales, de modo que no son aplicables al caso, porque el procedimiento de incautación de armas está regulado por el citado Decreto 2535 de 1993.

Lo que plantea el demandante no implica siquiera la aplicación analógica de las consecuencias jurídicas previstas en la norma general sobre la pérdida de competencia después de tres años. En realidad, pretende que el juez administrativo formule una regla g eneral según la cual toda autoridad que exceda el plazo legal para decidir pierda competencia para emitir un acto desfavorable y, en su lugar, deba resolver en beneficio del administrado, configurando una suerte de silencio administrativo positivo que no existe en el ordenamiento jurídico colombiano.

2.3. Los hechos probados A partir de las pruebas que obran en el expediente, la Sala encuentra acreditado lo siguiente:

administrativo positivo que no existe en el ordenamiento jurídico colombiano.

2.3. Los hechos probados A partir de las pruebas que obran en el expediente, la Sala encuentra acreditado lo siguiente: 2.3.1. El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 2515 de 2015 dispuso la suspensión general de permisos para el porte de armas desde el 24 de diciembre de 2015 hasta 31 de enero de 2016, sin perjuicio de las autorizaciones especiales que durante estas fechas expidan las mismas por razones de urgencia o seguridad de los titulares. Esta medida fue adoptada en época de festividades « con el propósito de mantener y preservar el conjunto de condiciones de seguridad y tranquilidad que permiten la prosperidad general, y el ejercicio de las libertades ciudadanas»23. 2.3.2. La Jefatura de Estado Mayor de La Quinta Brigada del Ejército Nacional expidió la Resolución No. 041 del 24 de diciembre de 2015 , mediante la cual suspendió temporalmente la vigencia de los permisos para porte de armas de fuego, municiones, explosivos y sus accesorios en el Departamento de Santander, desde el 24 de diciembre de 2015 hasta el 31 de enero de 2016.24 2.3.3. Obra en el expediente prueba de la divulgación en medios de amplia circulación, tales como Vanguardia y El Tiempo 25 de la suspensión del porte de armas durante la navidad y el año nuevo por parte del presidente de la República, y de la autorización a las autoridades militares para suspender los permisos otorgados para el porte. 2.3.4. El día 10 de enero de 2016 , la Policía Nacional le incautó al señor Carlos

y de la autorización a las autoridades militares para suspender los permisos otorgados para el porte. 2.3.4. El día 10 de enero de 2016 , la Policía Nacional le incautó al señor Carlos Andrés Álvarez Ariza un arma de fuego tipo pistola, marca Jericho, calibre 9mm, número de serie 41309290, mediante boleta de incautación No. 1CS-FR-0015, por no contar con el permiso especial requerido durante la vigencia de la restricción.26 2.3.5. El 13 de enero de 2016 , el patrullero Oscar Manrique Vanoy emitió el oficio No. S2016 555/CAI CAÑAVERAL 40.2 , en el que reportó el procedimiento policial de incautación del arma. En este se describe que la incautación se realizó al interior del establecimiento Roxie Barra Dance, en el marco de un operativo de verificación de cierre de locales.27 2.3.6. El 14 de enero de 2016, el demandante manifestó mediante oficio dirigido al Brigadier General de la Policía Nacional, que el arma de fuego le fue decomisada al

23 Decreto 2515 de 2015 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=68120 24 Mencionado por las partes en sus intervenciones. 25 Expediente físico, folios 125 a 128 26 Expediente físico, folio 7 27 Expediente físico, folio 8Radicado: 680013333009-2017-00277-01

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interior del establecimiento Roxie Barra Dance, entregándola en el depósito para armas dispuesto por el local.28 2.3.7. Un día después, el demandante presentó solicitud ante el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga , en la cual solicitó la devolución del arma incautada, manifestó irregularidades en el procedimiento policial y pidió ser notificado en caso de apertura de proceso sancionatorio para ejercer su derecho de defensa.29 2.3.8. El Comando de Policía Metropolitana de Bucaramanga profirió la Resolución No. 0401 del 10 de junio de 201630, en el cual ordenó el decomiso definitivo del arma de fuego a favor del Ministerio de Defensa Nacional , decisión que fue notificada al demandante el 21 de junio del mismo año.31 2.3.9. Contra dicha resolución, el demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación el 6 de julio de 2016 , argumentando la vulneración del debido proceso.32 El 18 de octubre de 2016 se expidió la Resolución No. 077333, en la que se confirmó la sanción impuesta y fue notificada el 19 de octubre de 2016 34. Posteriormente, la Resolución No. 151 del 16 de febrero de 2017 35, notificada el 7 de marzo de 201736, también confirmó la decisión de decomiso. 2.3.9. Mediante petición elevada el 29 de marzo de 2017 37 el demandante solicitó

de marzo de 201736, también confirmó la decisión de decomiso. 2.3.9. Mediante petición elevada el 29 de marzo de 2017 37 el demandante solicitó copia del material probatorio y del auto de apertura del proceso sancionatorio . Mediante oficio No. 30775 del 21 de abril de 201738, le indicaron que no existía copia del acto de apertura, pues el procedimiento se realizó bajo el Decreto 2535 de 1993. 2.3.10. En audiencia de pruebas celebrada el 27 de junio de 2018, el patr