TA SAN - Sentencia 680013333010-2018-00326-02 (03-04-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025) MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE CARÁCTER LABORAL

DEMANDANTE

MARÍA ISABEL CRUZ OTER O, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.097.332.608 wilsonabogado72@hotmail.com

DEMANDADA

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –

POLICÍA NACIONAL

desan.asjud@policia.gov.co desan.notificacion@policia.qov.co MINISTERIO PÚBLICO XIRYS MARÍA MORA ALVARADO xmora@procuraduria.gov.co

RADICADO Y LINK

DEL EXPEDIENTE 680013333010-2018-00326-02

TEMA RETIRO POR DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD PSICOFÍSICA EN LA POLICÍA NACIONAL. Se confirma la sentencia de primera instancia. La decisión de desvinculación se adoptó sin valorar técnicamente la posibilidad de reubicación de la uniformada, a pesar de conservar aptitudes funcionales y contar con formación para el desempeño de labores no operativas, lo que desconoció el derecho a la estabilidad laboral reforzada. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala

funcionales y contar con formación para el desempeño de labores no operativas, lo que desconoció el derecho a la estabilidad laboral reforzada. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandada contra la sentencia proferida el 2 de diciembre de 20201 por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga que concedió parcialmente las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda2

1. Pretensiones

La demandante pretende que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Resolución No. 00912 del 26 de febrero de 2018, expedida por el director general de la Policía Nacional, mediante la cual se dispuso su retiro del servicio activo por disminución de la capacidad psicofísica; (ii) el Acta No. 858 del 7 de febrero de 2017 , emitida por la Junta Médico-Laboral de Policía, que la calificó como «no apta sin reubicación laboral»; y (iii) el Acta No. TML 17-1-714 MDNSGTML-41.1 del 30 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Médico de Revisión Laboral Militar y de Policía, que ratificó los resultados del Acta No. 858.

A título de restablecimiento del derecho , solicita su reintegro al último cargo desempeñado al momento de su desvinculación o a otro de igual o superior jerarquía en funciones análogas, sin solución de continuidad, junto con el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de su

desempeñado al momento de su desvinculación o a otro de igual o superior jerarquía en funciones análogas, sin solución de continuidad, junto con el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de su

1 Expediente en SAMAI. Carpeta en One Drive Documento: 19SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA folios 1-23. 2 Expediente en SAMAI. Carpeta en One Drive Documento: 01.DEMANDA FOLIO 1-22 folios 1-22.2

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desvinculación hasta que se haga efectivo su reintegro.

Asimismo, pide que se condene a la entidad al pago de una indemnización por los perjuicios derivados de la declaratoria de no aptitud para la reubicación laboral , emitida por la Junta Médico -Laboral de Policía y el Tribunal Médico -Laboral de Revisión Militar y de Policía, consistente en: (i) perjuicios morales, equivalentes a 200 SMLMV y (ii) daño a la vida en relación, por 100 SMLMV.

2. Hechos

La demandante afirma que ingresó a la Policía Nacional el 28 de noviembre de

2012. Menciona que durante el desarrollo de procedimientos policiales fue

200 SMLMV y (ii) daño a la vida en relación, por 100 SMLMV.

2. Hechos

La demandante afirma que ingresó a la Policía Nacional el 28 de noviembre de

2012. Menciona que durante el desarrollo de procedimientos policiales fue agredida en dos ocasiones, la primera el 28 de mayo de 2014 y la segunda el 10 de junio del mismo año. Explica que como consecuencia de estas agresiones presentó escoriaciones en el rostro, el cue llo y la columna, por lo cual recibió incapacidades médicas de cuatro y siete días, respectivamente.

Refiere que, como consecuencia de dichos eventos, la Policía Metropolitana de Bucaramanga calificó su situación como enfermedad profesional y/o accidente de trabajo. Añade que fue remitida a estudios médicos especializados y que, el 2 de junio de 2015, la Dirección de Sanidad ordenó valoración por fisiatría para establecer el diagnóstico, las secuelas y el pronóstico de la lesión en su columna.

Precisa que el 25 de junio de ese mismo año, tras consulta con neurocirugía, le diagnosticaron discopatía en L4 -L5 y L5 -S1, protrusión discal no compresiva y anterolistesis grado I de L5, con recomendación de evitar esfuerzos físicos y asistir a fisioterapia.

Expone que la Junta Médico-Laboral de la Policía, mediante Acta No. 858 del 7 de febrero de 2017, determinó una disminución del 12.50 % en su capacidad laboral y la declaró no apta para el servicio, sin posibilidad de reubicación. Sostiene que interpuso re curso de apelación con el argumento de contar con capacidad para

febrero de 2017, determinó una disminución del 12.50 % en su capacidad laboral y la declaró no apta para el servicio, sin posibilidad de reubicación. Sostiene que interpuso re curso de apelación con el argumento de contar con capacidad para cumplir labores administrativas, pero el Tribunal Médico -Laboral de Revisión Militar y de Policía confirmó el dictamen el 30 de noviembre de 2017.

Manifiesta que, con fundamento en esa decisión, la Dirección General de la Policía Nacional expidió la Resolución No. 00912 del 26 de febrero de 2018 y ordenó su retiro del servicio activo por disminución de la capacidad psicofísica. Advierte que la notificación se realizó el 21 de marzo de 2018, una vez vencido el plazo de tres meses previsto en el Decreto 1796 de 2000.

Finalmente, alega que la administración desatendió su experiencia en funciones administrativas y los estudios que acreditaban su idoneidad para ser reubicada, lo que afectó su mínimo vital y el de su familia.

3. Normas violadas y concepto de violación

Se citan como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 21, 25, 29, 42, 48, 53, 54, 83, 90, 121, 122, 123, 124, 125, 209, 211, 218, 222 y 278.1 de la Constitución Política; los artículos 7 y 15 del Decreto 1796 de 2000; las Leyes 640 de 2001, 769 de 2012, 1383 de 2010 y 1395 de 2010, así como la Sentencia C-333 de 1996.

Política; los artículos 7 y 15 del Decreto 1796 de 2000; las Leyes 640 de 2001, 769 de 2012, 1383 de 2010 y 1395 de 2010, así como la Sentencia C-333 de 1996.

La demandante expone que la Policía Nacional vulneró el debido proceso al expedir la Resolución No. 00912 del 26 de febrero de 2018 sin respetar el término de notificación previsto en el artículo 7 del Decreto 1796 de 2000. Señala que fue3

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notificada del dictamen del Tribunal Médico de Revisión Militar el 5 de diciembre de 2017 y que, conforme a la normativa, el acto de retiro debía comunicarse a más tardar el 5 de marzo de 2018. Sostiene que la resolución le fue notificada el 21 de marzo de 2018, fecha en la cual ya se encontraba vigente el concepto de aptitud, lo que, a su juicio, afectaba la legalidad del acto administrativo.

Afirma que la Junta Médico Laboral y el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía ignoraron la afectación derivada de su labor en la institución y emitieron un dictamen que desconoció su derecho a la estabilidad laboral reforzada. Explica que,

Afirma que la Junta Médico Laboral y el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía ignoraron la afectación derivada de su labor en la institución y emitieron un dictamen que desconoció su derecho a la estabilidad laboral reforzada. Explica que, al no valorar su historial médico ni la posibilidad de reasignarla a un cargo acorde con sus condiciones, la administración incurrió en un error que vulneró sus derechos fundamentales.

Finalmente, en respaldo de su postura, cita la Sentencia C-333 de 1996, que impone al Estado el deber de reparar patrimonialmente los perjuicios ocasionados a los particulares por la actuación arbitraria de la administración al emitir decisiones sin respetar el debido proceso.

B. Contestación3

La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opone a las pretensiones, al considerar que el retiro de la demandante obedeció a la decisión del Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía, que ratificó el concepto emitido por la Junta Médico-Laboral de Policía. Expone que ambas instancias concluyeron que no reunía las condiciones idóneas para continuar en el servicio ni procedía su reubicación.

Sostiene que se limitó a acatar la decisión médico -laboral y que, conforme al Decreto 1796 de 2000, investigó las lesiones sufridas por la demandante y las calificó como accidente de trabajo o enfermedad profesional . Indica que el artículo 55 del Decreto 1791 de 2000 establece la disminución de la capacidad psicofísica como causal de retiro y que la reubicación solo procede si la autoridad médicolaboral la recomienda, lo que no ocurrió en este caso.

55 del Decreto 1791 de 2000 establece la disminución de la capacidad psicofísica como causal de retiro y que la reubicación solo procede si la autoridad médicolaboral la recomienda, lo que no ocurrió en este caso.

Afirma que la resolución de retiro fue expedida dentro del plazo legal según el artículo 7 del Decreto 1796 de 2000 y que no hubo irregularidad alguna. Niega la vulneración del principio de estabilidad laboral reforzada, al sostener que la demandante no cumplía los requisitos para beneficiarse de esta garantía y cita la Sentencia C-381 de 2005 de la Corte Constitucional para respaldar su posición.

Por último , refiere que no existe un derecho subjetivo a permanecer en la institución cuando la autoridad médico-laboral determina la falta de aptitud para el servicio, por lo que solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda.

C. La sentencia recurrida4

El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga, en sentencia del 2 de diciembre de 2020 resolvió lo siguiente:

PRIMERO. DECLARESE la nulidad de la resolución No 00912 del 26 de febrero de 2018, acta número TML17 -1-714 MDNSG-TML-41.1 de 30 de noviembre de 2017 emanada por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y acto administrativo contenido en el

3 Expediente en SAMAI. Carpeta en One Drive Documento: 6. CONTESTACION DE LA DEMANDA. FOLIO 109-131 folios 1-38. 4 Expediente en SAMAI. Carpeta en One Drive Documento: 19SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA folios 1-23.4

4 Expediente en SAMAI. Carpeta en One Drive Documento: 19SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA folios 1-23.4

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acta número 858 de fecha 7 de febrero de 2017 emanada por la Junta Médico Laboral de Bucaramanga, por las razones expuestas.

SEGUNDO: ORDENESE a la NACION-MINISTERIO DE DEFENSAPOLICIA NACIONAL que REINTEGRE a la señora MARIA ISABEL CRUZ OTERO al cargo que venía ocupando, o a otro de igual o mayor jerarquía, bajo las mismas condiciones que tenía previo a su retiro o dependiendo de la aptitud y las condiciones de salud que se determinen, se dé la reubicación a una labor en la cual pueda cumplir una función útil en la institución.

TERCERO: CONDENESE a la NACION -MINISTERIO DE DEFENSAPOLICIA NACIONAL, a título indemnizatorio reconozca y pague a la señora MARIAISABEL CRUZ OTERO, el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que, por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la

OTERO, el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que, por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la persona, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario

CUARTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas.

QUINTO: CONDENAR en costas al demandado.

Como fundamento de su decisión, el a quo determinó que la Resolución No. 00912 del 26 de febrero de 2018 era ilegal, por haberse expedido con base en un dictamen médico sin vigencia. Precisó que la Junta Médico -Laboral y el Tribunal Médico de Revisión emitieron sus conceptos en febrero y noviembre de 2017, respectivamente, pero la notificación del acto de retiro solo se realizó el 21 de marzo de 2018, cuando ya había vencido el plazo de tres meses previsto en el artículo 7 del Decreto 1796 de 2000. Concluyó que la administración utilizó un concepto vencido, lo que vulneró el debido proceso al no reflejar la condición real de la demandante al momento de la desvinculación.

Además, consideró que se desconoció la protección reforzada derivada de su condición de discapacidad. Indicó que la entidad descartó la reubicación sin valorar las funciones administrativas que desempeñaba ni su experiencia en ese cargo. Señaló que el Trib unal Médico omitió examinar su trayectoria laboral y las condiciones del puesto ocupado, lo que evidenció un trato discriminatorio y la

las funciones administrativas que desempeñaba ni su experiencia en ese cargo. Señaló que el Trib unal Médico omitió examinar su trayectoria laboral y las condiciones del puesto ocupado, lo que evidenció un trato discriminatorio y la omisión del deber de adoptar medidas efectivas para garantizar su permanencia en el servicio.

D. La apelación5

La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nac ional sostiene que la Resolución No. 00912 del 26 de febrero de 2018 se expidió en cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1796 de 2000, ya que el acto administrativo se profirió dentro de los tres meses siguientes a la notificación del concepto médico, efectuad a el 5 de diciembre de 2017, plazo que vencía el 5 de marzo de 2018. Argumenta que la norma exige la expedición del acto dentro de dicho plazo, pero no condiciona su validez a que la notificación ocurra dentro del mismo período.

Recalca que su actuación se limitó a ejecutar el concepto médico y que la reubicación solo procede si la autoridad médico -laboral la recomienda, lo que no ocurrió, pues el Tribunal determinó que no tenía capacidades aprovechables en labores docentes o de instrucción. Señala, además que, aunque presentó certificaciones académicas del SENA, estas no eran suficientes para desempeñar cargos administrativos dentro de la institución. También enfatiza que su trayectoria

5 Expediente en SAMAI: índice 00010 Carpeta en One Drive Documento: 22.ApelacionDemandado folios 1-21.Drive.5

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5 Expediente en SAMAI: índice 00010 Carpeta en One Drive Documento: 22.ApelacionDemandado folios 1-21.Drive.5

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en la Policía era de solo cinco años, lo que le otorgaba poca experiencia en procedimientos internos institucionales. Para respaldar su posición, cita jurisprudencia del Consejo de Estado6 y de la Corte Constitucional7 que avalan el retiro por disminución de la capacidad psicofísica en la fuerza pública, en las que se señala que la estabilidad laboral reforzada no impide la desvinculación cuando el funcionario no tiene capacidades aprovechables en otras funciones.

Asimismo, enfatiza que la patrullera no queda desprotegida, comoquiera que el sistema de seguridad social le garantiza atención médica y prestaciones económicas por su disminución de capacidad laboral.

Con fundamento en lo anterior, s olicita que se revoque la sentencia de primera instancia, dado que, según dice, actuó conforme a la ley.

E. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 30 de agosto de 202 18 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, y se corrió traslado a las partes

E. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 30 de agosto de 202 18 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, y se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto de fondo. De esta etapa procesal, se destaca lo siguiente:

1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional9 acogió los mismos fundamentos normativos y jurisprudenciales expuestos en la apelación.

2. La parte demandante10 se pronunció en segunda instancia fuera del término legal de diez (10) días hábiles, razón por la cual la Sala no puede valorar su intervención.

Según el expediente, el auto que admitió el recurso de apelación y corrió traslado a las partes para que se pronunciaran fue proferido el 30 de agosto de 2021 y fijado en estados del 31 de agosto del mismo año , como consta en la actuación No. 4 del sistema SAMAI11. De acuerdo con el artículo 118 del Código General del Proceso, el término concedido fuera de audiencia comienza a correr a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que lo otorga. En este caso, el término de diez (10) días inició el 1 de septiembre de 2021 y venció el 14 de septiembre. Sin embargo, la parte demandante remitió su pronunciamiento en segunda instancia el 10 de octubre de 2021, lo que equivale a dieciocho (18) días de extemporaneidad respecto al término otorgado.

II. CONSIDERACIONES

A. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los

II. CONSIDERACIONES

A. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. El problema jurídico y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente

problema jurídico:

6 Consejo de estado Sentencia 0470 de 2005 (M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado). 7 Corte Constitucional. Sentencia C -381 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) “que avala la exequibilidad del artículo 55, numeral 3, del Decreto Ley 1796 de 2000, y por ende la validez del retiro por disminución de la capacidad psicofísica” . 8 Expediente digital en SAMAI : índice 00003 Carpeta en One Drive Documento 33.2018-00326-02 AUTO ADMITE RECURSO Y CORRE TRASLADO DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN (pdf), folios 1-2 9 Expediente digital en SAMAI: índice 00010 Carpeta en One Drive Documento 36. 2018-326-02. Maria Isabel Cruz Otero(pdf), folios 1-16 10 Expediente digital en SAMAI: índice 00005 Carpeta en One Drive Documento 39. 2018-326-02 alegatos de MARIA ISABEL CRUZ(pdf), folios 1-18 11 Expediente digital en SAMAI. Índice 00004.6

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¿Es procedente declarar la nulidad del acto de retiro de una patrullera de la Policía Nacional por disminución de su capacidad psicofísica, cuando, según la demanda, no se efectuó una valoración técnica integral sobre la posibilidad de reubicación laboral, a pesar de contar con formación y experiencia en funciones no operativas?

Tesis: Si

Fundamento jurídico: La jurisprudencia constitucional ha precisado que la Policía Nacional tiene la obligación de valorar técnicamente la posibilidad de reubicar a sus miembros con disminución de la capacidad psicofísica, antes de proceder a su desvinculación, en cumplimiento de los principios de inclusión, igualdad y estabilidad laboral reforzada. Esta valoración debe fundar se en criterios técnicos, objetivos y especializados, y tener en cuenta las habilidades, formación , destrezas y experiencia del evaluado.

En el caso concreto, el acto de retiro se sustentó en un concepto médico que desestimó la formación y trayectoria de la patrullera sin un análisis riguroso de sus capacidades residuales ni de las alternativas de reubicación. Tal omisión desconoció los parámetros establecidos por la Corte Constitucional y el Consejo de

desestimó la formación y trayectoria de la patrullera sin un análisis riguroso de sus capacidades residuales ni de las alternativas de reubicación. Tal omisión desconoció los parámetros establecidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado para garantizar la permanencia en el empleo de quienes, pese a sus limitaciones, conservan aptitudes útiles para desempeñar labores distintas a las operativas, especialmente en entidade s con estructura funcional diversa como la Policía Nacional. Para sustentar la tesis planteada, la Sala analizará el régimen normativo del retiro por disminución de la capacidad psicofísica en la Policía Nacional y el papel de las autoridades médico-laborales. Luego, examinará el alcance de la estabilidad laboral reforzada en casos de afectación en salud y los criterios técnicos y jurisprudenciales que rigen la valoración de la reubicación. Finalmente, concluirá que, en el caso concreto, la decisión de retiro se adoptó sin una evaluación técnica integral sobre la posibilidad de reubicación, lo que constituye una vulneración directa de los deberes constitucionales y legales que rigen la permanencia en el servicio de los uniformados con limitaciones psicofísicas.

C. Marco jurídico

1. El r etiro del servicio por disminución de la capacidad psicofísica del personal de la Policía Nacional

De acuerdo con los artículos 217 y 218 de la Constitución Política, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional tienen un régimen especial en materia prestacional, disciplinaria y de carrera. El sistema normativo que establece las condiciones de acceso y permanencia, así como las causales de retiro aplicables a los miembros

Militares y la Policía Nacional tienen un régimen especial en materia prestacional, disciplinaria y de carrera. El sistema normativo que establece las condiciones de acceso y permanencia, así como las causales de retiro aplicables a los miembros de la Fuerza Pública es el previsto en los Decretos Ley 1791, 1793 y 1796 de 2000, la Ley 923 y el Decreto 4433 de 2004.

En materia de determinación y evaluación de la capacidad psicofísica, el Decreto Ley 1796 de 2000 empieza por definir este concepto como el «conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades de orden físico y psicológico que deben reunir las personas a quienes se les aplique el presente decreto, para ingresar y permanecer en el servicio, en consideración a su cargo, emple o o funciones. La capacidad sicofísica del personal de que trata el presente decreto será7

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valorada con criterios laborales y de salud ocupacional, por parte de las autoridades médico-laborales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional».

Por su parte, el Decreto Ley 1791 de 2000, que en su artículo 55 regula las causales de retiro del servicio de los miembros de la Policía Nacional, establece el retiro por

Por su parte, el Decreto Ley 1791 de 2000, que en su artículo 55 regula las causales de retiro del servicio de los miembros de la Policía Nacional, establece el retiro por disminución de la capacidad psicofísica.

Sobre el retiro por esta causa, la Corte Constitucional , en la sentencia T -328 de 202212, sostuvo que, aunque es necesario que la Policía Nacional cuente en sus filas con personal idóneo para lograr su cometido estatal, los uniformados que presentan disminución psicofísica pueden ser aptos para efectos del desempeño de otras labores propias de esa institución y distintas de las meramente policiales y, por tanto, la Institución tiene el deber constitucional de intentar su reubicación en un cargo en el que pueda seguir siendo útil, por ejemplo, en labores administrativas, docentes o de instrucción.

También indicó que después de realizada la valoración correspondiente y siempre que se concluya que la persona no tiene capacidad alguna aprovechable para tales tareas, podrá ser retirado de la Policía Nacional. En todo caso, la valoración de esa capacidad por parte de la Junta Médico Laboral o el Tribunal Médico Laboral de Revisión deberá basarse en conceptos técnicos, objetivos y especializados en la materia.

2. Derecho a la reubicación laboral de los miembros de la Policía Nacional con algún tipo de incapacidad permanente. Deber de la entidad de valorar la reubicación con fundamento en conceptos técnicos, objetivos y especializados que evidencien la falta de aptitud para desempeñar otro cargo en la institución

En sentencia T-499 de 2020, la H. Corte Constitucional, refiriéndose al régimen de

especializados que evidencien la falta de aptitud para desempeñar otro cargo en la institución

En sentencia T-499 de 2020, la H. Corte Constitucional, refiriéndose al régimen de retiro de la Policía Nacional por disminución de la capacidad psicofísica, indicó que, cuando se determina que las condiciones de salud del uniformado no son suficientes para desempeñar sus labores , lo constitucionalmente admisible es otorgarle una disminución de capacidad laboral que le permita acceder a la consecuente pensión de invalidez.

En cambio, si la disminución psicofísica es inferior al porcentaje mínimo requerido, lo procedente es reconocerle el derecho a la reubicación laboral, el cual implica: (i) otorgarle la oportunidad de desempeñar labores y funciones conforme a sus condiciones de salud que le permitan acceder a los bienes y servicios necesarios para su subsistencia, (ii) obtener su reubicación laboral en un trabajo que tenga los mismos o mayores beneficios laborales al cargo que ocupaba antes , (iii) recibir la capacitación necesaria para el adecuado desempeño de las nuevas funciones; y (iv) obtener de su empleador la información necesaria en caso de que su reubicación no sea posible, a fin de que pueda formularle las soluciones que estime convenientes.13

En este sentido, se debe precisar que antes de dar aplicación a las normas sobre desvinculación a los miembros de la fuerza pública por razón de la disminución de la capacidad psicofísica, es necesario hacer una valoración de las condiciones de salud, las habilida des, las destrezas y las capacidades del afectado, a fin de establecer si existen actividades que podría cumplir dentro de la institución, de

la capacidad psicofísica, es necesario hacer una valoración de las condiciones de salud, las habilida des, las destrezas y las capacidades del afectado, a fin de establecer si existen actividades que podría cumplir dentro de la institución, de

12 Corte Constitucional, Sentencia T-328 de 2022, (MP. Natalia Ángel Cabo) 13 Corte Constitucional, Sentencia T440 de 2017, (MP. Diana Fajardo Rivera)8

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manera que sea posible disponer su reubicación en otro cargo, especialmente si el integrante de la fuerza pública tiene una disminución de su capacidad laboral inferior al 50%, caso en el cual se debe priorizar la reubicación de la persona y no su desvinculación.

Refirió también la Corporación que la imposibilidad de reubicación por la experiencia profesional o especialidad dentro de la fuerza pública corresponden a un criterio prejuicioso y arbitrario, ya que no es razonable concluir que una persona con una pérdida de capacidad laboral inferior al 50% no tiene una posibilidad de trabajo en una entidad de la magnitud y variedad como ese tipo de instituciones. Considera la Corte Constitucional que aceptar lo contrario sería admitir que cualquier oficial, suboficial y demás integrantes de la fuerza pública están sometidos a un estándar

una entidad