TA SAN - Sentencia 680013333009-2023-00148-01 (02-05-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 11 de diciembre de 2024, proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del CPACA, el señor Guillermo Uribe Tarazona formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 2 índice SAMAI, archivo 2. MEDIO DE CONTROL Reparación directa RADICADO 680013333009-2023-00148-01

DEMANDANTE

Guillermo Uribe Tarazona contacto@grupoclegal.com guiurta@gmail.com

DEMANDADO

Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co jgomezsa@cendoj.ramajudicial.gov.co

guiurta@gmail.com

DEMANDADO

Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co jgomezsa@cendoj.ramajudicial.gov.co ligomeza@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial. Extinción de la acción penal por prescripción. Ausencia de p érdida de oportunidad definitiva y cierta.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Guillermo Uribe Tarazona

Demandado: Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333009-2023-00148-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

declare administrativa y patrimoni almente responsable a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERO: DECLARAR A LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLES a título de FALLA EN EL SERVICIO por la violación en la GARANTÍA A LA RESOLUCIÓN JUDICIAL DEL ASUNTO EN UN PLAZO RAZONABLE, fundada en los hechos y omisiones, imputables a la Rama

Judicial (JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CO NOCIMIENTO DEL

RAZONABLE, fundada en los hechos y omisiones, imputables a la Rama Judicial (JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CO NOCIMIENTO DEL PLAYON SANTANDER y TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA – SALA DE DECISION PENAL) durante el trámite de la segunda instancia del proceso penal de radicado número 686156000149201600104(20 -644 A) en contra el procesado JORGE EDUARDO JAIMES PICO po r el delito de LESIONES

PERSONALES.

SEGUNDO: CONDENAR A LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, A PAGAR CUARENTA (40) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES al señor GUILLERMO URIBE, o a quien representante legamen te sus derechos, por la FALLA EN EL SERVICIO, relativa a la VIOLACIÓN a la GARANTÍA A LA RESOLUCIÓN JUDICIAL DEL ASUNTO EN UN PLAZO RAZONABLE, fundada en los hechos y omisiones, imputables a la Rama Judicial (JUZGADO

PROMISCUO MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO DEL PLAYON SANTANDER y TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA – SALA DE DECISION PENAL) durante el trámite de la segunda instancia del proceso penal de radicado número 686156000149201600104(20-644 A) en contra el procesado JORGE EDUARDO JAIMES PICO por el delito de LESIONES PERSONALES.

TERCERO: CONDENAR EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO A LA

NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

EDUARDO JAIMES PICO por el delito de LESIONES PERSONALES.

TERCERO: CONDENAR EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO A LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.» (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la apoderada de la parte demandante señaló los siguientes:

1. El 10 de mayo de 2016 , el señor Guillermo Uribe Tarazona presentó denuncia penal en contra del señor Jorge Eduardo Jaimes Pico por la comisión del delito de lesiones personales a causa de la agresión física ocurrida el 8 de mayo de 2016 , proceso al cual le correspondió el radicado 686156000149201600104 (20644 A).

1. El 12 de junio de 2018, el señor Guillermo Uribe Tarazona fue reconocido como víctima.

1. El 8 de septiembre de 2020, el Juzgado Promiscuo Municipal de Conocimiento del Playón profirió sentencia de primera instancia y condenó al señor Jorge Eduardo Jaimes Pico como autor del delito de lesiones personales en contra del señor Guillermo Uribe Tarazona.

1. El 9 de abril de 2021, el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala de Decisión Penal en segunda instancia declaró la prescripción de la acciónReparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Guillermo Uribe Tarazona

Demandado: Dirección Ejecutiva de

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Demandante: Guillermo Uribe Tarazona

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penal, la cual se configuró a partir del 30 de octubre de 2020, esto es, tres años después de haberse dado traslado del escrito de acusación, toda vez que esta actuación es la que hace las veces de imputación en el procedimiento especial abreviado.

1. La anterior decisión le causó al señor Guillermo Uribe Tarazona un daño antijurídico, comoquiera que no tuvo acceso a los recursos de ley, y por tanto se vio privado de la posibilidad de obtener una decisión definitiva frente a la controversia suscitada y ser reparado integralmente por los daños y perjuicios.

1.1.3. Fundamentos de derecho

En el escrito de la demanda se invocó como violado el artículo 90 de la Constitución Política.

En los fundamentos jurídicos , la apoderada de la parte demandante expuso los siguientes argumentos:

1. El artículo 90 ut supra, establece una cláusula general de responsabilidad del Estado cuando determina que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, de lo cual se desprende que para declarar la responsabilidad estatal se re quiere la existencia de un daño antijuridico y que este sea imputable a la entidad.

1. En este caso, se privó al demandante de su acceso a un recurso judicial

que para declarar la responsabilidad estatal se re quiere la existencia de un daño antijuridico y que este sea imputable a la entidad.

1. En este caso, se privó al demandante de su acceso a un recurso judicial efectivo para obtener una decisión definitiva y de fondo frente a la controversia que llevó al conocimiento de la justicia y a pesar de que contó con la posibilidad de acudir a las instancias correspondientes en procura de la decisión, no fue resuelta por razón de la prescripción de la acción penal.

1. La anterior situación generó para el demandante una afectación al derecho constitucional y convencionalmente protegido de acceder a la administración de justicia, no como la posibilidad meramente nominal de hacerlo, sino ba jo la connotación de que esa garantía conlleva el derecho a que el asunto sea decidido de manera definitiva.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2

La apoderada de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones innominadas. «la Rama Judicial actuó adecuadamente»; «inexistencia del daño alegado»; «indebido agotamiento de acciones judiciales»; «hecho exclusivo y determinante de un tercero» y «las providencias judiciales fueron emitidas

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 9 índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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conforme a derecho». A su turno, manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda.

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

1. No se evidencia falencia alguna en las actuaciones judiciales y, por el contrario, se aprecia con claridad que el procedimiento judicial adelantado fue surtido en debida forma y con el pleno respeto de las garantías legales y procesales que ostentaba cada parte involucrada en el asunto litigioso.

1. El daño que la parte demandante pretendía le fuera resarcido es incierto, por cuanto no se tiene certeza del resultado que hubiese tenido el proceso penal adelantado en contra del señor Jorge Eduardo Jaimes Pico en el trámite de la segunda instancia, de no haber operado el fenómeno de la prescripción de la acción penal.

1. El demandante no agotó todas las vías judiciales para proteger sus intereses, toda vez que en aras de garantizar su derecho, al configurarse el fenómeno de la prescripción, tenía la posibilidad de acudir ante la justicia ordinaria civil, con el fin de que se requiera al responsable del daño que alega le fue ocasionado y se le indemnice por los perjuicios aducidos mediante la figura de responsabilidad civil extracontractual.

ordinaria civil, con el fin de que se requiera al responsable del daño que alega le fue ocasionado y se le indemnice por los perjuicios aducidos mediante la figura de responsabilidad civil extracontractual.

1. De las pruebas aportadas con el escrito de demanda se tiene que en el caso concreto se configura la eximente de responsabilidad por el hecho de un tercero, toda vez que existe n actuaciones originadas por parte de la defensa del imputado, puesto que dicha bancada defensiva dilató el proceso en la medida en que fueron fre cuentes sus inasistencias a las audiencias y/o las solicitudes de aplazamiento, lo cual permitió que con sus inactividades y omisiones transcurriera el tiempo y se configurara el fenómeno de la preclusión por prescripción de la acción penal, lo cual escapó de los deberes asignados a la entidad demandada en cuando al título de imputación y la inexistencia de nexo causal respecto de los perjuicios que presume se le causaron al demandante.

1. Las actuaciones de los operadores de la justicia estuvieron sujetas al trámite establecido por la norma legal para esta clase de acciones, surgiendo particularidades en desarrollo del trámite procesal ajenas a la voluntad del fallador. A su turno, las actuaciones enrostradas no llevan consigo falencia alguna, toda vez que se aprecia con claridad que el procedimiento judicial adelantado fue surtido en debida forma y con el pleno respeto de las garantías legales y procesales que ostentaba cada parte involucrada en el asunto litigioso.

1.3. La sentencia apelada3

3Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 15 índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

litigioso.

1.3. La sentencia apelada3

3Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 15 índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Guillermo Uribe Tarazona

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El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 11 de diciembre de 2024, resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción denominada por la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL como “indebido agotamiento de acciones judiciales”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, NEGAR cualquier reconocimiento en favor de GUILLERMO URIBE TARAZONA por concepto de pérdida de la opor tunidad de obtener la indemnización por la conducta denunciada en el proceso penal, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR IMPROSPERAS las excepciones denominadas por la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL como “la Rama Judicial actuó adecuadamente”, “inexistencia del daño alegado”, “hecho exclusivo y determinante de un tercero”, “providencias judiciales fueron emitidas conforme a derecho” y “tasación de

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL como “la Rama Judicial actuó adecuadamente”, “inexistencia del daño alegado”, “hecho exclusivo y determinante de un tercero”, “providencias judiciales fueron emitidas conforme a derecho” y “tasación de perjuicios inmateriales”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que derivó en el daño al derecho a la tutela judicial efectiva de GUILLERMO URIBE TARAZONA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: En consecuencia, CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar en favor de GUILLERMO URIBE TARAZONA el equivalente a 15 SMLMV, por concepto de daño a bienes y derechos constitucional y convencionalmente amparados, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: ORDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL dar cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los Artículos 187, 192 y 195 del CPACA.

SÉPTIMO: NO CONDENAR EN COSTAS por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia». (Sic en todo el texto)

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo profirió la decisión con sustento en los siguientes argumentos:

1. En cuanto a la pérdida de oportunidad enfilada en obtener una

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo profirió la decisión con sustento en los siguientes argumentos:

1. En cuanto a la pérdida de oportunidad enfilada en obtener una indemnización, se advierte que como se trata de un proceso penal regulado por la Ley 906 de 2004, la declaratoria de prescripción de la acción penal no le clausuró a Guillermo Uribe Tarazona de manera definitiva la posibilidad de conseguir una indemnización a cargo del sujeto llamado por la ley a responder con su patrimonio, en consideración que podía formular sus pretensiones indemnizatorias no solo dentro del incidente de reparación integral que emerge con posterioridad a la sentencia condenatoria, sino también, de manera paralela al proceso penal a través de la acción de responsabilidad civil e, incluso, con posterioridad a la declaratoria de prescripción de la acción penal, comoquiera que los hechos que dieron origen al proceso penal ocurrieron el 8 de mayo de 2016 y la acción civil ordinaria prescribe en 10 años conforme lo señala el artículo 2536 del Código Civil.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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1. En ese orden de ideas, al no haberse demostrado el primer elemento de la responsabilidad, esto es, el daño, que para el caso concreto consistía en la pérdida de la oportunidad de obtener la indemnización por la conducta denunciada en el proceso penal, no resulta procedente el análisis del nexo

de la responsabilidad, esto es, el daño, que para el caso concreto consistía en la pérdida de la oportunidad de obtener la indemnización por la conducta denunciada en el proceso penal, no resulta procedente el análisis del nexo causal y la imputación de responsabilidad, motivo por el cual procede declarar la excepción denominada «indebido agotamiento de acciones judiciales».

1. Respecto a la mora e imposibilidad de obtener una decisión definitiva, el análisis no puede limitarse al estudio de la pérdida de la oportunidad de obtener la indemnización por la conducta denunciada en el proceso penal, toda vez que la causa petendi incluye un aspecto adicional relativo al derecho a la tutela judicial efectiva por la imposibilidad de obtener una sentencia de fondo dentro del proceso penal con radicado 686156000149201600104 NI 201768180.

1. En el sub-lite, el señor Guillermo Uribe Tarazona formuló denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación el 10 de mayo de 2016 y el traslado del escrito de acusación se dio el 30 de octubre de 2017, esto es, mientras subsistía la acción penal . En ese sentido es dable aclarar que los términos legales para que no operara la prescripción se vencieron el 30 de octubre de 2020 lo que imposibilitó alcanzar un fallo definitivo cuando la dirección del proceso estaba a cargo de los funcionarios judiciales que conocieron de la actuación; de ahí que el juicio de responsabilidad se haya orientado en contra

de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

1. Revisado el expediente, se advierte que se encuentra cumplido el primer requisito para verificar si la mora judicial es injustificada por exceder el

de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

1. Revisado el expediente, se advierte que se encuentra cumplido el primer requisito para verificar si la mora judicial es injustificada por exceder el plazo razonable para la resolución del asunto, es decir, el incumplimiento de los plazos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial, puesto que precisamente la prescripción de la acc ión penal deviene del incumplimiento de los términos legales para adelantar el proceso.

1. En cuanto al segundo requisito , esto es, que no exista un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo, no obra prueba que acredite que el juzgado que conoció del proceso penal por lesiones personales dolosas estuviere expuesto a congestión judicial o a una alta demanda de trabajo que le impidiera tramitarlo oportunamente y, en consecuencia, evitar la prescripc ión de la acción penal, cuando es bien sabido que en casos como estos, a la demandada, para eximir su responsabilidad, le correspond ía demostrar -entre otras cosas - la ocurrencia de una causa extraña que rompiera la imputación o la ausencia de cualquiera d e los demás elementos que constituyen el juicio de responsabilidad.

1. Por otra parte, la Corte Constitucional 4 en armonía con los criterios esbozados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos , señaló que para considerar una mora judicial injustificada, se debe verificar la complejidad

4 Constitucional, Sentencia T-295 del 24 de julio de 2018, magistrado ponente. Gloria Stella Ortiz DelgadReparación directa Sentencia de segunda instancia

para considerar una mora judicial injustificada, se debe verificar la complejidad

4 Constitucional, Sentencia T-295 del 24 de julio de 2018, magistrado ponente. Gloria Stella Ortiz DelgadReparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Guillermo Uribe Tarazona

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del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades.

1. Con relación a la complejidad del asunto, la especialidad del juzgado hacía que la causa penal adelantada por el delito de lesiones personales dolosas no le fuera extraña.

1. Acerca de la actividad procesal del interesado se evidencia que las diligencias a adelantarse dentro del proceso fueron aplazadas en una ocasión por solicitud del señor Guillermo Uribe Tarazona el 8 de mayo de 2018, es decir, cuando no era inminente la configuración de la prescripción.

1. La solicitud impetrada por la víctima no incidió d e forma determinante en la mora judicial ni tampoco la justificó. Lo anterior por cuanto la dilación del proceso se debió predominantemente a solicitudes y actuaciones ejercidas por la defensa durante siete oportunidades , sin desconocer un aplazamiento acontecido por solicitud de la Fiscalía por razones que se desconocen o porque no existe registro documental y otro a causa de la indebida citación por parte del Juzgado Promiscuo Municipal del Playón Santander a una audiencia.

acontecido por solicitud de la Fiscalía por razones que se desconocen o porque no existe registro documental y otro a causa de la indebida citación por parte del Juzgado Promiscuo Municipal del Playón Santander a una audiencia. Por otra parte, luego de haberse surtido un recurso de apelación se fijó fecha para juicio oral dentro los diez meses siguientes a que el expediente retornó al juzgado de origen.

1. Frente al último de los requisitos, esto es, la valoración de la conducta con miras a establecer si la tardanza le es imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los deberes por parte del funcionario judicial, no median pruebas mediante las que se acredite que estuviere expuesto a congestión judicial o a una alta demanda de trabajo que le impidiera tramitarlo oportunamente para evitar la prescripción de la acción penal. Al respecto, para que la demandada se pueda eximir de responsabilidad , le corresponde demostrar -entre otras cosasla ocurrencia de una causa extraña que rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los demás elementos que constituyen el juicio de responsabilidad.

1. Contrario a lo anterior, se aportó el oficio CSJSAO22-614 del 5 de agosto de2022 firmado por el Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander en el que expuso que el Juzgado Promiscuo Municipal del Playón Santander contaba con un inventario 5 veces menor al de otros despachos; por esta razón, no puede concluirse cuestión diferente a que la administración de justicia fue excesivamente tolerante ante las maniobras que tendían a dilatar el proceso y que ciertamente incidieron en la declaratoria de la prescripción.

de otros despachos; por esta razón, no puede concluirse cuestión diferente a que la administración de justicia fue excesivamente tolerante ante las maniobras que tendían a dilatar el proceso y que ciertamente incidieron en la declaratoria de la prescripción.

1. Bajo ese hilo conducto r, el incumplimiento de los términos procesales no ocurrió por la carga laboral del Despacho o su congestión, la complejidad del asunto o por la actitud procesal del demandante, lo cual significa que la prestación deficiente del servicio le es imputable al Estado. En otras palabras, el daño originado por no haber desplegado actividad alguna dirigida a prevenir la dilación del proceso le es atribuible a la Nación , Rama Judicial, DirecciónReparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Guillermo Uribe Tarazona

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Ejecutiva de Administración Judicial a título de defectuoso funcionami ento de la administración de justicia.

1.4. El recurso de apelación

1.4.2. Parte demandada5

La apoderada de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la sentencia de primera instancia en su totalidad y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. En el presente caso se presenta 1) un defecto sustantivo por la omisión y/o indebido análisis de la eximente de responsabilidad hecho exclusivo y

siguientes argumentos:

1. En el presente caso se presenta 1) un defecto sustantivo por la omisión y/o indebido análisis de la eximente de responsabilidad hecho exclusivo y determinante de un tercero que fue alegado desde la cont estación de la demanda, el cual rompe el nexo causal y, 2) un defecto fáctico por indebida valoración probatoria o análisis arbitrario al momento de determinar la antijuridicidad del daño, lo que conllevó a que no se hiciera el adecuado análisis de los hec hos y pretensiones de la demanda las cuales deben ser despachadas desfavorablemente en su totalidad.

1. El juez acogió los argumentos de defensa de la entidad relacionados con la falta de configuración de la pérdida de oportunidad y la falta de certeza del daño alegado, decisión que se c omparte en su totalidad conforme lo probado en el proceso y la jurisprudencia vertical al respecto.

1. No obstante, no resulta coherente que el a quo, con base en el mismo material de prueba obrante en el proceso, determine la falta de certeza del daño alegado y, por tanto, la negación de cualquier reconocimiento en favor de Guillermo Uribe Tarazona por concepto de pérdida de la oportunidad de obtener la indemnización por la conducta denunciada en el proceso penal, pero a su vez, considere que existe una afectación a la tutela judicial efectiva que se tradujo en una denegación de justicia y, que de contera, condene a la Rama Judicial a una indemnización en favor del accionante.

1. Lo anterior, toda vez que las dos situaciones están ligadas, en el entendido de que si la parte accionante cuenta con otras acciones judiciales

Rama Judicial a una indemnización en favor del accionante.

1. Lo anterior, toda vez que las dos situaciones están ligadas, en el entendido de que si la parte accionante cuenta con otras acciones judiciales para obtener una indemnización económic a, no existe un daño que se traduzca en el deber de reparar por parte de la Rama Judicial, razón por la cual no habría lugar a conceder las pretensiones de la demanda.

1. Resulta incongruente que el a quo haya determinado que «no es de recibo que la Rama Judicial se excuse en que fue la bancada defensiva la que dilató el proceso penal, puesto que como se explicó, el funcionario judicial contaba con amplias facultades para garantizar el cumplimiento de los términos judiciales y e vitar cualquier maniobra dilatoria », toda vez que justamente lo que alega la entidad es la configuración del hecho exclusivo y determinante de un tercero imputable a la defensa del imputado en el proceso penal 686156000149201600104 NI 201768180.

5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 17índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Guillermo Uribe Tarazona

Demandado: Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333009-2023-00148-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. En ese orden de ideas, el juzgado basa su decisión en especulaciones y en pruebas no existentes, cuando aduce que «no median pruebas de que el Despacho Judicial que conoció del proceso penal por lesiones personales

1. En ese orden de ideas, el juzgado basa su decisión en especulaciones y en pruebas no existentes, cuando aduce que «no median pruebas de que el Despacho Judicial que conoció del proceso penal por lesiones personales dolosas estuviere expuesto a congestión judicia l o a una alta demanda de trabajo que le impidiera tramitarlo oportunamente y, en consecuencia, evitar la prescripción de la acción penal » obviando que la carga de la prueba en un proceso al que se aplica el régimen subjetivo es del demandante.

1. En el caso concreto, el Despacho penal adelantó lo pertinente para la realización de las audiencias respectivas, razón por la cual es un hecho externo e irresistible la no presencia de las partes en las diligencias , entre estas la defensa del procesado y el agente de la Fiscalía General de la Nación, como incluso se evidencia del recuento de las actuaciones en el proceso penal que el a quo efectúa en la sentencia.

1. Bajo ese hilo conductor, se tiene que en el caso concreto se configura la eximente de responsabilidad por el hecho de un tercero, toda vez que existe un suceso originado por parte de la defensa del imputado , puesto que dicha bancada defensiva dilató el proceso en la medida en que fueron frecuentes sus inasistencias a las audiencias y/o las solicit udes de aplazamiento, lo que permitió que con sus inactividades u omisiones transcurriera el tiempo y se configurara el fenómeno de la preclusión por prescripción de la acción penal, lo cual escapa de los deberes asignados a la Rama Judicial en cuanto al título de imputación y la inexistencia de nexo causal respecto de los perjuicios que presume se le causaron al demandante.

lo cual escapa de los deberes asignados a la Rama Judicial en cuanto al título de imputación y la inexistencia de nexo causal respecto de los perjuicios que presume se le causaron al demandante.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 3 de febrero de 202 56 se admiti ó el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado, quienes no rindieron concepto ni