TA SAN - Sentencia 680013333010-2018-00009-02 (03-04-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, Tres (03) de abril del dos mil veinticinco (2025) RADICADO: 680013333010-2018-00009-02

ENLACE DEL

EXPEDIENTE:

https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list _procesos.aspx?guid=680013333010201800009 026800123

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: CLAUDIA XIMENA SANTODOMINGO TORRES

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: JHON CARLOS GARCIA PEREA

jcgarcia@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia TEMA: Bonificación judicial: Confirma y modifica la prescripción trienal.

SENTENCIA No. 036

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia de fecha veintitrés (23) de agosto de dos mil

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia de fecha veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del circuito judicial de Bucaramanga.

La Sala es competente para resolver el recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA.

I. ANTECEDENTESNulidad y Restablecimiento del derecho

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Claudia Ximena Santodomingo Torres

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333010-2018-00009-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

A. Posición de la parte demandante1

Solicita declarar la nulidad de la Resolución DESAJBUR 17-4560 del 3 de agosto del 2017 expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga y del acto ficto negativo por la no contestación del recurso de apelación presentado el 15 de agosto del 2017 , mediante el cual se negó el reconocimiento, reliquidación y pago de los valores por concepto de prestaciones sociales de la demandante.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad de la Resolución DESAJBUR 17-4560 del 3 de agosto de 2017 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad del acto administrativo ficto negativo

del 3 de agosto de 2017 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente d emandado frente a la interposición del recurso de apelación el 15 de agosto de 2017.

TERCERO. De conformidad con el artículo 4 de la Constitución Nacional, INAPLIQUISE por ser abiertamente contrario a la Constitución y a la Ley el aparte "...y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud...”contenido en el artículo 1 del Decreto 0383 de 2013.; así como el aparte del artículo 1 del Decreto 246 de 2016 que dice “y constituye únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

CUARTO. A título de reparación integral de los derechos conculcados en los términos del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, ORDENASE que para todos los efectos legales, se RECONOZCA, a favor de CLAUDIA XIMENA SANTODOMINGO TORRES identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.560.093, la BONIFICACION JUDICIAL dispuesta en el Decreto 0383 de 2013, como factor salarial y prestacional, esto es, con incidencia salarial en las prestaciones laborales por tratarse de una parte integral de la asignación básica, sobre: a) Prima de servicios, b) Prima de Productividad, c) Prima de Vacaciones, d) Prima de Navidad, e) Bonificación por Servicios Prestados, f)

las prestaciones laborales por tratarse de una parte integral de la asignación básica, sobre: a) Prima de servicios, b) Prima de Productividad, c) Prima de Vacaciones, d) Prima de Navidad, e) Bonificación por Servicios Prestados, f) Cesantías e intereses a las cesantías y demás emolumentos que por constitución, la ley y el reglamento le corresponden a los funcionarios y empleados judiciales.

QUINTO. En tal sentido, ORDENASE a la NACIÓN-RAMA

JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL proceda a REAJUSTAR O RELIQUIDAR, a favor de CLAUDIA XIMENA SANTODOMINGO TORRES identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.560.093, desde el pri mero (1) de enero de dos mil trece (2013) y en adelante hasta que se siga causando y percibiendo, las prestaciones laborales y sociales, como son: a) Prima de servicios; b) Prima de productividad; c) Prima de vacaciones; d)

1Expediente digital de OneDrive, pág. 1-23, 02DemandaAnexos.PDFNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Claudia Ximena Santodomingo Torres

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333010-2018-00009-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Vacaciones; e) Prima de Navidad; f) Bonificación por servicios prestados; g)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Vacaciones; e) Prima de Navidad; f) Bonificación por servicios prestados; g) Cesantías e intereses a las cesantías, h) Demás emolumentos que por constitución, la ley y el reglamento le corresponden a los funcionarios y empleados judiciales; con inclusión de la BONIFICACIÓN JUDICIAL con incidencia de factor salarial y prestacional, y en la misma proporción de la asignación básica por hacer parte integral del salario.

SEXTO. CONDÉNASE a la NACIÓN -RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICI AL al pago de los dineros, debidamente indexados, a favor de CLAUDIA XIMENA SANTODOMINGO TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.560.093, correspondientes a la diferencia obtenida del REAJUSTE O RELIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES LABORALES Y SOCIALES desde el primero (1) de enero de dos mil trece (2013) y en adelante hasta que se siga causando, con inclusión de la bonificación judicial establecida en el Decreto 0383 de 2013; tomando como base el índice de precios al consumidor vigente a la fecha de causación de cada prestación laboral, conforme lo dispuesto en la Ley, hasta la fecha de ejecutoria del fallo condenatorio; dando, igualmente, aplicación a la fórmula jurisprudencialmente establecida para ello por el H. Consejo de Estado, por cada u na de las sumas individualmente consideradas por

la fecha de ejecutoria del fallo condenatorio; dando, igualmente, aplicación a la fórmula jurisprudencialmente establecida para ello por el H. Consejo de Estado, por cada u na de las sumas individualmente consideradas por tratarse de sumas periódicas o de tracto sucesivo.

SÉPTIMO. CONDÉNASE a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL al pago de los intereses mo ratorios, a título de sanción, por no haberse reconocido el pago de las prestaciones salariales conforme a la Ley.

OCTAVO. ORDÉNESE el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 y demás normas concordantes del C.P.A.C.A.

NOVENO. CONDÉNDASE en costas a la entidad demandada en virtud del artículo 188 del C.P.A.C.A.»

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

La demandante es servidora de la Rama Judicial en calidad de empleada judicial y devenga mensualmente la bonificación judicial creada con el Decreto No. 0383 de 2013.

El 18 de julio de 2017, radicó petición ante la entidad demandada, mediante la cual se solicitó la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales con base en la bonificación judicial como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el 1 de enero de 2013 y las que a futuro se generen.

En respuesta, la demandada emitió la resolución número DESAJBUR17-4560 del 3 de agosto de dos mil diecisiete 2017, en la que negó las pretensiones.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

En respuesta, la demandada emitió la resolución número DESAJBUR17-4560 del 3 de agosto de dos mil diecisiete 2017, en la que negó las pretensiones.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Claudia Ximena Santodomingo Torres

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333010-2018-00009-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación el día 15 de agosto de

2017. Sin embargo, la parte demandada guardó silencio.

Como fundamento de derecho invocó los artículos 4, 9, 25, 53 y 150, numeral 19, literal e ) de la Constitución Nacional , la Ley 4 de 1992, artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, artículo 14 de la Ley 50 de 1990, el Decreto 0383 de 2013 y demás normas concordantes.

B. Posición de la parte demandada

La Nación – Rama Judicial2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones en los siguientes términos:

Adujo que los actos administrativos acusados tienen sustento en las disposiciones legales contenidas en el Decreto 0383 de 2013, la Ley 4 a de 1992 y en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política; además, que el único con competencia para establecer el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la Rama Judicial es el Gobierno nacional.

150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política; además, que el único con competencia para establecer el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la Rama Judicial es el Gobierno nacional.

Señaló que, por expreso mandato legal, la Bonificación Judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que hace parte de la libertad de configuración del legislador establecer qué parte de la remuneración de los empleados públicos constituye o no factor salarial y para qué fines.

Así mismo, refirió que los decretos por medio de los cuales el Gobierno nacional reguló los salar ios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consecuencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilidad de la norma salarial no puede ser asumida por la Rama Judicial.

Adicionalmente, propuso la excepción de prescripción trienal de los derechos reclamados.

2 Expediente digital de OneDrive, 27ContestacionDda.PDF.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Claudia Ximena Santodomingo Torres

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333010-2018-00009-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

C. Sentencia de primera instancia3

El Juzgado Administrativo Transitorio del circuito de Bucaramanga , mediante

Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

C. Sentencia de primera instancia3

El Juzgado Administrativo Transitorio del circuito de Bucaramanga , mediante sentencia del veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), resolvió:

«PRIMERO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 0383 de 20 13, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024 por las razones expuestas.

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos: -Resolución DESAJBUR 17-4560 del 3 de agosto de 2017 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. -Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la interposición del recurso de apelación el 15 de agosto de 2017.

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de CLAUDIA XIMENA SANTO DOMINGO TORRES todas las

– RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de CLAUDIA XIMENA SANTO DOMINGO TORRES todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 15 de septiembre de 2015 incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial cre ada mediante Decreto 0383 de 2013, hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagand o las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.

La suma que resulte a favor de l a demandante debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia. La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

CUARTO. NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO.

QUINTO. Désele cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos para ello por los artículos 192 y 195 del CPACA.

SEXTO. Notificar la presente providencia a las partes y al Ministerio Público, conforme disponen las normas vigentes.

SÉPTIMO. En firme la presente providencia, procédase al archivo del expediente, previo envío de comunicaciones y desanotaciones a que haya lugar.»

3Expediente digital de OneDrive, 029SentenciaPrimera.pdf.Nulidad y Restablecimiento del derecho

expediente, previo envío de comunicaciones y desanotaciones a que haya lugar.»

3Expediente digital de OneDrive, 029SentenciaPrimera.pdf.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Claudia Ximena Santodomingo Torres

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333010-2018-00009-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Indicó que el Decreto 0383 de 2013 vulneró los principios constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en la legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, en la medida en que desconoció los efectos salariales de la bonificación judicial.

Consideró que la bonificación judicial fue otorgada de manera continua y mensual, lo que la convierte en una remuneración fija y directa, cumpliendo características de un salario, por lo que debe ser incluida en el cálculo de las demás prestaciones sociales.

Manifestó que inaplicará la parte del primer inciso del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 que limita el reconocimiento de la bonificación judicial solo para efectos de cotización al sistema de salud y pensiones, en el entendido que sus disposiciones contravienen la Constitución y la ley, al no reconocer la bonificación como factor salarial para calcular todas las prestaciones sociales y salariales.

Respecto de la prescripción trienal, señaló que la demandante presentó la reclamación administrativa el 18 de julio de 2017 y los derechos aquí reclamados

salarial para calcular todas las prestaciones sociales y salariales.

Respecto de la prescripción trienal, señaló que la demandante presentó la reclamación administrativa el 18 de julio de 2017 y los derechos aquí reclamados datan del 15 de septiembre de 2015 ; por tanto, no existe prescripción de derechos laborales.

D. Recurso de apelación

La Nación-Rama Judicial 4 solicitó revocar la decisión de primera instancia con sustento en los siguientes argumentos:

1. La parte demandante no impugnó oportunamente los Decretos 0383 y 0384 de 2013 cuando fueron expedidos, y por lo tanto no puede ahora pretender su inaplicabilidad. El plazo para demandar la nulidad de estos decretos ya caducó según el artículo 138 del CPACA, por lo que la demanda debería ser desestimada.

4 Expediente digital de OneDrive, 030MemorialRecursoApelacion.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Claudia Ximena Santodomingo Torres

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander ii. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno nacional, específicamente en la expedición del Decreto 0383 de 2013 con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno nacional, específicamente en la expedición del Decreto 0383 de 2013 con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

1. El juez de primera instancia desconoció lo anterior y le impuso una carga excesiva a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que no está en el deber de soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad, comoquiera que es con base en esta que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.

1. La responsabilidad recae en el Gobierno nacional y no en la Rama Judicial, por lo que el pago de emolumentos no contemplados en las proyecciones presupuestales de la Rama Judicial debe gestionarse, por mandato legal, ante el Ejecutivo, específicamente ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dicho organis mo es el que debe asignar recursos adicionales a la entidad, los cuales no están previstos en las finanzas públicas.

1. La acción de inaplicabilidad de los decretos salariales por inconstitucionalidad no es válida en este caso, ya que los decretos siguen vigentes hasta que sean declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. Además, la demanda mezcla solicitudes de inaplicabilidad con peticiones de nulidad, lo que genera confusión.

1. La bonificación judicial reclamada no constituye un derecho ad quirido, sino que fue el resultado de una negociación que no afecta derechos prestacionales adicionales. Por lo tanto, la demandante no tiene derecho a una compensación mayor a la que ya fue reconocida.

1. La bonificación judicial reclamada no constituye un derecho ad quirido, sino que fue el resultado de una negociación que no afecta derechos prestacionales adicionales. Por lo tanto, la demandante no tiene derecho a una compensación mayor a la que ya fue reconocida.

1. Los actos administrativos impugnados fueron proferidos en cumplimiento de los decretos salariales vigentes y, por tanto, no corresponden a actos definitivos que puedan ser revisados judicialmente.

E. Pronunciamiento en segunda instancia.Nulidad y Restablecimiento del derecho

Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander La parte demandante5 indicó que la vinculación de otras entidades estatales no es necesaria, pues el acto administrativo impugnado no es complejo. Frente a la caducidad e ineptitud de la demanda, sostuvo que la inaplicación del Decreto 0383 de 2013 se fundamenta en la excepción de inconstitucionalidad del artículo 4° de la Constitución.

Igualmente, manifestó que los decretos deben respetar principios constitucionales y no pueden restringir derechos prestacionales. Así mismo, refirió, que la sentencia de primera instancia está respaldada por precedentes jurisprudenciales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

F. Problemas jurídicos

Con el fin de establecer si procede confirmar o, por el contrario, revocar la sentencia

de primera instancia está respaldada por precedentes jurisprudenciales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

F. Problemas jurídicos

Con el fin de establecer si procede confirmar o, por el contrario, revocar la sentencia de primera instancia, se resolverá el siguiente interrogante que surge de los argumentos de impugnación de la parte demandada:

¿Hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia por qué; i) La oportunidad para cuestionar la legalidad de los Decretos 0383 y 0384 de 2013, caducó, al no haberse impugnado oportunamente cuando fueron expedidos; ii) La Rama Judicial, específicamente la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional establecido por el Gobierno nacional en l os Decretos 0383 y 0384 de 2013; iii) La inaplicación por inconstitucionalidad de estos decretos no es procedente en el caso particular, por estar vigentes y no haber sido declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional?

G. Tesis de la Sala

No, el acto acusado al negar prestaciones periódicas puede ser demandado en cualquier tiempo, conforme lo señala el Art. 164, numeral 1, literal c) de la Ley 1437 de 2011. Adicionalmente, no se pueden entender como demandados los decre tos

5Expediente digital SAMAI, índice 10, https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800123/6800133330102018000

0902/A2EA2BA4307B44AAFD50AA4A813318D764CFFB5E2CF9C94A164B2874D788CEC7/2Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander que crean la bonificación judicial, habida cuenta de que lo único que se pretende frente a aquellos es la inaplicación de la expresión «únicamente» y no la declaratoria de ilegalidad. Igualmente, la jurisprudencia ha establecido que la bonificación judicial cumple con los requisitos de salario al ser un pago habitual en retribución al trabajo, por lo que su exclusión como factor salarial desconoce el mandato de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992.

Así mismo, si bien la Dirección Ejecutiva de Admi nistración Judicial no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno nacional, sí tiene la facultad de interpretar y aplicar las normas en materia salarial dentro de los límites establecidos. La inaplicación del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 no implica una modificación del régimen salarial, sino la correcta aplicación del principio « in dubio pro operario» en favor de los servidores judiciales, garantizando sus derechos constitucionales. La jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha reconocido que el concepto de salario no depende de la denominación que le dé el empleador, sino de su naturaleza y

garantizando sus derechos constitucionales. La jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha reconocido que el concepto de salario no depende de la denominación que le dé el empleador, sino de su naturaleza y periodicidad, lo que confirma que la bonificación judicial debe ser considerada factor salarial.

H. Metodología de la decisión

Para resolver el problema jurídico, la Sala estudiará los siguientes temas: i) La bonificación judicial creada mediante el Decreto 0383 de 2013; ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificació n; iii) Naturaleza salarial de la bonificación judicial; iv) Naturaleza jurídica de los decretos que reglamentan las leyes marco; y vi) La excepción de inconstitucionalidad.

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico. Además, se llevará a cabo el estudio oficioso de la prescripción.

1. Bonificación judicial creada mediante el Decreto 0383 de 2013

La Ley 4 de 1992 establece el marco normativo para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyendo los de la Rama Judicial, en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política de 1991.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Claudia Ximena Santodomingo Torres

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Por su parte, el Gobierno nacional, en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 0383 de 6 de marzo de 2013, el cual creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Ram a Judicial y de la Justicia Penal Militar.

De acuerdo con el mencionado decreto, dicho emolumento se reconoce mensual y únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud, y se le excluyó como factor para liquidar otros emolumentos.

Los artículos 1 y 2 son del siguiente tenor literal:

«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente mientras el s ervidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año en las siguientes tablas, así: […]

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente mientras el s ervidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año en las siguientes tablas, así: […]

PARÁGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacion al de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que presente.

Para el año 2019 y en adelante, el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

ARTÍCULO 2. Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar que no optaron por el régimen establecido en los Decret os 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y que viene regidos por el Decreto 848 de 2012 y las disposiciones que lo modifique o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes, un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación

y las disposiciones que lo modifique o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes, un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorioNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Claudia Ximena Santodomingo Torres

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Radicado No. 680013333010-2018-00009-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander señalado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.

[…]».

Uno de los objetivos centrales de la Ley 4 de 1992 fue abordar la falta de proporcionalidad en la estructura salarial del sector judicial, que se caracteriz aba por marcadas dispar