TA SAN - Sentencia 680013333010-2018-00374-02 (31-07-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

MEDIO DE CONTROL:

Reparación directa

RADICADO:

680013333010-2018-00374-02

DEMANDANTE:

Ambrosio Bazán Achury bazanachury@gmail.com juyobach@hotmail.com

DEMANDADO:

Ecopetrol S.A. notificacionesjudicialesecopetrol@ecopetrol.com.co ingrid.florez@ecopetrol.com.co

VINCULADA: Marina Quintanilla Martínez manclav@yahoo.com

MINISTERIO PÚBLICO:

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia TEMA: No se acreditó la existencia de un daño cierto y antijurídico derivado del fenómeno natural de rezumaderos. La carga de la prueba para demostrar la existencia del daño recae en quien lo alega.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 26 de septiembre de 2024 , proferida por el Juzgado Décimo

la existencia del daño recae en quien lo alega.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 26 de septiembre de 2024 , proferida por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 55 índice SAMAI, link one drive archivo 01 folios 3 a 6 y 17 a 23 y reforma de la demanda folios 143 a 157Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ambrosio Bazán Achury

Demandado: Ecopetrol S.A.

Radicado: 680013333010-2018-00374-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

En ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del CPACA, el señor Ambrosio Bazán Achury formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a Ecopetrol S.A por los perjuicios que, según afirma, se originaron en el predio de su propiedad con ocasión de actividades de explotación de hidrocarburos.

En consecuencia, las partes demandantes solicitaron:

«1. Que se declare que la demandada ECOPETROL S .A. es responsable administrativamente en la modalidad de responsabilidad objetiva o en la submodalidad de daño especial.

En consecuencia, las partes demandantes solicitaron:

«1. Que se declare que la demandada ECOPETROL S .A. es responsable administrativamente en la modalidad de responsabilidad objetiva o en la submodalidad de daño especial.

2. Por el avalúo de la hectárea objeto de los daños la suma de setenta millones, por daño emergente ($70.000.000).

3. Por el lucro cesante consolidado las sumas de: $353.423.521 pesos moneda corriente, que se calcula de la siguiente manera.

S=Ra x (1+i) n - 1 i Ra $70.000.000 I= 0,004867 N= 5 meses

S=$70.000.000 x (1 + 0,004867)5 – 1 0.004867

LCC= $353.423.521

4. Condénese por la suma del lucro cesante futuro.

5. Condénese en costas y agencias en derecho».

6. Como pretensión subsidiaria solicito que si se encuentra probado la falla en el servicio se decrete. (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. El señor Ambrosio Bazán Ach ury es poseedor d el predio denominado «San Gabriel» identificado con el folio de matrícula inmobiliaria núm. 320 -18399 de la Oficina de Instrumentos Públicos de San Vicente de Chucurí, ubicado en el

corregimiento La Fortuna.

1. En los linderos exteriores del mencionado inmueble, Ecopetrol S.A. en su calidad

Oficina de Instrumentos Públicos de San Vicente de Chucurí, ubicado en el corregimiento La Fortuna.

1. En los linderos exteriores del mencionado inmueble, Ecopetrol S.A. en su calidad de empresa estatal encargada de la explotación de hidrocarburos en Colombia desde el año 1951, opera maquinaria extractora y torres de explotación. Estas actividades implican la inyección de aire, agua y compuestos químicos para aumentar la presión en el subsuelo, lo cual ha generado brotes de petróleo dentro del predio. El daño causado se califica como grave y desproporcionado.

1. Desde el 2 de febrero de 2018, una mancha de crudo ha afectado aproximadamente cinco mil metros cuadrados en los potreros del norte del inmueble, lo cual ha provocado la inutilización del suelo y la contaminación deReparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ambrosio Bazán Achury

Demandado: Ecopetrol S.A.

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fuentes de agua y cisternas. A pesar de los requerimientos formulados, la empresa demandada no ha adoptado medidas para remediar la situación.

1. El riesgo creado por la operación de maquinaria cerca del predio del demandante y la falta de acciones para mitigar el daño constituyen una falla atribuible a Ecopetrol S.A. Estudios técnicos respaldan la necesidad de aplicar obras de control ambiental ante afloramientos de crudo, lo cual refuerza la imputabilidad del daño por omisión

y la falta de acciones para mitigar el daño constituyen una falla atribuible a Ecopetrol S.A. Estudios técnicos respaldan la necesidad de aplicar obras de control ambiental ante afloramientos de crudo, lo cual refuerza la imputabilidad del daño por omisión en la prevención y mitigación de los riesgos generados por las actividades extractivas.

1.1.3. Fundamentos de reparación

Como fundamento de sus pretensiones de reparación, la parte demandante expone los siguientes argumentos:

1. La responsabilidad objetiva exige que el Estado haya creado una situación generadora de daño. Según el artículo 332 de la Constitución Política, el Estado es propietario del subsuelo y, por ende, responsable de su explotación y, en esa medida, conforme al artículo 90 ibidem debe responder por los daños antijurídicos causados a los particulares, con mayor razón cuando estos provienen de obras públicas relacionadas con la extracción de hidrocarburos.

1. La explotación del petróleo, como bien del subsuelo estatal, constituye una obra pública orientada al beneficio colectivo. Esta actividad implica un riesgo excepcional que no puede trasladarse de forma desproporcionada a un solo ciudadano. En ese sentido, cuando la administración obtiene provecho de una actividad riesgosa, debe asumir también las consecuencias y cargas que de ella se deriven.

1. El Decreto 1760 de 2003 fija los deberes de Ecopetrol S.A. respecto a la gestión integral de los hidrocarburos. El artículo 34 señala como fines principales la distribución, transporte y almacenamiento de estos recursos y sus derivados, tanto en el país como en el exterior, junto con todas las actividades asociadas o

integral de los hidrocarburos. El artículo 34 señala como fines principales la distribución, transporte y almacenamiento de estos recursos y sus derivados, tanto en el país como en el exterior, junto con todas las actividades asociadas o necesarias. Por su parte, el artículo 35 le asigna funciones rel acionadas con la contratación de operaciones industriales y comerciales vinculadas a su cadena de producción, así como la obligación de desarrollar infraestructura, adquirir insumos, y o perar sistemas requeridos para cumplir sus propósitos, incluyendo refinerías, estaciones, plantas y terminales.

1. El Decreto 714 de 2012, asignó a la ANH funciones clave en la administración del recurso hidrocarburífero. Entre ellas se destacan: identificar y evaluar el potencial de hidrocarburos del país; asignar áreas para exploración y explotación conforme a los modelos contractuales adoptados; estructurar estudios geológicos y geofísicos para optimizar el aprovechamiento de las cuencas; apoyar al Ministerio de Minas y Energía en temas sociales, ambientales y de seguridad; vigilar el cumplimiento de normas técnicas aplicables a la actividad extractiva, y ejercer todas las labores necesarias para la adecuada gestión de los recursos de propiedad estatal.

1. Dado que el Estado es propietario del subsuelo y del petróleo, y obtiene beneficios económicos de su explotación, debe responder por los perjuicios ocasionados, más aún cuando desde 2010 conocía los mapas de rezumaderosReparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ambrosio Bazán Achury

Demandado: Ecopetrol S.A.

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Demandante: Ambrosio Bazán Achury

Demandado: Ecopetrol S.A.

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naturales y no adoptó medidas preventivas para evitar afectaciones derivadas del uso de maquinaria en zonas de riesgo.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Ecopetrol S.A.2

Por conducto de apoderad a la mencionada empresa allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepci ones nominadas «conformación de litisconsorcio necesario»; «falta de legitimación en la causa por pasiva »; «caducidad» y excepciones innominadas «ausencia de daño antijurídico»; «inexistencia de nexo causal entre el proceder de Ecopetrol S.A. y el daño enunciado por el accionante» y la «inexistencia de los perjuicios imputables a Ecopetrol S.A.».

A su turno, se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló los siguientes aspectos:

1. Para determinar la procedencia de una reclamación por responsabilidad del Estado, deben verificarse los elementos establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política, es decir: i) la existencia de un daño antijurídico, ii) que este haya sido causado por acción u omisión de una autoridad y iii) que sea imputable a la administración.

1. En el caso concreto, el presunto daño alegado por el demandante corresponde a

haya sido causado por acción u omisión de una autoridad y iii) que sea imputable a la administración.

1. En el caso concreto, el presunto daño alegado por el demandante corresponde a una afectación de aproximadamente 5.000 m² del predio «San Gabriel», lo cual atribuye a un brote de petróleo derivado de actividades de Ecopetrol S.A. Sin embargo, no existe prueba cierta ni suficiente que permita concluir que el perjuicio alegado fue causado por la empresa. La evidencia demuestra que la presencia de hidrocarburo obedece a un rezumadero de origen natural, ajeno a cualquier intervención por parte de la sociedad.

1. Aunque el demandante pudiera acreditar que el daño fue cierto y personal, este no es imputable a la empresa, toda vez que no existe vínculo causal entre el hecho y la conducta de la entidad. Las pruebas allegadas indican que el supuesto derrame no se originó en una falla del servicio, sino en un fenómeno natural que escapa al control de la demandada.

1. Dado que el hecho generador no tiene origen en una acción u omisión de Ecopetrol S.A., no se configura la relación causal requerida por el artículo 90 de la Constitución Política. En ese sentido, la empresa solamente respondería si el daño derivara de fallas operativas o fatiga de materiales vinculados directamente a la actividad, lo cual no ocurrió en el caso concreto.

1. En esos términos, no puede exigirse indemnización alguna, dado que no se demostró la existencia de un daño antijurídico atribuible a Ecopetrol S.A. y, en consecuencia, debe descartarse cualquier responsabilidad de la empresa frente a los hechos planteados en el libelo.

demostró la existencia de un daño antijurídico atribuible a Ecopetrol S.A. y, en consecuencia, debe descartarse cualquier responsabilidad de la empresa frente a los hechos planteados en el libelo.

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 55 índice SAMAI, link one drive archivo 01 folios 54 a 64 y folios 180 a 194Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ambrosio Bazán Achury

Demandado: Ecopetrol S.A.

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1. Las pretensiones del demandante carecen de sustento probatorio y se fundamentan en conjeturas, sin evidencia que respalde la existencia, causa o cuantía de los supuestos daños. Adicionalmente, de ser infundadas, las pretensiones resultan desproporcionadas e irrazonables.

1. Desde la expedición del Decreto 1760 de 2003, la Agencia Nacional de Hidrocarburos asumió la administración de las áreas hidrocarburíferas de la Nación y la facultad de asignarlas para su exploración y explotación, así como la gestión de los contratos cele brados a partir del 1 de enero de 2004. En consecuencia, Ecopetrol S.A. dejó de desempeñar funciones administrativas sobre estos recursos y pasó a actuar como una empresa del sector, limitada a las áreas vinculadas a contratos anteriores a esa fecha.

1. Según el informe de inspección practicado el 8 de enero de 2019 al predio «San

y pasó a actuar como una empresa del sector, limitada a las áreas vinculadas a contratos anteriores a esa fecha.

1. Según el informe de inspección practicado el 8 de enero de 2019 al predio «San Gabriel», Ecopetrol S.A. no realiza actividades de exploración o explotación en ese inmueble ni en sus linderos. No obstante, en zonas cercanas se ubican tres pozos activos (Lisama 28, 5A y 19) y cinco abandonados (Lisama 1, 2, 27, 36 y 51). En esa zona no existe infraestructura que permita recobro secundario ni manejo de presiones elevadas, y los pozos son de baja producción.

1. Dentro del material probatorio aportado con la reforma de la demanda, obra la respuesta emitida por la ANH, en la cual se precisó que el rezumadero más cercano al predio en controversia se ubica a 260 metros del pozo referido. En cuanto al dictamen pericial anunciado por la parte demandante, no procede su valoración, toda vez que fue incorporado de forma extemporánea y sin reunir las exigencias previstas en el artículo 226 del CGP, en particular las relativas a la formación técnica del autor, quien no acredita competencias en disciplinas como geología o ingeniería de petróleos.

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 26 de septiembre de 2024, resolvió:

«PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas.

SEGUNDO: NO CONDENAR en COSTAS.»

mediante sentencia del 26 de septiembre de 2024, resolvió:

«PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas.

SEGUNDO: NO CONDENAR en COSTAS.»

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo denegó las pretensiones de la demanda con sustentó en los siguientes argumentos:

1. En el sub examine la parte demandante afirma que un derrame de crudo ocasionó daños sobre 5.000 metros cuadrados del predio que posee, afectó fuentes hídricas y redujo la productividad del terreno. Para sustentar su argumento, presentó prueba de la posesión e incorporó un informe pericial que menciona la presencia de elementos propios de la industria petrolera y de una sustancia aparentemente compatible con hidrocarburos: sin embargo, el mentado informe no describe con precisión las características de la sustancia ni incluye pruebas que permitan identificarla con certeza como hidrocarburo. Tampoco se aport aron estudios que

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 121 índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ambrosio Bazán Achury

Demandado: Ecopetrol S.A.

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evidencien una modificación de las condiciones del suelo, ni se acreditó con pruebas técnicas que este haya perdido su capacidad productiva.

1. Además, la parte demandante sostuvo la existencia de una afectación a proyectos

evidencien una modificación de las condiciones del suelo, ni se acreditó con pruebas técnicas que este haya perdido su capacidad productiva.

1. Además, la parte demandante sostuvo la existencia de una afectación a proyectos productivos futuros, sin definir su naturaleza ni aportar elementos que permitieran verificar su existencia o viabilidad. En cuanto a la presunta contaminación de fuentes hídricas, no identificó los cuerpos de agua supuestamente comprometidos ni explicó en qué consistió la afectación. A pesar de estas omisiones, se consideró probado el hecho relacionado con la presencia de una sustancia con apariencia de hidrocarburo en el predio. Sin embargo, no se acreditó el daño invocado, toda vez que n o se demostró que la mancha detectada cubriera una extensión de 5.000 metros cuadrados ni que el señor Bazán Achury ejerciera posesión actual sobre la totalidad de la referida área. Tampoco se probó una afectación directa a su posesión, pues no se evidenció ninguna consecuencia adversa derivada del derrame y, por ende, no se configuró un daño antijurídico, actual ni cierto.

1. Las declaraciones testimoniales de los ingenieros, rendidas de forma espontánea, coherente y coincidente, permitieron establecer que en el año 2019 se detectó en el predio «San Gabriel» una emanación natural de una mancha oscura, sin olor y de condición seca, con una extensión aproximada de 20 metros cuadrados. De esta sustancia se extrajo una muestra, la cual, luego de ser analizada mediante el método ICP, presentó características compatibles con un rezumadero debido a su nivel de degradación.

cuadrados. De esta sustancia se extrajo una muestra, la cual, luego de ser analizada mediante el método ICP, presentó características compatibles con un rezumadero debido a su nivel de degradación.

1. Los ingenieros William Ramírez y Germán Pabón Uribe afirmaron que, durante la visita al predio realizada en la anualidad referida, no se observó afectación a cuerpos hídricos ni se reportó p érdida de integridad en líneas de producción o en pozos cercanos. Tampoco se encontró infraestructura petrolera dentro del terreno, aunque sí se identificaron pozos activos y abandonados en sus proximidades, todos bajo monitoreo constante. En ese sentido, l a evidencia testimonial y documental demostró que el predio f ue objeto de inspecciones periódicas para labores de control y mantenimiento.

1. En ese contexto, concluyó que el brote de hidrocarburo ocurrido en el predio del cual el demandante alegó ser poseedor correspondió a un fenómeno natural, no atribuible a la parte demandada, por tratarse de un evento irresistible e imprevisible.

En el sub lite no se demostró que el derrame tuviera origen en una omisión en el mantenimiento de los pozos cercanos y, por el contrario, se acreditó que estos se encontraban bajo monitoreo constante, uno de ellos en operación controlada, otros en estado de abandono y otro más destinado a la recolección de aguas industriales.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Parte demandante4

La apoderada de la parte demandante, en el recurso interpuesto, solicitó la revocatoria de la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1.4.1. Parte demandante4

La apoderada de la parte demandante, en el recurso interpuesto, solicitó la revocatoria de la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 123 y 124 índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ambrosio Bazán Achury

Demandado: Ecopetrol S.A.

Radicado: 680013333010-2018-00374-02

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1. La sentencia de primera instancia incurrió en una contradicción en su parte motiva.

El a quo afirmó, por un lado, que no era posible determinar que la sustancia hallada correspondía a un hidrocarburo; no obstante, en la misma providencia concluyó que se trataba de una sustancia compatible con hidrocarburos. Sumado a lo anterior, el juez destacó las declaraciones testimoniales, las cuales confirmaron en el año 2019, la presencia de una mancha oscura, seca y sin olor, con una extensión cercana a los 20 me tros cuadrados, compatible con una emanación de rezumadero. Esa descripción corresponde a un hidrocarburo, razón por la cual, conforme a la lógica y a las reglas de la sana crítica, el daño se encontraba acreditado.

1. Mediante auto del 5 de julio de 2023, proferido en la audiencia inicial de saneamiento del proceso, se declaró probado que el predio «San Gabriel», ubicado

1. Mediante auto del 5 de julio de 2023, proferido en la audiencia inicial de saneamiento del proceso, se declaró probado que el predio «San Gabriel», ubicado en el municipio de San Vicente de Chucurí, figuraba a nombre de la señora Marina Quintanilla Martíne z desde el 20 de febrero de 2019. Además, se constató la existencia de una servidumbre legal de oleoducto y de tránsito pasivo a favor de

Ecopetrol S.A.

1. En la sentencia recurrida se reconoció que el predio fue objeto de visitas para labores de mantenimiento y monitoreo; no obstante, el juez concluyó que no existía infraestructura petrolera en el terreno, lo cual resulta contradictorio, en la medida que carecía de sentido realizar las mencionadas visitas si no había instalaciones que conservar. En el expediente obra una comunicación suscrita por Ecopetrol S.A., con fecha 11 de junio de 2019, en la cual la empresa admitió la existencia de infraestructura petrolera instalada y en funcionamiento dentro del predio, así como la calidad de poseedor del demandante al momento de los hechos.

1. Con la demanda se allegaron pruebas periciales y documentales que acreditaron el daño, el nexo causal, los derrames y las pérdidas económicas, sin que ninguna de las partes las refutara o impugnara. El daño también resultó evidente a simple vista y fue con firmado por medios científicos ; no obstante, el juez no valoró de manera adecuada el acervo probatorio ni ofreció justificación alguna para su omisión, lo que constituyó un error fáctico tanto por desconocer pruebas relevantes como por realizar una aprecia ción defectuosa de los hechos, al apartarse sin

manera adecuada el acervo probatorio ni ofreció justificación alguna para su omisión, lo que constituyó un error fáctico tanto por desconocer pruebas relevantes como por realizar una aprecia ción defectuosa de los hechos, al apartarse sin justificación de los elementos demostrados y decidir sin respaldo objetivo.

1. No se ordenó la inspección judicial con perito topógrafo, a pesar de haber sido solicitada con la demanda. Conforme a la Ley 1333 de 2009 y su reforma por la Ley 2387 de 2024, la carga de la prueba sobre el área afectada correspondía a Ecopetrol S.A., la cual no cumplió y, por ende, debió presumirse que la mancha abarcaba los 5.000 metros cuadrados alegados. La negativa del juez a ordenar la inspección judicial vulneró el derecho al debido proceso establecido en el artículo 90 de la Constitución Política. Además, incurrió en prejuzgam iento al concluir que no se acreditó la extensión del daño sin contar con la prueba necesaria para ello. La empresa demandada no negó la existencia del daño, sino que atribuyó su causa a factores naturales.

1. En el trámite procesal, se decretó una prueba pericial a la Facultad de Ingeniería de Petróleos de la Universidad Industrial de Santander para determinar el origen del derrame, su impacto y otros aspectos; sin embargo, no consta que esta prueba se haya rea lizado ni incorporado al expediente. La prueba pericial resulta ba fundamental para aportar evidencia técnica sobre la existencia y alcance del daño,Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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Demandado: Ecopetrol S.A.

Radicado: 680013333010-2018-00374-02

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así como para establecer la responsabilidad estatal.

1. El demandante cumplió con los requisitos para la reparación directa, y la empresa demandada no los desvirtuó con pruebas periciales ni con inspección judicial, razón por la cual se deben tener por ciertos los hechos conforme a las pruebas presentadas en el proceso.

1. El demandante no requería probar la posesión actual para ejercer el medio de control de reparación directa. Para la fecha de los hechos, en el 2018, ejercía la posesión del predio, y Ecopetrol S.A. no desvirtuó ni afirmó lo contrario en su contestación. En ese sentido, a nte la ausencia de prueba en contrario, el juez no podía concluir que el actor carecía de posesión en ese momento. El término «posesión actual » es ambiguo, comoquiera que no quedó claro si se refería al momento de presentar la demanda o al de la sentencia.

1. El aquo omitió valorar las pruebas presentadas por el demandante que demostraban el derrame de petróleo, su origen estatal conforme al artículo 332 de la Constitución Política, y los daños ocasionados. Esta omisión llevó a que la sentencia desconociera tres principios fundamentales: i) el deber de no causar daño a otro, incluso en el ejercicio de derechos propios, vulnerado por el derrame; ii) el

la Constitución Política, y los daños ocasionados. Esta omisión llevó a que la sentencia desconociera tres principios fundamentales: i) el deber de no causar daño a otro, incluso en el ejercicio de derechos propios, vulnerado por el derrame; ii) el derecho a la reparación, previsto en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, negado a pesar de pruebas claras, como los mapas de rezumaderos e infraestructura petrol era; y iii) el derecho al debido proceso probatorio, vulnerado al no valorar con sana crítica las pruebas aportadas ni su contenido.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 25 de marzo de 20255 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6 Alegatos de conclusión

1.6.1. Parte demandante:

No presentó alegatos.

1.6.2. Parte demandada: Los argumentos de las alegaciones se resumen de la siguiente manera: i) En el caso concreto, la responsabilidad patrimonial bajo el régimen de responsabilidad objetiva por daño especial no resultó imputable a Ecopetrol S.A., debido a que no existió relación causal entre la afectación alegada y la actividad petrolera de la empresa. Las pruebas técnicas, testimoniales y documentales demostraron que la presencia de hidrocarburos en el predio «San Gabriel» se originó por un fenóm eno natural de rezumadero geológico, sin vínculo con pozos activos o inactivos de la sociedad, los cuales se encontraban operativos o sellados sin evidencia de fuga.

originó por un fenóm eno natural de rezumadero geológico, sin vínculo con pozos activos o inactivos de la sociedad, los cuales se encontraban operativos o sellados sin evidencia de fuga.

5 Expediente digital, actuación 13 Índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ambrosio Bazán Achury

Demandado: Ecopetrol S.A.

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1. La prueba técnica y testimonial estableció que los pozos más cercanos estaban demasiado alejados para conectar directamente con rezumaderos y no se encontró infraestructura petrolera visible ni enterrada en la zona. Además, las declaraciones rendidas por los ingenieros y los estudios del Instituto Colombiano de Petróleo confirmaron que los rezumaderos fueron manifestaciones naturales comunes en la región, producidas por procesos geológicos y descartaron vínculo con los crudos explotados por Ecopetrol S.A.

1. En el sub examine se comprobó que los pozos activos fueron objeto de monitoreo diario sin que se detectaran señales de fuga; los pozos abandonados permanecieron sellados conforme a la normativa aplicable, y no existió evidencia de fallas estructurales en las instalaciones petroleras. Además, conforme al artículo 167 del CGP, la carga de la prueba recaía sobre el demandante y, por ende, al no haber acreditado los hechos constitutivos de su derecho y ante la desvirtuación de sus afirmaciones mediante prueba técnica, el a quo resolvió negar las pretensiones de la demanda.

haber acreditado los hechos constitutivos de su derecho y ante la desvirtuación de sus afirmaciones mediante prueba técnica, el a quo resolvió negar las pretensiones de la demanda.

1. El fenómeno que el demandante señaló como causa del perjuicio no resultó atribuible a una actividad estatal ni a la empresa, sino a procesos naturales ajenos a su intervención, lo cual eliminó la relación causal necesaria para configurar la responsabilidad por daño especial. Al no demostrarse una afectación derivada de una actividad legítima imputable a la entidad, no se cumplieron los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado.

1. En el proceso no se acreditó la existencia de un daño antijurídico atribuible a Ecopetrol S.A. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha definido este tipo de daño como la afectación a un interés legítimo que la víctima no tiene la obligación de soportar y que no se jus