TA SAN - Sentencia 680013333009-2018-00140-02 (18-09-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Tribunal Administrativo de Santander

Ponente: Claudia Patricia Peñuela Arce

Bucaramanga, dieciocho (18) de septiembre de 2025

Sentencia de segunda instancia

RADICADO 680013333009-2018-00140-02

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MEDIO DE CONTROL Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE

Ana María del Rosario Rodríguez Galeano Alvaroortiz10@yahoo.com edsonabogado@hotmail.com

DEMANDADO

Municipio de Piedecuesta notijudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co andreadelgador25@gmail.com MINISTERIO PÚBLICO Jhon Carlos García Perea jcgarcia@procuraduria.gov.co TEMA Se revoca la decisión de primera instancia que negó las pretensiones . En consecuencia , se declara la nulidad del acto administrativo que ordenó la reestructuración de la planta del municipio, por falta de competencia del secretario general del municipio para llevarla a cabo.

SENTENCIA No 121

MAGISTRADA PONENTE CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, se profiere ponencia de mayorías en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que fue derrotado el proyecto de sentencia rotado por el magistrado Iván Mauricio Mendoza Saavedra.

I. Antecedentes

A. Posición de la parte demandanteNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia

derrotado el proyecto de sentencia rotado por el magistrado Iván Mauricio Mendoza Saavedra.

I. Antecedentes

A. Posición de la parte demandanteNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia Demandante: Ana María del Rosario Rodríguez Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333009-2018-00140-02

1. La parte demandante ha solicitado el decreto de las siguientes pretensiones:

«PRIMERA: Se declare la inaplicación por ilegal e inconstitucional del Decreto 110 del 02 de noviembre del 2017 “POR EL CUAL SE MODIFICA Y DEFINE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA”, publicado el 02 de noviembre de 2017, y expedido por FREDY ALBERTO ALMEIDA SIERRA. (Alcalde Encargado).

SEGUNDA: Se declare la inaplicación por ilegal e inconstitucional del Decreto 111 del 03 de noviembre de 2017 “POR EL CUAL SE ESTABLECE LA PLANTA DE EMPLEOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, publica do el 07 de noviembre de 2017, y expedido por DANNY ALEXANDER RAMIREZ ROJAS

(Alcalde Municipal).

TERCERA: Se declare la nulidad del Decreto 112 del 07 de noviembre de 2017 “POR EL CUAL SE CREAN UNOS EMPLEOS DE CARÁCTER TRANSITORIO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA”, publicado el 08 de noviembre de 2017, y expedido por el Dr. DANNY ALEXANDER RAMÍ REZ ROJAS (Alcalde

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA”, publicado el 08 de noviembre de 2017, y expedido por el Dr. DANNY ALEXANDER RAMÍ REZ ROJAS (Alcalde Municipal).

CUARTA: Se declare la nulidad de la Resolución 228 del 07 de noviembre del 2017 “POR LA CUAL SE HACE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA”, publicado el 08 de noviembre de 2017, y expedido por el Dr. DANNY ALE XANDER RAMÍREZ ROJAS (Alcalde

Municipal).

QUINTA: Se declare la nulidad de la Resolución 237 del 07 de noviembre del 2017 “POR MEDIO DE LA CUAL SE INCOPORAN UNOS SERVIDORES PÚBLICOS A LA PLANTA DE EMPLEOS DE LA ALCADIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA”, publicado el 08 de noviembre de 2017, y expedido por DANNY ALEXANDER

RAMIREZ ROJAS (Alcalde Municipal).”

SEXTA: Se declare la nulidad del acto denominado “comunicación de supresión de empleo” con No. Consecutivo 1444/17 de fecha noviembre 08 de 2017 expedido por el Secretario General por medio del cual se comunica a mi poderdante la supresión del empleo.

SÉPTIMA: Como consecuencia de lo anterior se reconozca a favor de la demandante a título de restablecimiento del derecho: a) El reintegro al cargo que venía desempeñando en la planta de empleos permanentes al momento de ser retirada del servicio, o a otro de igual o superior categoría.

demandante a título de restablecimiento del derecho: a) El reintegro al cargo que venía desempeñando en la planta de empleos permanentes al momento de ser retirada del servicio, o a otro de igual o superior categoría. b) Pagarle el valor de los salarios, prestaciones sociales, cesantías, vacaciones y en general todos los demás factores laborales legales dejados de percibir desde la fecha de su retiro del empleo público que venía ocupando hasta la fecha de su reintegro efectivo a la entidad demandada. c) Pagarle el valor de los aportes para seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales dejados de aportar al sistema de seguridad socialNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia Demandante: Ana María del Rosario Rodríguez Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333009-2018-00140-02 integral causados desde la fecha de su retiro del empleo público que venía ocupando hasta la fecha de su reintegro efectivo a la entidad demandada. d) Disponer que para todos los efectos legales se considerará que no hubo solución de continuidad en la prestación del servicio, desde la fecha de su retiro del empleo público que venía ocupando y hasta cuando fuere reintegrado efectivamente a la entidad demandada. e) Pagarle el valor correspondiente a daños morales causados con la actuación ilegal y arbitraria de la entidad demandada.

OCTAVA: REPARACIÓN INTEGRAL DEL PERJUICIO. La entidad demandada pagará a la demandante la totalidad de los daños y perjuicios de todo orden cuya existencia emerja de este asunto, sin limitaciones de ninguna índole, tal y como lo estipula el artículo 16 de la Ley 446 de julio 7 de 1998 […].

existencia emerja de este asunto, sin limitaciones de ninguna índole, tal y como lo estipula el artículo 16 de la Ley 446 de julio 7 de 1998 […].

NOVENA: Se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido en el Artículo 192 del C.P.A.C.A.

DÉCIMA: Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los intereses comerciales y moratorios como lo ordena el título V, capítulo VI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

DÉCIMA PRIMERA: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el Artículo 192 y SS del C.P.A.C.A., aplicando los ajustes de valor

(indexación) y las fórmulas de matemáticas financiera establecidas por el H. Consejo de Estado hasta la fecha en que efectivamente se produzcan los pagos.

DÉCIMA SEGUNDA: Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.»

2. Como fundamento de las pretensiones la demandante afirmó que fue nombrada en provisionalidad mediante Resolución No. 147-P del 4 de junio de 2015 en el cargo de Profesional Universitario Código 219 Grado 02, adscrita a la Secretaría de Educación del Municipio de Piedecuesta. Su nombramiento fue prorrogado mediante Resolución No. 432-P del 3 de diciembre del mismo año.

3. Durante la vigencia de su nombramiento, el alcalde electo para el período 20162019, promovió una nueva reestructuración administrativa, a pesar de que en la administración anterior (2012-2015) ya se había implementado una modernización institucional soportada en estudios técnicos y en el cumplimiento de los requisitos

2019, promovió una nueva reestructuración administrativa, a pesar de que en la administración anterior (2012-2015) ya se había implementado una modernización institucional soportada en estudios técnicos y en el cumplimiento de los requisitos legales.

4. En diciembre de 2016, el Concejo Municipal facultó al alcalde para modificar la estructura administrativa, con la condición de que cualquier cambio en la planta delNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia Demandante: Ana María del Rosario Rodríguez Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333009-2018-00140-02 sector educativo financiado por el Sistema General de Participaciones contara con la aprobación previa del Ministerio de Educación, requisito que no fue cumplido.

5. El 13 de junio de 2017 se suscribió “ACTA FINAL DE ACUERDOS Y DESACUERDOS DE NEGOCIACIÓN” entre el MUNICIPIO DE PIEDECUESTA y las organizaciones sindicales SINTRANAL y SINTRAEMSDES, en la cual se plasmó una serie de acuerdos y obligaciones a cargo del Municipio de Piedecuesta con relación al proceso de restructuración y modernización. Mediante Decreto 070 del 11 de julio de 2017 el alcalde de Piedecuesta aprobó el Acta Final de Acuerdos y

Desacuerdos.

6. Mediante la Resolución N° 299-G del 1º de noviembre de 2017 se concedió una Comisión de Servicios Especiales al alcalde de Piedecuesta.

7. Mediante la Resolución N° 0226 del 1º de noviembre de 2017 se delegó temporalmente las funciones de alcalde a Freddy Alberto Almeida Sierra, secretario general de la administración municipal.

7. Mediante la Resolución N° 0226 del 1º de noviembre de 2017 se delegó temporalmente las funciones de alcalde a Freddy Alberto Almeida Sierra, secretario general de la administración municipal.

8. El cargo que ocupaba fue suprimido en el Decreto N° 111 del 3 de noviembre de 2017 y la decisión le fue comunicada mediante correo electrónico enviado el 10 de noviembre de 2017.

9. Citó como normas violadas los artículos 29, 39, 53, 55, 121, 122, 196, 209, 211, 305, 313, 314 y 315 de la Constitución Política. Los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 489 de 1998, los artículos 18, 32.4, 84, 92, 98, 99 y 106 de la Ley 136 de 1994, el artículo 3.1 y 3.8 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 92 de la Ley 1551 de 2012, el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto 1083 de 2015, el artículo 154 del Decreto 2504 de 1998, el artículo 228 del Decreto 19 de 2012, los artículos 2.2.5.5.21, 2.2.5.5.22, 2.2.5.5.25, 2.2.5.2.1 y 2.2.5.2.2 del Decreto 648 de 2017, el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 48 de la Ley 734 de 2004.

10. Como concepto de violación expuso la falta de competencia del secretario general del municipio de Piedecuesta para expedir el Decreto 110 del 2 de noviembre de 2017, mediante el cual se modificó la estructura administrativa y

10. Como concepto de violación expuso la falta de competencia del secretario general del municipio de Piedecuesta para expedir el Decreto 110 del 2 de noviembre de 2017, mediante el cual se modificó la estructura administrativa y funcional de la entidad territorial.

11.Señaló que dicho funcionario no ostentaba la calidad de alcalde encargado, dado que la Resolución No. 226 de 2017 se limitó a delegar funciones por una comisión de servicios, sin conferirle expresamente dicha investidura.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia Demandante: Ana María del Rosario Rodríguez Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333009-2018-00140-02

12. Además, sost uvo que la expedición de ese decreto constituye una extralimitación, toda vez que la facultad pro tempore otorgada al alcalde para modificar la estructura administrativa en virtud del Acuerdo No. 017 de 2016 era indelegable conforme a lo dispuesto en los artí culos 92 de la Ley 1551 de 2015 y 11 de la Ley 489 de 1998. Incluso si se admitiera la delegación, el acto administrativo no cumplió con los requisitos del artículo 10 de la Ley 489 de 1998, al no indicar de forma precisa y expresa las funciones delegadas.

13. Alegó que los Decretos 110 y 111 de 2017 carecen de una motivación adecuada, lo cual vulnera los principios de transparencia y racionalidad en la función administrativa. Según la demanda, dichos actos no se fundamentaron en necesidades reales del servicio ni en un proceso serio de modernización administrativa, ni fueron respaldados por estudios técnicos válidos, como lo exige

administrativa. Según la demanda, dichos actos no se fundamentaron en necesidades reales del servicio ni en un proceso serio de modernización administrativa, ni fueron respaldados por estudios técnicos válidos, como lo exige el artículo 228 del Decreto 019 de 2012 y el Decreto 1083 de 2015. Los estudios aportados resultan deficientes, pues no explican las razones concretas que justifican la supresión o creación de cargos.

14. Adujo la vulneración del derecho de audiencia y defensa, toda vez que los empleados públicos y sus organizaciones sindicales no fueron convocados ni informados para participar en la elaboración de los actos administrativos demandados, pese a que existía un acuerdo colectivo vigente, aprobado mediante el Decreto 070 de 2017, que exigía la socialización del proceso con las organizaciones sindicales. Esta omisión constituye una transgresión al principio de participación y al debido proceso administrativo.

15. Por último, alegó la desviación de poder al evidenciar que el estudio técnico en el que se basó la supresión de cargos carece de objetividad, se enfoca exclusivamente en los empleos ocupados por funcionarios en provisionalidad, y no presenta una justificación técnica real, sino simples opiniones del elaborador.

B. Posición de la parte demandada

16. La entidad demandada se opuso a todas las pretensiones de la demanda, al sostener que las decisiones contenidas en los actos administrativos demandadosNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia Demandante: Ana María del Rosario Rodríguez Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333009-2018-00140-02 fueron expedidas conforme al ordenamiento constitucional, legal y reglamentario

Sentencia de Segunda instancia Demandante: Ana María del Rosario Rodríguez Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333009-2018-00140-02 fueron expedidas conforme al ordenamiento constitucional, legal y reglamentario vigente, expedidos en debida forma.

17. De manera puntual frente a la falta de competencia, sostuvo que el alcalde le delegó todas las funciones al secretario general y las excepciones se dejaron expresamente consagradas, por lo que se satisfizo lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 489 de 1998.

.

C. Sentencia apelada

18. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, negó las pretensiones de la demanda, al concluir que no se configuró falta de competencia en la expedición del Decreto 110 de 2017.

19. El juez consideró que dicha delegación era válida, y que el error en la denominación del cargo fue mecanográfico , no afectó la legalidad del acto, ya que lo determinante era su contenido y la competencia funcional derivada de la delegación.

20. Respecto a la falta de motivación , el juez encontró que los decretos que estructuraron y reorganizaron la planta de personal (110 y 111 de 2017) sí contaban con motivación suficiente. Indicó que estos actos se basaron en un estudio técnico de modernización administrativa elaborado por la Universidad de Pamplona y avalado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

21. Con relación al desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, sostuvo que no se vulneró el debido proceso ni el derecho de audiencia de la demandante ni de los empleados públicos en general, porque la reforma administrativa y la

21. Con relación al desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, sostuvo que no se vulneró el debido proceso ni el derecho de audiencia de la demandante ni de los empleados públicos en general, porque la reforma administrativa y la supresión de empleos no requería agotar trámites de notificación previa, ya que se trató de decisiones de carácter general. Asimismo, estimó que no se vulneraron los acuerdos sindicales, pues la estructura del Estado no es materia de negociación colectiva, conforme al artículo 5 del Decreto 160 de 2014.

22. Finalmente, el juez concluyó que no se aportaron pruebas que permitieran inferir que los actos administrativos se expidieron con fines distintos a los de interés general. Por el contrario, se evidenció que el proceso de reestructuración obedeció a un ejercicio legítimo de la función administrativa, sustentado en un estudio técnico y con la intención de modernizar la administración municipal.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia Demandante: Ana María del Rosario Rodríguez Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333009-2018-00140-02

D. Recurso de apelación

23. La Parte Demandante solicitó que se revocara la sentencia y que, en su lugar, se acceda a la declaración de nulidad e inaplicación de los actos administrativos expedidos por el Municipio de Piedecuesta en el marco de la reestructuración de su planta de personal en 2017.

24. Como fundamento principal, reiter ó los cargos de nulidad propuestos desde la demanda, enfatizando que el juzgado de primera instancia incurrió en una valoración errónea de los hechos y del material probatorio, así como en una indebida interpretación normativa.

demanda, enfatizando que el juzgado de primera instancia incurrió en una valoración errónea de los hechos y del material probatorio, así como en una indebida interpretación normativa.

25. Sostiene que hubo falta de competencia en la expedición del Decreto 110 de 2017, en tanto que el secretario general actuó sin estar investido legalmente como alcalde encargado y sin facultades delegadas específicas para modificar la estructura administrativa, contraviniendo el Acuerdo 017 de 2016 y lo dispuesto en la Ley 489 de 1998.

26. También insiste en la falta de motivación de los actos administrativos demandados, pues la administración no acreditó necesidades del servicio ni se allegó un estudio técnico serio y suficiente que justificara la modificación de la planta de personal, en l os términos exigidos por la normativa vigente. Añade que no se cumplió el principio de publicidad y participación, al omitirse la intervención de los empleados y de las organizaciones sindicales, desconociendo el acuerdo colectivo vigente, lo cual configura una vulneración al derecho de audiencia y defensa.

27. Finalmente, sostiene que el proceso de reestructuración obedeció a finalidades distintas al interés general . Señala que fue una forma de retaliación administrativa y política, lo que evidencia una clara desviación de poder. Por tanto, solicita que se declare la nulidad de los actos acusados y se reconozca el restablecimiento del derecho en favor de la demandante.

E. Pronunciamiento en segunda instancia

28. Las partes y el representante del ministerio público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALANulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia

Demandante: Ana María del Rosario Rodríguez

28. Las partes y el representante del ministerio público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALANulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia Demandante: Ana María del Rosario Rodríguez Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333009-2018-00140-02

F. Problema jurídico

29. Atendiendo los motivos de impugnación, la Sala resolverá el siguiente

planteamiento:

30. PJ.1. ¿Hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia, porque los actos

administrativos fueron expedidos:

a. Sin competencia, por parte del secretario general del Municipio de Piedecuesta, al no ser posible que el alcalde le delegara la función de definición y reestructuración de la planta de personal que le fue autorizada por el Concejo Municipal en condiciones pro tempore. b. No se motivaron de manera suficiente y adecuada, al no haberse sustentado la desvinculación en los principios de eficacia, celeridad y el mejoramiento del servicio. c. Por utilizarse la reestructuración para fines diversos a los del buen servicio.

G. Tesis

31. La Sala revocará la sentencia impugnada al concluir que el secretario general del municipio de Piedecuesta no era competente para definir la estructura de la planta de personal, en la medida en que el alcalde solo puede delegar las funciones de las cuales es titular. Los demás cargos de nulidad propuestos serán desestimados por falta de acreditación.

H. Metodología

32. Para resolver el problema jurídico , la Sala estudiará los siguientes temas: i) reestructuración de las plantas de personal y ii) causal de nulidad por falta de

desestimados por falta de acreditación.

H. Metodología

32. Para resolver el problema jurídico , la Sala estudiará los siguientes temas: i) reestructuración de las plantas de personal y ii) causal de nulidad por falta de competencia. Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico.

33. De la reestructuración de la planta de personal

34. De acuerdo con lo establecido en el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos lo establece el gobierno de conformidad con la ley. Para el efecto, le corresponde al Congreso dictar normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para regular el régimen salarial y prestacional deNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia Demandante: Ana María del Rosario Rodríguez Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333009-2018-00140-02 los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública.

35. En las entidades estatales existen plantas de carácter global y flexible que permiten el movimiento de personal para garantizar el cumplimiento de los fines del Estado y mejorar la prestación del servicio.

36. En este tipo de plantas de personal se confiere un mayor grado de discrecionalidad para ordenar las reubicaciones territoriales de los trabajadores, cuando así lo demande la necesidad del servicio, lo cual, en principio, no vulnera preceptos constitucionales. Por tal razón, la Corte Constitucional ha establecido que estas tienen como finalidad garantizar a la Administración “mayor capacidad de

cuando así lo demande la necesidad del servicio, lo cual, en principio, no vulnera preceptos constitucionales. Por tal razón, la Corte Constitucional ha establecido que estas tienen como finalidad garantizar a la Administración “mayor capacidad de manejo de su planta de funcionarios, con el objeto de atender las cambiantes necesidades del servicio y de cumplir de manera más eficiente con las funciones que le corresponden1”.

37. Causal de nulidad por falta de competencia.

38. El cargo de nulidad consagrado en el inciso segundo del artículo 137 del CPACA, referente a la falta de competencia, tiene como finalidad delimitar el campo de acción de la autoridad, asegurando así el principio de legalidad, dado que las atribuciones que le son conferidas solamente se pueden ejercer en los términos que la Constitución o la ley establezcan. Lo anterior, por cuanto la falta de competencia se materializa cuando el autor profiere un acto pese a que no tenía el poder legal para expedirlo, es decir, cuando la decisión se toma sin estar facultado legalmente para ello.

39. Así las cosas, la mencionada irregularidad se configura, entre otros supuestos, cuando la autoridad que emitió la decisión (i) carecía absolutamente de competencia para conocer y definir el asunto, esto es, desconoce su competencia, (ii) asume una competencia que no le corresponde y (iii) adelanta alguna actuación o emite un pronunciamiento por fuera de los términos dispuestos jurídicamente para que se surta cierta actuación.

40. En este sentido, el H. Consejo de Estado3 ha señalado:

«Es claro que la falta de competencia radica en que una autoridad adopta una decisión sin estar legalmente facultado para ello y se configura dicha causal de

40. En este sentido, el H. Consejo de Estado3 ha señalado:

«Es claro que la falta de competencia radica en que una autoridad adopta una decisión sin estar legalmente facultado para ello y se configura dicha causal de

1 Corte Constitucional, Sentencia T-715 de 1996Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia Demandante: Ana María del Rosario Rodríguez Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333009-2018-00140-02 nulidad cuando se desconocen cualesquiera de los elementos que la componen, como por ejemplo, cuando no se tiene atribución sustancial para la expedición de un acto jurídico (competencia material) o cuando éste no puede dictarse sino dentro de determinada jurisdicción (competencia territorial) o cuando solo se cuenta con un tiempo determinado para su expedición (competencia temporal)» (Negrilla fuera de texto).

I. Hechos relevantes probados

41. La demandante al momento del retiro desempeñaba en provisionalidad el cargo de Profesional Universitario Código 2019 grado 02 adscrito a la Secretaría de

Educación Municipal.

42. El Concejo municipal de Piedecuesta profirió el Acuerdo 017 del 5 de diciembre de 2016, por el cual autorizó al alcalde para ejercer pro tempore las funciones del concejo, para determinar la estructura de la administración municipal.

43. Mediante Resolución No. 0226 de noviembre 1 de 2017, el alcalde Municipal delegó las funciones de «alcalde» al secretario general de la Administración Municipal el día 02 de noviembre de 2017, con excepción de las delegadas mediante acto administrativo a otros secretarios de despacho y aquellas que por

delegó las funciones de «alcalde» al secretario general de la Administración Municipal el día 02 de noviembre de 2017, con excepción de las delegadas mediante acto administrativo a otros secretarios de despacho y aquellas que por disposición son indelegables y las necesarias para el cumplimiento de la Comisión de Servicios.

44. Mediante el Decreto 110 del 2 de noviembre de 2017, se modificó y definió la estructura administrativa y funcional del Municipio de Piedecuesta.

45. Mediante el Decreto 111 del 3 de noviembre de 2017, se estableció la planta de empleos de la administración central del municipio de Piedecuesta.

46. Mediante los Decretos 112 y 120 del 07 de noviembre de 2017 se crean unos empleos de carácter transitorio en la alcaldía de Piedecuesta.

47. Mediante la Resolución No. 237 del 7 de noviembre de 2017, se incorporan unos servidores a la planta de empleos de la alcaldía municipal de Piedecuesta.

48. Mediante Resolución No. 227 del 7 de noviembre de 2017 se establece el manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales para los empleados de la planta de empleos de la administración central del municipio de Piedecuesta.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia Demandante: Ana María del Rosario Rodríguez Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333009-2018-00140-02

49. Mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2017, se le comunicó a la demandante la supresión del empleo que venía desempeñando.

J. Análisis crítico

49. Mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2017, se le comunicó a la demandante la supresión del empleo que venía desempeñando.

J. Análisis crítico

50. Como respuesta anticipada a los reparos formulados por la parte demandante, la Sala precisa que desestimará los cargos presentados por falta de motivación y desviación de poder.

51. En primer lugar, no le asiste razón a la parte demandante al afirmar falsa motivación del acto acusado porque no se hizo mención expresa al estudio realizado para la reestructuración de la planta de cargos del municipio, porque la fundamentación del acto administrativo, en este caso, no se restringe a la indicación taxativa del contenido del estudio técnico, sino que debe entenderse que éste hace parte fundante de la decisión. En ese orden, se entiende que el estudio técnico es parte integral del acto adm inistrativo por medio del cual se suprimió el empleo, porque así fue expresado en el acto y porque se basó en un análisis juicioso y detallado de la necesidad de modificar la planta de personal del Municipio.

52. En esa medida, el acto por medio del cual se suprime el empleo o se modifica la estructura se entiende debidamente motivado en la medida en que está precedido del respectivo estudio técnico, financiero y jurídico que así lo determina y de lo cual se evidencia que el móvil o fundamento que motivó ejercer dicha supresión fue la necesidad de profesionalizar los empleos y la planta de personal.

53. Con relación a la desviación de poder, se considera que en el proceso no se probó que la reestructuración tuviera fines ocultos o diferentes a los establecidos en los estudios técnicos.

53. Con relación a la desviación de poder, se considera que en el proceso no se probó que la reestructuración tuviera fines ocultos o diferentes a los establecidos en los estudios técnicos.

54. No obstante, frente al cargo de nulidad de falta de competencia la Sala no comparte el planteamiento de primera instancia y considera que las resoluciones que materializaron la desvinculación de la demandante solamente podían ser expedidas por el alcalde del Municipio de Piedecuesta, teniendo en cuenta que esa función le fue otorgada expresamente por parte del Concejo Municipal, con efectos pro tempore.

55. La anterior afirmación se realiza con base en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 11 de la Ley 489 de 1998 y bajo el entendido que, la delegación de funcionesNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia Demandante: Ana María del Rosario Rodríguez Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333009-2018-00140-02 es viable siempre que se realice por el titular de la función. Así lo ha entendido la

jurisprudencia constitucional2:

«(…) esta Corte, en acuerdo con la doctrina sobre la materia, ha señalado que son elementos constitutivos de la delegación los siguientes: (i) la transferencia de funciones de un órgano a otro; (ii) que la transferencia de funciones se realice por el órgano titular de la función; (iii) que dicha transferencia cuente con una previa autorización legal; (iv) y que el órgano que confiera la delegación pueda siempre y en cualquier momento reasumir la competencia».

56. Por lo tanto, por no ser la reestructuración de la planta de personal una facultad

autorización legal; (iv) y que el órgano que confiera la deleg