TA SAN - Sentencia 680013333009-2024-0008-01 (20-02-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, veinte (20) de febrero de dos mil veintic inco (2025)

Radicado 68001333300 9-2024-0008-01 Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Olga Cecilia Granados Riaño notificaciones@asleyes.com olcegrari@gmail.com Demandado Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co notijudicial@fiduprevisora.com.co Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Reconocimiento y pago pensión de jubilación docente. Pensión por aportes Ley 71 de 1988.

Decide la Sala el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante , contra la sentencia de fecha 27 de septiembre de 2024 , proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga .

I. ANTECEDENTES

La señora Olga Cecilia Granados Riaño por intermedio de apoderado legalmente constituido, acude a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG, con el fin de que se acceda a las siguientes:

1. Pretensiones.

“PRIMERA. - DECLARAR la NULIDAD del Acto Administrativo contenido

Educación Nacional –Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG, con el fin de que se acceda a las siguientes:

1. Pretensiones.

“PRIMERA. - DECLARAR la NULIDAD del Acto Administrativo contenido en la Resolución No. PIEDE PENRES2023-0000028 del 12 de diciembre de 2023, a través de la cual la Secretaría de Educación de Piedecuesta, actuando en nombre y representación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a fa vor de la señora OLGA CECILIA GRANADOS RIAÑO en el marco de la Ley 71 de 1988, en su condición de docente oficial.

SEGUNDA. - A título de restablecimiento del derecho, se CONDENE a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para que, a través de la Secretaría de Educación de Piedecuesta, RECONOZCA y PAGUE lo correspondienteTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333009-2024-00008-01

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a la PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES a la señora OLGA CECILIA GRANADOS RIAÑO, en el marco de la Ley 71 de 1988, en su condición de docente oficial.

TERCERA.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, CONDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para que a partir del 22 de julio del 2022, fecha de constitución del derecho, RECONOZCA y

CONDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para que a partir del 22 de julio del 2022, fecha de constitución del derecho, RECONOZCA y PAGUE a la señora OLGA CECILIA GRANADOS RIAÑO la PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES , en una cuantía equivalente al 75% del I.B.L. pensional que debe ser conformado por los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha del status pensional, es decir, asignación básica, bonificación mensual y bonificación pedagógica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley 33 de 1985 (modificado por Art. 1. Ley 62 de 1985), Decretos 964 de 2021, 451 de 2022 y 2354 de 2018.

CUARTA. - Que para efectos del reconocimiento de la pensión que se pretende, se tengan en cuenta la totalidad de los periodos relacionados en el cuadro de tiempo de servicios insertado en los hechos de esta demanda, incluido el periodo laborado como docente vinculada bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios, entre el 04 de abril del 2003 y el 20 de diciembre del mismo año, a través del Departamento de Santander.

QUINTA.- Se CONDENE a la parte demandada a pagar a mi poderdante todas las mesadas pensionales dejadas de cancelar desde la fecha de constitución del derecho (22/07/2022) hasta el día en que se haga efectivo el pago, incluidas las primas consagradas en la ley y los aumentos anuales automáticos que ordena la Ley 71 de 1988, incluyendo la actualización de

constitución del derecho (22/07/2022) hasta el día en que se haga efectivo el pago, incluidas las primas consagradas en la ley y los aumentos anuales automáticos que ordena la Ley 71 de 1988, incluyendo la actualización de los valores objeto de la condena de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor (IPC) y tal como lo autoriza el artículo 187 del

C.P.A.C.A.

SEXTA. - CONDENAR a la en tidad demandada al pago de los INTERESES MORATORIOS que se devengaran a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, conforme al artículo 192 y numeral 4 del artículo 195 del C.P.A.C.A.

SEPTIMA.- CONDENAR a la parte demandada a que dé CUMPLIMIENTO AL FALLO dentro del término previsto en los artículos 189, 192, 194, y 195 del C.P.A.C.A.

OCTAVA.- CONDENAR a la entidad demandada al PAGO DE COSTAS, según lo previsto en el artículo 188 del C.P.A.C.A. en armonía con lo establecido en el Código General del Proceso.”.

2. Hechos.

Expresa la demanda que la señora OLGA CECILIA GRANADO RIAÑO nació el 22 de julio de 196 7 por lo que cumplió 55 años el 22 de julio de 2022; así mismo, que cuenta con 20 años de servicio docente en diferentes modalidades y periodos.

Fue vinculada por orden de prestación de servicios al servicio del Departamento de Santander el 04 de abril de 200 3 hasta el 20 de diciembre de 2003.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia

y periodos.

Fue vinculada por orden de prestación de servicios al servicio del Departamento de Santander el 04 de abril de 200 3 hasta el 20 de diciembre de 2003.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333009-2024-00008-01

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El 10 de agosto de 2004 fue vinculada como doce nte en provisionalidad, hasta el día 04 de octubre de 200 4 al servicio de la Secretaría de Educación Santander.

Finalmente, informa que fue vinculada en propiedad al servicio de la Secretaría de Educación de Piedecuesta desde el 26 de julio de 2006.

Aunado a ello, cuenta con 296,29 semanas cotizadas en Colpensiones durante el periodo comprendido entre el 13 de agosto de 1985 y el 31 de enero de 1995.

Expone que el día 04 de octubre de 2023 solicitó ante la secretaría de Educación del municipio de Piedecuesta , el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes; no obstante, la entidad negó la solicitud a través de la Resolución No. PIEDEPENRES2023 -0000028 del 12 de diciembre de 2023 bajo el argumento que la norma aplicable corresponde a la Ley 100 de 1993.

3. Normas violadas y concepto de violación

Se invocan como disposiciones violadas: los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 58 y 243 de la Constitución Política de Colombia; artículo 36 del Decreto

Se invocan como disposiciones violadas: los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 58 y 243 de la Constitución Política de Colombia; artículo 36 del Decreto 2277 de 1979; 7 de la Ley 71 de 1988, 15 de la Ley 91 de 1989; 279 de la Ley 100 de 1993 y 81 de la Ley 812 de 2003 .

Expresa que, la demandante inició su labor como docente oficial a partir del 04 de abril de 2003, en el Departamento de Santander mediante órdenes de prestación de servicios, es decir, fue vinculada antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, de modo que queda excluida del Régimen General de Pensiones, para entrar automáticamente al Régimen Pensional Exceptuado de los Docentes del Magisterio, por lo que la norma que la ampara es el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, en este caso, con posibilidad de acceder a la pensión de jubilación por aportes, pues queda demostrado que la docente estuvo vinculada antes del 27 de junio de 2003.

Que, además, en su calidad de docente oficial, queda excluida de la aplicación de la Ley 100 de 1993 y no queda inmersa en el régimen de transición, tal y como lo señaló dicha normativa en su artículo 297. Lo anterior, en compatibilidad con el desempeño de su cargo y el c onsecuente salario.

Además, la Sentencia de Unificación del 22 de enero de 2015, impone un criterio vinculante para el presente caso, toda vez que expresamente señaló que deberá tenerse en cuenta, para fines pensionales, el tiempo prestado al

Además, la Sentencia de Unificación del 22 de enero de 2015, impone un criterio vinculante para el presente caso, toda vez que expresamente señaló que deberá tenerse en cuenta, para fines pensionales, el tiempo prestado al servicio pú blico de la educación como hora cátedra o vinculación externa. De ahí que, resulte aún más viable aplicar para dichos efectos, los tiempos de servicio completo prestados a la educación pública por medio de OPS.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333009-2024-00008-01

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Aclara que, aunque hubieren prescrito las pre staciones económicas derivadas de la relación laboral, consecuencia de la prestación de servicios OPS a la docencia, ello no es óbice para que dicho tiempo tenga efectos para el reconocimiento de la pensión, pues debe contabilizarse para tal fin, en tanto el derecho a la pensión es imprescriptible. Por lo que, en este caso, se deben tener en cuenta las órdenes de prestación de servicios y contratos de prestación de servicios de la docente OLGA CECILIA GRANADOS RIAÑO , de manera que el periodo comprendido en tre el 04 de abril del 200 3 y el 20 de diciembre de 2003, sea reconocido para contabilizar el tiempo de servicio.

De otra parte, sostiene que, en la mesada pensional reconocida bajo la Ley 33 de 1985, debe incluir los factores que sirvieron de base para realizar los aportes a la seguridad social, es decir, todos aquellos relacionados en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, además de la bonificación mensual de que

de 1985, debe incluir los factores que sirvieron de base para realizar los aportes a la seguridad social, es decir, todos aquellos relacionados en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, además de la bonificación mensual de que tratan los Decretos 1566 de 2014, 1272 de 2015, 123 de 2016 y 983 de 2017 y 322 de 2018, inciso segundo, artículo primero, y la bonificación pedagógica creada por el Decreto 2354 del 19 de diciembre de 2018.

II. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga , mediante sentencia de fecha 27 de septiembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

Para la decisión anterior, señaló que, en el presente caso la demandante no es beneficiaria del régimen previsto en la ley 71 de 1988 que regula la pensión de jubilación por aportes reclamada en la demanda, por cuanto dicha norma tiene aplicación mediante el régimen transición de le Ley 100 de 1993 y la demandante no contaba con los 35 años de edad necesarios a su entrada en vigencia, para ser beneficiaria del régimen de transición.

Y menos aún, puede ser beneficiaria del régimen pensional de la Ley 33 de 1985, porque, pese a haber ingresado a la docencia antes de la vigencia de la Ley 812 de 2013 mediante contratos por OPS, contabilizando dichos periodos con las vinculaciones legales y reglamentarias en provisionalidad y propiedad, el tiempo de servicio prestado como docente oficial, no alcanza los 20 años a la fecha de la solicitud pensional, lo que impide el reconocimiento de la pensión de jubilación.

con las vinculaciones legales y reglamentarias en provisionalidad y propiedad, el tiempo de servicio prestado como docente oficial, no alcanza los 20 años a la fecha de la solicitud pensional, lo que impide el reconocimiento de la pensión de jubilación.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte accionante interpuso recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia. En escrito de recurso señala que en el caso de la demandante no se pretende l a aplicación del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues en virtud de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en concordancia con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 , artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y Acto Legislativo 01 de 2005, lo correcto es que se respete el régimen pensional queTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333009-2024-00008-01

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cobija a la educadora por el hecho de haber sido vinculada como docente del sector oficial a partir del 04 de abril del 200 3 y en consecuencia, le sea reconocida su pensión de jubilación bajo el marco legal de lo contemplado en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, sin necesidad de que se exijan requisitos más onerosos a aquellos que ya se encuentran contemplados en la norma.

Señala que el tiempo de vinculación mediante órdenes de prestación de servicios, las cuales son válidas para determinar el régimen pensional aplicable y para completar el tiempo de servicio requerido, de lo cual existe un

Señala que el tiempo de vinculación mediante órdenes de prestación de servicios, las cuales son válidas para determinar el régimen pensional aplicable y para completar el tiempo de servicio requerido, de lo cual existe un precedente pacífico, reiterado y un iforme tanto del Consejo de Estado como del Tribunal Administrativo de Santander.

Como consecuencia, de lo anterior, en este caso se cumple con los presupuestos de la ley 71 de 1988 para acceder a la pensión de Jubilación por aportes, la cual debe ser liq uidada con el 75% del IBL conformado por los factores salariales devengados en el año anterior al cumplimiento del status esto es, asignación básica, bonificación mensual y bonificación pedagógica.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Por auto de fecha 03 de diciembre de 2024 se admitió el recurso de apelación, ordenándose la notificación personal del Ministerio Público. Mediante el mismo proveído, de conformidad con lo previsto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se corrió traslado para que las parte s alegaran de conclusión y para que el Ministerio Público emitiera concepto de fondo.

En esta etapa procesal, el Ministerio Público radicó concepto de fondo por fuera del término procesal.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y hallándose estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir sentencia de segunda instancia.

1. Competencia:

eficacia para invalidar la actuación cumplida, y hallándose estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir sentencia de segunda instancia.

1. Competencia:

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial, raz ón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2. Problema Jurídico:

De conformidad con los planteamientos expuestos dentro del proceso, la controversia planteada en el asunto bajo estudio consiste en determinar si, laTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333009-2024-00008-01

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Nación –Ministerio de Educación Nacional –Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio debe reconocer y pagar a la señora Olga Cecilia Granados Riaño una pensión de jubilación por aportes y adicional a ello, sin exigir el retiro del cargo para proceder a su cancelación, por ser compatible con el salario de docente oficial.

Tesis: Para la Sala se acreditó que la demandante se vinculó a la docencia oficial con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, y para la fecha en que presentó la solicitud de reconocimiento pensional, contaba con más de 20 años de cotizaciones tanto en el sector privado como en el público y acreditaba una edad de 55 años, p or lo que resulta procedente el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes conforme la Ley 71 de 1988.

años de cotizaciones tanto en el sector privado como en el público y acreditaba una edad de 55 años, p or lo que resulta procedente el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes conforme la Ley 71 de 1988.

3. Marco normativo y jurisprudencial aplicado al caso concreto:

3.1. Del régimen pensional de los docentes oficiales

Para dar solución al primer problema jurídico planteado, considera la Sala que al derecho pensional reclamado por la accionante le es aplicable lo establecido en la Sentencia de Unificación del 25 de abril de 2019 proferida por el Consejo de Estado, al contemplar la aludida providencia lo siguiente:

“(…) como se advirtió al abordar el problema jurídico, en esta instancia a la Sala le corresponde dar aplicación a la regla jurisprudencial establecida en la Sentencia de Unificación del 25 de abril de 2019, por una parte, porque la tesis del 4 de agosto de 2010 fue replanteada en la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia del 28 de agosto de 2018 y, por otra parte, porque tal como allí se estableció, aquella se constituye en precedente vinculante y obligatorio para los casos que guardan identidad fáctica y que se encuentran pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial, siempre que no se haya configurado el fenómeno de la cosa juzgada, como sucede en el sub judice, dado que la providencia apelada no ha quedado ejecutoriada.”1.

En consecuencia, con el fin de dar resolución al problema jurídico planteado, procederá la Sala a dar aplicación al precedente vertical obligatorio y vinculante contenido en la sentencia de unificación de fecha 25 de abril de 2019 proferida

En consecuencia, con el fin de dar resolución al problema jurídico planteado, procederá la Sala a dar aplicación al precedente vertical obligatorio y vinculante contenido en la sentencia de unificación de fecha 25 de abril de 2019 proferida por el H. Consejo de Estado 2, la cual adoptó las reglas de unificación que a continuación se reseñan con sus correspondientes fundamentos jurídicos:

“Docentes vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003.

“En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por

1 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, Consejero Ponente: César Palomino Cortés, Sentencia de unificación No. SUJ-014 -CE-S2 -2019 de fecha 25 de abril de 2019.

Expediente: 680012333000201500569-01, N.° Interno: 0935-2017. 2 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, Consejero Ponente: César Palomino Cortés, Sentencia de unificación No. SUJ-014 -CE-S2 -2019 de fecha 25 de abril de 2019.

Expediente: 680012333000201500569-01, N.° Interno: 0935-2017.Tribunal Administrativo de Santander

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lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enl istados en el mencionado artículo.

63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilació n ordinaria de los docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

65. La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación de los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo y factores. Lo que quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los factores son únicamente los que se señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º de la Ley 33 de 1985.

(…)

factores son únicamente los que se señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º de la Ley 33 de 1985. (…)

67. En resumen, el derecho a la pensió n de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas: ✔ Edad: 55 años ✔ Tiempo de servicios: 20 años ✔ Tasa de remplazo: 75% ✔ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.”

Docentes vinculados en vigencia de la Ley 812 de 2003.

“B. Régimen pensional de prima media para los docentes afiliados al Fomag vinculados al servicio a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo

812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años. Esto quiere decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los f actores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. (…)Tribunal Administrativo de Santander

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Reglas de unificación sobre el IBL en pensión de jubilación y vejez de los docentes

71. De todo lo expuesto se extraen las siguientes reglas de unificación de la jurisprudencia en materia de régimen pensional de los docentes:

72. De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y

en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial. La ap licación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, y se deben tener en cuenta las siguientes reglas:

a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de lo s docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en d icho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.”

3.2. De la pensión por aportes.

factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.”

3.2. De la pensión por aportes.

Ahora, en los eventos en que los docentes no hayan estado vinculados al servicio oficial docente durante toda su vida laboral, sino que hayan prestado sus servicios en entidades públicas y privadas, realizando sus aportes a pensión al ISS hoy COLPENSIONES, la Ley 71 de 1988, estableció la pensión por aportes y en su artículo 7° dispuso:

“ARTICULO 7o. A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer. El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas”.

La Ley 71 de 1988, en un principio fue reglamentada por la Ley 1160 de 1989, que en lo que tiene que ver con la pensión de jubilación por acumulación de aportes, tuvo vigencia hasta la expedición del Decreto 2709 de 1994, que lo derogó y estableció la prestación en los siguientes términos:Tribunal Administrativo de Santander

que en lo que tiene que ver con la pensión de jubilación por acumulación de aportes, tuvo vigencia hasta la expedición del Decreto 2709 de 1994, que lo derogó y estableció la prestación en los siguientes términos:Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333009-2024-00008-01

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“Artículo 1º. Pensión de jubilación por aportes. La pensión a que se refiere el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes. Tendrán de recho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público”.

De acuerdo a lo expuesto, para acceder a la pensión de jubilación por acumulación de aportes, se requiere acreditar tener 60 años de edad si es hombre o 55 si es mujer y ha ber realizado 20 años de cotizaciones o aportes al ISS y a una o varias de las entidades de previsión social del sector público, las cuales pueden ser en tiempos continuos o discontinuos y en cualquier tiempo.

3.3. De la vinculación de docentes a través de contratos de prestación de servicios

El H. Consejo de Estado en reciente jurisprudencia precisó que resulta procedente contabilizar el tiempo durante el cual los docentes oficiales prestaron sus servicios a l Estado bajo la modalidad de contratos de presta ción

de servicios

El H. Consejo de Estado en reciente jurisprudencia precisó que resulta procedente contabilizar el tiempo durante el cual los docentes oficiales prestaron sus servicios a l Estado bajo la modalidad de contratos de presta ción de servicios para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación, resaltándose lo siguiente:

(…)”la línea jurisprudencial definida por la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia de unificación jurisprudencial de 25 de agosto de 20163 según la cual la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protecci