TA SAN - Sentencia 680013333009-2022-00043-01 (27-03-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Bucaramanga, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 680013333009-2022-00043-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: OMAR RODRIGUEZ SILVA

wilandrescad@gmail.com wilandrescad@hotmail.com wilson.cadena@est.uexternado.edu.co wacadenag@libertadores.edu.co

DEMANDADO: NACIÓN - FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co jur.novedades@fiscalia.gov.co

NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co nurrear@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 076

TEMA: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Otros

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante – Omar Rodríguez Silva – y por la parte demandada – Nación – Rama Judicial – DEAJ – contra la sentencia de primera instancia proferida el 12 de noviembre de 2024 por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, que denegó las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

contra la sentencia de primera instancia proferida el 12 de noviembre de 2024 por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, que denegó las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. Hechos1

El señor Omar Rodríguez Silva fue aprehendido el 21 de diciembre de 2018 en la ciudad de Bucaramanga, en atención a una llamada de un ciudadano que reportó

1 Proceso de Origen - Expediente de origen – Actuación núm. 04 de SAMAI – Archivo núm. 002.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Omar Rodríguez Silva Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ y otro

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haber sido amenazado con un arma de fuego en el sector de la Avenida Quebrada Seca.

Tras una persecución e interceptación del vehículo de placas CWG-931, en el cual se desplazaba el señor Luis Hernández Mendosa en calidad de conductor, y el señor Omar Rodríguez Silva en calidad de copiloto, se halló en poder del conductor un arma de fuego con registro y permiso vigentes. No obstante, al verificar el interior del vehículo, debajo del tapete del copiloto, se halló un arma de fuego, un proveedor y tres cartuchos , de los cuales, el señor Omar Rodríguez Silva manifestó desconocer su procedencia.

En consecuencia, ambos pasajeros fueron capturados por la presunta comisión del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones . Posteriormente, el día 22 de diciembre del mismo año , el Juzgado Catorce Penal

En consecuencia, ambos pasajeros fueron capturados por la presunta comisión del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones . Posteriormente, el día 22 de diciembre del mismo año , el Juzgado Catorce Penal Municipal con Funciones de Control de Garan tías le impuso medida de aseguramiento preventiva en su lugar de residencia al señor Omar Rodríguez Silva.

Por último, el 1º de noviembre de 2019, la Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión del caso ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Bucaramanga ; p etición que fue aceptada , ordenándose la libertad inmediata del señor Omar Rodríguez Silva , tras haber permanecido privado de la libertad bajo medida de aseguramiento durante 10 meses y 15 días.

1.2. Las pretensiones2

Con la demanda se pretendió lo siguiente:

«1.1. Primera pretensión principal. DECLÁRESE a: (i) La Nación, (ii) La Rama judicial (Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, seccional BucaramangaSantander) ya (iii) la Fiscalía General de la Nación, administrativa y patrimonialmente responsables por LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD padecida por el Sr. ÓMAR RODRÍGUEZ SILVA.

1.1.1. Primera pretensión consecuencial de la primera pretensión principal. Como consecuencia de la prosperidad de la primera pretensión principal CONDÉNESE

2 Proceso de Origen - Expediente de origen – Actuación núm. 04 de SAMAI – Archivo núm. 002.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

consecuencia de la prosperidad de la primera pretensión principal CONDÉNESE

2 Proceso de Origen - Expediente de origen – Actuación núm. 04 de SAMAI – Archivo núm. 002.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Omar Rodríguez Silva Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ y otro

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a: (i) La Nación, (ii) La Rama judicial (Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, seccional Bucaramanga - Santander) y a (iii) la Fiscalía General de la Nación, a pagar solidaria mente en favor de las personas que seguidamente se identifican, los daños y perjuicios (inmateriales) que a continuación se discriminan:

a. Por concepto de DAÑO MORAL1, la suma de ciento ochenta (180) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), a corde la separación que seguidamente se muestra, por la relación de parentesco con el Sr. ÓMAR

RODRÍGUEZ SILVA.

1.2. Primera pretensión subsidiaria. Como pretensión subsidiaria a la primera pretensión principal. DECLÁRESE a: (i) La Nación, (ii) La Rama judicial (Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, seccional Bucaramanga - Santander) y a (iii) la Fiscalía General de la Nación, administrativa y patrimonialmente responsables por cualquier causa legal -error judicial o defectuoso funcionamiento de l a administración de justicia-, en favor del Sr. ÓMAR RODRÍGUEZ SILVA.

1.2.1. Primera pretensión consecuencial de la primera pretensión subsidiaria. Como consecuencia de la prosperidad de la primera pretensión subsidiaria

administración de justicia-, en favor del Sr. ÓMAR RODRÍGUEZ SILVA.

1.2.1. Primera pretensión consecuencial de la primera pretensión subsidiaria. Como consecuencia de la prosperidad de la primera pretensión subsidiaria CONDÉNESE a: (i) La Nación, (ii) L a Rama judicial (Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, seccional Bucaramanga - Santander) y a (iii) la Fiscalía General de la Nación, a pagar solidariamente en favor de las personas que seguidamente se identifican, los daños y perjuicios (inmater iales) que a continuación se discriminan:

a. Por concepto de DAÑO MORAL2, la suma de ciento ochenta (180) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), acorde la distribución que seguidamente se muestra, por la relación de parentesco con el Sr. ÓMA R

RODRÍGUEZ SILVA.

1.3. Pretensión residual. Como consecuencia de la prosperidad de la primera pretensión principal o de la primera pretensión subsidiaria, CONDÉNESE a: (i) La Nación, (ii) La Rama judicial (Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, seccional Bucaramanga - Santander) y a (iii) la Fiscalía General de la Nación a la reparación integral de los demandantes con fundamento en el principio de “reparación integral del daño”, consagrado en el Art. 16 de la Ley 446 de 1998, y según lo demostrado dentro de la actuación judicial».Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Omar Rodríguez Silva Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ y otro

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1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. La parte demandada, Nación – Fiscalía General de la Nación3, compareció a través de apoderado judicial, quien se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, al considerar que la privación de la libertad del señor Omar Rodríguez Silva se realizó bajo lo s criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, dada la existencia de material probatorio que permitía inferir razonablemente que este podía ser el autor o participe del delito imputado.

Finalmente, propuso como excepciones la que denominó: «cumplimiento de un deber legal» «inexistencia de falla del servicio, por la privación de la libertad» , «ausencia del nexo causal entre las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y el daño antijuridico reclamado en la demanda» , «actuación legal exenta de daño antijuridico», «inexistencia del daño antijuridico» y «falta de legitimación en la causa por pasiva».

1.3.2. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4, concurrió a través de apoderado judicial, quien se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por considerar que lo hechos señalados como generadores de los prejuicios no permiten la configuración de los presupuestos para que se estructure la responsabilidad por la privación de l a libertad del demandante.

Asimismo, sostuvo que las actuaciones desplegadas por la Fiscalía General de la

como generadores de los prejuicios no permiten la configuración de los presupuestos para que se estructure la responsabilidad por la privación de l a libertad del demandante.

Asimismo, sostuvo que las actuaciones desplegadas por la Fiscalía General de la Nación fueron consecuencia del ejercicio legal de su actividad investigativa, por lo cual consider ó que es la entidad habilitada constitucional y le galmente para responder por las imputaciones de responsabilidad efectuadas a la administración pública.

Finalmente, manifestó su desacuerdo con la tasación de los perjuicios inmateriales, ya que, en su consideración, no se encuentran debidamente probados y no es viable inferirlos solo con el vínculo familiar, máxime cuando la jurisprudencia imperante abandonó el régimen objetivo de responsabilidad.

3 Proceso de Origen - Expediente de origen – Actuación núm. 07 de SAMAI. 4 Proceso de Origen - Expediente de origen – Actuación núm. 09 de SAMAI.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Omar Rodríguez Silva Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ y otro

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1.4. La sentencia apelada5

El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga en la sentencia del 12 de noviembre de 2024, resolvió negar las pretensiones de la demanda y no condenar en costas a la parte demandante.

Para apuntalar su decisión, trajo a colación el marco normativo y jurisprudencial de la privación injusta de la libertad como fuente de responsabilidad; en especial, la interpretación fijada en las sentencias C037 de 1996 y SU-072 de 2018.

la privación injusta de la libertad como fuente de responsabilidad; en especial, la interpretación fijada en las sentencias C037 de 1996 y SU-072 de 2018.

A renglón seguido, indicó que la Ley 906 de 2004 prevé la posibilidad de imponer la detención preventiva como medida restrictiva de la libertad, de manera que debe acreditarse una vulneración flagrante de las garantías del procesado para la configuración del daño antijurídico , pues no basta con afirmar que se produjo la absolución o la preclusión para concluir que la restricción del derecho resultó irrazonable o desproporcionada.

En ese orden de ideas, sostuvo que la medida impuesta al señor Omar Rodríguez Silva fue necesaria, razonable y propo rcional por cuanto: i) se encontraba en el asiento del vehículo en el cual fue hallada el arma, ii) el procedimiento de captura respetó sus garantías procesales y derechos fundamentales, iii) la solicitud de medida de aseguramiento cumplió con los requisitos del artículo 306 del Código de Procedimiento Penal y, iv) se acredito el cumplimiento de uno de los requisitos del artículo 308 del Código de procedimiento Penal.

Por lo anterior, aseveró que la medida impuesta estuvo soportada en las pruebas aportadas por las Fiscalía, que, si bien no alcanzaron para derruir la presunción de inocencia, sí fueron suficientes para proferir y sustentar la medida privativa de la libertad, sin que esta constituyera una medida injustificada.

Asimismo, señaló que la parte demandante no allegó prueba alguna que permitiera vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria.

Asimismo, señaló que la parte demandante no allegó prueba alguna que permitiera vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria.

5 Proceso de Origen - Expediente de origen – Actuación núm. 33 de SAMAI.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Omar Rodríguez Silva Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ y otro

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Finalmente, concluyó que la parte demandante no logró acreditar la ocurrencia de situaciones que dieran lugar a declarar la falla en el servicio o un daño especial, así como tampoco logró demostrar que la medida restrictiva de la libertad fuese desproporcionada o irrazonable, por lo cual , estimó que el daño sufrido por el demandante no se tornó antijurídico.

1.5. Fundamentos de la apelación

1.5.1. La parte demandante6, inconforme con la decisión, solicitó que la sentencia de primera instancia sea revocada y que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Para sustentar la alzada, argumentó que no se cumplieron los presupuestos legales establecidos en los artículos 287 y 308 de la Ley 906 de 2004, necesarios para imponer la medida de aseguramiento.

En su argumentación, señaló que el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego se encuentra tipificado en el artículo 365 del Código Penal y que dicho tipo penal sanciona una conducta dolosa. En consecuencia, el sujeto activo debe actuar con conciencia y voluntad para infringir la ley. Asimismo, precisó que la coautoría

de fuego se encuentra tipificado en el artículo 365 del Código Penal y que dicho tipo penal sanciona una conducta dolosa. En consecuencia, el sujeto activo debe actuar con conciencia y voluntad para infringir la ley. Asimismo, precisó que la coautoría en delitos como el porte ilegal de armas exige que dos o más personas actúen de manera conjunta y coordinada para ejecutar la conducta delictiva.

En respaldo de su posición, citó un precedente de la Corte Suprema de Justicia – Sala Penal, en el cual se debatió un caso análogo, donde se estableció que la mera presencia de individuos en un vehículo donde se halle un arma de fuego no constituye prueba suficiente de su participación en el delito de porte ilegal de armas, dado que, para configurar la coautoría, es necesario demostrar la existencia de un acuerdo previo o una conducta activa que los vincule con el hecho punible, como haber manipulado u ocultado el arma.

Con base en lo anterior, sostuvo que, si bien se encontraba dentro del vehículo junto con su equipo de seguridad al momento del requerimiento por parte de la autoridad, lo cierto es que no tenía conocimiento de la existencia del material bélico hallado. Por esta razón, consideró que, en el caso concreto, no existía una inferencia razonable de autoría o participación en el delito, lo que evidencia una falla en el servicio.

6 Proceso de Origen - Expediente de origen – Actuación núm. 35 de SAMAI.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Omar Rodríguez Silva Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ y otro

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Adicionalmente, enfatizó que la inferencia de su conducta delictiva se basó exclusivamente en una anotación penal por un delito similar, sin valorar que se desplazaba en un vehículo blindado de su propiedad, acompañado de su esquema de seguridad privada, y con un arma debidamente registrada. Además, resaltó que Luis Hernández Mendoza, su escolta, asumió de manera expresa y excluyente la responsabilidad de los hechos.

1.5.2. La parte demandada, Nación – Rama Judicial – DEAJ7, presentó recurso de apelación adhesivo, en el cual solicitó que se revoque parcialmente la decisión respecto a la negativa de condenar en costas a la parte vencida, quien no está cobijada por amparo de pobreza.

Adicionalmente, por cuanto esta resolución implica un detrimento patrimonial a la entidad, debido a los tres años en los que se ejerció su defensa y, en virtud del criterio objetivo que el Tribunal Administrativo de Santander ha fijado en sus sentencias, el cual solicitó aplicar en este caso.

1.6. Trámite de segunda instancia

El proceso fue asignado en estricto reparto, el día 10 de diciembre de 20 24. Posteriormente, se admitió el recurso de apelación, por medio de auto del 13 de diciembre de 2024, en el que se concedió a las partes y al Ministerio Público la posibilidad de pronunciarse sobre el recurso de apelación. De este trámite se destaca:

diciembre de 2024, en el que se concedió a las partes y al Ministerio Público la posibilidad de pronunciarse sobre el recurso de apelación. De este trámite se destaca:

1.6.1. La parte demandada, Nación – Fiscalía General de la Nación 8, pidió que se confirme la sentencia apelada y para el efecto, ratificó los argumentos expuestos al contestar la demanda.

1.6.2. La parte demandada , Nación – Rama Judicial – DEAJ9, solicitó que se confirme parcialmente la sentencia de primera instancia y que se imponga una condena en costas de primera y segunda instancia, reafirmando los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

7 Proceso de Origen - Expediente de origen – Actuación núm. 37 de SAMAI. 8 Actuación núm. 10 de SAMAI. 9 Actuación núm. 11 de SAMAI.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Omar Rodríguez Silva Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ y otro

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1.6.3. La parte demandante, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.6.4. La representante del Ministerio Público no emitió concepto.

2. CONSIDERACIONES

2.1. De la competencia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la presente controversia en segunda instancia.

competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la presente controversia en segunda instancia.

2.2. De los límites de la apelación

Para responder a los problemas jurídicos que se plantearán a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, ceñirá su competencia a los argumentos expuestos p or las partes en sus recursos de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. Problemas jurídicos

La Sala procede a fijar los siguientes problemas jurídicos teniendo en cuenta el objeto de las apelaciones10, los cuales se circunscriben a determinar si:

P.J. 01: ¿Las demandadas son administrativa, patrimonial y solidariamente responsables por la privación de la libertad sufrida por el señor Omar Rodríguez Silva, con ocasión de la medida de aseguramiento en lugar de residencia impuesta en su contra por la presunta comisión del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones , por cuanto existieron falencias en la labor investigativa y en la valoración probatoria que soportaron la decisión cuestionada?

10 Artículo 328 del CGP.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Omar Rodríguez Silva Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ y otro

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P.J. 02: ¿Hay lugar a revocar la decisión que negó la condena en costas contenida en el numeral tercero de la sentencia de primera instancia?

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P.J. 02: ¿Hay lugar a revocar la decisión que negó la condena en costas contenida en el numeral tercero de la sentencia de primera instancia?

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

La jurisprudencia sobre la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad es, en principio, objetiva en cuatro casos, a saber: (i) cuando el hecho no existió, (ii) el procesado no lo cometió, (iii) la conducta era atípica y (iv) la aplicación del principio in dubio pro reo.

Aunque en otros eventos la responsabilidad debe determinarse a partir de un régimen de falla del servicio, el cual exige mayor carga demostrativa para el demandante y, en todo caso, que la actuación culposa o dolosa de la víctima no haya dado lugar a su detención, conducta entendida como la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto como administrado11.

En cuanto a ello, la H. Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 072 del 5 de julio de 2018 12, después de hacer un recorrido jurisprudencial, decantó la responsabilidad objetiva cuando el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, por lo irrazonable y desproporcionada de la decisión, y en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra en tales circunstancia s sin un gran ejercicio dialéctico.

Los otros dos eventos definidos por el H. Consejo de Estado como causas de responsabilidad estatal objetiva, esto es, el procesado no cometió la conducta y la aplicación del principio in dubio pro reo , exigen, según la H. Corte Constitucional

Los otros dos eventos definidos por el H. Consejo de Estado como causas de responsabilidad estatal objetiva, esto es, el procesado no cometió la conducta y la aplicación del principio in dubio pro reo , exigen, según la H. Corte Constitucional mayores esfuerzos investigativos y probatorios, pues a pesar de su objetividad, requiere del Fiscal o del Juez mayores disquisiciones para definir si existen pruebas que permitan vincular al investigado con la conducta punible y pr esentarlo como el probable autor de la misma.

Adicionalmente, recordó que le corresponde al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios

11 Entre otras, la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, expediente 52001-23-31-000-1996-0745901(23354) y Sentencia del 27 de noviembre de 2017. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Radicado 54001-23-31-000-1999-00247-01(46068). 12 Corte Constitucional. Sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. Exp. T6.304.188 y T-6.390.556 (AC).Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Omar Rodríguez Silva Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ y otro

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que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible, y para todos los casos, de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia.

Tocante a ello, señaló:

exigencia ineludible, y para todos los casos, de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia.

Tocante a ello, señaló:

«En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento, como fue recientemente concluido por la Subsección C del Consejo de Estado al considerar, en un caso que fue sometido a su evaluación, que: el Juzgado de control de garantías decidió imponerle medida de aseguramiento restrictiva de la libertad al imputado, debido a que encontró demostra do el requisito de necesidad de la medida, por cuanto la captura en flagrancia y la denuncia formulada por la víctima de la extorsión permitían inferir la probabilidad de participación del capturado en el ilícito endilgado»13.

Finalmente, mediante sentencia SU-363 de 202114, la H. Corte Constitucional reiteró las reglas establecidas en la sentencia SU -072 de 2018, según las cuales en cada caso es necesario revisar si la medida restrictiva de la libertad fue manifiestamente irrazonable y desproporcionada, pues no puede predicarse como regla general una responsabilidad objetiva.

2.5. Caso concreto

La sentencia apelada estableció como fundamento principal para negar las pretensiones, que la medida de aseguramiento dictada al interior del proceso penal adelantado en contra del señor Omar Rodríguez Silva fue necesaria, razonable y proporcional.

Ello, porque al momento de decidirla se contaba con una alta inferencia de autoría

pretensiones, que la medida de aseguramiento dictada al interior del proceso penal adelantado en contra del señor Omar Rodríguez Silva fue necesaria, razonable y proporcional.

Ello, porque al momento de decidirla se contaba con una alta inferencia de autoría o participación en el delito imputado, sustentada en diversas pruebas que permitían evidenciar el cumplimiento de los requisitos legales para privar de la libertad al prenombrado, por lo que el daño no fue antijurídico.

13 Ibidem. 14 Corte Constitucional. Sentencia SU -363 del 22 de octubre de 2021. M.P. Alberto Rojas Ríos. Exp. T7.785.966.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Omar Rodríguez Silva Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ y otro

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Por el contrario, la parte demandante en su recurso estimó que existieron falencias por parte de la Fiscalía General de la Nación y del Juez que adoptó la decisión, que derivaron en la privación de la l ibertad del demandante, pues de haberse valorado correctamente la situación fáctica que dio origen a la captura, sumado a que el señor Luis Hernández Mendoza asumió responsabilidad por el delito , no hubiera tenido lugar la medida de aseguramiento.

En ese contexto, le corresponderá a la Sala, en orden a dar respuesta al primer problema jurídico planteado, examinar si la medida de aseguramiento fue apropiada, razonable y/o proporcionada o si, por el contrario, las falencias alegadas por la parte recurrente devinieron en la privación injusta del accionante, teniendo en

problema jurídico planteado, examinar si la medida de aseguramiento fue apropiada, razonable y/o proporcionada o si, por el contrario, las falencias alegadas por la parte recurrente devinieron en la privación injusta del accionante, teniendo en cuenta que en estos asuntos debe analizarse en primera medida la falla en el servicio, al no operar la aplicación automática de un régimen objetivo.

Pues bien, tras la revisión del expediente, la Sala encuentra que el señor Omar Rodríguez Silva fue capturado el 21 de diciembre de 2018 por miembros de la Policía Nacional, en atención a una llamada de un ciudadano que reportó haber sido amenazado con un arma de fuego en el sector de la avenida Quebrada Seca.

En respuesta, los uniformados iniciaron un procedimiento de persecución e interceptaron el vehículo con placas terminadas en CWG -931, en el que se encontraban el señor Luis Hernández Mendoza, en calidad de conductor, y el señor Omar Rodríguez Silva, como copiloto.

Durante la inspección, se halló en poder del conductor un arma de fuego con registro y permiso vigente. No obstante, al verificar el interior del vehículo, propiedad del señor Omar Rodríguez Silva, los agentes encontraron debajo del tapete del copiloto, un arma de fuego, un proveedor y tres cartuchos. Ante este hallazgo, el señor Omar Rodríguez Silva manifestó desconocer su procedencia. En consecuencia, fue capturado por la presunta comisión del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, conforme consta en el escrito de acusación.

Asimismo, se encuentra acreditado que el 22 de diciembre de 2018, el Juzgado

de fuego o municiones, conforme consta en el escrito de acusación.

Asimismo, se encuentra acreditado que el 22 de diciembre de 2018, el Juzgado Catorce Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga resolvió la situación jurídica del señor Omar Rodríguez Silva y le impuso medida de aseguramiento preventiva en su lugar de residencia.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Omar Rodríguez Silva Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ y otro

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Para esta decisión, tuvo en cuenta el recuento fáctico contenido en el Formato Único de Noticia Criminal -FPJ-2de fecha 21 de diciembre de 2018 y los elementos materiales probatorios (incautación del arma y del vehícul o, reporte de permiso no vigente para porte de armas, en especial, para el arma incautada; ratificación de la denuncia 201808948 y el informe balístico en el cual se da a conocer que el arma incautada es apta para disparar y que los cartuchos se encuentran en buen estado de conservación).

Asimismo, el juez de control de garantías al legalizar la captura destacó que el señor Omar Rodríguez Silva fue aprehendido en flagrancia , de conformidad con la respectiva acta aportada por la Fiscalía General de la Nación. Frente a ello, la única objeción de la defensa del capturado se orientó , en ese momento procesal, a señalar que el arma de fuego no le pertenecía a su defendido y que el hecho de encontrarse esta en el vehículo donde aquel se movilizaba no podía asimilarse a la

señalar que el arma de fuego no le pertenecía a su defendido y que el hecho de encontrarse esta en el vehículo donde aquel se movilizaba no podía asimilarse a la comisión de un delito. Por lo demás, señaló que no tenía más objeciones al respecto.

Sobre esa base, el juez de garantías impartió legalidad a la captura al considerar que esta ocurrió en flagrancia, al tenor del Artículo 301 del Código de Procedimiento Penal Numeral 1 y en virtud del tipo penal contemplado en el Artículo 365 del Código Penal, pues los elementos materiales probatorios p ermitían deducir que el arma incautada sin permiso para porte o tr áfico se encontraba dentro del vehículo en el que se movilizaba el capturado.

Asimismo, adujo que el tipo penal antes enunciado también implicaba el verbo rector transportar o el de tener en un lugar armas de fuego de defensa personal, en este caso, en un vehículo de propiedad de una emp