TA SAN - Sentencia 680013333010-2015-00175-01 (02-10-2025)

SIGCMA-SGC

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander Magistrada ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez Bucaramanga, dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Sentencia de segunda instancia Radicado 680013333010-2015-00175-01 Enlace del expediente https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/li st_procesos.aspx?guid=680013333010201500 175016800123 Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho de carácter sancionatorio Parte demandante Coltanques S.A.S, identificada con NIT. 860.040.576-1. contador@coltanques.com.co blonariverag@hotmail.com juridica@coltanques.com.co Parte demandada Superintendencia de Puertos y Transporte notificajuridica@supertransporte.qov.co; atencionciudadano@supertransporte.qov.co; haivealejandrolopezlopez@yahoo.com Ministerio Público Xirys María Mora Alvarado Procuradora 160 Judicial II Para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co Temas Sanción por exceso de peso en vehículo de carga. Vulneración del principio de legalidad. La Supertransporte impuso la sanción con base en la Resolución 10800 de 2003 que reproduce disposiciones anuladas del Decreto 3366 de 2003. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida el 14 de agosto de 2019 por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que negó las pretensiones, una vez verificada la inexistencia de

proferida el 14 de agosto de 2019 por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que negó las pretensiones, una vez verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación y la competencia1.

1. Antecedentes 1.1. Posición de la parte demandante2

La sociedad Coltanques S.A.S. pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 00006000 del 16 de julio de 2012 y No. 014351 del 29 de septiembre de 2014, mediante las cuales la Superintendencia de Puertos y Transporte le impuso una sanción por infracción al régimen de Transporte Terrestre Automotor de Carga, consistente en una multa de 13.5 SMLMV, equivalentes a $6.708.150. A título de restablecimiento del derecho, solicita que se cancele la garantía prestada para respaldar el pago de la sanción, o en su defecto, que se le restituya el monto pagado y los intereses moratorios causados. Asimismo, solicita que se elimine de la b ase de datos de la Superintendencia los antecedentes relacionados con la infracción objeto de la demanda. Como fundamento de sus pretensiones, la parte demandante expone que el 5 de noviembre de 2009 se le impuso un comparendo al vehículo de placas XJA-965 por

1 Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial. 2 Expediente físico, folios 1-64Radicado: 680013333010-2015-00175-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Parte demandante: Coltanques

2 Expediente físico, folios 1-64Radicado: 680013333010-2015-00175-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Parte demandante: Coltanques Parte demandada: Superintendencia de Puertos y Transporte

presunto sobrepeso, lo que constituiría infracción al código 560 del artículo 1º de la Resolución 10800 de 2003. Informa que, a raíz de ello, la Superintendencia de Puertos y Transporte expidió la Resolución 002211 del 23 de mayo de 2011, mediante la cual le abrió una investigación administrativa por la presunta violación al literal d) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, modificado por el artículo 96 de la Ley 1450 de 2011, en concordancia con los artículos 8 de la Resolución 4100 de 2004 (modificado por la Resolución 1782 de 2009) y el código 560 de la Resolución 10800 de 2003. Dice que, posteriormente, tras rendir descargos, la Superintendencia profirió la Resolución 00006000 del 8 de agosto de 2012 en la cual la sancionó con una multa equivalente a 13.5 SMLMV. Manifiesta que contra esta decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos de manera desfavorable mediante la Resolución 014351 del 29 de septiembre de 2014, notificada el 22 de octubre. La parte demandante invoca como normas violadas los artículos 29, 122, 123 y 124 de la Constitución Política; 38, 50 y 165 del CCA; 140 del CPC; los artículos 46 y 50

notificada el 22 de octubre. La parte demandante invoca como normas violadas los artículos 29, 122, 123 y 124 de la Constitución Política; 38, 50 y 165 del CCA; 140 del CPC; los artículos 46 y 50 de la Ley 336 de 1996; el artículo 96 de la Ley 1450 de 2011; los artículos 8 y 11 de la Resolución 4100 de 2004; el artículo 1 de la Resolución 10800 de 2003; el artículo 6 del Decreto 3366 de 2003; el artículo 3 del Decreto 2153 de 1992; y el artículo 32 del Decreto 2669 de 1993. Considera que dichas normas se vulneran porque la Superintendencia acumuló infracciones respecto de las cuales no existía identidad de hechos, sujetos o pruebas, lo cual vulnera el principio de legalidad. Alega que se omitió la etapa probatoria, no se valoraron objetivamente los descargos ni las pruebas, y se desconoció el principio de presunción de inocencia al exigirle probar su no responsabilidad. Asegura que el acto sancionatorio está viciado de falsa motivación, ya que se basó en un tiquete de báscula sin certificación de calibración, lo que impide verificar el supuesto sobrepeso. Asimismo, tacha de falsedad ideológica el Informe Único de Infracciones de Transporte No. 109866 del 5 de noviembre de 2009, pues según el manifiesto de carga y la factura del cliente, el peso era inferior al permitido. En cuanto a la graduación de la sanción, indica que no se aplicaron criterios de proporcionalidad ni razonabilidad, como lo exige la sentencia C-490 de 1997, y que

manifiesto de carga y la factura del cliente, el peso era inferior al permitido. En cuanto a la graduación de la sanción, indica que no se aplicaron criterios de proporcionalidad ni razonabilidad, como lo exige la sentencia C-490 de 1997, y que el Consejo de Estado suspendió los artículos del Decreto 3366 de 2001 que regulaban la gradu ación de sanciones, por lo que no existía norma vigente que facultara a la administración para hacerlo , es decir que, no contaba con norma . Afirma que, en caso de mantenerse la sanción, esta debe graduarse conforme a las Leyes 336 de 1996 y 1450 de 2011, v alorando el daño o perturbación al servicio público de transporte, así como los riesgos para la integridad de las personas y los bienes. Invoca el principio de favorabilidad para aplicar la norma más benéfica. Finalmente, agrega que la sanción se impuso fuera del término de tres años previsto en el artículo 38 del CCA, por ende, se configuró la caducidad de la facultad sancionatoria. 1.2. Posición de la parte demandada La Superintendencia de Puertos y Transporte3 se opone a las pretensiones . Argumenta que la Resolución No. 014351 del 29 de septiembre de 2014 y la Resolución No. 00006000 del 16 de julio de 2012 se expidieron con fundamento a lo dispuesto en el literal d) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, modificado por el artículo 96 de la Ley 1450 de 2011, en concordancia con el artículo 8 de la Resolución 4100 de 2004 (modificada por la Resolución 1782 de 2009) y con el

artículo 96 de la Ley 1450 de 2011, en concordancia con el artículo 8 de la Resolución 4100 de 2004 (modificada por la Resolución 1782 de 2009) y con el

3 Expediente físico, folios 26-90Radicado: 680013333010-2015-00175-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Parte demandante: Coltanques Parte demandada: Superintendencia de Puertos y Transporte

código 560 del artículo 1 de la Resolución 10800 de 2003, así como con el Decreto 3366 de 2003. Aclara que en la Resolución 00006000 de 2012 no se acumulan procesos; sino que se hace referencia a múltiples informes únicos de infracciones de transporte y a registros de tiquetes de básculas de pesaje, lo cual considera procedente por tratarse del mismo sujeto y causa. Sostiene que la sanción se impuso porque el vehículo circuló con sobrepeso sin los permisos necesarios, lo que configuró una infracción del código 560 del artículo 1 de la Resolución 10800 de 2003, consistente en permitir, facilitar, estimular, autorizar o exigir el transporte de mercancías con peso superior al autorizado, sin portar el permiso correspondiente. A su juicio, Coltanques S.A.S. debía ejercer control sobre sus vinculados, asociados y afiliados. Agrega que no se configuró la caducidad de la facultad sancionatoria porque la investigación inició el 5 de noviembre de 2009 y el acto sancionatorio se expidió el 4 de septiembre de 2012, es decir, dentro del término. Indica que las pruebas que aduce la demandante que no valoró fueron aportadas

investigación inició el 5 de noviembre de 2009 y el acto sancionatorio se expidió el 4 de septiembre de 2012, es decir, dentro del término. Indica que las pruebas que aduce la demandante que no valoró fueron aportadas de forma extemporánea. Dice que la actora no aportó ninguna prueba que acreditara el cumplimiento del límite de peso ni que demostrara el desbalance o la falta de calibración de la báscula. Afirma que, aunque Coltanques S.A.S. invoca la carga dinámica, en el caso concreto rige el sistema de tarifa legal, de suerte que las pruebas tienen un valor asignado por la disposición reglamentaria, y la administración se limita a aplicar lo previsto en la norma. Asegura que observó los p rincipios de publicidad, contradicción, legalidad de la prueba, debido proceso, juez natural, doble instancia y favorabilidad. En cuanto a la tacha de falsedad ideológica del Informe Único de Infracciones de Transporte No. 109866 del 5 de noviembre de 2009, sostiene que no existe prueba en contrario que lo desvirtúe. Finalmente, respecto de la inexistencia de criterios objetivos de discrecionalidad y proporcionalidad para determinar el valor de la multa por ausencia de nexo causal, aduce que ello se decidió en el acto que resolvió la reposición, el cual no fue demandado. 1.3. La sentencia recurrida4 El juzgado de primera instancia niega las pretensiones, con fundamento en que, si bien la administración debe motivar sus decisiones, quien impugna la legalidad de un acto debe desvirtuar su presunción de legalidad. Sostiene que no existe prohibición legal para iniciar una investigación con base en

bien la administración debe motivar sus decisiones, quien impugna la legalidad de un acto debe desvirtuar su presunción de legalidad. Sostiene que no existe prohibición legal para iniciar una investigación con base en múltiples informes únicos de infracció n y que la Resolución 002211 de 2011 no merece ningún reproche, puesto que individualizó la conducta, relacionó las pruebas iniciales y corrió traslado para presentar descargos y solicit ar pruebas. Añade que, como la actora presentó los descargos extemporáneamente, esta era razón suficiente para no tenerlos en cuenta. Frente a la caducidad de la potestad sancionatoria, dice que la Resolución 00006000 del 8 de agosto de 2012 se expidió dentro de los tres años siguientes a la ocurrencia del hecho. Por ende, no operó la caducidad. En cuanto a la dosificación de la sanción, refiere que la administración aplicó criterios objetivos y razonables (naturaleza del servicio público de transporte, protección de la infraestructura y reproche a la reiteración de conductas de

4 Expediente físico, folios 665-679Radicado: 680013333010-2015-00175-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Parte demandante: Coltanques Parte demandada: Superintendencia de Puertos y Transporte

sobrepeso), de manera que la multa impuesta ($6.708.150) se encuentra debidamente motivada y justificada. Finalmente, rechaza que el demandante haya incluido en los alegatos nuevos cargos para atacar la nulidad de los actos administrativos, relacionados con la suspensión o nulidad de la Resolución 10800 de 2003 y del Decreto 3366 de 2003,

cargos para atacar la nulidad de los actos administrativos, relacionados con la suspensión o nulidad de la Resolución 10800 de 2003 y del Decreto 3366 de 2003, que no fueron planteados en la demanda. Destaca que, en gracia de discusión, la nulidad posterior del Decreto 3366 de 2003 no afectó los actos particulares ya ejecutoriados, porque la decisión tiene efecto s ex tunc, en virtud del principio de seguridad jurídica. 1.4. La apelación5 COLTANQUES S.A.S. solicita que se revoque la sentencia recurrida, se declare la nulidad de los actos administrativos impugnados y se ordene la devolución de $8.410.479, debidamente indexados. Aduce que el juez de primera instancia desconoció los cargos de nulidad planteados en la demanda y fundamentó su decisión en una tesis propia, omitiendo pronunciarse sobre los argumentos centrales relacionados con la ilegalidad de los actos sancionatorios. Precisa que el a quo no aplicó de oficio el artículo 148 del CPACA para declarar posteriormente la nulidad de las decisiones administrativas, sin valorar la excepción de ilegalidad e inconstitucionalidad. A juicio del apelante se debía inaplicar el Oficio No. 20118100074403 del 10 de octubre de 2011 que usó la Superintendencia de Puertos y Transportes para graduar la sanción. Argumenta que en este oficio la entidad demandada extralimitó sus competencias al establecer una tabla para la tasación de multas, desconociendo los criterios de gradualidad previstos en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011. En

graduar la sanción. Argumenta que en este oficio la entidad demandada extralimitó sus competencias al establecer una tabla para la tasación de multas, desconociendo los criterios de gradualidad previstos en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, en su criterio, la sanción impuesta carece de proporcionalidad y razonabilidad y se usurpó el poder legislativo en el proceso de graduación de la multa. Sostiene que la entidad demandada impuso la sanción con fundamento en normas que habían sido suspendidas y posteriormente anuladas, tales como el Decreto 3366 de 2003 y la Resolución 10800 de 2003. Argumenta que desde el 22 de mayo de 2008 dichas disposiciones estaban suspendidas y que su nulidad fue confirmada por el Consejo de Estado el 19 de mayo de 2016, de manera que no podían servir como sustento jurídico para la imposición de la sanción. Expone que el juz gado de primera instancia no aplicó el concepto del Consejo de Estado del 5 de marzo de 2019, emitido dentro del radicado 11001-03-06-000-201800217-00, según el cual las sanciones fundadas en normas anuladas desconocen el derecho al debido proceso y, por consiguiente, deben ser revocadas. Finalmente, concluye que la sentencia apelada vulneró el principio de congruencia previsto en el artículo 28 1 del CGP, al omitir hechos modificativos del derecho sustancial que fueron expuestos en los alegatos de conclusión, conforme lo autoriza la ley.

2. Consideraciones 2.1. El problema jurídico y su tesis De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente

problema jurídico:

la ley.

2. Consideraciones 2.1. El problema jurídico y su tesis De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico: ¿Resultan ilegales los actos administrativos demandados por haberse fundamentado en la Resolución 10800 de 2003, que incorporó disposiciones

5 Expediente físico, folios 689-692Radicado: 680013333010-2015-00175-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Parte demandante: Coltanques Parte demandada: Superintendencia de Puertos y Transporte

sancionatorias del Decreto 3366 de 2003, suspendido en 2008 y posteriormente declarado parcialmente nulo por el Consejo de Estado?

Tesis: sí.

Fundamento: Las Resoluciones No. 00006000 del 16 de julio de 2012 y No. 014351 del 29 de septiembre de 2014 , que sancionaron a la sociedad demandante, se fundamentan en la Resolución 10800 de 2003. Esta transcribe las disposiciones del Decreto 3366 de 2003 que fueron suspendidas por el Consejo de Estado en el año

2008. Por tanto, desde esa fecha, las disposiciones sancionatorias replicadas en la resolución mencionada carecen de fuerza ejecutoria, lo que afecta la validez de cualquier actuación administrativa sancionatoria sustentada en ellas.

De acuerdo con el principio de legalidad, la conducta reprochada o la falta endilgada debe estar descrita en la ley con anterioridad a su ocurrencia y no le está dado a la autoridad hacer interpretaciones e imponer sanciones por conductas que no están tipificadas como sancionables.

debe estar descrita en la ley con anterioridad a su ocurrencia y no le está dado a la autoridad hacer interpretaciones e imponer sanciones por conductas que no están tipificadas como sancionables. En consecuencia, con la expedición de los actos administrativos demandados la Supertransporte vulneró el debido proceso y el principio de legalidad. 2.2. Marco jurídico 2.2.1. Principio de legalidad en materia sancionatoria El artículo 29 de la Constitución Política 6 consagra la potestad sancionatoria del Estado y establece que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, por la autoridad competente y con pleno respeto de las garantías procesales. Como parte de estas garantías, el sancionado tiene derecho a que la conducta reprochada sea estructurada bajo los principios de legalidad, 7 tipicidad,8 antijuridicidad9 y culpabilidad10. El principio de legalidad11 exige que la conducta reprochada o la falta endilgada esté descrita en la ley con anterioridad a su ocurrencia, de manera que no le está dado a la autoridad hacer interpretaciones e imponer sanciones por conductas que no están tipificadas como sancionables. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional12, este principio se desarrolla en dos dimensiones; tipicidad y reserva de ley. 2.2.1.1. Principio de tipicidad El principio de tipicidad13, como componente del principio de legalidad, implica que tanto la infracción como la sanción deben estar previamente establecidas por el legislador, salvo las faltas que por su carácter técnico requieran de una remisión normativa.

tanto la infracción como la sanción deben estar previamente establecidas por el legislador, salvo las faltas que por su carácter técnico requieran de una remisión normativa.

6 ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. 7 La legalidad se refiere al conocimiento previo de la conducta reprochable y su consecuencia. Corte Constitucional. Sentencia C-713/12, Magistrado Ponente Mauricio González Cuervo; y, Sentencia C-107 de 2013, M.P. Dra. María Victoria Calle Correa. 8 La tipicidad, íntimamente relacionada con la legalidad, es la descripción clara, expresa y precisa, que la norma hace de la conducta, permitiendo su enjuiciamiento ante el incumplimiento. Corte Constitucional. Sentencia C-412-15, M.P. Alberto Rojas Ríos. Corte Constitucional. Sentencia C-219-17.

permitiendo su enjuiciamiento ante el incumplimiento. Corte Constitucional. Sentencia C-412-15, M.P. Alberto Rojas Ríos. Corte Constitucional. Sentencia C-219-17. 9 La antijuridicidad por la que debe determinarse la lesión del interés jurídicamente tutelado. 10 La culpabilidad, en tanto debe realizarse una valoración de la actuación subjetiva del agente, evaluándose las circunstancias de la realización del comportamiento y estableciéndose la presunta culpabilidad con la que ha actuado el investigado para que dicho aspecto sea objeto del debate probatorio. 11 Corte constitucional C-228 de 2010 12 Corte Constitucional sentencia C699 de 2015 13 Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Germán Alberto Bula Escobar, Concepto del 5 de marzo de 2019, Radicación número: 11001-03-06-000-2018-00217-00(2403)Radicado: 680013333010-2015-00175-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Parte demandante: Coltanques Parte demandada: Superintendencia de Puertos y Transporte

La doctrina autorizada 14, refiriéndose al alcance de los principios de legalidad y tipicidad en el contexto del proceso administrativo sancionatorio, señala: b. LEGALIDAD Y TIPICIDAD. Constituye presupuesto básico de las estructuras garantísticas del Estado de Derecho, el de la legalidad previa de las descripciones fácticas reprochables y punibles. El principio de legalidad tan profundamente ligado al concepto mismo de debido proceso, adquiere una nueva dimensión con sustento en las viejas conquistas liberales, el de la necesidad de que el legislador determine las

fácticas reprochables y punibles. El principio de legalidad tan profundamente ligado al concepto mismo de debido proceso, adquiere una nueva dimensión con sustento en las viejas conquistas liberales, el de la necesidad de que el legislador determine las conductas que por su trascendencia, magnitud e importancia deben ser objeto de reproche (…) c. LEGALIDAD Y SANCIÓN. Complemento inevitable de la anterior visión de la legalidad, es su vinculación con el otro extremo de su contenido, el de la lógica disposición legal de una sanción a quien incursione por el sendero de lo definido legalmente como reprochable. A ese respecto sobra advertir que de manera clara en el ordenamiento jurídico colombiano (art. 29 constitucional) se tiene que en la medida en que esta disposición contentiva del derecho fundamental al debido proceso establece con claridad meridiana que “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”, debe existir una correlación e integralidad entre las conductas reprochables y la consecuencia sancionadora a la misma establecida en la norma que no puede se r rota en manera alguna por el operador de la norma. Sobre esa base constitucional la pena o sanción a ser impuesta con ocasión de la infracción del orden jurídico en desarrollo del derecho sancionador administrativo, debe preexistir a los hechos y conductas infractoras en lo que acertadamente identifica la Corte Constitucional como un desarrollo del principio de lex previa. La sanción hace parte de la legalidad previa a la conducta reprochable, lo que implica que a esa conducta solo le puede corresponder la sanción que previamente el legislador ha establecido y no otra diferente. Se actuaría

un desarrollo del principio de lex previa. La sanción hace parte de la legalidad previa a la conducta reprochable, lo que implica que a esa conducta solo le puede corresponder la sanción que previamente el legislador ha establecido y no otra diferente. Se actuaría arbitrariamente, y por lo tanto estaría viciada de inconstitucionalidad o ilegalidad cualquier sanción, como puede ser la de imposición de multa según el ejemplo que acompaña al cuestionario formulado, que no se impone conforme a la descripción de la norma que la estableció de manera previa a la conducta que se pretende sancionar. (negrillas fuera del texto original) En consecuencia, las normas sustanciales y procedimentales que regulan la potestad sancionatoria del Estado son de interpretación restrictiva. En estos escenarios, la actividad interpretativa está limitada por el principio pro homine, de manera que no están permitidas las analogías ni las interpretaciones que desfavorezcan al investigado. 2.2.1.2. Principio de reserva de ley El principio de reserva de ley, como una segunda dimensión del principio de legalidad, comprende la «preterminación legal» de las conductas sancionables, las clases y la cuantía de la sanción que debe ser impuesta 15. Es decir que ciertas materias o asuntos jurídicos deben ser regulados a través de una ley o estar fundamentada en esta. No obstante lo anterior, en materia sancionatoria, la tipificación de las infracciones y sus elementos básicos son de competencia exclusiva del legislador a través de leyes o normas con fuerza material de ley, dado que la constitución no le atribuye esta competencia al Ejecutivo16. De acuerdo con la Corte Constitucional17, los elementos básicos de la sanción son:

leyes o normas con fuerza material de ley, dado que la constitución no le atribuye esta competencia al Ejecutivo16. De acuerdo con la Corte Constitucional17, los elementos básicos de la sanción son: «(i) la descripción de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción; (ii) la determinación de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) la autoridad competente para aplicarla y (iv) el procedimiento que debe seguirse para su imposición». Por su parte, el Consejo de Estado 18 señala que el principio de legalidad no se puede flexibilizar al punto de permitir la arbitrariedad de la administración, por ende,

14Jaime Orlando, Santofimio Gamboa, Compendio de Derecho Administrativo, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2017, pág. 281. 15 Corte Constitucional sentencia C699 de 2015 16 Corte Constitucional sentencia C – 135 de 2016 17 Corte Constitucional sentencia C699 de 2015 18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 5 de marzo de 2019, MP. Germán Alberto Bula Escobar, rad: 11001-0306-000-2018-00217-00(2403)Radicado: 680013333010-2015-00175-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Parte demandante: Coltanques Parte demandada: Superintendencia de Puertos y Transporte

en el derecho sancionador el legislador debe establecer los elementos básicos de la conducta típica que será sancionada, las remisiones normativas en los tipos en blanco o los criterios que se deberán tener en cuenta para determinar con claridad

en el derecho sancionador el legislador debe establecer los elementos básicos de la conducta típica que será sancionada, las remisiones normativas en los tipos en blanco o los criterios que se deberán tener en cuenta para determinar con claridad la conduct a, la sanción que será impuesta, los criterios para determinarla con claridad, así como el procedimiento que se deberá seguir por parte de la autoridad competente para imponer la sanción. En este orden de ideas, el régimen sancionatorio en materia de transporte es competencia exclusiva del legislador, por ende, en este sector no le está dado al ejecutivo entrar a tipificar conductas y mucho menos establecer la sanción ni el rango de movilidad para su graduación. Al respecto la jurisprudencia del Consejo de Estado19 ha sido clara y consistente en señalar que el ejecutivo no está facultado en ningún caso para expedir normas en materia sancionatoria, ya que esto vulneraría el principio de legalidad. El alto tribunal ha enfatizado que el legislador definió el régimen de sanciones para el sector transporte en el Título IX de la Ley 336 de 1996, por medio de la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte, fijando las conductas susceptibles de sanción y los parámetros para la graduación de la sanción de acuerdo con el tipo de transporte. En sentencia del 19 de mayo de 2016 el Consejo de Estado20 declaró la nulidad de los artículos 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40,

41, 42, 43, 44 y 57 del Decreto 3366 de 2003, al concluir que el legislador en ningún momento le otorgó al ejecutivo la facultad de regular las conductas que configurarán las sanciones por infracción a las normas de transporte. Frente a esto dijo: Como quiera que en el ordenamiento jurídico colombiano el régimen sancionatorio en materia de tránsito está sujeto a reserva de ley, la Sala concluye que al no encontrarse tipificadas en el capítulo IX de la Ley 336 de 1996 las conductas de que tratan los artículos demandados, habrá de decretarse su nulidad, máxime cuando ninguna de las disposiciones del Código Nacional de Tránsito Terrestre ni de la Ley 336 de 1996 le atribuyen facultades al ejecutivo para tipificar infracciones y menos aún para determinar las sanciones respectivas. La nulidad de los referidos artículos, por tipificar conductas sancionables sin respaldo legal y establecer rangos de movilidad para multas con base en unos rangos diferentes a los previstos por el legislador, permite concluir que cualquier norma o acto ad ministrativo de inferior jerarquía, cuya nulidad no haya sido declarada, y que contenga disposiciones similares o iguales en el ámbito del transporte terrestre, resulta inaplicable por las mismas razones por las cuales el alto tribunal declaró nulos los ar tículos mencionados. Esto incluye aquellos que establezcan sanciones o rangos de movilidad diferentes a los fijados expresamente por el legislador. En cuanto al régimen sancionatorio previsto en el artículo 46 de la Ley 336 de 1996, el alto tribunal21 también ha indicado que el Gobierno Nacional no puede establecer una sanción específica dentro de un rango ya previsto por el legislador. Esta facultad

En cuanto al régimen sancionatorio previsto en el artículo 46 de la Ley 336 de 1996, el alto tribunal21 también ha indicado que el Gobierno Nacional no puede establecer una sanción específica dentro de un rango ya previsto por el legislador. Esta facultad corresponde exclusivamente a las autoridades competentes, quienes deben verificar la conducta sancionab