TA SAN - Sentencia 680013333010-2020-00242-01 (16-10-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

MEDIO DE CONTROL:

Reparación directa

RADICADO:

680013333010-2020-00242-01

DEMANDANTES:

Carlos Alberto García Gaviria, Silvia Leonor Ortega Hortua, Adriana García Gaviria, Enver Eduardo García Gaviria y Raúl Fernando García Gaviria notificacionesjudiciales@reyesyleyes.com

DEMANDADO:

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC demandas.oriente@inpec.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO:

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia TEMA: Los dictámenes de la ARL y la Junta de Calificación de Invalidez constituyen prueba técnica de la existencia del daño y su origen laboral, pero no permiten inferir de forma autónoma una omisión específica de la administración . No configuración de falla del servicio por pérdida de capacidad laboral ante ausencia de prueba de la relación causal imputable a la administración

permiten inferir de forma autónoma una omisión específica de la administración . No configuración de falla del servicio por pérdida de capacidad laboral ante ausencia de prueba de la relación causal imputable a la administración

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 22 de abril de 2024, proferida por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 32 índice SAMAI, link OneDrive, archivo 02Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Carlos Alberto García Gaviria y otros

Demandado: INPEC Radicado: 680013333010-2020-00242-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del CPACA, los señores Carlos Alberto García Gaviria, Silvia Leonor Ortega Hortua, Adriana García Gaviria, Enver Eduardo García Gaviria y Raúl Fernando García Gaviria formularon demanda ante la jurisdicción de lo contencioso — administrativo, en orden a que se declare administrativa y patrimonialmente responsable al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC por los perjuicios causados a los demandantes, como consecuencia de las lesiones y de la pérdida

administrativo, en orden a que se declare administrativa y patrimonialmente responsable al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC por los perjuicios causados a los demandantes, como consecuencia de las lesiones y de la pérdida de capacidad laboral sufridas por el señor Carlos Alberto García Gaviria, a causa de un trastorno mixto de ansiedad y depresión de origen laboral, desencadenado por un episodio de acoso sexual del que fue víctima su cónyuge —también funcionaria del INPEC— dentro de la misma institución, y agravado por situaciones posteriores de acoso y discriminación.

En consecuencia, las partes demandantes solicitaron:

«3.1. DECLARATIVAS

DECLARAR al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) administrativa y patrimonialmente responsable de los daños y perjuicios materiales e inmateriales, de la pérdida de oportunidad y de los daños de todo orden ocasionados a los demandantes, a raíz de las lesiones y la pérdida de capacidad laboral de CARLOS ALBERTO GARCÍA GAVIRIA, conforme a los hechos de esta demanda.

3.2. CONDENAS

Solicito que como consecuencia de la anterior declaración se condene al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) a reconocer, liquidar y pagar:

a. A favor de cada uno de los demandantes una indemnización por los daños inmateriales en la modalidad de PERJUICIOS MORALES a ellos ocasionados, derivados de las lesiones y la pérdida de capacidad laboral de CARLOS ALBERTO GARCÍA GAVIRIA, en los siguientes montos, expresados en salarios mínimos legales mensuales vigentes:

derivados de las lesiones y la pérdida de capacidad laboral de CARLOS ALBERTO GARCÍA GAVIRIA, en los siguientes montos, expresados en salarios mínimos legales mensuales vigentes:

DEMANDANTE CALIDAD MONTO

CARLOS ALBERTO GARCÍA GAVIRIA Victima directa 40 SMLMV

SILVIA LEONOR ORTEGA HORTUA Cónyuge 40 SMLMV

ADRIANA GARCÍA GAVIRIA Hermana 20 SMLMV

ENVER EDUARDO GARCÍA GAVIRIA Hermano 20 SMLMV

RAÚL FERNANDO GARCÍA GAVIRIA Hermano 20 SMLMV

b. A favor de CARLOS ALBERTO GARCÍA GAVIRIA una indemnización por los PERJUICIOS MATERIALES en la modalidad de LUCRO CESANTE a él ocasionados, derivados de las lesiones y su pérdida de capacidad laboral del 16.50% que le fue dictaminada, teniendo en cuenta el ingreso por todo concepto en su condición de Dragoneante del INPEC, sumándole las prestaciones sociales y demás aspectos y fórmulas acogidas por el Consejo de Estado, conforme a la estimación razonada de la cuantía.

c. A favor de CARLOS ALBERTO GARCÍA GAVIRIA una indemnización por la PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD representada en la imposibilidad de obtener ascensos y de percibir beneficios laborales y prestacionales, como la prima de vigilante instructor que otorga un 10% me nsual sobre el salario, prima de seguridad equivalente al 12% del básico, prima de capacitación, entre otras, por el solo hecho de tener “decisiones médico laborales”, impidiéndole en consecuencia la expectativa

instructor que otorga un 10% me nsual sobre el salario, prima de seguridad equivalente al 12% del básico, prima de capacitación, entre otras, por el solo hecho de tener “decisiones médico laborales”, impidiéndole en consecuencia la expectativa legítima y real de tener un mejor ingreso, l a cual se vio y se verá truncada a raíz de la patología, como se explica en la estimación razonada de la cuantía.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Carlos Alberto García Gaviria y otros

Demandado: INPEC Radicado: 680013333010-2020-00242-01

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d. A favor de CARLOS ALBERTO GARCÍA GAVIRIA una indemnización a título de DAÑO A LA SALUD a él ocasionado a raíz de las lesiones y la pérdida de capacidad laboral del 16.50% consolidado en julio de 2019, en monto equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales, dadas las especiales circunstancias en que sucedieron los hechos.

e. A favor de cada uno de los demás demandantes a título de ALTERACIÓN A LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA o AFECTACIÓN RELEVANTE A BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS [o como se denomine por la jurisprudencia] a ellos ocasionados, d erivados de las lesiones y la pérdida de capacidad laboral del CARLOS ALBERTO GARCÍA GAVIRIA en los siguientes montos, expresados en salarios mínimos legales mensuales vigentes:

la pérdida de capacidad laboral del CARLOS ALBERTO GARCÍA GAVIRIA en los siguientes montos, expresados en salarios mínimos legales mensuales vigentes:

DEMANDANTE CALIDAD MONTO

CARLOS ALBERTO GARCÍA GAVIRIA Victima directa 40 SMLMV

SILVIA LEONOR ORTEGA HORTUA Cónyuge 40 SMLMV

ADRIANA GARCÍA GAVIRIA Hermana 20 SMLMV

ENVER EDUARDO GARCÍA GAVIRIA Hermano 20 SMLMV

RAÚL FERNANDO GARCÍA GAVIRIA Hermano 20 SMLMV

3.3. ORDENAR que las sumas que integran la condena se paguen conforme a la indexación acogida por el Consejo de Estado.

3.4. ORDENAR que las cantidades reconocidas a título de condena a cargo del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), devenguen intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia y se paguen en los términos y plazos previstos en lo s artículos 192 y 195 del CPACA y normas concordantes.

3.5. Se condene a la parte demandada al pago de las costas y agencias en derecho que se generen con la presente acción.» (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. El señor Carlos Alberto García Gaviria es funcionario del INPEC desde el mes de diciembre del año 2002 y está casado con la señora Silvia Leonor Ortega Hortua, también dragoneante de la entidad.

1. El señor Carlos Alberto García Gaviria es funcionario del INPEC desde el mes de diciembre del año 2002 y está casado con la señora Silvia Leonor Ortega Hortua, también dragoneante de la entidad.

1. El 26 de diciembre de 2016, la señora Ortega Hortua fue víctima de acoso sexual dentro del establecimiento penitenciario, lo cual le generó al señor García Gaviria una reacción de estrés agudo y un episodio de ansiedad. Además, el mencionado evento, conllevó deterioro progresivo en su estado de salud mental.

1. El 1 de marzo de 2017, el señor Carlos Alberto García Gaviria fue diagnosticado por la EPS Sanitas con trastorno mixto de ansiedad y depresión, asociado a factores laborales y a la amenaza de pérdida de empleo. Durante los años 2017, 2018 y 2019 recibió atención psiquiátrica relacionada con el mismo cuadro clínico y con hechos de acoso y discriminación acaecidos de forma posterior al incidente.

1. El 22 de octubre de 2018, la ARL Positiva Compañía de Seguros, reconoció formalmente el origen laboral de la enfermedad. Posteriormente, el 7 de diciembre de 2018, mediante el dictamen núm. 1869078, la referida entidad ratificó el diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión com o patología de origen profesional, vinculada directamente con el acoso sufrido por su esposa y las condiciones adversas del entorno laboral.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Carlos Alberto García Gaviria y otros

Demandado: INPEC Radicado: 680013333010-2020-00242-01

condiciones adversas del entorno laboral.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Carlos Alberto García Gaviria y otros

Demandado: INPEC Radicado: 680013333010-2020-00242-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. El 31 de julio de 2019, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, a través del dictamen núm. 911597729-1696, determinó una pérdida de capacidad laboral del 16.50% y fijó como fecha de estructuración el 18 de septiembre de 2018. En consecuencia, se recomendó tratamiento farmacológico y seguimiento médico continuo, de acuerdo con el Manual Único de Calificación de

Pérdida de Capacidad Laboral.

1. El deterioro en la salud mental del señor García Gaviria y la pérdida de capacidad laboral, imputables al INPEC, generaron perjuicios materiales e inmateriales que deben ser indemnizados, en la medida que los demandantes no estaban en el deber jurídico de soportar el referido daño antijurídico.

1.1.3. Fundamentos de reparación

Como fundamento de sus pretensiones, la parte demandante sostiene los siguiente:

1. En el sub examine se configuran los elementos que estructuran la responsabilidad estatal según el artículo 90 de la Constitución Política y la jurisprudencia del Consejo de Estado, comoquiera que, se encuentra acreditado el daño antijurídico sufrido por los demandantes, consistente en las lesiones y la pérdida de capacidad laboral del

estatal según el artículo 90 de la Constitución Política y la jurisprudencia del Consejo de Estado, comoquiera que, se encuentra acreditado el daño antijurídico sufrido por los demandantes, consistente en las lesiones y la pérdida de capacidad laboral del señor Carlos Alberto García Gaviria, el cual presenta una incapacidad del 16,50%, así como los perjuicios materiales e inmateriales derivados de este hecho.

1. Las pruebas aportadas al proceso, entre ellas la historia clínica, los dictámenes y las calificaciones médicas, permiten concluir que los daños resultan imputables de forma exclusiva al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario , dado que e l señor García Gaviria ingresó a la institución en buen estado de salud física y mental ; sin embargo, su condición se deterioró luego del acto de hostigamiento que sufrió su cónyuge —también funcionaria del INPEC— dentro de las instalaciones y por parte de un superior jerárquico. En esa medida, a pesar de tener conocimiento de los hechos, la entidad no sancionó a los responsables ni cumplió los acuerdos establecidos, como la asignación de turnos y horarios de descanso comunes para ambos funcionarios. Esta omisión agravó la salud del demandante, el cual desarrolló un trastorno mixto de ansiedad y depresión , que fue reconocido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander como una enfermedad de origen laboral.

1. En el caso concreto, se determinó la relación de causalidad entre las omisiones del INPEC y el daño sufrido por el señor García Gaviria, lo que hace procedente imputar a esta entidad la responsabilidad administrativa y patrimonial de los perjuicios causados.

del INPEC y el daño sufrido por el señor García Gaviria, lo que hace procedente imputar a esta entidad la responsabilidad administrativa y patrimonial de los perjuicios causados.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC2

Por conducto de apoderada la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones nominadas:

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 32 índice SAMAI, link OneDrive, archivo 17Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Carlos Alberto García Gaviria y otros

Demandado: INPEC Radicado: 680013333010-2020-00242-01

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«caducidad»; «falta de legitimación en la causa por pasiva»; y excepciones innominadas: «ausencia de acreditación del daño antijurídico como primer elemento de la responsabilidad civil extracontractual»; «imposibilidad de imputar fáctica o jurídicamente los daños alegados al INPEC bajo ninguno de los dos regímenes de responsabilidad civil extracontractual»; «ausencia de acreditación del daño a la salud»; «ausencia de acreditación del daño moral»; «ausencia de acreditación del daño derivado de la vulneración de los derechos constituc ionales fundamentales por parte del INPEC»; «falta de demostración probatoria del hecho y del daño» e «inexistencia de falla en el servicio».

daño derivado de la vulneración de los derechos constituc ionales fundamentales por parte del INPEC»; «falta de demostración probatoria del hecho y del daño» e «inexistencia de falla en el servicio».

A su turno, la apoderada de la citada entidad se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló los siguientes aspectos:

1. En el caso concreto, no se demostró la responsabilidad de la entidad por acción u omisión, ni existe prueba que confirme la ocurrencia del hecho ni su vínculo directo con la patología diagnosticada al señor García Gaviria. Sobre el particular, en los archivos del INPEC no obran denuncias previas que evidencien una situación de riesgo, y la única queja presentada con posterioridad fue remitida a la Oficina de Control Interno Disciplinario, donde actualmente continúa el trámite correspondiente.

1. El INPEC actuó dentro del marco legal de sus competencias, tramitó las quejas en los comités institucionales y ofreció alternativas para preservar la integridad de los funcionarios. Además, el daño alegado por los demandantes, no se puede atribuir al funcionamiento del servicio, dado que no se probó una relación de causalidad entre la conducta atribuida y la pérdida de capacidad laboral del demandante.

1. La demanda no cumple con la carga probatoria exigida por la ley para declarar responsabilidad estatal, al no acreditar el daño antijurídico imputable a la entidad.

1. El Consejo de Estado ha señalado que los daños inmateriales deben valorarse y reconocerse de forma individual, según el bien jurídico afectado, y no incluirse automáticamente en categorías generales como el daño a la vida de relación o la alteración grave de las condiciones de existencia.

reconocerse de forma individual, según el bien jurídico afectado, y no incluirse automáticamente en categorías generales como el daño a la vida de relación o la alteración grave de las condiciones de existencia.

1. Actualmente, se reconocen tres tipos de daños extrapatrimoniales, el daño moral, el daño a la salud y el daño a otros bienes o intereses jurídicos constitucionalmente protegidos, los cuales para ser indemnizables, deben acreditarse en el proceso, ser ciertos, personales, directos y antijurídicos. La antijuridicidad del daño implica que quien lo sufre no tiene la obligación legal de soportarlo, por no haber justificación normativa ni sustento en el interés general.

1. En cuanto al caso en estudio, no se evidencia responsabilidad del Estado por acción u omisión. El hecho generador del presunto daño fue un acto imprevisible y exclusivo de un tercero, sin antecedentes que hubieran permitido anticipar su ocurrencia. Además, no existe condena penal contra el funcionario acusado ni pruebas suficientes que respalden las afirmaciones del demandante. De otra parte, no se demostró una afectación grave conforme a criterios técnicos (DSM-5), ni se verificó la coherencia entre el diagnóstico médico y los hechos relatados y, por ende, la pretensión indemnizatoria carece de fundamento probatorio.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Carlos Alberto García Gaviria y otros

Demandado: INPEC Radicado: 680013333010-2020-00242-01

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Radicado: 680013333010-2020-00242-01

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1. La figura de la pérdida de oportunidad, implica el deber de demostrar que la conducta dañosa suprimió la posibilidad de obtener un beneficio o evitar un perjuicio; no se trata de un daño subsidiario ante la falta de prueba causal, sino de un daño autónomo que exige certeza en el vínculo causal. En el sub examine no se evidenció una relación de causalidad entre los hechos alegados y las decisiones médico-legales que afectaron al demandante y, no se probó que la entidad demandada haya causado dicta o indirectamente el daño.

1. Según la jurisprudencia, la falla del servicio se configura por omisión, retardo, ineficiencia o prestación irregular del mismo. En este caso, no se acreditó que el INPEC hubiera omitido sus funciones, prestado el servicio de forma tardía, irregular o ineficiente y, por ende, no existe fundamento fáctico ni jurídico que permita atribuirle responsabilidad para el régimen de responsabilidad subjetiva. En cuanto a la responsabilidad objetiva, no se probó que la entidad haya vulnerado sus deberes de protección de los derechos fundamentales del demandante.

1. La responsabilidad atribuida al INPEC carece de sustento fáctico y jurídico. No se demostró daño imputable, falla en el servicio ni relación causal con las afectaciones alegadas. Los hechos se deben exclusivamente a un tercero, lo que constituye una causa extraña que exime a la entidad de cual quier responsabilidad civil extracontractual.

demostró daño imputable, falla en el servicio ni relación causal con las afectaciones alegadas. Los hechos se deben exclusivamente a un tercero, lo que constituye una causa extraña que exime a la entidad de cual quier responsabilidad civil extracontractual.

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 22 de abril de 2024, resolvió:

«PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas conforme a la motivación. […]»

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo denegó las pretensiones de la demanda con sustentó en los siguientes argumentos:

1. En el caso concreto, se encuentra demostrado que el señor Carlos Alberto García Gaviria presta sus servicios como dragoneante, código 4114, grado 11, adscrito al INPEC desde el 6 de diciembre de 2002, conforme a certificación obrante en el expediente.

1. Dentro del proceso obran dos dictámenes relacionados con su estado de salud.

El primero, identificado con el número 91159729 -1696, concluye que el señor García Gaviria presenta un trastorno mixto de ansiedad y depresión, con sintomatología que requiere tratamiento farmacológico y control médico, el cual fija un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 16.50%. El segundo dictamen, emitido por la ARL Positiva Compañía de Seguros mediante el formulario núm. 1869078 del 7 de diciembre de 2018, fija dicho porcentaje en un 11%. Este último documento describe antecedentes relacionados con un hecho ocurrido el 26 de

emitido por la ARL Positiva Compañía de Seguros mediante el formulario núm. 1869078 del 7 de diciembre de 2018, fija dicho porcentaje en un 11%. Este último documento describe antecedentes relacionados con un hecho ocurrido el 26 de diciembre de 2016, cuando la esposa del señor García Gaviria —también dragoneante del INPEC— informó haber sido víctima de acoso sexual por parte del teniente Rodrigo Rodríguez Osorio.

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 44 índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Carlos Alberto García Gaviria y otros

Demandado: INPEC Radicado: 680013333010-2020-00242-01

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1. Según las historias clínicas incorporadas al expediente, el señor García Gaviria manifestó haber presentado cuadros de ansiedad como consecuencia de lo ocurrido, así como por la percepción de acoso laboral y la falta de cumplimiento de compromisos por part e de las directivas. El diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión, con origen laboral, se mantuvo en diferentes controles médicos realizados en 2017 y 2018.

1. Con relación a los hechos materia de análisis, el 27 de diciembre de 2016, se registró una novedad en la que se dejó constancia de que el teniente Rodríguez Osorio ingresó sin autorización al alojamiento femenino en horas de la madrugada.

Posteriormente, mediante auto de 6 de abril de 2017, se dio apertura a indagación

registró una novedad en la que se dejó constancia de que el teniente Rodríguez Osorio ingresó sin autorización al alojamiento femenino en horas de la madrugada. Posteriormente, mediante auto de 6 de abril de 2017, se dio apertura a indagación preliminar para esclarecer los hechos.

1. Durante reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

(COPASST) y del Comité de Convivencia Laboral, se discutió la situación y se formularon compromisos institucionales como la asignación de turnos conjuntos para los esposos, así como el acompañamiento psicológico a los afectados ; sin embargo, los propios funcionarios manifestaron que tales compromisos no se cumplieron. En actas de fechas posteriores, se registraron nuevas inconformidades por parte del señor García Gaviria, quien afirmó haber sido objeto de burlas, acoso laboral y ri diculización por parte de un super ior, además de un ambiente laboral hostil.

1. De otra parte, obra prueba que la Fiscalía Quinta de la Unidad de Delitos Sexuales archivó, mediante decisión del 30 de marzo de 2017, la denuncia penal interpuesta por la señora Ortega Hortua contra el teniente Rodríguez Osorio, al considerar que los hechos no encajaban en una conducta penalmente típica.

1. En cuanto a l a tacha de imparcialidad contra los testimonios de Darío Ballén Trujillo y Sonia Cárdenas Velásquez, por ser funcionarios activos del INPEC, el a quo consideró que carece de fundamento, comoquiera que, el vínculo laboral no invalida sus declaraciones, las cuales se rindieron bajo juramento y sin contradicciones. En cuanto a la declaración rendida por el señor Luis Francisco Gómez Benítez, su

consideró que carece de fundamento, comoquiera que, el vínculo laboral no invalida sus declaraciones, las cuales se rindieron bajo juramento y sin contradicciones. En cuanto a la declaración rendida por el señor Luis Francisco Gómez Benítez, su testimonio es válido, dado que el demandante no probó su vinculación con investigaciones por acoso laboral y la única denuncia en su contra fue archivada.

1. En el sub examine la responsabilidad de la entidad debe ser estudiada bajo el régimen de falla del servicio, lo cual exige establecer si se cumplen los elementos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado. Según la jurisprudencia, deben concurrir dos factores: el incumplimiento de un deber funcional asignado a la administración y la relación de causalidad adecuada entre esa omisión y el daño.

1. En el asunto bajo estudio, se advierte que , la parte demandante pretende la imputación de la responsabilidad a la entidad demandada con ocasión de la omisión en la adopción de medidas frente al acoso sexual denunciado por la señora Ortega Hortua y por el incumplimiento de las recomendaciones del c omité de convivencia laboral. En ese sentido, se acreditó que el señor García Gaviria sufrió un daño reflejado en una pérdida del 16.50% de su capacidad laboral, diagnosticado como trastorno mixto de ansiedad y depresión de origen laboral.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Carlos Alberto García Gaviria y otros

Demandado: INPEC Radicado: 680013333010-2020-00242-01

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Demandante: Carlos Alberto García Gaviria y otros

Demandado: INPEC Radicado: 680013333010-2020-00242-01

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1. La normativa nacional e internacional obliga al Estado a prevenir, atender y sancionar el acoso sexual en el ámbito laboral, como lo estipulan la CEDAW, la Convención de Belem do Pará y la legislación interna (leyes 1010 de 2006 y 1952 de 2019). En esos términos, en este caso, se probó que el 26 de diciembre de 2016, mientras la señora Ortega Hortua dormía en el alojamiento femenino luego de terminar su turno, el teniente Rodrigo Osorio Rodríguez ingresó sin autorización y sostuvo una conversación incómoda con el la y, como resultado de los referidos hechos, la funcionaria presentó síntomas de estrés agudo, por lo que tuvo que recibir atención psicológica y fue remitida a la ARL. El diagnóstico médico determinó incapacidad y recomendó que descansara en un espacio seguro, preferiblemente junto a su esposo.

1. Además, en el proceso obran las actas del comité COPASST y del comité de convivencia laboral, las cuales evidencian que se acordaron medidas como asignar turnos compartidos y se convocaron reuniones entre las partes, esto es, la señora Ortega Hortua, el señor Carlos Alberto García Gaviria y el teniente Rodrigo Osorio Rodríguez. Al respecto, se acreditó que la señora Ortega Hortua no asistió a la

turnos compartidos y se convocaron reuniones entre las partes, esto es, la señora Ortega Hortua, el señor Carlos Alberto García Gaviria y el teniente Rodrigo Osorio Rodríguez. Al respecto, se acreditó que la señora Ortega Hortua no asistió a la primera convocatoria y , posteriormente, el señor García Gaviria informó sobre la existencia de una queja disciplinaria y penal por los hechos del 26 de diciembre de 2016, así como la falta de disposición para conciliar.

1. El a quo advirtió que en el sub lite se constató que los comités institucionales se reunieron en varias ocasiones para atender la situación presentada por ambos funcionarios. En efecto, l a oficina de Control Interno adelantó la investigación disciplinaria y el director del centro compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, la cual archivó la denuncia penal por atipicidad.

1. La primera instancia, consideró que si bien el señor Carlos Alberto García Gaviria presentó síntomas asociados a un trastorno de ansiedad relacionados con los hechos sufridos por la señora Silvia Leonor Ortega Hortua, lo cual se demostró con los dict ámenes rendidos por la ARL y la Junta de Calificación Regional de Invalidez, en el plenario se acreditó que la entidad demandada realizó acciones para atender la situación incapacitante de ambos y, finalmente, les asignó el mismo lugar y turno en la garita 1, aunque inicialmente no fue así. En consecuencia, no se comprobó que la demora en la aplicación de estas medidas haya causado directamente el episodio de ansiedad del demandante.

1. No se comprobó que la demora en aplicar las medidas haya provocado el trastorno del demandante, comoquiera que, las notas médicas señalan que este se

directamente el episodio de ansiedad del demandante.

1. No se comprobó que la demora en aplicar las medidas haya provocado el trastorno del demandante, comoquiera que, las notas médicas señalan que este se consolidó por temor a perder el empleo y la declaración de l señor Luis Francisco Gómez Benítez indicó que el comportamiento del afectado obedecía a órdenes superiores, sin vinculación directa con el caso de la señora Silvia Leonor Ortega. En esos términos, al no existir una relación de causalidad entre el daño y una falla en el deber funcional del INPEC no es posible atribuirle responsabilidad administrativa.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. La parte demandante4

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 46 índice SAMAIR