TA SAN - Sentencia 680013333010-2022-00210-01 (18-09-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

Tribunal Administrativo de Santander Magistrada ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez Sentencia de segunda instancia Bucaramanga, dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025). Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Yadir Fabian Palomino Rivera , identificado con cédula de ciudadanía no. 91.498.918 abogadofredymayorga@gmail.com chatofpr@hotmail.com Demandada Administradora Colombiana de Pensiones –

COLPENSIONES

notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co Ministerio Público Xirys María Mora Alvarado procuradora 160 judicial II para asuntos administrativos xmora@procuraduria.gov.co Radicado 680013333010-2022-00210-01 Tema Pensión de jubilación de ex dragoneante del INPEC se debe liquidar con base en el 75% de los conceptos devengados en el último año de servicios, en aplicación del régimen especial que cobija a su titular: Ley 32 de 1985 y Decreto 446 de 1996. Principio constitucional de respeto de los derechos adquiridos. Aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005 y el Decreto 1950 de 2005. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación 1, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2024 por el Juzgado Décimo

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación 1, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2024 por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que concedió las pretensiones.

1. Antecedentes 1.1. Posición de la parte demandante2

El demandante pretende que se declare la nulidad parcial de las Resoluciones SUB 225353 del 20 de agosto de 2019, SUB 15283 del 21 de enero de 2022 y DPE 3129 del 18 de marzo de 2022, en cuanto al monto pensional reconocido, así como la nulidad total de las Resoluciones GNR 91624 del 31 de marzo de 2016, SUB 23737 del 27 de enero de 2018, SUB 113173 del 27 de abril de 2018 y DIR 8995 del 10 de mayo de 2018, expedidas por Colpensiones, por omitir la inclusión de los factores salariales y prestacionales al mo mento de reconocer y liquidar su pensión de jubilación. Solicita que, a título de restablecimiento del derecho, se reliquide su pensión de jubilación con todos los factores salariales y prestacionales devengados en el último año de servicio, tales como sueldo básico, sobresueldo, bonificación por servicios prestados, auxilios de alimentación y transporte, primas de vacaciones, servicios, navidad, riesgo y bonificación de recreación . Pide, además, el pago retroactivo de las sumas dejadas de percibir, la indexación de la mesada pensional y la condena en costas de la demandada. Relata que prestó sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

las sumas dejadas de percibir, la indexación de la mesada pensional y la condena en costas de la demandada. Relata que prestó sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) desde el 3 de abril de 1996 hasta el 7 de diciembre de 2016, desempeñándose como dragoneante, código 4114, grado 11, en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Medi ana Seguridad de Girón. Señala que Colpensiones

1 Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial. El recurso fue admitido mediante auto del 20 de febrero de 2025 (índice 0005). Durante el trámite de ejecutoria, la parte demandante presentó pronunciamiento. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio. 2 Expediente digital en SAMAI, Gestión en otros despachos, Índice 00011. OneDrive 002.DEMANDAS Y ANEXOS YADIR PALOMINORadicado: 80013333010-2022-00210-01

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liquidó su pensión con base en el promedio salarial de los últimos diez años de servicio, en lugar del último año, y omitió incluir factores salariales y prestacionales reconocidos por la Ley 32 de 1986, la Ley 4 de 1966, el Decreto 1045 de 1978 y

servicio, en lugar del último año, y omitió incluir factores salariales y prestacionales reconocidos por la Ley 32 de 1986, la Ley 4 de 1966, el Decreto 1045 de 1978 y demás normas aplicables. Indica que interpuso recursos administrativos que solo dieron lugar a reliquidaciones parciales, sin corregir el error. Afirma que cumplía los requisitos para pensionarse bajo el régimen especial del personal del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC, que ordena incluir todos los emolumentos percibidos en el último año de servicio, y que los actos administrativos acusados vulneran los artículos 2, 13, 29, 48, 53 y 209 de la Constitución Política, desconocen precedentes del Consejo de Estado que imponen la aplicación de dicho régimen y afectan derechos adquiridos. Añade que tales actos se encuentran viciados por falsa motivación, expedición irregular y desviación de poder, al aplicar normas propias del régimen general de pensiones y omitir el marco normativo especial del INPEC, lo cual transgrede los principios de igualdad, favorabilidad, buena fe y legalidad, además de ex cluir emolumentos salariales que integran el ingreso base de liquidación. 1.2. Posición de la parte demandada3 Colpensiones se opone a las pretensiones y propone como excepciones la prescripción de los derechos anteriores a tres años desde la presentación de la demanda, la inexistencia de la obligación reclamada, la buena fe de la entidad demandada y la presunción de legalidad de los actos administrativos. Afirma que los actos acusados fueron expedidos conforme a la Ley 32 de 1986, la Ley 100 de 1993, el Decreto 1158 de 1994 y las demás disposiciones aplicables al

demandada y la presunción de legalidad de los actos administrativos. Afirma que los actos acusados fueron expedidos conforme a la Ley 32 de 1986, la Ley 100 de 1993, el Decreto 1158 de 1994 y las demás disposiciones aplicables al régimen de transición y pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo. Precisa que el ingreso base de liquidación se determinó con el promedio de los salarios sobre los cuales se efectuaron aportes durante los diez años anteriores al reconocimiento de la prestación, en concordancia con la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado del 2 8 de agosto de 2018 (rad. 52001 -23-33-000-2012-0014301), que restringió la inclusión de factores salariales a los que fueron objeto de cotización. Explica que la entidad negó inicialmente el reconocimiento pensional mediante las resoluciones GNR 91624 de 2016 y SUB-23737 de 2018, confirmadas por las resoluciones SUB-113173 y DIR 8995 del mismo año, al no acreditarse los requisitos legales. Refiere que p osteriormente, reconoció la pensión de vejez por actividad de alto riesgo mediante la Resolución SUB-225353 de 2019, con una tasa de reemplazo del 75 % y un IBL de $1.708.449. Sostiene que la negativa de reliquidación, contenida en las resoluciones SUB-15283 y DPE 3129 de 2022, obedeció a que la normatividad aplicable impide calcular la prestación con base en los emolumentos percibidos únicamente en el último año de servicios. 1.3. La sentencia recurrida4 El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga resuelve lo siguiente:

los emolumentos percibidos únicamente en el último año de servicios. 1.3. La sentencia recurrida4 El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga resuelve lo siguiente: PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de las Resoluciones No. SUB 225353 del 20 de agosto de 2019, SUB 15283 del 21 de enero de 2022 y DPE 3129 del 18 de marzo de 2022 esta última notificada personalmente el 29 de abril de 2022, en cuanto a su monto pensional y no en cuanto a Derecho y la Nulidad Total de las Resoluciones GNR 91624 del 31 de marzo de 2016, SUB-23737 del 27 de enero de 2018, SUB 113173 del 27 de abril de 2018, DIR 8995 del 10 de mayo de 2018 expedidas por

COLPENSIONES.

3 Expediente digital en SAMAI, Gestión en otros despachos, Índice 00011. OneDrive 011.CONTESTACION YADIR FABIAN 4 Expediente digital en SAMAI, Gestión en otros despachos, Índice 00024.Radicado: 80013333010-2022-00210-01

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SEGUNDO: ORDENAR A COLPENSIONES la RELIQUIDACIÓN de la pensión reconocida en la resolución No. SUB 225353 del 20 de agosto de 2019, SUB 15283 del

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SEGUNDO: ORDENAR A COLPENSIONES la RELIQUIDACIÓN de la pensión reconocida en la resolución No. SUB 225353 del 20 de agosto de 2019, SUB 15283 del 21 de enero de 2022 y DPE 3129 del 18 de marzo de 2022 incluyendo los factores salariales prima de navidad, la prima de vacaciones, la prima de servicios, subsidio de transporte y subsidio de alimentación devengados por el demandante y conforme se indicó en la parte motiva. Así mismo, se ordenará el pago de las diferencias generadas entre las sumas reconocidas y las ordenadas en la presente sentencia. Dichas sumas deberán ser indexadas.

TERCERO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme la parte considerativa.

CUARTO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de prescripción.

QUINTO: CONDENAR al pago de costas y agencias en derecho a la parte demandada; de conformidad con la parte motiva de la presente diligencia.

El a quo considera que el demandante es beneficiario del régimen especial previsto en la Ley 32 de 1986 y en los Decretos 407 y 446 de 1994, porque ingresó al INPEC el 3 de abril de 1996 en el cargo de dragoneante , y laboró hasta el 7 de diciembre de 2016 . Indic a que Colpensiones liquidó la pensión con base en el promedio salarial de los últimos diez años de servicios y omitió factores que debían incluirse, tales como la prima de navidad, la prima de vacaciones, la prima de servicios, el subsidio de transporte y el subsidio de alimentación. Precisa que no es aplicable la Ley 33 de 1985 por tratarse de un servidor sujeto a

tales como la prima de navidad, la prima de vacaciones, la prima de servicios, el subsidio de transporte y el subsidio de alimentación. Precisa que no es aplicable la Ley 33 de 1985 por tratarse de un servidor sujeto a régimen especial, y que la exclusión de dichos factores contraviene las disposiciones que regulan el reconocimiento de la pensión de jubilación del personal de custodia y vigilancia. Señala que la negativa de Colpensiones vulneró el derecho del actor a una pensión debidamente liquidada con todos los factores salariales establecidos en la normativa aplicable. 1.4. La apelación5 La parte demandada solicita que se revoque la sentencia apelada y, en su lugar, se nieguen las pretensiones. Indica que el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 reconoce a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional el derecho a la pensión de jubilación al cumplir veinte años de servicio, continuos o discontinuos, sin tener en cuenta la eda d. Señala que el parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 1 de 2005 dispuso que a quienes ingresaron antes de la vigencia del Decreto 2090 de 2 003 se les aplica el régimen previsto en la Ley 32 de 1986, siempre que se hubieran cubierto las cotizaciones correspondientes. Manifiesta que la liquidación de la pensión se realizó con los factores salariales devengados en los últimos diez años de servicio, conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, y que los periodos cotizados en otras cajas se tuvieron en cuenta con base en los valores reportados. Expone que el actor tiene reconocida una pensión de vejez por actividad de alto riesgo a partir del 7 de diciembre de 2016, con 1.110

base en los valores reportados. Expone que el actor tiene reconocida una pensión de vejez por actividad de alto riesgo a partir del 7 de diciembre de 2016, con 1.110 semanas cotizadas, un IBL de $1.708.449 y una tasa de reemplazo del 75 %, por lo que no procede reliquidar la prestación con los factores salariales del último año de servicios. Afirma que la jurisprudencia y la normativa aplicable establecen que las solicitudes de pensión de los funcionarios del INPEC vinculados antes del 28 de julio de 2003 deben resolverse conforme a las reglas fijadas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentaciones. Cita, entre otras, las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y la sentencia del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, rad. 52001 -23-33000-2012-00143-01, que precisan los criterios para la liquidación . Asimismo, s e opone a la condena en costas.

5 Expediente digital en SAMAI, Gestión en otros despachos, Índice 00026.Radicado: 80013333010-2022-00210-01

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1.5. Pronunciamiento en segunda instancia6 La parte demandante solicita que se confirme la sentencia de primera instancia y que se desestime el recurso de apelación de Colpensiones. Afirma que el régimen

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia6 La parte demandante solicita que se confirme la sentencia de primera instancia y que se desestime el recurso de apelación de Colpensiones. Afirma que el régimen especial de la Ley 32 de 1986, reforzado por el Decreto 407 de 1994 y la Ley 4ª de 1966, establece que la pensión debe liquidarse con el 75% del promedio salarial del último año de servicios y que los factores salariales aplicables son los definidos en el Decreto 446 de 1994. Sostiene que Colpensiones desconoce el régimen especial que lo ampara y re itera que las sentencias recientes del Consejo de Estado respaldan esta interpretación.

2. Consideraciones 2.1. El problema jurídico y su resolución Con base en la reseña que antecede, la Sala lo plantea y resuelve así: ¿El IBL de una pensión de vejez devengada por un ex dragoneante del INPEC vinculado antes del 28 de julio de 2003 debe integrarse con la totalidad de los factores devengados durante el último año de servicios sobre los cuales se efectuaron aportes?

Tesis: Si.

Fundamento jurídico: Los ex miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC vinculados antes del 28 de julio de 2003 gozan de un régimen especial en materia pensional, en virtud de lo dispuesto por el propio Constituyente en el parágrafo 5º del art. 1º del Acto Legislativo 01 de 2005 y el art. 1º del Decreto 1950 de 2005. Estas normas remiten directamente a la Ley 32 de 1986, en cuyo art. 96 se establece una pensión especial de vejez en favor de este grupo de servidores, la

de 2005. Estas normas remiten directamente a la Ley 32 de 1986, en cuyo art. 96 se establece una pensión especial de vejez en favor de este grupo de servidores, la cual se liquida con el 75% de los factores devengados durante el último año de servicios sobre los cuales se efectuaron aportes. En el presente caso, el demandante se desempeñó como dragoneante del INPEC, por tanto, ejerció una labor de alto riesgo. Además, su vinculación fue anterior al 28 de julio de 2003. En consecuencia, tiene derecho a la reliquidación de su pensión en los términos explicados. 2.2. Marco jurídico 2.2.1. Los regímenes de transición para no socavar expectativas legítimas Las reformas pensionales implican un cambio en las condiciones para acceder a la pensión. Ese cambio no debe resultar traumático o desafortunado para aquellas personas que, si bien no alcanzaron a consolidar su derecho pensional bajo el régimen anterior, s í estaban próximos a adquirirlo y venían cotizando con la confianza legítima de que se pensionarían a partir de determinadas reglas que los cobijaban7. Por esta razón, el nuevo régimen pensional, para proteger las expectativas legítimas de quienes se encuentran próximos a pensionarse, debe consagrar reglas de transición que eviten la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, o impacte excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de minimizar esa incidencia. De esta forma se

6 Expediente digital en Samai. Índice 00010

anterior, o impacte excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de minimizar esa incidencia. De esta forma se

6 Expediente digital en Samai. Índice 00010 7 Corte Constitucional, sentencia SU-856 de 2013. El alto tribunal ha sostenido que el régimen de transición «tiene un vínculo inescindible con el derecho fundamental a la seguridad social y por esta vía con el derecho a la pensión de vejez, pues asegura unas condiciones más favorables para aquellas personas que, teniendo una expectativa legítima para acceder a su pensión de acuerdo a unas exigencias legales más favorables, no tendrían por qué ver menoscabado tal derecho con la expedición de una ley posterior. En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha considerado que «la situación de las personas que se van acercando por edad o tiempo de servicio a las contempladas en la ley para acceder a la pensión de vejez, no es la misma de aquellas que apenas inician una vida laboral, llevan pocos años de servicio o su eda d está bastante lejos de la exigida. Estas situaciones de orden fáctico justifican un trato diferente. Por eso, en muchas legislaciones se pe rmite un régimen de transición cuando se modifican las condiciones del derecho a la pensión» sentencia T -631 de 2002.Radicado: 80013333010-2022-00210-01

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armonizan las expectativas ciudadanas y los cambios legislativos en un Estado constitucional8.

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armonizan las expectativas ciudadanas y los cambios legislativos en un Estado constitucional8. 2.2.2. El régimen pensional especial aplicable a los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC vinculados con anterioridad al 28 de julio de 2003 Con la Ley 100 de 1993 se creó un régimen general de pensiones y se derogaron los regímenes pensionales que regían antes de su promulgación. No obstante, el legislador consagró unas reglas de transición en el artículo 369 ibidem con el fin de no afectar las expectativas legítimas de quienes a la entrada en vigencia de esa ley contaran con cierta edad o tiempo de servicios10. Asimismo, reconociendo que la pretensión de universalización de las reglas pensionales no podía desconocer el trato especial que merecían algunos trabajadores encargados de actividades de alto riesgo, el legislador consagró en favor de estos una regla espe cial, contenida en el artículo 140 de la mencionada Ley 10011. Según esta norma, «los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo (…) tales como el cuerpo de custodia y vigilancia nacional penitenciaria» gozarán de un régimen especial en el que deberá tenerse «en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos». En la misma disposición, el legislador le otorgó competencia al Gobierno Nacional para expedir dicho régimen especial. En desarrollo de lo anterior el Gobierno Nacional expidió diferentes decretos12, entre ellos, los que regulan la pensión especial de los miembros del Cuerpo de Custodia

Gobierno Nacional para expedir dicho régimen especial. En desarrollo de lo anterior el Gobierno Nacional expidió diferentes decretos12, entre ellos, los que regulan la pensión especial de los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC. Dada su importancia para la resolución del caso, a continuación, el Tribunal hará un breve recuento de tales decretos, con el fin de demostrar por qué, a pesar de lo dispuesto en el Decreto 2090 de 2003, a los dragoneantes del INPEC que se vincularon c on anterioridad al 28 de julio de 2003 no les aplican las reglas de la Ley 100, en virtud de la decisión legítima que dos años después, en el año 2005, adoptaron el Constituyente secundario y el Gobierno Nacional de la época. 2.2.2.1. El Decreto 407 de 1994: el Gobierno crea reglas de transición y garantiza el trato especial ordenado por el legislador en favor de los empleados que desarrollan actividades de alto riesgo El Decreto 407 de 1994 13 «Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario», en su art. 168 14, dispuso que los

8 Corte Constitucional C-663de 2007. 9 «ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es dec ir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es dec ir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son muje res o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley…» 10 Grupo de personas que al 1º de abril de 1994 tuvieran 35 años de edad si son mujeres o 40 años si son hombres, o más de 15 añ os de servicios cotizados 11 «ARTÍCULO 140. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. De conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una men or edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penite nciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos. El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo del empleador, o del empleador y e l trabajador, según cada actividad.»

desconocer derechos adquiridos. El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo del empleador, o del empleador y e l trabajador, según cada actividad.» 12 Por ejemplo, el Decreto 1835 de 1994 «Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos». En el art. 1º de este decreto, se estableció expresamente que las reglas de dicho decreto excluirían al personal del INPEC. La norma dispone: «Sin perjuicio de lo anterior, y en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, el presente Decreto contiene las normas especiales sobre activida des de alto riesgo de todos los servidores públicos, salvo aquellos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Instituto N acional Penitenciario y Carcelario, INPEC, quienes serán objeto de decisión especial». 13 «Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario» 14 «ARTÍCULO 168. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vige ncia del presente decreto se encuentren prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán de recho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en cuenta para estos efectos. Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por el Gobierno Nacional.Radicado: 80013333010-2022-00210-01

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Demandante: Yadir Fabian Palomino Rivera

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miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional que a la entrada en vigencia de dicho estatuto -21 de febrero de 1994 15se encontraran prestando sus servicios al INPEC tendrían derecho a gozar de la pensión especial prevista en el artículo 96 16 de la Ley 32 de 1986. Esta pensión, creada exclusivamente para este grupo de servidores por el legislador de 1986, se considera especial porque se adquiere con 20 años de servicio, continuos o discontinuos, sin tener en cuenta la edad del empleado. Además, su IBL se debe integrar con la totalidad de los factores devengados durante el último año de servicios sobre los cuales se efectuaron aportes17. Ahora, el citado art. 168 del Decreto 407, en su parágrafo 1º, señaló que los miembros del CCVPC18 que ingresaran a partir de la vigencia de ese decreto -21 de febrero de 1994 - tendrían derecho a una pensión de vejez en los términos que definiera el Gobierno Nacional, en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 -que ordena un trato pensional especial-, mientras que en su parágrafo 2º dispuso que el personal administrativo de ese instituto se regiría por las normas establecidas en la Ley 100 de 1993. Esta norma refleja la intención del Gobierno Nacional de mantener un trato especial

personal administrativo de ese instituto se regiría por las normas establecidas en la Ley 100 de 1993. Esta norma refleja la intención del Gobierno Nacional de mantener un trato especial en materia pensional para los empleados del INPEC dedicados a actividades de alto riesgo. 2.2.2.2. Decreto 2090 de 2003: modificación de los requisitos para acceder a la pensión especial, y régimen de transición condicionado a 500 semanas de cotización y al cumplimiento de los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 El 26 de julio de 2003 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2090 de 2003 19, publicado el 28 de julio de 2003 20, mediante el cual reguló la materia, en cumplimiento de las facultades extraordinarias conferidas en el numeral 2 del artículo 17 de la Ley 797 de 2003 . Este nuevo decreto derogó expresamente el citado Decreto 407 de 1994 21 y, en su lugar, creó nuevas reglas pensionales para los empleados que ejercían actividades de alto riesgo. Para lo que interesa al caso, de este estatuto se destaca que en el art. 2.7. 22, el Gobierno Nacional determinó que la actividad del personal del INPEC dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor, es una actividad de alto riesgo. Seguidamente, en los arts. 3 23 y 4 24, el Decreto 2090 de 2003 reguló «la pensión especial de vejez» para las personas afiliadas al Régimen de Prima

Seguidamente, en los arts. 3 23 y 4 24, el Decreto 2090 de 2003 reguló «la pensión especial de vejez» para las personas afiliadas al Régimen de Prima

PARAGRAFO 1o. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto, al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho a una pensión de vejez en los términos que establezca el Gobierno Nacional, en desarroll o del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo. PARAGRAFO 2o. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas establecidas en la Ley 100 de 1993.» 15 Según Diario Oficial No. 41.233 del 21 de febrero de 1994 16 «ARTÍCULO 96. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacio nal, sin tener en cuenta su edad.» 17 Por razones metodológicas, el Tribunal sustentará analizará este asunto más adelante, en un acápite especial. 18 Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional 19 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades» 20 Publicado en el Diario Oficial No. 42.262 de Julio 28 de 2003. 21 Artículo 11. Vigencia y derogatorias. El presente decreto regirá a partir de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias,

20 Publicado en el Diario Oficial No. 42.262 de Julio 28 de 2003. 21 Artículo 11. Vigencia y derogatorias. El presente decreto regirá a partir de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias, en particular, el artículo 168 del Decreto 407 de 1994, los De