TA SAN - Sentencia 680013333009-2023-00108-01 (21-10-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA–

SGC

República de Colombia

Rama judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander

Bucaramanga, veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia de Segunda Instancia

Medio de control: Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado: 680013333009-2023-00108-01

https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/lis t_procesos.aspx?guid=68001333300920230010 8016800123

Actor popular: Luis Emilio Cobos Mantilla

luisecobosm@yahoo.com.co

Accionado: Municipio de Bucaramanga

notificaciones@bucaramanga.gov.co ;

Vinculados: M & J INGENIERIA S.A.S.

info@myjingenieria.com

LUIS ANTONIO MOJICA FIGUEROA

LAMF01@GMAIL.COM

Ministerio público: Jhon Carlos García Perea

jcgarcia@procuraduria.gov.co Sentencia núm. 142

Asunto: Resuelve recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

Tema: Confirma declaratoria de vulneración de los derechos colectivos alegados y r evoca las órdenes señaladas en los numerales segundo y tercero de la sentencia de primera instancia por violación del principio de congruencia. Aunque la ocupación material del andén fue superada con la demolición de la rampa, la omisión administrativa por parte del Municipio de Bucaramanga evidenció la vulneración d e los

violación del principio de congruencia. Aunque la ocupación material del andén fue superada con la demolición de la rampa, la omisión administrativa por parte del Municipio de Bucaramanga evidenció la vulneración d e los derechos colectivos al goce del espacio público y al urbanismo ordenado. El deber de vigilancia del municipio persiste aun frente a intervenciones privadas, en la medida que la preservación del espacio público es una función pública de carácter permanente.

Magistrada ponente: Claudia Patricia Peñuela Arce.

Verificada la inexistencia de irregularidades que impidan decidir fondo, la Sal a resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada – Municipio de Bucaramanga, contra la sentencia del 12 de marzo de 2025 , proferida por elProtección de Derechos e Intereses Colectivos Sentencia de segunda instancia

Actor popular: Luis Emilio Cobos.

Accionado: Municipio de Bucaramanga y otro.

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Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual ordenó el amparo de los derechos e intereses colectivos alegados.

1. Antecedentes

1.1 Posición de la parte accionante1

La parte actora afirmó que los derechos colectivos fueron vulnerados por la construcción de una rampa de aproximadamente seis metros frente al inmueble ubicado en la Calle 42 No. 19 -97, Barrio El Centro, Bucaramanga. Esta estructura, hecha de cemento, arena, concreto y ladrillo, ocupó el área destinada al espacio público (andén) y alteró su uso.

ubicado en la Calle 42 No. 19 -97, Barrio El Centro, Bucaramanga. Esta estructura, hecha de cemento, arena, concreto y ladrillo, ocupó el área destinada al espacio público (andén) y alteró su uso.

Solicitó la protección de los derechos e intereses colectivos contenidos en los numerales d, e, y m del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 y que se condene en costas a la parte demandada.

1.2 Posición del accionado y vinculados

El accionado - Municipio de Bucaramanga, se opuso a las pretensiones de la demanda. Indicó que el Grupo de Ordenamiento Territorial realizó una visita técnica y encontró ocupación del espacio público. Por ello, la Secretaría de Planeación remitió el caso a la Secretaría del Interior para iniciar trámites policivos y recuperar el espacio público. El municipio sostuvo que la transgresión de los derechos colectivos correspondía a los propietarios, en este caso, Luis Antonio Mojica Figueroa, según la Ventanilla Única de Registro y el certificado de libertad y tradición. Solicitó no condenar en costas, ya que no se probó su causación en el expediente.

El vinculado – Luis Antonio Mojica Figueroa, se opuso a la demanda, con sustento en que la rampa ya había sido demolida. Explicó que la rampa se construyó para solucionar un problema de alineación con el predio vecino, que generaba un espacio donde personas en situación de calle hacían sus necesidades y arrojaban basura. Esto causaba malos olores y afectaba a los vecinos y transeúntes. La construcción fue transitoria y se retiró cuando el predio vecino se alineó correctamente.

donde personas en situación de calle hacían sus necesidades y arrojaban basura. Esto causaba malos olores y afectaba a los vecinos y transeúntes. La construcción fue transitoria y se retiró cuando el predio vecino se alineó correctamente.

Afirmó que, como la rampa fue demolida, debe declararse el hecho superado, y se vincule a M & Ingeniería S.A., quien posee el 50% de participación en la propiedad

1 3AccionPopular.pdfProtección de Derechos e Intereses Colectivos Sentencia de segunda instancia

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del bien inmueble localizado en la Calle 42 No. 19 -97 del Barrio El Centro del Municipio de Bucaramanga. Finalmente, solicitó no condenar en costas debido a que se configura un hecho superado.

El vinculado – M & Ingeniería S.A., reiteró los argumentos del señor Luis Antonio Mojica. Adicionalmente, respondió el requerimiento de primera instancia, y expresó que el porcentaje de participación de la propiedad del bien inmueble localizado en la Calle 42 No. 19 -97 del Barrio El Centr o del Municipio de Bucaramanga, corresponde en un 50 % al señor Luis Antonio Mojica, y el otro 50%, le corresponde a la entidad – M & Ingeniería S.A.

1.3 La sentencia recurrida2

El juez ordenó el amparo de los derechos colectivos relacionados con el espacio público y la realización de construcciones conforme a la ley. Con base en las

a la entidad – M & Ingeniería S.A.

1.3 La sentencia recurrida2

El juez ordenó el amparo de los derechos colectivos relacionados con el espacio público y la realización de construcciones conforme a la ley. Con base en las pruebas, concluyó que la rampa frente al inmueble fue demolida, pero persiste la alteración del espacio público con sustento en los siguientes argumentos: i) el andén se construyó luego de la demolición de la rampa, con un material que no era el establecido en el Manual del Espacio Público y el POT vigente y ii) el acceso vehicular se encuentra debajo al nivel de la calzada, incumpliendo con la altura d e 20 cm, lo que evidencia un cambio de nivel, e impide la libre y segura movilidad de las personas.

Frente al responsable, afirm ó que como la construcción – rampadel andén fue demolida, y ha sido superada , no existe responsabilidad frente a los derechos colectivos alegados.

Respecto del Municipio de Bucaramanga, señal ó que como aún persisten alteraciones al espacio público, le corresponde a dicho ente territorial subsanar dichas irregularidades, más cuando no existe prueba que acredite la fecha de estas alteraciones o que dicha acción haya sido realizada por los vinculados. Además, señala que le asiste responsabilidad, porque antes, durante y después de la presente acción popular, nunca realizó las gestion es administrativas pertinentes para la recuperación del espacio público frente al inmueble objeto de litigio.

Se ordenó al Municipio de Bucaramanga adecuar la zona del antejardín y andén frente al inmueble ubicado en la Calle 42 No. 19 -97 del Barrio El Centro de

2 SAMAI – JUZGADO – índice 59.

Se ordenó al Municipio de Bucaramanga adecuar la zona del antejardín y andén frente al inmueble ubicado en la Calle 42 No. 19 -97 del Barrio El Centro de

2 SAMAI – JUZGADO – índice 59. https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800133/6800133330 0920230010800/244C9BAD589592DF16DD6329AA492A5E4A13D083D029F0C664960612D6851 001/2Protección de Derechos e Intereses Colectivos Sentencia de segunda instancia

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Bucaramanga, conforme a lo dispuesto en el Manual de Espacio Público y el POT vigente. Asimismo, se indicó que para la construcción se incluyan losas texturizadas, así como señales y elementos arquitectónicos que permitan el paso seguro a personas con discapacidad visual y movilidad reducida, siempre que sea técnicamente viable su implementación en el lugar.

Finalmente, condenó en costas al Municipio de Bucaramanga en un 100% a favor del actor popular, con una fijación de agencias en derecho de (1 SMLMV).

1.4 La apelación El Municipio de Bucaramanga apeló la decisión, con sustento en que había actuado conforme a sus competencias y la normativa vigente. Señaló que implementó planes y proyectos para recuperar el espacio público y mejorar la circulación. Explicó que la selecci ón de tramos para intervención respondía a criterios técnicos y que el

conforme a sus competencias y la normativa vigente. Señaló que implementó planes y proyectos para recuperar el espacio público y mejorar la circulación. Explicó que la selecci ón de tramos para intervención respondía a criterios técnicos y que el hecho de que el andén en cuestión no estuviera priorizado no implicaba incumplimiento. El municipio adoptó medidas para mejorar y ampliar el espacio público, priorizando al peatón y creando entornos accesibles. En cuanto al inmueble objeto de litigio, seña ló que las obras realizadas en el área del antejardín corresponden a los propietarios, quienes levantaron una edificación y construyeron una rampa vehicular por fuera de la línea de p aramento, la cual posteriormente retiraron voluntariamente. Precisa que tales intervenciones se ejecutaron sin licencia urbanística en ninguna de sus modalidades, incumpliendo con el deber de tramitarla ante los curadores urbanos, lo cual impidió a la Administración conocer formalmente de las obras y, en consecuencia, ejercer el control urbano que solo se activa con la existencia de un acto administrativo que otorgue derechos y certifique el cumplimiento de las normas (Decreto 1077). La visita técnica del 12 de abril de 2023 confirmó la ocupación indebida del espacio público y, aunque el informe fue remitido a la Secretaría del Interior, no fue posible determinar la fecha exacta de la construcción; sin embargo, registros de Google Maps evidencian su presencia desde 2012. Precisó que sobre el inmueble se adelanta proceso policivo en curso, con respeto al debido proceso.Protección de Derechos e Intereses Colectivos Sentencia de segunda instancia

Actor popular: Luis Emilio Cobos.

Accionado: Municipio de Bucaramanga y otro.

Precisó que sobre el inmueble se adelanta proceso policivo en curso, con respeto al debido proceso.Protección de Derechos e Intereses Colectivos Sentencia de segunda instancia

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Finalmente, señaló que no es procedente la imposición de costas y agencias en derecho en contra del municipio, porque éste ha realiz ado actuaciones para garantizar el espacio público y, en cambio se le deben imponer al actor popular. 1.5 Pronunciamiento en segunda instancia.

El actor popular y los demandados, así como el representante el Ministerio Público adscrito a este despacho, guardaron silencio.

I. CONSIDERACIONES

2. Competencia.

Según lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es competente para resolver la apelación de las sentencias que en primera instancia dicten los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial.

2.1 Problemas jurídicos

En atención a los argumentos expuestos en los recursos de apelación y a que durante el trámite de la acción se probó que la rampa del andén frente al predio de la Calle 42 No. 19 -97 del Barrio El Centro del Municipio de Bucaramanga fue demolida, la Sala resolverá los siguientes problemas jurídicos:

P.J.1: ¿Hay lugar a declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, porque durante el trámite del medio de control se demostró que la construcción de la rampa del antejardín ubicado en el predio de en la Calle 42 No. 19 -97 del Barrio

porque durante el trámite del medio de control se demostró que la construcción de la rampa del antejardín ubicado en el predio de en la Calle 42 No. 19 -97 del Barrio El Centro del Municipio de Bucaramanga fue demolid a sin que se deba resolver el fondo del asunto?

P.J.2: ¿Hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia, porque no le asiste responsabilidad al Municipio de Bucaramanga, respecto de los derechos colectivos vulnerados?

P.J.3: ¿Hay lugar a revocar la condena en costas impuesta al municipio de Bucaramanga y, en su defecto, condenar al actor popular?

2.2 Tesis

P.J.1.: No, porque si bien el cerramiento que consistía en una rampa realizada frente al bien inmueble localizado en la Calle 42 No. 19-97 del Barrio El Centro fueProtección de Derechos e Intereses Colectivos Sentencia de segunda instancia

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demolido, el juez de la acción popular está obligado a realizar un análisis de fondo, a fin de establecer el alcance de los derechos colectivos que se alegaron como vulnerados, conforme lo señaló el H. Consejo de Estado en Sentencia de Unificación 05001-33-31-004-2007-00191-01(AP)SU.

P.J.2: No, en el caso concreto no hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia, en la medida en que la Sala concuerda con el j uez de primera instancia en cuanto declaró la vulneración de los derechos colectivos alegados, dado que el

P.J.2: No, en el caso concreto no hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia, en la medida en que la Sala concuerda con el j uez de primera instancia en cuanto declaró la vulneración de los derechos colectivos alegados, dado que el municipio omitió el control y vigilancia del espacio público.

Sin embargo, de oficio, se revocará la orden contenida en el numeral segundo y tercero de la sentencia encaminada a que el municipio ejecute las obras civiles de reconstrucción del andén con losetas texturizadas, de alerta y demarcación visual en la franja de circulación peatonal para las personas en situación de discapacidad por movilidad reducida al vulnerar el principio de congruencia frente a las pretensiones formuladas.

P.J.3: No, la Sa la confirmará la condena en costas impuesta al Municipio de Bucaramanga, dado que, se debe aplicar el criterio objetivo establecido en la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 06 de agosto de 2019, que señala que, siempre que la sentencia resulte favorable a las pretensiones protectorias de los derechos colectivos, habrá lugar a la condena en costas a cargo de la parte demandada y en favor del actor popular, en concordancia con el numeral 1° del artículo 365 del C.G.P. En ese or den, no hay lugar a imponerlas al actor popular.

2.3 Metodología de la decisión

Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala estudiará los siguientes temas: i) el derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; ii) la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada,

temas: i) el derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; ii) la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; iii) hecho superado en acciones populares. Sentencia de unificación 05001-33-31-004-200700191-01(AP)SU proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado.

Finalmente, se analizará el caso concreto, hechos relevantes probados y su análisis crítico.Protección de Derechos e Intereses Colectivos Sentencia de segunda instancia

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2.3.1 El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público. El artículo 4º de la Ley 472 de 1998 reconoce el goce del espacio púb lico como derecho colectivo protegido mediante acción popular. La Constitución (art. 82) impone al Estado su protección y destinación al uso común, prevalente sobre el interés particular.

Los artículos 311 y 315 de la Constitución asignan al municipio la responsabilidad de ordenar el territorio y garantizar el uso adecuado del espacio público. La Ley 9ª de 1989 (art. 5º) lo define como áreas públicas y privadas destinadas a necesidades urbanas colectivas, incluyendo andenes, zonas verdes y antejardines.

El Decreto 1504 de 1998 (art. 1º) obliga a los municipios a priorizar la planeación y

urbanas colectivas, incluyendo andenes, zonas verdes y antejardines.

El Decreto 1504 de 1998 (art. 1º) obliga a los municipios a priorizar la planeación y protección del espacio público. La Ley 1083 de 2006 y el Decreto 798 de 2010 establecen parámetros técnicos para los andenes, como dimensiones mínimas, señalización táctil y accesibilidad.

El Decreto 1077 de 2015 exige continuidad, nivelación, materiales antideslizantes y eliminación de obstáculos en los andenes. Los espacios públicos peatonales no pueden cerrarse ni obstruirse.

Los antejardines, como parte del perfil vial, integran el espacio público y deben garantizar la libre circulación peatonal. Tanto el H. Consejo de Estado 3 como la Corte Constitucional 4 han sostenido que conforme los artículos 82 y 315 de la Constitución Política, 2, 3, y 5 de la Ley 9 de 1989 y al Decreto 1504 de 1998, son los municipios la autoridad encargada de garantizar el derecho al goce del espacio público, y de preservarlo.

2.3.2 De la realización de las construcciones, edificaciones y desarroll os urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

El H. Consejo de Estado en Sentencia del 1 de noviembre de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, reitera jurisprudencia de la misma Corporación y señala que el derecho en mención implica «(…) la necesidad de proteger la adecuada utilización,

Sánchez Sánchez, reitera jurisprudencia de la misma Corporación y señala que el derecho en mención implica «(…) la necesidad de proteger la adecuada utilización,

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 7 de abril de 2011, C.P. María Elizabeth García González, Rad. 2005-00458-01 4 Sentencia SU-360 de 1999.Protección de Derechos e Intereses Colectivos Sentencia de segunda instancia

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transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera de su marco normativo (…)»5

Así mismo, en la Sentencia del 7 de abril de 2011, C.P., con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla Moreno, se señala el núcleo esencial del derecho colectivo de conformidad con los siguientes puntos: « i) respeto y acatamiento del principio de función social y ecológica de la propiedad; ii) protección del espacio público procurando adelantar cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el patrimonio público y la calidad de vida de los demás habitantes; iii) respetar los derechos ajenos y no abusar del derecho propio; y iv) atender los procesos de cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es

1. respetar los derechos ajenos y no abusar del derecho propio; y iv) atender los procesos de cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible.»6

2.3.3 Del hecho superado en acciones populares. Sentencia de unificación 05001-33-31-004-2007-00191-01(AP)SU proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado.

En esta decisión, la Sala Plena del Consejo de Estado unificó la jurisprudencia sobre la carencia actual de objeto por hecho superado en dos sentidos:

Verificación del cese de la amenaza : el juez de la acción popular debe verificar que la amenaza o vulneración de los derechos colectivos ha cesado completamente, dado que, no basta con alegar que se ha tomado alguna acción para resolver la situación.

Pronunciamiento de Fondo: señaló que incluso si la situación que originó la acción popular ha desaparecido, el juez debe hacer un análisis de fondo para establecer el alcance de los derechos colectivos involucrados.

3. Caso concreto

3.1. Hechos relevantes probados

5 Consejo de Estado, Sentencia del 6 de marzo de 2008, Rad. No. AP -2005-00901. C.P. Mauricio Fajardo Gómez, citada en la Sentencia del 1 de noviembre de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Rad. No. AP-2012-00104, del Consejo de Estado.

6 Consejo de Estado, Sentencia del 7 de abril de 2011, Rad. No. AP-2004-00688. C.P. Marco Antonio

Sánchez, Rad. No. AP-2012-00104, del Consejo de Estado.

6 Consejo de Estado, Sentencia del 7 de abril de 2011, Rad. No. AP-2004-00688. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, citada en la Sentencia del 1 de noviembre de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Rad. No. AP-2012-00104, del Consejo de Estado.Protección de Derechos e Intereses Colectivos Sentencia de segunda instancia

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3.1.1 El señor Luis Antonio Mojica Figueroa y la sociedad M & Ingeniería S.A., son los propietarios del bien inmueble ubicado en la Calle 42 No. 19 - 97 del barrio El Centro de Bucaramanga, con una participación cada uno del 50% de la propiedad , según el certificado de libertad y tradición y matrícula inmobiliaria No. 300-69927.

3.1.2 La Secretaría de Planeación del municipio de Bucaramanga, realizó visita de inspección ocular del bien inmueble en la Calle 42 No. 19 - 97 del barrio El Centro de Bucaramanga, con fecha del 26 de abril de 2023, y determinó lo siguiente8:

Igualmente, aportó, entre otras, las siguientes imágenes:

3.1.3 La Secretaría de Planeación del municipio de Bucaramanga, realizó visita de inspección ocular del bien inmueble en la Calle 42 No. 19 - 97 del barrio El Centro

3.1.3 La Secretaría de Planeación del municipio de Bucaramanga, realizó visita de inspección ocular del bien inmueble en la Calle 42 No. 19 - 97 del barrio El Centro de Bucaramanga, con fecha del 26 de abril de 2023, y concluyó lo siguiente:

7 SAMAI JUZGADO – índice 32, Fol. 12. Link: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800133/6800133330 0920230010800/3F716149E868F2B682BA08C2D0086C756049C81DB69E4A121969F8A5EDEAD 5E9/2 8 https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800133/6800133330 0920230010800/BE051DE5FDE1355FE724E05C3287B340E0C6DF76FD3CA0540604C740D3A8 E9CA/2Protección de Derechos e Intereses Colectivos Sentencia de segunda instancia

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Igualmente aportó, entre otras, la siguiente imagen:

3.1.4 En escrito del 06 de febrero de 2025, uno de los propietarios del bien inmueble en la Calle 42 No. 19 - 97 del barrio El Centro de Bucaramanga, el señor Luis Antonio Mojica Figueroa, solicitó se declare el hecho superado y adjuntó fotografía

en la Calle 42 No. 19 - 97 del barrio El Centro de Bucaramanga, el señor Luis Antonio Mojica Figueroa, solicitó se declare el hecho superado y adjuntó fotografía del lugar, en el cual se evidencia que se retiró la rampa que existía en el antejardín - andén de la vivienda, así:Protección de Derechos e Intereses Colectivos Sentencia de segunda instancia

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3.2 Valoración crítica

Valorados los hechos probados de conformidad con e l marco normativo y jurisprudencial expuesto en precedencia, la Sala resolverá el primero de los problemas jurídicos, que consiste en determinar si hay lugar a declarar o no el hecho superado en el presente caso.

En el expediente se probó que para abril de 2023 existía una rampa que impedía la libre circulación sobre el andén de la vivienda ubicada en la Calle 42 N 19-97, pero con posterioridad fue demolida, lo que evidencia que a la fecha de esta decisión no subsiste la ocupación indebida del espacio público.Protección de Derechos e Intereses Colectivos Sentencia de segunda instancia

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Por ello y aunque se constató la demolición de la rampa y, por tanto, la cesación material de la ocupación del espacio público, el juez de la acción popular conserva

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Por ello y aunque se constató la demolición de la rampa y, por tanto, la cesación material de la ocupación del espacio público, el juez de la acción popular conserva la obligación de pronunciarse de fondo. Esta exigencia deriva del carácter preventivo y restaurador del medio de control, cuyo objeto no se agota en la simple cesación del daño, sino que busca fijar el alcance de la protección de los derechos colectivos para evitar su reiteración. Tal postura fue precisada por la Sala Plena del Consejo de Estad o en sentencia de unificación 05001-33-31-004-2007-0019101(AP)SU, en la cual se destacó que la desaparición del hecho vulnerador no releva al juez de su deber de establecer responsabilidades y dictar medidas pedagógicas o correctivas.

Así las cosas, se p asará a desarrollar el segundo de los problemas jurídicos, que consiste en determinar si hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta los argumentos del escrito de apelación y de la lectura integral del expediente. Para la Sala, no hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia, en la medida en que concuerda con el juez de primera instancia en cuanto declaró la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público, utilización y defensa de los bienes de uso público y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de l os habitantes, por la construcción de la rampa en el antejardín del predio de la Calle 42 No. 19 - 97 del barrio El Centro de Bucaramanga.

dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de l os habitantes, por la construcción de la rampa en el antejardín del predio de la Calle 42 No. 19 - 97 del barrio El Centro de Bucaramanga. La omisión del Municipio de Bucaramanga vulnera el deber constitucional de garantizar la integridad del espacio público, previsto en los artículos 82 y 315 numeral 3 de la Constitución, que obligan al Alcalde a dirigir la acción administrativa y asegurar la prestación de los servicios y funciones a su cargo. De igual modo, el artículo 3º de la Ley 9ª de 1989 dispone que las autoridades municipales deben preservar y recuperar el espacio público frente a ocupaciones indebidas, deber que en este caso se incumplió al no realizar las actuaciones administrativas necesarias para restablecer la zona afectada del andén. Por otro lado, la Sala no comparte el argumento del recurrente sobre la ausencia de responsabilidad, sustentado en el plan de mejoramiento de andenes en distintas zonas de la ciudad con recursos propios y presupuestos participativos, conforme al POT y al Plan Maestro de E spacio Público, porque dicho planteamiento no resulta congruente con el caso concreto. Ello, porque la existencia de un plan general de intervenciones no desvirtúa que, frente al inmueble objeto de litigio, se probó unaProtección de Derechos e Intereses Colectivos Sentencia de segunda instancia

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omisión en el control y vigilancia d el espacio públi co, conforme se señaló en el párrafo anterior.

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omisión en el control y vigilancia d el espacio públi co, conforme se señaló en el párrafo anterior. Con relación a la orden del juez de primera instancia de reconstruir el andén con losetas texturizadas, de alerta y demarcación visual en la franja de circulación peatonal para las personas en situación de discapacidad por movilidad reducida, esta Sala lo revocará de oficio, en atención a que se vulnera el principio de congruencia.

Conforme la jurisprudencia del H. Consejo de Estado 9, el juez debe respetar lo pedido y lo resuelto. Si bien en sede del medio de control de protección de intereses colectivos dicho principio no reviste los visos rígidos y absolutos de los procesos ordinarios, en todo caso, la decisión final debe referirse al curso que vayan tomando los hechos siempre y cuando la conducta que se siga desplegando sea aquella acusada como transgresora por el actor popular desde la demanda . Ello no ocurrió en el caso concreto, porque ni en el escrito de demanda ni durante el desarrollo del proceso se discutió la instalación de losetas texturizadas.

Finalmente, para resolver el tercer problema jurídico, que tiene que ver con la decisión de primera instancia de condenar en costas al municipio demandado, la