TA SAN - Sentencia 680013333010-2021-00045-01 (11-12-2025)

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SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE Dr. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE

JUAN PABLO TOSCANO AGREDO

juanpablotoscanoagredo@gmail.com; jomenesesl@hotmail.com.

DEMANDADO

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

juridica@hus.gov.co; notificacionesjudiciales@hus.gov.co; defensajudicial@hus.gov.co.

LLAMADOS EN GANTÍA

LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS

notificacionesjudiciales@previsora.gov.co;

ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A

notificacionesjudiciales@allianz.co; gerencia@sfrlegal.com.

RADICADO Y LINK DEL EXPEDIENTE 680013333010-2021-00045-01

MINISTERIO PÚBLICO xmora@procuraduria.gov.co ASUNTO Falla en el servicio

Se decide el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia del 15 de noviembre de 202 41, proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES:

1.1 Pretensiones

Del escrito de la demanda se extraen literalmente las siguientes pretensiones:

Primero: Que se declare Administrativa y patrimonialmente responsable

(Extracontractualmente) a la demandada E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE

1.1 Pretensiones

Del escrito de la demanda se extraen literalmente las siguientes pretensiones:

Primero: Que se declare Administrativa y patrimonialmente responsable

(Extracontractualmente) a la demandada E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT. 900.006.037-4 por los hechos anteriormente narrados y en consecuencia responsable por los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales generados a JUAN

PABLO TOSCANO AGREDO.

Segundo: Como consecuencia lógica de la anterior declaración se CONDENE a la demandada E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT. 900.006.037 -4 a reparar los daños antijurídicos ocasionados al demandante JUAN PABLO TOSCANO AGREDO y con base en los siguientes perjuicios a pagar:

III.I. POR CONCEPTO DE PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES:

Daños Morales: la estimación del daño moral es un ejercicio subjetivo, ya que considera la aflicción moral y la congoja, que son sentimientos inherentes al fuero interno de la persona, el daño moral es aquel que incide en la esfera íntima o interior de la persona, produ ciendo

1 EXPEDIENTE SAMAI DEMANDA ITEM 0035.Sentencia de segunda instancia. Radicado 680013333010-2021-00045-01 Medio de control. Reparación Directa.

así sensaciones de desolación, angustia, tristeza, amargura, sentimiento de aflicción permanente y remordimiento en la conciencia por el posible daño causado a terceros, preocupación permanente por posibles demandas por perjuicios que los posiblemente

permanente y remordimiento en la conciencia por el posible daño causado a terceros, preocupación permanente por posibles demandas por perjuicios que los posiblemente afectados le formulen en su contra por los daños a la salud que les pudo haber causado, ideas suicidas y estado depresivo, los cuales se calculan así:

Daño a la vida en relación: Definida esta como la perdida de placer en la realización de una actividad o alteración grave que produce el daño en las relaciones del sujeto con su entorno, es aquel daño que se refleja sobre la esfera externa del individuo, es decir, tiene que ver con las afectaciones que inciden de forma negativa en su vida exterior, concretamente alrededor de su actividad social, miedo a salir y compartir con otras personas, temor de relacionarse con otras personas, miedo a entablar una relación sentimental o de tener un contacto sexual con otras personas, este daño lo cuantificamos

así:

Daño a la salud: Se denomina como aquel que resulta de una lesión corporal o psíquica, es una daño biológico o mental, lo cual se caracteriza por graves sufrimientos, depresión mayor, enfermedad psiquiátrica permanente, alteración de su salud mental y física por demora en el inicio del tratamiento médico para el VIH, todo esto que tiene repercusiones en su bienestar físico y mental, dependencia de medicamentos psiquiátricos para poder calmar sus pensamientos y crisis depresiva permanente. Los cuales se calculan as í:

TOTAL PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES $268.607.700,oo SON DOSCIENTOS

SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETENCIENTOS PESOS

MCTE.

TOTAL PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES $268.607.700,oo SON DOSCIENTOS

SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETENCIENTOS PESOS

MCTE.

III.II. POR CONCEPTO DE PERJUICIOS PATRIMONIALES

DAÑOS PATRIMONIALES ASI: Sentencia de segunda instancia.

Radicado 680013333010-2021-00045-01 Medio de control. Reparación Directa.

Daño Emergente: solicito se condene al pago por parte de la demandada E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT. 900.006.037 -4 las siguientes cifras en relación al daño emergerte ocasionado y asumido por el demandante JUAN PABLO TOSCANO

AGREDO

Gastos por asesoría legal y representación judicial $5.000.000,oo

TOTAL PERJUICIOS PATRIMONIALES $5.000.000,oo SON CINCO MILLONES DE

PESOS MCTE.

1.2 Hechos

Juan Pablo Toscano Agredo donó sangre el 31 de enero de 2018 en el Banco de Sangre del ESE Hospital Universitario de Santander.

Expone que las pruebas realizadas a esa donación habrían arrojado un resultado positivo para VIH, pero refiere que, solo hasta el 8 de enero de 2019 fue convocado y notificado sobre dicho diagnóstico, continuando su vida laboral, social y afectiva sin adoptar medidas de autocuidado ni acceder a tratamiento médico.

Refiere que, al recibir la noticia en enero de 2019, presentó una fuerte crisis

y notificado sobre dicho diagnóstico, continuando su vida laboral, social y afectiva sin adoptar medidas de autocuidado ni acceder a tratamiento médico.

Refiere que, al recibir la noticia en enero de 2019, presentó una fuerte crisis emocional caracterizada por depresión, aislamiento, pensamientos suicidas y remordimiento por el riesgo al que pudo haber expuesto a terceros durante ese periodo. Aseguró que no contaba con apoyo familiar ni afiliación vigente al sistema de salud, lo que habría dificultado su acceso oportuno a controles médicos y acompañamiento psicológico. También indicó que solo hasta abril de 2019 logró reactivar su afiliación a la EPS para iniciar tratamiento especializado.

Afirma que el HUS respondió su petición señalando que él habría sido informado del resultado positivo desde el 12 de junio de 2018, lo cual consideró falso. Sostuvo que no existía constancia de ausencias laborales en esa fecha, que su EPS no fue notificada, que su comportamiento dur ante 2018 no reflejaba conocimiento de tal diagnóstico, y que eventualmente pudo haber firmado documentos con fechas distintas. Con base en esos señalamientos, alegó vulneración de su derecho a la salud, falta de notificación oportuna conforme a los protoc olos de vigilancia epidemiológica y la configuración de daños morales y afectaciones a su calidad de vida.

1.3 Fundamentos de derecho.

Constitucionales. Artículo 90.

Legales. Artículo 140 del CPACA.

Señala que el daño antijurídico causado por la entidad demandada se presenta de dos formas. Primero, al no informar a Toscano sobre su condición de portador de

Legales. Artículo 140 del CPACA.

Señala que el daño antijurídico causado por la entidad demandada se presenta de dos formas. Primero, al no informar a Toscano sobre su condición de portador de VIH, en violación de la circular 082 de 2011, la entidad puso en riesgo a su entorno,Sentencia de segunda instancia. Radicado 680013333010-2021-00045-01 Medio de control. Reparación Directa.

ya que Toscano, sin conocimiento de su estado, no tomó las precauciones necesarias, exponiendo a otras personas al virus. Este daño es especialmente grave dado su contexto como homosexual, lo que podría haber llevado a la transmisión involuntaria del VIH. La omisión del Banco de Sangre en notificarlo y su intento de falsificar la fecha de la comunicación agravan la situación, constituyendo un delito.

En segundo lugar, Toscano sufrió un daño a su salud al no conocer su estado y no poder iniciar un tratamiento médico a tiempo, lo que impidió el manejo adecuado de la enfermedad en su fase inicial. Este tiempo perdido no es una carga que deba soportar el d emandante, dado el incumplimiento del deber legal del Banco de Sangre.

Por lo anterior señala que e l nexo causal es evidente. La omisión del Banco de Sangre al no seguir el protocolo del Instituto Nacional de Salud llevó a Juan Pablo Toscano a una grave situación de riesgo para su familia y amigos, generando un problema de salud pública y aumentando la posibilidad de contagios. Esta falta de información lo expuso a contagiar a otros, provocando en él depresión y angustia por el potencial impacto en sus seres queridos. Además, al desconocer su estado

problema de salud pública y aumentando la posibilidad de contagios. Esta falta de información lo expuso a contagiar a otros, provocando en él depresión y angustia por el potencial impacto en sus seres queridos. Además, al desconocer su estado de salud, no pudo tomar las medidas adecuadas ni recibir atención médica oportuna, lo que perjudicó su tratamiento.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

E.S.E Hospital Universitario de Santander - 2 Expuso que no era responsable patrimonial ni administrativamente, dado que según su posición no se configuraron los elementos del artículo 90 de la Constitución: daño antijurídico, nexo causal y culpa. Señaló que muchos de los hechos alegados por el demandante n o le constaban por tratarse de circunstancias ajenas a su órbita funcional, y que únicamente se atenía a la prueba documental aportada, especialmente aquella que demostraba, a su juicio, el cumplimiento de los protocolos de tamizaje y notificación establecidos en la circular 0082 de 2011 del Instituto Nacional de Salud.

Asimismo, sostuvo que existía prueba documental consistente en el formato de «Ubicación y citación del donante reactivo», firmado por el demandante, en el cual constaba que el 12 de junio de 2018 le habrían sido entregados los resultados positivos para VIH tras la confirmación por laboratorio de referencia. Indicó que el Hemocentro no realizaba diagnósticos sino tamizajes, y que su obligación consistía en notificar, asesorar y remitir al donante a su EPS dentro del término de tres meses posteriores a la con firmación del resultado, trámite que según manifestó fue cumplido de acuerdo con los estándares técnicos y la lex artis.

en notificar, asesorar y remitir al donante a su EPS dentro del término de tres meses posteriores a la con firmación del resultado, trámite que según manifestó fue cumplido de acuerdo con los estándares técnicos y la lex artis.

Finalmente, la entidad formuló excepciones de mérito, alegando ausencia de daño antijurídico, inexistencia de nexo causal y ausencia de culpa en la prestación del servicio. Argumentó que el personal actuó dentro de los protocolos y con diligencia, por lo que ninguna conducta atribuible a la institución podía considerarse irregular.

2 SAMAI, índice 35, expediente digital one drive archivo 31.Sentencia de segunda instancia. Radicado 680013333010-2021-00045-01 Medio de control. Reparación Directa.

Con base en ello, solicitó declarar probadas las excepciones, negar las pretensiones indemnizatorias y condenar en costas al demandante, anexando documentos y proponiendo testimonios dirigidos a acreditar la corrección del procedimiento seguido por el Hemocentro.

La previsora S.A Compañía de Seguros3 Sostuvo que el llamamiento en garantía carecía de fundamento jurídico, por cuanto a su juicio no se configuraba responsabilidad alguna de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander que activara las obligaciones derivadas del contrato de seguro. Expuso que, aun cuando se llegase a declarar la responsabilidad estatal, la póliza suscrita tenía límites, exclusiones y condiciones particulares que debían respetarse, y que en ningún caso el asegurador podía ser obligado más allá de los riesgos expresamente amparados.

Además, indicó que el actor no demostró la existencia de un daño amparado por el

exclusiones y condiciones particulares que debían respetarse, y que en ningún caso el asegurador podía ser obligado más allá de los riesgos expresamente amparados.

Además, indicó que el actor no demostró la existencia de un daño amparado por el seguro ni acreditó la ocurrencia de un siniestro en los términos contractuales, razón por la cual considera improcedente la extensión automática de la cobertura.

Asimismo, afirmó que el llamamiento vulneraba los principios de congruencia y de responsabilidad asegurada, pues el demandante no había dirigido pretensión alguna en contra de La Previsora y el Hospital no había demostrado que los hechos discutidos correspondieran a una falla del servicio cubierta por la póliza. Señaló que la naturaleza del seguro era accesoria y dependía de la previa demostración de responsabilidad del ente asegurado, circunstancia que, en su criterio, no se había acreditado en el proceso. Por estas razones, solicit a negar el llamamiento en garantía y declaró que no existía obligación indemnizatoria a su cargo.

Allianz Seguros S.A4 Indica que el llamamiento en garantía era improcedente, en tanto no existía prueba de que los hechos alegados configuraran una falla del servicio atribuible al ESE Hospital Universitario de Santander que activara la cobertura de la póliza. Explicó que su responsabilidad era estrictamente accesoria y dependía de la demostración judicial de responsabilidad del asegurado, lo cual según afirmó no había ocurrido. Además, indicó que la póliza de responsabilidad civil contenía límites, exclusiones y condiciones específicas que impedían extender la cobertura a situaciones no amparadas expresamente, insistiendo en que no se

según afirmó no había ocurrido. Además, indicó que la póliza de responsabilidad civil contenía límites, exclusiones y condiciones específicas que impedían extender la cobertura a situaciones no amparadas expresamente, insistiendo en que no se acreditó la ocurrencia de un siniestro en los términos contractuales.

Afirma que desconocía los principios de especialidad y determinación del riesgo asegurado, pues el Hospital no demostró que los hechos discutidos encajaran dentro de las hipótesis de amparo previstas en la póliza. Señaló que, aun en el evento de declararse responsabi lidad estatal, debía verificarse previamente si la conducta atribuida a la entidad se encontraba cubierta y si los daños reclamados correspondían a un perjuicio indemnizable según el contrato.

III. SENTENCIA APELADA5

3 SAMAI, índice 35, expediente digital one drive carpeta 001. Archivo nombrado: (contestación llam gtía). 4 SAMAI, índice 35, expediente digital one drive carpeta (Allianz) 5 SAMAI, índice 77, SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA del expediente de primera instancia.Sentencia de segunda instancia. Radicado 680013333010-2021-00045-01 Medio de control. Reparación Directa.

Mediante sentencia del 15 de noviembre de 2024, el A-quo resolvió:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora.

El A quo negó las pretensiones al concluir que no se acreditaron los elementos

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora.

El A quo negó las pretensiones al concluir que no se acreditaron los elementos estructurales de la responsabilidad. A partir del acervo probatorio, determinó que el ESE HUS cumplió con los protocolos técnicos y temporales establecidos en la Circular 082 de 2011 para la notificación de resultados reactivos en donantes, pues el demandante fue citado y notificado el 12 de junio de 2018, dentro del término de tres meses previsto por la normativa. Asimismo, se demostró que la entidad realizó correctamente las pruebas de tamizaje, remitió la muestra al laboratorio de referencia COLCAN, recibió los resultados confirmatorios en marzo de 2018 y ejecutó el proceso de asesoría y entrega de información conforme a los lineamientos del sistema de vigilancia en salud pública.

Adicionalmente, estableció que no existía nexo causal entre la conducta atribuida a la entidad y los daños alegados , pues se probó que la supuesta omisión en la comunicación a la EPS hubiera impedido la activación de protocolos asistenciales o generado un perjuicio antijurídico concreto. Por el contrario, se evidenció que la prueba principal fue un reporte de laboratorio la cual fue calificada como espuria y adulterada, razón por la cual fue excluida del análisis probatorio. Ante la ausencia de prueba del d año antijurídico, la falta de imputación y la inexistencia de falla del servicio, se denegaron la totalidad de las pretensiones.

IV. LA APELACIÓN

La parte demandante Juan Pablo Toscano Agredo 6 Alegó que se otorgó un valor

servicio, se denegaron la totalidad de las pretensiones.

IV. LA APELACIÓN

La parte demandante Juan Pablo Toscano Agredo 6 Alegó que se otorgó un valor probatorio indebido a diversos medios de prueba. Señaló que se restó credibilidad a testimonios que a su juicio, demostraban que no pudo haber sido notificado de su condición de VIH el 12 de junio de 2018, pues para esa fecha no salió de su trabajo y no mostró signos de afectación emocional. Asimismo, expuso que la declaración del señor Hugo Arenas acreditaba que la verdadera notificación ocurrió el 8 de enero de 2019, lo que evidenciaba una dilación injustificada por parte del Banco de Sangre.

También manifestó que se concedió credibilidad absoluta a testimonios de funcionarios del Banco de Sangre que no conocieron directamente los hechos y solo se limitaron a referirse a procedimientos internos. De igual forma, cuestionó que se aceptara sin reparo el documento denominado «Ubicación y citación de donante reactivo», pese a que se controvirtió con pruebas testimoniales y documentales que demostraban que la notificación no se produjo en la fecha consignada.

Sostuvo que no se profundizó en el análisis del documento Western Blot como

6 SAMAI, índice 79, APELACIÓN del expediente de primera instancia.Sentencia de segunda instancia. Radicado 680013333010-2021-00045-01 Medio de control. Reparación Directa.

quiera que fue calificado como irregular por el laboratorio, situación que evidenciaba fallas en el protocolo de notificación exigido por la Circular 082 de 2011.

Medio de control. Reparación Directa.

quiera que fue calificado como irregular por el laboratorio, situación que evidenciaba fallas en el protocolo de notificación exigido por la Circular 082 de 2011.

Reprochó el desconocimiento del daño antijurídico derivado de la notificación extemporánea del resultado confirmatorio de VIH y la falta de remisión oportuna del donante a su EPS. Indicó que la tardanza de once meses y diez días vulneró normas de salud pública y generó riesgos para terceros, además de retrasar el inicio de su tratamiento.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante de auto del 24 de septiembre de 20257 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y emitir concepto de fondo respectivamente.

VI. PRONUNCIAMIENTOS EN SEGUNDA INSTANCIA.

Allianz seguros S.A 8 Sostuvo que se r ealizó una valoración exhaustiva de las pruebas y determinó que no hubo falla del servicio por parte de la entidad demandada. Argumentó que no se acreditó un perjuicio antijurídico derivado de una notificación tardía del resultado de VIH, dado que el ESE HUS cumplió con los plazos establecidos en la normativa.

Los testimonios presentados por la parte actora no lograron desvirtuar la validez de los documentos institucionales de la demandada, destacando que el testimonio de Hugo Arenas no evidenció incumplimiento por parte del ESE HUS. Asimismo, el documento Western Blot fue considerado espurio y su origen debía ser aclarado por

los documentos institucionales de la demandada, destacando que el testimonio de Hugo Arenas no evidenció incumplimiento por parte del ESE HUS. Asimismo, el documento Western Blot fue considerado espurio y su origen debía ser aclarado por el demandante.

Respecto a las pólizas de responsabilidad civil profesional con Allianz, argumentó la improcedencia del llamamiento en garantía, dado que ninguna de ellas cubría los hechos en cuestión.

VII. CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURÍDICO.

De conformidad con el recurso de apelación, c orresponde a la Sala determinar si los daños causados al demandante Juan Pablo Toscano Agredo son atribuibles fáctica y jurídicamente a la ESE Hospital Universitario de Santander , como consecuencia de su donación voluntaria de sangre el 31 de enero de 2018 a favor del banco de sangre en la Catedral la Sagrada Familia.

Para ello se determinará: i) si se presentaron irregularidades en la notificación del

7 SAMAI, índice 05, AUTO ADMITE RECURSO del expediente de segunda instancia. 8 SAMAI, índice 10 PRONUNCIAMIENTO ALLIANZ SEGUROS S.A del expediente de segunda instancia.Sentencia de segunda instancia. Radicado 680013333010-2021-00045-01 Medio de control. Reparación Directa.

diagnóstico como portador de VIH ii) si se cumplieron los protocolos establecidos en la Circular 082 de 2011.

VIII. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

La Responsabilidad del Estado. El artículo 90 de la Carta Política, que consagra la responsabilidad extracontractual

en la Circular 082 de 2011.

VIII. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

La Responsabilidad del Estado. El artículo 90 de la Carta Política, que consagra la responsabilidad extracontractual del Estado, prevé: El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. Ahora, para que sea viable endilgar responsabilidad al Estado se deben acreditar como presupuestos, que el daño sufrido por la víctima sea causado por la entidad demandada; que le sea imputable a dicha entidad y que tenga el carácter de antijurídico. En relación con este tema, existen tres modalidades bajo las cuales es posible estudiar la responsabilidad extracontractual del Estado, así:

1. Falla probada del servicio.

2. Riesgo excepcional.

3. Daño especial.

Sobre los elementos generales de responsabilidad del Estado, el Consejo de Estado ha precisado que lo componen el daño antijurídico y la imputación del mismo. Ésta última puede configurarse con base en cualquiera de los títulos citados y su elección será definida por las circunstancias propias del caso y los criterios decantados jurisprudencialmente. Sobre ello, recientemente sostuvo: El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que

decantados jurisprudencialmente. Sobre ello, recientemente sostuvo: El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento5 y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida6, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordena miento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre, de donde la antijuridicidad del daño deviene del necesario juicio de menosprecio del resultado y no de la acción que lo causa. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la conc reción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedereSentencia de segunda instancia. Radicado 680013333010-2021-00045-01 Medio de control. Reparación Directa.

y de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.9 Sobre las diferencias entre los regímenes de responsabilidad y títulos de

y de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.9 Sobre las diferencias entre los regímenes de responsabilidad y títulos de imputación, ha indicado que los mismos se diferencian en la existencia de la actuación irregular y defectuosa o no de la administración, señalando en un pronunciamiento reciente: En este punto, resulta menester señalar que la diferencia fundamental entre los denominados regímenes y títulos de imputación radica, básicamente, en una distinción creada a partir de la necesidad de la acreditación del elemento «culpa» de la Administración, el cual, no es otra cosa que la verificación del incumplimiento de un deber jurídico a su cargo9. En efecto, mientras que, en el régimen subjetivo, para atribuir un daño antijurídico al Estado debe probarse un incumplimiento normativo, en el régimen obj etivo, fundamentado en actuaciones lícitas de la Administración, bastará con acreditarse el daño y la relación de causalidad material entre aquél y la actuación del Estado, sin que se requiera analizar si se produjo dicho incumplimiento o “culpa”. Analizados los antecedentes históricos del artículo 90 Constitucional antes transcrito se tiene que el Constituyente estimó la necesidad de fundamentar un sistema de responsabilidad estatal que, en concordancia con la jurisprudencia ya decantada en principio por la Corte Suprema de Justicia y posteriormente por esta Sección, fuera comprensiva no sólo de los regímenes tradicionales de falla y de culpa, sino que, además, abarcara los de estirpe objetiva, entre ellos, expresamente, la concepción del daño especial. Así lo explicó la

regímenes tradicionales de falla y de culpa, sino que, además, abarcara los de estirpe objetiva, entre ellos, expresamente, la concepción del daño especial. Así lo explicó la Asamblea Nacional Constituyente: … Conviene señalar que el régimen que se propone en materia de responsabilidad patrimonial del Estado no se limita a su mera consagración expresa a nivel constitucional, sino que, además incorpora los más modernos criterios sobre la materia, consistentes en radicar el fundamento de esa responsabilidad en el daño antijurídico y en su imputabilidad al órgano estatal, De esta manera se resuelve el problema que hoy ya plantea la evidente insuficiencia del criterio de la llamada “falla del servicio público”, den tro de la cual no caben todas las actuales formas y casos de responsabilidad patrimonial, tales como el de “la responsabilidad por daño especial. En otras palabras, se desplaza el soporte de la responsabilidad administrativa, del concepto subjetivo de la antijuridicidad de la acción del Estado al concepto objetivo de la antijuridicidad del daño producido por ella. Esta antijuridicidad habrá de predicarse cuando se cause un detrimento patrimonial que carezca de un título jurídico válido y que exceda el conjunto de cargas que normalmente debe soportar el individuo en su vida social. Adicionalmente, debe indicarse que el uso de tales regímenes y títulos de imputación por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la aplicación de cada título de imputación consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado.10

presente en cada evento, de manera que la aplicación de cada título de imputación consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado.10 Lo anterior, en virtud de las distintas situaciones en las cuales puede surgir el hecho, por lo que no privilegio ningún tipo de imputación, revistiendo importancia el principio iura novit curia, en tanto es obligación del Juez verificar si el daño antijurídico resulta

9 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA.SUBSECCIÓN C. Consejero ponente:

NICOLÁS YEPES CORRALES. Bogotá D.C., siete (07) de octubre de dos mil veinte (2020). Radicación número: 15001-23-31-000-2010-0105301(56704) 10 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN Bogotá, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 25000 -23-26-000-200401039-01(38505)Sentencia de segunda instancia. Radicado 680013333010-2021-00045-01 Medio de control. Reparación Directa.

imputable o atribuible al Estado con fundamento en cualquiera de los títulos de imputación antes mencionados. Responsabilidad del Estado por Prestación del Servicio de Salud. Se ha establecido por la jurisprudencia contenciosa en materia de responsabilidad médica, que los asuntos relacionados con la misma son tratados como una responsabilidad extracontractual, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 49

Se ha establecido por la jurisprudencia contenciosa en materia de responsabilidad médica, que los asuntos relacionados con la misma son tratados como una responsabilidad extracontractual, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución Política, en el que se establece que la atención en salud es un servicio público a cargo del Estado, aunado a la circunstancia de considerar que los pacientes de los hospitales públicos son usuarios de un servicio estatal11. Respecto de la obligación que l