TA SAN - Sentencia 680013333010-2018-00019-01 (24-07-2025)
Detalles
- Título
- TA SAN - Sentencia 680013333010-2018-00019-01 (24-07-2025)
- Autor
- Tribunal Administrativo de Santander
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
SIGCMA-SGC
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Bucaramanga, veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
RADICADO: 680013333010-2018-00019-01
ENLACE DEL
EXPEDIENTE:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Cas os/list_procesos.aspx?guid=6800133330102018 00019016800123
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
DEMANDANTE: MARTIN HERNANDO MEJÍA CARREÑO
CAROLINA GÓMEZ JAIMES
CARLOS ANDRÉS BORJA PINZÓN
APODERADO PARTE
DEMANDANTE:
FABIAN ALBERTO BORJA PINZON
fabian7borja@hotmail.com
DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICALCONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
MINISTERIO PÚBLICO JHON CARLOS GARCÍA PEREA
jcgarcia@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia. Modifica TEMA: Bonificación judicial. La bonificación judicial debe ser reconocida como factor salarial para todos los efectos legales. Acepta desistimiento del recurso de apelación presentado por la parte demandante
ASUNTO: Sentencia de segunda instancia. Modifica TEMA: Bonificación judicial. La bonificación judicial debe ser reconocida como factor salarial para todos los efectos legales. Acepta desistimiento del recurso de apelación presentado por la parte demandante con relación a las cesantías.
SENTENCIA No. 101
MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE
Verificada la inexistencia de irregularidades que invalid en la actuación, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuesto s por las partes demandante y demandada contra la sentencia de primera instancia del 19 de julio de 2024, proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
Demandante: Martin Hernando Mejía Carreño y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial Radicado No. 680013333010 -2018-00019-01
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Los recursos se admitieron mediante auto del 19 de noviembre de 2024 1. Durante el trámite de ejecutoria, la d emandada presentó pronunciamiento de segunda instancia. El Ministerio Público guardó silencio.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante1
1. Solicita declarar la nulidad de la Resolución DESAJ BUR 17 -3806 del 9 de junio de 2017 expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y del acto ficto o presunto por la no contestación del recurso de apelación presentado el
junio de 2017 expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y del acto ficto o presunto por la no contestación del recurso de apelación presentado el 21 de junio de 2017, mediante la cual se negó la liquidación de todas las prestaciones sociales, incluyendo como factor salarial la Bonificación Judicial .
2. En consecuencia, solicitó:
«PRIMERA; Se declare la nulidad de los actos administrativos DESAJBUR173806 del 09 de junio de 2017 de la dirección ejecutiva seccional de administración judicial de Bucaramanga. v del acto ficto o presunto negativo por la no contestación del recurso de apelación presentado ante esa entidad el 21 de junio de 2017. mediante los cuales se les negó el reconocimiento, reliquidación y pago de los valores que, por concepto de prestaciones sociales, como primas, vacaciones, bonificaciones, cesantías y demás adeuda a mis poderdantes por la no inclusión de la bonificación judicial como factor salarial.
SEGUNDA: Se declare como factor salarial para cada uno de mis poderdantes la bonificación Judicial desde et año 2013 en los periodos en que se desempeñaron como empleados de la rama judicial, hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago. TERCERA; Como restablecimiento del derecho ordenar la liquidación y pago de las prestaciones con la inclusión de la bonificación judicial del decreto 383 de 2013 como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el año 2013 para cada uno de mis poderdantes de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vac aciones, viáticos, cesantías, intereses a las cesantías y cualquier otra prestación en los períodos en que se desempeñaron o
todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vac aciones, viáticos, cesantías, intereses a las cesantías y cualquier otra prestación en los períodos en que se desempeñaron o desempeñen como empleados de la rama judicial (…)
CUARTA ordenar que en adelante se sigan liquidando y pagando a cada uno de mis poderdantes, todas sus prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales, con la inclusión de la bonificación judicial en los periodos en que sean designados como empleados o jueces.
QUINTA: Que la demandada sea condenada ultra y extra petita por cuanto resulte probado en el proceso.
1 Expediente digital de SAMAI, https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPubli ca/6800123/6800133330 1020180001901/E8667FD23DE1E9BCED4751C332C8E1A9AAA4003D95514C81BE03E14DCA8 E1CBD/2Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
Demandante: Martin Hernando Mejía Carreño y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial Radicado No. 680013333010 -2018-00019-01
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander SEXTA: Que como consecuencia de lo anterior, la demandada sea condenada a pagar a los demandantes los valores y sumas reclamados, a justados e indexados de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor. De igual manera ordenar que la demandada de cumplimiento a la sentencia en los
a pagar a los demandantes los valores y sumas reclamados, a justados e indexados de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor. De igual manera ordenar que la demandada de cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 y 178 del C.C.A., es decir que en las condenas respectivas las sumas sean actualizadas e indexadas mes a mes y prestación por prestación y con intereses de mora (…) por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la formula se aplicara separadamente , mes por mes , por cada mesada salarial y prestacional... teniendo en cuenta que el indicie inicial es el vigente al momento de la acusación de cada uno de ellos.”
SEPTIMA: Que a la providencia de fallo favorable, se ordene a la entidad accionada adoptar todas las medidas necesarias para su cumplimiento.»
3. Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes
afirmaciones:
4. Son servidores de la Rama Judicial en calidad de empleados judiciales y devengan mensualmente la bonificación judicial creada con el Decreto No. 0383 de
2013.
5. El 2 de junio de 201 7, radic aron petición ante la entidad demandada, mediante la cual solicitaron la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales con base en la bonificación judicial como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el 1 de enero de 2013 y las que a futuro se generen.
6. En respuesta, la demandada emitió la Resolución DESAJ BUR 17 -3806 del 9 de junio de 2017, en la que negó las pretensiones.
7. Inconformes con la decisión, interpusieron recurso de apelación el 21 de junio de 2017.
9 de junio de 2017, en la que negó las pretensiones.
7. Inconformes con la decisión, interpusieron recurso de apelación el 21 de junio de 2017.
8. Como fundamento de derecho invocaron los artículos 1, 2, 5, 12, 13, 53, 150 y 209 de la Constitución Nacional, la Ley 4 de 1992 , los artículos 14 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo, el Decreto 0383 de 2013, el Decreto Ley 1042 de 1976, los Convenio s 095 y 100 de la OIT y demás normas concordantes.
B. Posición de la parte demandadaNulidad y Restablecimiento del derecho
Sentencia de Segunda Instancia
Demandante: Martin Hernando Mejía Carreño y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial Radicado No. 680013333010 -2018-00019-01
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9. La Nación – Rama Judicial2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones
en los siguientes términos:
10. Adujo que los actos administrativos acusados tienen sustento en las disposiciones legales contenidas en el Decreto 0383 de 2013, la Ley 4 a de 1992 y en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constituc ión Política; además, que el único con competencia para establecer el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la Rama Judicial es el Gobierno nacional.
11. Señaló que, por expreso mandato legal, la Bonificación Judicial constituye
que el único con competencia para establecer el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la Rama Judicial es el Gobierno nacional.
11. Señaló que, por expreso mandato legal, la Bonificación Judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que hace parte de la libertad de configuración del legislador establecer qué parte d e la remuneración de los empleados públicos constituye o no factor salarial y para qué fines.
12. Así mismo, refirió que los decretos por medio de los cuales el Gobierno nacional reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Ju dicial cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consecuencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilidad de la norma salarial no puede ser asumida por la Rama Judicial.
13. Adicionalmente, propuso la excepción de ineptitud de la demanda, inexistencia del demandado, cobro de lo no debido, falta de legitimación en la causa por pasiva , la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios, la prescripción trienal de los derechos reclamados y excepción de inconstitucionalidad.
C. Sentencia de primera instancia3
14. El juzgado de primera instancia, mediante sentencia del 19 de julio de 2024, resolvió: «PRIMERO: DECLARAR la prescripción de derechos laborales para las sumas causadas con anterioridad al 2 de junio de 2014, por las razones expuestas.
2 Expediente digital de OneDrive, archivo «024 Contestación Demanda», 680013333010-201800019-00.
causadas con anterioridad al 2 de junio de 2014, por las razones expuestas.
2 Expediente digital de OneDrive, archivo «024 Contestación Demanda», 680013333010-201800019-00. 3Expediente digital de OneDrive, 018SentenciaPr.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
Demandante: Martin Hernando Mejía Carreño y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial Radicado No. 680013333010 -2018-00019-01
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor sal arial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 383 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 20 18, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024 por las razones expuestas.
TERCERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos: - Resolución DESAJ BUR 17 -3806 del 9 de junio de 2017 proferi da por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. -Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la interposición
Ejecutiva de Administración Judicial. -Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la interposición del recurso de apelación presentado el 21 de junio de 2017.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de MARTIN HERNANDO MEJIA CARREÑO, CAROLINA GOMEZ JAIMES y CARLO S ANDRES BORJA PINZÓN todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 2 de junio de 2014, incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 383 de 2013 , hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento. Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario. La suma que resulte a favor de los demandantes debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia. La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido d esarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.
QUINTO: Negar las excepciones relacionadas con el cobro de lo no debido, inconstitucionalidad y legalidad de los actos administrativos, por las razones expuestas.
SEXTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO.».
inconstitucionalidad y legalidad de los actos administrativos, por las razones expuestas.
SEXTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO.».
15. Indicó que el Decreto 0383 de 2013 vulneró los principios constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en la legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, en la medida en que desconoció los efectos salariales de la bonificación judicial.
16. Consideró que la bonificación judicial fue otorgada de manera continua y mensual, lo que la convierte en una remuneración fija y directa, cumpliendo características de un salario, por lo que debe ser incluida en el cálculo de las demás prestaciones sociales.
17. Precisó que inaplicará la parte del primer inciso del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 que limita el reconocimiento de la bonificación judicial solo para efectos de cotización al sistema de salud y pensiones, en el entendido de que sus disposiciones contravienen la Constitución y la ley, al no reconocer la bonificación como factor salarial para calcular todas las prestaciones sociales y salariales.Nulidad y Restablecimiento del derecho
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Demandante: Martin Hernando Mejía Carreño y otros
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18. Respecto de la prescripción trienal, señaló que los demandantes ,
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18. Respecto de la prescripción trienal, señaló que los demandantes , presentaron la reclamación administrativa el 2 de junio de 2017, por tanto, las sumas causadas con anterioridad al 2 de junio de 2014 se encuentran prescritas.
D. Recurso de apelación
19. La Nación-Rama Judicial4 solicitó revocar la decisión de primera instancia
con sustento en los siguientes argumentos:
- La parte demandante no impugnó oportunamente los Decretos 0383 y 0384 de 2013 cuando fueron expedidos, y por lo tanto no puede ahora pretender su inaplicabilidad. El plazo para demandar la nulidad de estos decretos ya caducó según el artículo 138 del CPACA, por lo que la demanda debería ser desestimada.
- La acción de inaplicabilidad de los decretos salariales por inconstitucionalidad no es válida en este caso, ya que los decretos siguen vigentes hasta que sean declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. Además, la demanda mezcla solicitudes de inaplicabilidad con peticiones de nulidad, lo que genera confusión.
- Recalca nuevamente las excepciones propuestas al contestar la demanda de «inexistencia del demandado », «ineptitud de la demanda », «falta de legitimación en la causa por pasiva », y «no comprender a todos los litisconsortes necesarios ». Así mismo, recalca que el juez de primera instancia ignoró que solo el Gobierno nacional puede fijar salarios y
legitimación en la causa por pasiva », y «no comprender a todos los litisconsortes necesarios ». Así mismo, recalca que el juez de primera instancia ignoró que solo el Gobierno nacional puede fijar salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial. Impuso una carga excesiva y exigió algo imposible a la entidad, sin considerar la normativa que regula el pago de remuneraciones. Además, el pago de emolumentos no contemplados en las proyecciones presupuestales de la Rama Judicial debe gestionarse ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
4 Expediente digital de OneDrive, 026MemorialRecursoApelacion.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander iii. La bonificación judicial otorgada por el Gobierno Nacional fue el resultado de una negociación o acuerdo colectivo, mediante el cual se estableció que ciertos emolumentos no tendrían carácter salarial.
20. La parte demandante 5 cuestionó que el juez de primera instancia haya aplicado la prescripción trienal con base en la presentación del derecho de petición y, en consecuencia, haya negado la reliquidación de todas las prestaciones, incluidas las cesantías y sus intereses. Sosti ene que dicha prescripción no resulta aplicable tratándose de cesantías, de acuerdo con los criterios de unificación del Consejo de Estado vigentes al momento de la presentación de la demanda
incluidas las cesantías y sus intereses. Sosti ene que dicha prescripción no resulta aplicable tratándose de cesantías, de acuerdo con los criterios de unificación del Consejo de Estado vigentes al momento de la presentación de la demanda (sentencia del 25 de agosto de 2016, CE -SUJ004 de 2016), pues se trata de cesantías anualizadas y no definitivas, las cuales no prescriben y solo se tornan exigibles al momento de la terminación del contrato de trabajo, el cual permanece vigente. Por lo tanto, su reconocimiento debe ordenarse desde el año 2013.
21. Con fundamento en lo anterior, solicita se revoque parcialmente el numeral primero de la sentencia, solo en lo concerniente a reconocer la reliquidación como factor salarial de las cesantías e intereses desde el primero de enero del año 2013 y, en adelante por los períodos que se sigan generando.
E. Pronunciamiento en segunda instancia.
22. La parte demandada6 indicó respecto de las cesantías anualizadas, que se debe aplicar la prescripción trienal, puesto que se tratan de sumas de dinero que se causan sucesivamente, tal inactividad de la parte demandante no debe generar consecuencias en contra de la Rama Judic ial; por el contrario, debe sancionarse el hecho de haber permitido el transcurso del tiempo sin solicitar oportunamente el pago de la bonificación judicial como factor salarial ni presentar la demanda en un plazo razonable. Además, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
F. Asunto previo
5 Expediente digital de OneDrive, 019MemorialRecursoApelacion.pdf
plazo razonable. Además, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
F. Asunto previo
5 Expediente digital de OneDrive, 019MemorialRecursoApelacion.pdf 6 Expediente digital de OneDrive, 002AutoAdmiteRecursoApelacion.docxNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
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- Desistimiento del recurso
23. Mediante auto del 19 de noviembre de 20247, el despacho admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y la parte demandada contra la sentencia de primera instancia del 19 de julio de 2024 8, a través de la cual el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga accedió a las pretensiones de la demanda.
24. No obstante, en memorial del 13 de junio de 20259, el apoderado de la parte demandante desiste del recurso de apelación con fundamento en lo dispuesto en el artículo 316 de la Ley 1564 de 2012.
25. Del escrito de desistimiento se remitió copia al correo electrónico de la parte
demandada, como se muestra a continuación 10:
26. El desistimiento se encuentra regulado en el Capítulo II, Sección V del Código General del Proceso, y es una figura que permite a las partes solicitar la terminación
demandada, como se muestra a continuación 10:
26. El desistimiento se encuentra regulado en el Capítulo II, Sección V del Código General del Proceso, y es una figura que permite a las partes solicitar la terminación anormal del proceso en aras de garantizar los prin cipios de económica procesal y de acceso a una pronta administración de justicia.
7 Expediente digital de OneDrive, 003PronunciamientoRecursoApeRama.pdf 8Expediente digital de OneDrive, 018SentenciaPr.pdf 9 Expediente digital de OneDrive, 021MemorialDesisteRecursoApelaciónParteDemandante.pdf 10 Expediente digital de OneDrive, 022SoporteNotificaciónMemorialDesisteRecurso.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
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27. Al respecto, el artículo 316 del mismo estatuto normativo, en lo relativo al desistimiento del recurso de apelación, precisa lo siguiente:
«Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás actos procesales que hayan promovido. No podrán desistir de las pruebas practicadas.
El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto de quien lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante el secretario del juez de conocimiento si el expediente o las copias para dicho recurso no se han remitido al superior, o ante el secretario de
respecto de quien lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante el secretario del juez de conocimiento si el expediente o las copias para dicho recurso no se han remitido al superior, o ante el secretario de este en el caso contrario.
El auto que acepte un desistimiento condenará en costas a quien desistió, lo mismo que a perjuicios por el levantamiento de las medidas cautelares practicadas.
No obstante, el juez podrá abstenerse de condenar en costas y perjuicios en los siguientes casos:
1. Cuando las partes así lo convengan.
2. Cuando se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya concedido.
3. Cuando se desista de los efectos de la sentencia favorable ejecutoriada y no estén vigentes medidas cautelares.
4. Cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de forma condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. De la solicitud del demandante se correrá traslado al demandado por tres (3) días y, en caso de oposición, el juez se abstendrá de aceptar el desistimiento así solicitado. Si no hay oposición, el juez decretará el desistimiento sin condena en costas y expensas».
28. La Sala dispondrá ACEPTAR la solicitud de desistimiento, por cu anto en el presente asunto se acreditó que: i) fue presentado en la Secretaría de esta Corporación, encontrándose el expediente pendiente para decidir la apelación de la sentencia; ii) la parte actora, por medio de su apoderado judicial con facultad expresa para desistir, formula el desistimiento correspondiente a este
Corporación, encontrándose el expediente pendiente para decidir la apelación de la sentencia; ii) la parte actora, por medio de su apoderado judicial con facultad expresa para desistir, formula el desistimiento correspondiente a este pronunciamiento 11; y iii) se refiere al recurso de apelación presentado contra la sentencia desfavorable dictada en primera instancia, lo que conlleva la terminación del proceso para la parte.
29. Con relación a las costas, es del caso señalar que el apoderado de la parte demandada, al corrérsele traslado de la solicitud de desistimiento presentada por el apoderado de la parte actora, en los términos previstos en el inciso 2º del numeral 4º del artículo 316 del C.G. del P, no realizó ningún pronunciamiento. Por
11 Expediente digital de OneDrive, archivo «002 Demanda», 680013333010-2018-00019-00.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander consiguiente, la Sala se abstendrá de imponer condena en costas a la parte actora por no encontrarlas causadas, conforme lo establece el numeral 8 del artículo 365 del C.G.P.
- Competencia del superior
30. En aplicación del inciso segundo del artículo 328 del Código General del Proceso12, la Sala se pronunciará únicamente sobre los motivos de inconformidad expresados en la apelación de la demandada .
- Competencia del superior
30. En aplicación del inciso segundo del artículo 328 del Código General del Proceso12, la Sala se pronunciará únicamente sobre los motivos de inconformidad expresados en la apelación de la demandada .
31. En relación con los reparos de la parte demandada frente a las excepciones de «inexistencia del demandado», la «ineptitud de la demanda » y «no comprender a todos los litisconsortes necesarios », es preciso señalar que, mediante auto proferido el 19 de marzo de 202413, el juzgado de primera i nstancia las resolvió y declaró no probadas. En ese orden y dando aplicación al principio de preclusividad, no hay lugar a reabrir de nuevo el debate y en esa medida la Sala no emitirá pronunciamiento alguno sobre este aspecto.
32. Respecto de la excepción de caducidad se resolverá en esta oportunidad, al no haberse resuelto en la sentencia y sin pronunciamiento previo del juzgado de primera instancia que permita aplicar el principio de preclusividad.
G. Problemas jurídicos
33. Con el fin de establecer si procede confirmar o, por el contrario, revocar la sentencia de primera instancia, se resolverán los siguientes interrogantes que surgen de los argumentos de impugnación de la parte demandada:
34. P.J.1: Caducidad. ¿Caducó la oportunidad para cuestionar la legalidad de los Decretos 0383 y 0384 de 2013, al no haberse impugnado oportunamente cuando fueron expedidos?
35. P.J.2: Competencia para modificar el régimen salarial y prestacional. ¿La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial tiene competencia para modificar
fueron expedidos?
35. P.J.2: Competencia para modificar el régimen salarial y prestacional. ¿La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial tiene competencia para modificar
12 « (...)...Cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso. (...)» 13Expediente digital de OneDrive, 005AutoResuelve.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
Demandante: Martin Hernando Mejía Carreño y otros
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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander el régimen salarial y prestacional establecido por el Gobierno nacional en los Decretos 0383 y 0384 de 2013?
36. P.J.3: De la excepción de inconstitucionalidad. ¿En el caso concreto procede inaplicar los decretos salariales por considerarlos inconstitucionales, a pesar de que se encuentran vigentes y no han sido declarados inexequibles por la
Corte Constitucional?
H. Tesis de la Sala
37. P.J.1. No, los actos acusados al negar prestaciones periódicas pueden ser demandados en cualquier tiempo, conforme lo señala el Art. 164, numeral 1, literal c) de la Ley 1437 de 2011. Por lo tanto, la acción para reclamar la reliquidación de prestaciones laborales de tracto sucesivo no caduca, sino que, en su lugar, opera la prescripción de las mesadas o sumas individuales adeudadas, que se activa
prestaciones laborales de tracto sucesivo no caduca, sino que, en su lugar, opera la prescripción de las mesadas o sumas individuales adeudadas, que se activa desde la fecha de la reclamación administrativa y solo respecto de aquellas prestaciones que estén sometidas al fenómeno prescriptivo.
38. P.J.2. No, si bien la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno nacional, sí tiene la facultad de interpretar y aplicar las normas en ma teria salarial dentro de los límites establecidos. Además, la inaplicación del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 no implica una modificación del régimen salarial, sino la correcta aplicación del principio «in dubio pro operario» en favor de los servidores judiciales, g
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